Siete instalaciones políticamente limitadas en el sentido común
Galde 20 invierno/2018). Miguel Urrutia Fernández[1] y Gael Yeomans Araya[2]
La principal transformación de la izquierda chilena en los últimos tiempos ha consistido en la emergencia de una nueva coalición política llamada Frente Amplio (en adelante FA). Su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones 2017, con el 20% de la votación, quedando a solo dos puntos de Alejandro Guillier, candidato de la gobernante coalición Nueva Mayoría, cuyo espectro recorre desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. El FA eligió un senador (cuestión que no logró el PC), y pasó de 3 a 20 diputaciones.
El carácter de izquierda del FA ha sido debatido en primer lugar por la integración del “Partido Liberal”, así como también por la interrogación teórica que algunos líderes del FA han planteado públicamente sobre la vigencia de la distinción izquierda/derecha. Pero la cuestión radica más bien en que una gran franja de militantes y activistas chilenos identifican actualmente a la política, más que con doctrinas específicas, con prácticas históricas indudablemente cargadas de reflexividad colectiva (o de teoría, en el sentido propuesto por Lenin). Diremos entonces que la izquierda y la derecha existen en Chile y en el mundo, como resultado de una historia concreta (y por lo mismo, abierta). No es necesario entonces referirse a la izquierda chilena partiendo por delimitaciones formales a la manera clásica de Giovanni Sartori.
Por su conexión innegable con la reciente historia de luchas sociales en Chile, el FA es una expresión indudablemente fundamental de las transformaciones en la izquierda chilena. Ahora bien, no por obvio, debe dejar de mencionarse que, cualquiera sea la índole y el alcance de dichas transformaciones, su curso ya ha sido afectado por el triunfo presidencial de la derecha (a la que le bastaron los votos de un cuarto del padrón electoral, para propinarle una derrota aplastante a la aun gobernante Nueva Mayoría y su candidato). Las implicancias políticas de luchas sociales persistentes, pero parceladas, han quedado de manifiesto en esta coyuntura electoral.
No obstante, si verdaderamente hay transformaciones importantes en la izquierda chilena, no pueden aceptarse las atrincheradas aproximaciones dicotómicas al problema de cómo condensar las luchas sociales en poder político efectivo y transformador. Ni los más pretendidamente sepultados clásicos del pensamiento revolucionario llamaron jamás a confiarle unívocamente la política a la espontaneidad rebelde de las bases o al aceramiento de la vanguardia. Son muchas las hebras en la transformación de la izquierda chilena, pero, en esta ocasión,consideramos relevante esforzarnos en sintetizar las descripciones críticas que conectaron –con evidentes traslapes- a los Movimientos Sociales, las fuerzas políticas que luego convergieron en el FA, y los sectores sociales que votaron por las candidatas y candidatos de esta coalición de izquierda. Nuestra idea es mostrar que la transformación en curso de la izquierda chilena se funda en este cuestionamiento aun parcelado de la sociedad de mercado. Cada punto revisado a continuación, señala entonces una de las parcelas sometidas al cuestionamiento que mueve las transformaciones de la izquierda chilena:
- La educación concebida como bien de consumo y cuya provisión, incluso pública, se ordena por la lógica del negocio y el lucro. Con la respuesta del movimiento social, emerge el paradigma transversal de los Derechos Sociales, cuyos sentidos y alcances están en disputa incluso en el seno de las transformaciones de la izquierda. La gratuidad en la educación superior refleja muchas de las complejidades. Concita amplio apoyo de la población, pero los avances en la materia no han fortalecido la educación pública, y claramente han inyectado grandes recursos públicos en instituciones privadas de educación superior. El avance sustantivo ha consistido en disponer de un ejemplo irrefutable sobre la incapacidad empresarial privada para producir bienes públicos acoplados a los desafíos del desarrollo nacional. Hay importantes paralelismos con la situación de la salud en Chile, cuyo carácter de bien de consumo también ha sido ampliamente cuestionado. Sin embargo al menos dos cuestiones son distintas en este caso: una, la reivindicación de la gratuidad universal no es aplicable; dos, a diferencia de la educación, la cuestión de la salud no es concebida aun por la población como un “medio” para incrementar su bienestar. Las expectativas se reducen a ser oportunamente atendido y curado en caso de enfermedad.
