Tras la violencia política, polifonía de la verdad en Colombia

 

Galde 34, udazkena/2021/otoño. Liliana Zambrano-Quintero[1]

Al escribir sobre el actual proceso de construcción de la verdad en Colombia pensé en titular este artículo en términos de “narrativas contrapuestas”. Sin embargo, preferí usar la palabra “polifonía” pues recoge la misma idea de una manera más constructiva. Hace alusión a múltiples voces, a diversos sonidos que suenan de manera simultánea, con diferentes ritmos, de forma independiente, pero manteniendo siempre una única armonía. Este es el principal reto de la construcción de la paz: tener la capacidad de gestionar los conflictos y de favorecer la convivencia de las diferencias, sin necesidad de recurrir a la violencia.

Luego de 60 años de confrontación armada, en 2012 el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) iniciaron un proceso de conversaciones en La Habana que, en noviembre de 2016, trajo como resultado la firma de un Acuerdo de Paz para el cese definitivo de la violencia por parte de este grupo insurgente, su transformación en partido político y la reincorporación económica y social de sus excombatientes. Desde entonces, Colombia se encuentra inmersa en un proceso de transición hacia una sociedad más pacífica.

Las ilusiones y esperanzas en esta nueva etapa han sido enormes, aunque los retos y los obstáculos también están siendo de gran envergadura. Transcurridos cinco años de la firma de paz, la implementación ha sido lenta. No ha habido un compromiso real, ni la voluntad política suficiente por parte del gobierno colombiano para avanzar con la implementación integral y vigorosa de lo acordado. La transición se está desarrollando en un contexto de violencia creciente. A la fecha, han sido asesinadas más de 250 personas en proceso de reincorporación y más de mil líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional. Aún operan múltiples actores armados ilegales gravitando alrededor de las economías de la guerra todavía vigentes.

En este ambiente de “no-guerra, no-paz” el país está avanzando en un proceso de construcción de la verdad, memoria y reconciliación. Como resultado del Acuerdo de Paz se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) como una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, extrajudicial e independiente del gobierno. La CEV inició formalmente su labor en noviembre del 2018 para un periodo de tres años, durante los cuales tiene la misión de investigar, recoger los testimonios de las víctimas, responsables y testigos del conflicto armado colombiano a fin de lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra. Sus conclusiones quedarán consignadas en un Informe Final que se prevé presentar en noviembre del 2021[2].

Recoger los hechos ocurridos en el marco de un conflicto armado tan complejo como el colombiano es una labor titánica. En esa performance de la violencia ha habido múltiples intereses contrapuestos y asimetrías de poder. Actores diversos que, por acción u omisión, como víctimas, espectadores o victimarios, han sido parte de los acontecimientos. Los recuerdos son individuales, pero los sucesos afectaron a toda la sociedad. Por tanto, también es necesaria una memoria colectiva. Hay recuerdos comunes, aunque no necesariamente compartidos. Ocurrieron en un mismo tiempo y lugar, pero no todos lo vivieron desde el mismo lado o con la misma intensidad. Los impactos son diferenciados, en términos de género, de clases sociales, de ideologías políticas, de etnias, de territorios.

Otra dificultad intrínseca en este tipo de procesos es la conciliación de los intereses de la nación con los de las y los ciudadanos. Es decir, permitir a las víctimas obtener reparaciones y explicaciones sobre lo sucedido, y por lo tanto satisfacer demandas individuales y personales; pero al mismo tiempo promover la reconciliación política garantizando que los perpetradores se comprometan sinceramente en el proceso, reconozcan el daño causado, aporten con su confesión y den muestras de arrepentimiento[3]. Todo ello, sin ir a la cárcel y con cierta dosis de impunidad.

En algunos países, la salida ha sido el silencio. El pasar la página. El “borrón y cuenta nueva”. En otros, la tendencia ha sido “acomodar” un discurso explicativo oficial que garantice la transición democrática. La memoria que se impone suele ser la de los vencedores. Una memoria parcial que homogeniza la pluralidad de relatos y excluye las voces de los sectores más subordinados o vencidos. En el Informe de la CEV en Colombia la solución ha sido una memoria selectiva, esto es, la elección de los hechos desde la lógica de “los más graves” o “casos ejemplares”. En sus palabras, “de los más graves patrones de violencia que se dieron en el marco de la guerra”. Aunque pareciera que esto se traduce en una reconstrucción de la historia sin sujetos, en un relato donde víctimas y victimarios quedan diluidos en el anonimato, el propósito de este tipo de Informe es ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, dar cuenta de la gravedad del daño causado, romper los ciclos de violencia y dejar sentadas las bases de la no repetición.

