Una Agenda 2030 para construir un futuro en común

Galde 28, udaberria/2020/primavera. Cristina Monge.-

La aprobación de la Agenda 2030 por parte de Naciones Unidas y su firma por 197 Estados, entre ellos España, abrió un periodo de discusión en el conjunto de la sociedad civil para darle una interpretación y una narrativa propia a la altura del desafío. Desde un principio se entendió que se estaba ante una “agenda en disputa” y desde las organizaciones y movimientos sociales se tomó la decisión de formar parte activa del proceso. En este contexto surge Futuro en Común, una red compuesta por más de 50 organizaciones y plataformas de sectores distintos – feminismos, migraciones, ecología, infancia, cooperación al desarrollo, paz, acción social, acción sindical etc, – que se alían para trabajar intersectorialmente con el objetivo de que la sociedad civil participe de forma activa en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 para impulsar su puesta en marcha en la lectura más transformadora. Una de las primeras demandas que se identificaron fue la necesidad de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible con el foco puesto en el diseño de políticas e inversiones públicas que abordasen las causas profundas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión, la degradación medioambiental, y las violencias que amenazan la seguridad humana. En su página web se definen de forma clara: “Somos un espacio vivo de encuentro entre entidades y colectivos de sectores muy diversos que trabajan para acabar con las causas globales y locales de la pobreza, las desigualdades y a favor del desarrollo sostenible.”

¿Qué propone Futuro en Común?

Uno de los primeros hitos de Futuro en Común, donde se refleja de forma más clara su ideario y propuestas, es el “informe sombra” que se elaboró con motivo del Examen Nacional Voluntario del Gobierno en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en Nueva York el de julio 2018. España acudió con una delegación plural de representantes de entidades sociales, administraciones públicas, el mundo de la academia y el conocimiento, la empresa, etc, entre los que se encontraban representantes de Futuro en Común.

En el informe se recoge un diagnóstico de la realidad española y la visión de país de Futuro en Común con una serie de propuestas para situar la Agenda 2030 en el centro de la acción política, de forma que se focalice en el cuidado del planeta y la erradicación de la pobreza y todas las desigualdades.

Conscientes de que la capacidad de transformación de la Agenda 2030 dependerá de la interpretación y aterrizaje a políticas e inversiones concretas en cada contexto,  las propuestas de Futuro en Común para avanzar en la puesta en marcha de la Agenda 2030 en España pasan por la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030 “participada, de consenso, con visión de largo plazo, concreta y medible, basada en la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad, que ponga el foco en las personas y el planeta y responda a un proyecto de país con visión de largo plazo”. Una Estrategia que se constituya en un proyecto de país y sirva de marco para toda la planificación del desarrollo sostenible, de todas las estrategias, de todas las políticas.

Para contribuir a este proceso, Futuro en Común identificó seis elementos clave transversales imprescindibles en la Estrategia: 1. caminar  hacia un modelo económico que sitúe en su centro el cuidado de la vida, las personas y el planeta, potenciando los sectores sostenibles y garantizando los derechos laborales; 2. blindar un sistema de protección social sólido y eficiente; 3. reformar el sistema fiscal para aumentar su suficiencia, progresividad y capacidad redistributiva, como elementos clave de la cohesión social y para que nadie se quede atrás; 4. promover una transición ecológica que nos conduzca a una sociedad neutra en emisiones; 5. garantizar la protección frente a las violencias y la discriminación y 6. fortalecer el liderazgo de España en el ámbito internacional para la defensa de los Derechos Humanos y de los bienes públicos globales.

Y si bien la identificación exhaustiva de políticas e inversiones necesarias para lograr la transformación tendrá que hacerse después de establecer el modelo de desarrollo y el horizonte estratégico de país en la Estrategia, Futuro en Común hizo un identificación de las principales medidas para  abordar las causas profundas de los problemas en cuatro ámbitos prioritarios: En primer lugar, políticas contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, para no dejar a nadie atrás. En este ámbito las medidas propuestas van desde el fortalecimiento de la protección social a través de un sistema de garantía de ingresos mínimos y de una prestación universal por niño y niña a cargo, incremento de recursos para la Ley de Dependencia, hasta reformas legales para asegurar el acceso universal a la salud, a la vivienda digna y a una educación de calidad para todas las personas, pasando por reformas de carácter estructural en el ámbito laboral y fiscal que permitan mejorar la calidad del empleo y aumentar los recursos públicos disponibles para gasto social desde una lógica de progresividad.

El segundo foco de atención se centra en las políticas ambientales, en las que se propone la adopción de un plan de emergencia para detener la pérdida de la biodiversidad, la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y la elaboración una ley de cambio climático y transición energética.

Otro de los bloques de políticas que se reivindican son aquellas dirigidas contra las violencias que amenazan la seguridad humana y los espacios cívicos democráticos. Entre otras medidas, se hace énfasis en la reforma de la Ley integral contra la violencia de género para adecuarla al Convenio de Estambul, la adopción de una Ley integral de violencias contra la infancia, la modificación de la Ley de Extranjería con el objetivo de “evitar la irregularidad sobrevenida, garantizar la asistencia sanitaria y los derechos de la infancia de todas las personas”, la derogación de la Ley Mordaza para garantizar un espacio público civil seguro para la participación ciudadana, y la adopción de una ley integral contra la trata de seres humanos.