- La vida humana tratada patriarcalmente como mera energía biológica individual, lo cual explica que en Chile algunos invoquen “un” derecho a la vida para negar a las mujeres la libertad de decidir sobre formaciones cigóticas o embrionarias que son parte de sus cuerpos. Seguidamente, esta misma reducción patriarcal de la vida humana a mera energía biológica individual, se revela coherente con los intentos de atomizar el trabajo asalariado y perpetuar el de cuidados a cargo de las mujeres. Así, en Chile las severas restricciones impuestas al trabajo para acceder colectivamente a la arena pública, se ven multiplicados en el caso del trabajo femenino.
- Una matriz productiva completamente adscrita al libremercadismo doctrinario de las ventajas comparativas y, por tanto, basada en la exportación de comodities como celulosa, frutas, salmones, harina de pescado y, muy especialmente, cobre (ya casi por completo desnacionalizado). Matriz que provoca profundos deterioros socio-ambientales al mismo tiempo que aparta a los territorios deteriorados de los beneficios obtenidos en el proceso productivo territorializado.
- Un Estado estructurado para resolver los continuos problemas en la “formación del stock de capitales”, cuyos gobiernos democráticos abdicaron de promover nuevas correlaciones de fuerzas que les permitieran enfrentar la amenaza del “todo o nada” proveniente de los inversionistas. El asegurar el stock de capitales para el crecimiento económico (o, en lenguaje políticamente incorrecto, para la acumulación ampliada) ha pesado entonces como una especie de ley orgánica constitucional sobre los sucesivos Ministerios de Hacienda. Siguiendo dicha ley fáctica se han vendido empresas públicas a precios irrisorios comparados con las utilidades que rápidamente obtienen los compradores privados. Se han privatizado servicios básicos con enorme inversión pública previa: puertos, sanitarias, generadoras y distribuidoras eléctricas. Más recientemente se ha llegado al extremo de privatizar el agua dulce (tanto la de riego, como la de beber) y el mar.
- Políticas sociales claramente subsidiarias de las relaciones de mercado. Focalizadas en situaciones de vulnerabilidad, entendida ésta como el resultado de malas decisiones individuales respecto del capital básico que poseerían lo seres humanos, su propia vida. Estas políticas consideran reversibles las mencionadas situaciones de vulnerabilidad sin necesidad de cambios sociales estructurales. La prueba de todo lo anterior es la rampante política de transferencias condicionadas, consistente en la entrega de bouchers individuales a cambio de que el beneficiario asuma determinados comportamientos que lo responsabilicen en la gestión de su capital humano.
- La seguridad social y el sistema previsional adscritos a un férreo modelo de ahorro individual obligatorio con fondos administrados por capitales privados que, a su vez, abastecen con importantes inversiones al sistema privado de capitales. El efecto principal son las muy bajas pensiones recibidas actualmente por la población chilena de mayor edad, de modo que el Estado invierte parte de su presupuesto en complementar las más bajas de estas pensiones, pero sin siquiera alcanzar un sueldo mínimo. Ante esta intervención estatal hay quienes pretenden interpretar que el régimen previsional chileno ya es mixto, pero es evidente que, a nivel mundial, tal condición se refiere a que una parte mayoritaria de las cotizaciones actuales se destina al pago de las pensiones en una modalidad solidaria que reduce a un mínimo el fracasado modelo de capitalización individual.
- El trabajo humano como parte de un mercado regulado por normas cuya ineficacia, ampliamente reconocida, redunda en el arbitrio del gran empresariado. Arbitrio que, en el otro extremo del ciclo mercantil, permite una rápida reapropiación de los salarios mediante la industria del crédito. Tal industria no solo define el acceso a mercancías convencionales, sino también a salud, educación, vivienda básica y servicios elementales como los sanitarios (que incluyen el agua potable), la energía domiciliaria, el transporte público, la circulación vial y, crecientemente, cierta seguridad privada frente a algunos tipos de delincuencia.
Pese a su apariencia, la exposición de estos siete puntos no ha buscado un diagnóstico de la sociedad chilena. Son algunas de las más importantes visiones compartidas por la izquierda y especialmente por el FA. La definición del qué hacer encuentra aquí elementos para un punto de partida con un valor agregado: son visiones que han penetrado profundamente en el sentido común de las mayorías populares en Chile. Lo que, al mismo tiempo, pone en evidencia que los desafíos transformadores de la izquierda chilena están bastante más allá de la cuestión de la hegemonía, sea en su versión gramsciana o en la del giro discursivo.