Orígenes y respuestas políticas al estallido chileno

 

Catalina Duarte ejecuta un paso de ballet frente a dos vehículos de carabineros tras la manifestación de un millón de personas, el 25 de octubre en Santiago de Chile. Foto: María Paz Morales. 1

 

Galde 27, negua/2020/invierno. Rodrigo Echecopar.-

En los últimos 40 días Chile ha sufrido el período más trágico de violación a los DDHH desde el fin de la dictadura de Pinochet, en el contexto de uno de los procesos de movilización más masivos de nuestra historia. Muchos se preguntan cómo el jaguar de América Latina, que quintuplicó su PIB per cápita y redujo la pobreza a un cuarto en los últimos 30 años, está sumido en una de las revueltas sociales más profundas del continente. ¿Acaso Chile no era el ejemplo de desarrollo latinoamericano? La elite chilena responde que nadie lo vió venir, pero la verdad es un poco distinta.

Para encontrar las señales no es necesario hurgar en rebuscadas columnas de intelectuales, sino levantar la mirada a las principales alamedas del país. En los últimos 10 años hemos visto movimientos sociales que exigen cambios profundos, logrando enorme masividad y respaldo ciudadano. Desde el movimiento estudiantil del año 2011 que exigía una educación pública, gratuita y de calidad y que logró mantener movilizado al sistema educacional durante casi un año, hasta las marchas de los pensionados el 2016 que llegaron a reunir a más de 1 millón de personas rechazando el sistema de AFPs (sistema privado de jubilación). Las movilizaciones educacionales, de pensiones, feministas y medioambientales exigían cambios estructurales, pero el sistema político los ignoraba o entregaba respuestas tibias.

Lo cierto es que el “modelo chileno” tiene muchas grietas. El sistema de pensiones está en una crisis donde más de la mitad de los jubilados reciben pensiones bajo la línea de la pobreza. En salud coexiste un sistema privado para ricos con un sistema público para sectores medios y bajos, donde este último tiene infames listas de espera de meses (y hasta años) para recibir tratamientos, además de que muchas veces requiere copagos millonarios. La matriz educacional chilena es de las más segregadas del mundo y cientos de miles de jóvenes terminan sus estudios universitarios endeudados de por vida. Chile es de los países más desiguales del mundo, donde el 1% más rico recibe el 33% de los ingresos y tenemos un gini que se acerca a 0.6. El crecimiento económico no llega a todos y se mercantilizan los espacios mínimos de la vida social, alimentando la frustración de una sociedad precarizada y llena de incertidumbre.

En el intertanto, se desplomó la confianza social en instituciones históricas. La iglesia se derrumbó ante los cientos de acusaciones de abuso sexual impunes. En el seno de las instituciones de Fuerzas Armadas y del Orden explotaron casos de corrupción que llegaban a los escalafones más altos. El empresariado mostró su peor cara con condenas por colusión en las industrias de medicamentos, supermercados, papel higiénico, etc. Por último se destapó el entramado de empresas que controlaban la política financiando las campañas electorales de sectores de la derecha y la concertación (centro izquierda). Peor aun, los principales responsables de estos casos terminaron libres o con condenas simbólicas (multas o la obligación de asistir a “clases de ética”).

¿Y la política? Las instituciones políticas se han alejado sistemáticamente de la sociedad durante los últimos 30 años. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que desde 1990 Chile es uno de los países con mayor reducción de participación electoral, bajando en casi 40%. La confianza en el Gobierno y Congreso es preocupantemente baja y oscila entre 5 y 10%, mientras que en las últimas tres décadas la identificación con partidos políticos ha caído 30 puntos, llegando a menos del 20%. Nuestro sistema político y los partidos no son capaces de representar la diversidad política y procesar los intereses y conflictos sociales en juego.

Por lo tanto, el Chile de hoy tiene un sistema político debilitado y una realidad social de precariedad y vulnerabilidad, que terminó incubando frustración y rabia con una elite que no solo se llevaba el pedazo más grande de la torta, sino que se erguía por sobre las reglas establecidas para el resto de la sociedad. Es en ese contexto donde, en respuesta a un aumento marginal de la tarifa del transporte público, jóvenes estudiantes comenzaron a evadir el pago del transporte público “saltando los torniquetes”. Un par de días después, el Gobierno gatilla el estallido con la confirmación del alza al pasaje, cerrando el metro para frenar la evasión y anunciando la aplicación de la Ley de Seguridad Interior contra los manifestantes. Esa misma tarde cientos de miles de personas expresaron su solidaridad con la manifestación de los jóvenes y, paralelamente, grupos no identificados incendiaron estaciones de metro en distintos sectores de la Capital. En menos de 24 horas los militares patrullaban las calles de Santiago, abriendo paso a gravísimas violaciones a DDHH sin lograr controlar las manifestaciones. Tan solo seis días después, el viernes 25 de octubre, se desarrollaba la manifestación más masiva de la historia de nuestro país.

Para analizar las respuestas del sistema político a este levantamiento social es útil dividir el estallido en dos períodos: antes y después de la marcha del 25 de octubre.

En el primer período, que duró alrededor de 10 días, casi todo el sector político del Gobierno respaldó el mensaje oficial: no existe un conflicto social y aplicaremos toda la fuerza de la ley contra los manifestantes. En la oposición, por el contrario, desde un primer momento los sectores del Frente Amplio (coalición de izquierda) hicieron un llamado a entender la profundidad social del conflicto. Es más, el FA entregó al Gobierno un programa de cambios urgentes denominado “No más Abusos”, que sigue siendo la base de las discusiones políticas sobre la urgente agenda social. Por último, aunque inicialmente hubo algún grado de dispersión en los sectores de la centro izquierda, con el correr de los días la enorme mayoría de sus liderazgos se situó ante el conflicto desde su dimensión social.