La CEV ha venido haciendo un gran esfuerzo por recoger toda la pluralidad de voces: de las víctimas, de los testigos, de los responsables de los hechos; haciendo especial énfasis en no dejar por fuera los testimonios de las mujeres, de los pueblos indígenas y afros, del campesinado, de las personas en el exilio y demás grupos vulnerabilizados gravemente afectados por la guerra. En estos tres años la Comisión ha escuchado a 22.816 personas y recibido 569 informes y casos aportados por organizaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, la fuerza pública, el sector empresarial, colectivos de mujeres, grupos étnicos, sindicalistas, periodistas, ONGs, entre otros. Ha generado espacios de escucha en comunidades, entre víctimas y victimarios, con expresidentes y exlíderes guerrilleros y paramilitares[4].

Este trabajo de escucha y recolección de testimonios no solo se ha hecho en las nuevas circunstancias de virtualidad impuestas por el COVID-19, sino a pesar de la persistencia del conflicto armado. En un contexto inacabado de violencias, con problemas estructurales enquistados como el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo, en el que no hay plenas garantías de protección para quienes están hablando en medio de intimidaciones y amenazas; en un ambiente de presiones políticas sobre las entidades creadas dentro del sistema de justicia transicional y sin el presupuesto público necesario para sostener su labor.

La presentación oficial del Informe Final se producirá en una coyuntura convulsa. Colombia está inmersa en un escenario de altísima polarización política y fragmentación social. Un ambiente caracterizado por una recurrente protesta social derivada de promesas incumplidas y de reformas profundas sin hacer. Es clara la resistencia de algunos sectores, del partido de Gobierno y del Gobierno mismo frente al acuerdo de paz y sus instituciones. De hecho, existe evidencia sobre otros estudios de verdad que se están construyendo en forma paralela al Informe oficial, que buscarán deslegitimar los hallazgos de la Comisión en un intento por confrontar a los colombianos y llevarlos a elegir entre unos y otros postulando argumentaciones de sesgo principalmente ideológico. Es además un contexto electoral, con elecciones parlamentarias en marzo y presidenciales en mayo del 2022. Precisamente, esto último ha llevado a argumentar la pertinencia de solicitar una prórroga para proteger al Informe de una eventual instrumentalización política en medio de la campaña electoral.

Es evidente que el conflicto armado colombiano es un conflicto de naturaleza política y, por tanto, estamos frente a una verdad también política. Pero no puede ser una política para la confrontación, sino para la acción proactiva hacia un futuro sin violencias, para que se instale una cultura de paz, de No-violencia. Lo fascinante es que es un futuro que las generaciones presentes no conocemos, porque nuestra historia de vida ha estado siempre atravesada por la historia del conflicto.

Avanzamos hacia un escenario desconocido, imaginado, anhelado, soñado. La misión que tiene la CEV en Colombia es tan desafiante como su propia envergadura. Pero no se trata de encontrar quién tiene la razón, cuál es la verdadera verdad o de conciliar las diferentes versiones. Se trata de construir una verdad que explique por qué pasó lo que pasó, cuáles han sido sus consecuencias y qué debemos hacer como sociedad para que el horror no se repita. Tenemos el reto de componer una polifonía de la verdad que permita el sonar de las diferentes voces conviviendo en armonía.

  1. Liliana Zambrano-Quintero. Politóloga colombiana. Doctora en DDHH. Investigadora y consultora en paz y conflictos. Miembro del Nodo Euskadi de la CEV (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia). 
  2. CEV (2019), 21 claves para conocer a la Comisión de la Verdad.
  3. BELAY, Raynald (dir.) et al. (2004): Memorias en conflicto: Aspectos de la violencia política contemporánea. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français d’études andines.
  4. CEV, Rendición de cuentas del periodo junio – diciembre de 2020.

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