Desde el punto de vista de la política internacional, se recomienda reforzar la política pública de cooperación para el desarrollo aumentando la ayuda oficial al desarrollo española hasta la inversión media de la UE, asegurando su calidad y orientación a lucha contra pobreza y desigualdad, así como ejercer un liderazgo positivo y coherente con el marco internacional de Derechos Humanos en asuntos globales como las migraciones, el comercio de armas, el cambio climático, la actividad empresarial en el exterior o la fiscalidad internacional.

En este sentido, uno de los puntos de mayor interés y diferencial respecto a otras propuestas ha sido desde el primer momento la reivindicación de una coherencia de políticas, que no es otra cosa que la afirmación de una agenda interconectada, multidimensional e indivisible. “Significa un compromiso político, institucional y legal que permita alinear el comportamiento de todos los actores bajo criterios de sostenibilidad y con el liderazgo ejemplificador del gobierno.” Una agenda transformadora no puede construirse dentro de los férreos límites de las competencias administrativas ni en la limitación de los roles conocidos hasta ahora en el mundo empresarial, académico o social. Una coherencia de políticas necesita repensar todas esas estructuras para hacer de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles fines comunes por los que trabajar de forma coherente desde las diferentes posiciones y enfoques.

Para ello, Futuro en Común en su documento apuesta por contar con herramientas para el seguimiento y evaluación: “incrementar y profundizar el conocimiento de la realidad a través de mejores datos, desagregados por género y edad, e incorporar otras formas de medición del progreso más allá del PIB”. Las propuestas llegan a lo concreto apostando por la incorporación al sistema estadístico español de un marco nacional de indicadores ODS con metas ambiciosas, así como la compilación de la información conforme a los enfoques de derechos humanos e igualdad de género, con especial interés por las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

Un balance de la implementación de la Agenda dos años después.

El trabajo de Futuro en común, tras la presentación de este documento en junio de 2018, y a lo largo de casi dos años, se ha abordado en dos líneas: por un lado, la incidencia pública para garantizar que la voz de las organizaciones y movimientos sociales esté presente en los órganos de gobernanza de la Agenda 2030 creados a mitad de 2019, y por otro, la búsqueda de espacios y líneas argumentales comunes que permitan consolidar un espacio de creación y elaboración conjunta para las organizaciones de sociedad civil de distintos sectores.. Futuro en Común puede entenderse, por tanto, como un espacio colectivo de debate, incidencia y creación de alianzas con el objetivo de hacer de la Agenda una herramienta de transformación colectiva capaz de cambiar las vidas de todos y todas sin dejar a nadie atrás.

Entre los avances en la implementación de la Agenda durante este tiempo se puede destacar el enorme esfuerzo de difusión hecho entre sectores muy diferentes de la sociedad. A día de hoy, aunque el nivel de conocimiento entre la población siga siendo escaso, los 17 ODS están ya presentes en los nodos sociales que pueden llegar al conjunto de la sociedad. Es decir, escuelas, institutos, universidades, empresas, sindicatos, medios de comunicación, etc. Queda pendiente que esa capilaridad despliegue todo su potencial para llegar al conjunto de la población y conseguir que permeen los debates en torno a las transformaciones necesarias y cómo la Agenda 2030, a pesar de sus limitaciones, puede ser una herramienta útil para alcanzarlas.

Por otro lado, hay que valorar pasos interesantes que se han dado en el ámbito institucional, como la organización de la información e indicadores del INE en clave de los 17 ODS, distintas convocatorias de proyectos de investigación o intervención social que deben justificar su aportación a la implementación de la Agenda, etc. También las empresas han dado un giro para articular sus planteamientos de responsabilidad social y creación de valor según los parámetros de los 17 ODS.

Sin embargo, si se contrasta lo hecho con las reivindicaciones de la sociedad civil, se podrá comprobar cómo lo sustancial, es decir, la creación de redes y la articulación de políticas públicas contundentes que hagan de la Agenda un instrumento transversal de transformación social sigue pendiente. Producto de la convulsa situación política por la que ha atravesado el país y de la dificultad de conseguir un objetivo de ese ímpetu transformador, la valoración de lo positivo realizado no puede ocultar lo que queda pendiente.

En los momentos de escribir estas líneas el mundo entero, y España de forma especialmente grave, está sumido en una crisis por la pandemia del Covid-19 cuyas consecuencias desconocemos. Conforme van pasando los días se extiende la percepción de que hay un antes y un después de esta pandemia, de que cuando la situación se normalice estaremos viviendo en una sociedad distinta. La prioridad hoy es parar la pandemia y hacer frente a la crisis económica que ya se empieza a notar. Pero el gran peligro es que las medidas de reconstrucción post-crisis no sigan la Agenda 2030 como la hoja de ruta común y compartida, poniendo el foco en todas las personas y el medio ambiente, formulando políticas coherentes y orientadas a la consecución de todos los derechos humanos y el desarrollo sostenible, fuera y dentro de nuestras fronteras para salir de esta crisis fortalecidos.

Cristina Monge

Politóloga, profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza y asesora ejecutiva de Ecodes.

@tinamonge

 


Publicado por Galde
Edita: Ezker Kulturgintza Elkartea Depósito Legal: SS-551-2013 ISSN: 2255-5633

 

Categorized | Dossier, Política

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