En la marcha del 25 de octubre salieron a manifestarse alrededor de dos millones de personas, lo que logró derrotar la mirada de quienes planteaban que esto era solo un movimiento marginal, instalándose, por el contrario, que se gestaba uno de los movimientos sociales más relevantes de la historia del país. A partir de ese día, podemos observar cambios en las posiciones políticas de los distintos sectores.

Para empezar, el Gobierno hizo un cambio en su discurso. Reconoció la existencia de un movimiento social mayoritario, suspendió la presencia de militares en las ciudades y anunció un importante cambio de gabinete. Pero el giro discursivo no vino acompañado de un giro en su actuar. De las medidas sociales anunciadas, tres cuartos ya estaban en el congreso o en el programa de Piñera y, a pesar de que los militares vuelven a los cuarteles, la política de represión hacia las manifestaciones continúa al alero de Carabineros.

Los cambios más trascendentales vienen de parte de los partidos del oficialismo. La derecha tradicional de Renovación Nacional (el antiguo partido del Presidente Piñera y heredero de la histórica agrupación conservadora, el Partido Nacional) se mueve rápidamente y declara su disposición a enfrentar la dimensión social del problema. La derecha más neoliberal y pinochetista, concentrada en la UDI, y la joven derecha, autodenominada liberal, del Partido Evopoli, quedan aislados como los defensores del modelo. Días después, la oposición, duramente fragmentada durante los últimos años, saca una declaración unitaria llamando a impulsar una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Esto abre la puerta hacia el histórico acuerdo del 15 de noviembre que resuelve hacer un plebiscito para iniciar el primer proceso constituyente democrático en la historia de Chile.

A pesar de que el acuerdo consigue un respaldo ampliamente mayoritario en la ciudadanía y le pone fecha de término al lastre dictatorial más relevante que quedaba, no incluye a ciertos sectores políticos de la izquierda y es criticado por algunos actores sociales. Además, el acuerdo solo aborda la exigencia de una Nueva Constitución, por lo que se mantienen las movilizaciones a la espera de que se aborden las urgencias sociales. Sectores de la derecha se han mostrado disponibles a cambios en el sistema de salud, en la política de endeudamiento estudiantil y respecto al sistema de pensiones, abriendo la puerta a que la política impulse nuevos cambios a las condiciones de vida de los y las chilenas.

Pero la arista más relevante del estallido sigue abierta y sin solución a la vista: la masiva violación de DDHH durante las últimas semanas. En los últimos 40 días han muerto 23 personas, de las cuales hay confirmación de participación de agentes del Estado en 5, se han presentado 370 querellas por tortura, 79 por violencia sexual y más de 1500 personas han sido heridas con armas de fuego, incluyendo 232 con traumas oculares. A pesar de las continuas advertencias de parte de organizaciones locales e internacionales, Chile sufrió masivas violaciones a los DDHH por parte de Carabineros amparados en el silencio del Gobierno y el oficialismo. ¿Qué hacer al respecto?

El problema es muy complejo. Por un lado, solo se puede entender al Gobierno desde una posición que cree que la violación a los DDHH es condición necesaria para restablecer el orden público. Por otro lado, la oposición chilena sostiene, legítimamente, que no hay contexto o justificación posible para la violación de derechos fundamentales y que se deberán perseguir los responsables policiales, militares y políticos hasta las últimas consecuencias. El resultado es que se profundiza la polarización entre ambos sectores políticos porque la derecha considera legítima y necesaria la represión, mientras que la izquierda ve cada día que pasa como una afrenta a la justicia y una agudización de los crímenes de lesa humanidad.

En estos días las emociones son volátiles y la esperanza de igualdad y justicia rápidamente se puede convertir en miedo a un devenir autoritario. La solución democrática es compleja y el camino no es obvio. Si el movimiento social sigue movilizado se requiere, en primera instancia, que la política haga carne los cambios sociales exigidos. Pero, de manera más urgente, el Gobierno debe imponer el cese de violación a los DDHH y construir las condiciones necesarias para garantizar un proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas. El fracaso de lo anterior le deja a la oposición pocas alternativas, entre ellas la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, proceso que se inició hace pocos días.

Rodrigo Echecopar. Economista y ex Presidente de Revolución Democrática, Frente Amplio.

 

Notes:

  1. Entre un millón de personas, una figura envuelta en tela carmín representó la paz. La bailarina Catalina Duarte ejecutó un paso de ballet con una bandera de Chile frente a dos vehículos de carabineros durante las protestas del 25 de octubre en Santiago. “Fue un instante de paz, de calma. No había agresión. Fue un momento de respeto entre manifestantes y policías”, cuenta a Verne, María Paz Morales, la autora de esta imagen. “Catalina es belleza y arte frente a la rudeza y la crueldad de los policías”, señala la chilena.
    La fotografía fue publicada por medios de comunicación en todo el mundo en torno a la manifestación de más de 1,2 millones de personas en la capital chilena. Morales fue acompañada del también fotógrafo Oscar Seguel para fotografiar a la bailarina como parte de un proyecto denominado Danza en la Urbe, que retrata a los bailarines en las calles. https://verne.elpais.com/verne/2019/11/23/mexico/1574465835_743523.html

Categorized | Internacional, Política

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