(Galde 22, otoño/2018/udazkena). Peio Aierbe. SOS Arrazakeria.- Es pronto para afirmarlo, pero hay síntomas que apuntan esa dirección. Este verano hemos visto surgir una respuesta ciudadana a la situación en que se encontraban decenas de personas migrantes y refugiadas que, provenientes de las costas de Andalucía, llegaban al País Vasco y al no encontrar recursos de acogida acababan durmiendo en la calle.
Fue Bilbao donde se hizo visible en primer lugar. A partir de finales del mes de junio de 2018, Rekalde, Atxuri, Bilbao La Vieja… fueron escenario de la movilización de decenas de personas que acogieron al centenar de personas que quedaban en la calle
Le siguió Gipuzkoa, con epicentro en Irún y Donostia. Las imágenes de decenas de personas durmiendo en la estación ferroviaria de Irún se proyectaron en los medios y activaron la creación de sendas redes ciudadanas que se aprestaron a atender a estas personas al tiempo que denunciaban la insuficiencia de recursos institucionales para atenderlas.
EN TRÁNSITO. ¿Cuál era el perfil de estas personas? En su inmensa mayoría respondía a personas migrantes y, en algunos casos, a solicitantes de asilo, africanas, que habían llegado pocos días antes en pateras a las costas andaluzas o habían sido rescatadas en aguas del Estrecho por Salvamento Marítimo. Tras la correspondiente identificación y ficha policial, y darles la correspondiente orden de devolución para que abandonen el territorio nacional en 30 días, eran puestas en manos de Cruz Roja u otras entidades de acogida, en polideportivos y locales habilitados al efecto. Al poco tiempo, muchas de estas personas eran subidas a autobuses y desplazadas a otras ciudades de la geografía española. Es así como empiezan a llegar autobuses a Bilbao y Donostia, de la mano de Cruz Roja.
La gran mayoría de estas personas tienen como destino otros países europeos en los que tienen redes familiares o comunitarias y con los que comparten idioma ya que vienen de países francófonos (aunque su lengua materna sea otra) y, en algunos casos, anglófonos. De manera que su paso por Euskadi tenía como finalidad acceder a la frontera de Irun. Es así como surge su denominación de personas «en tránsito».
La llegada de las mismas es un tanto caótica, reflejo de la situación que se vive en las costas andaluzas a las que llegan y en donde los medios son clamorosamente insuficientes. A la llegada de autobuses que, pese a ser enviados por Cruz Roja, se desconoce su llegada, o se sabe con escasas horas de antelación, se suma que a la mayoría de esas personas ni siquiera se les pregunta previamente si tienen o no familiares en alguna ciudad española. De modo que muchas de ellas, tras llegar a Bilbao o Donostia tienen que reemprender viaje, por su cuenta o con el apoyo de la red ciudadana, a otras ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Valladolid e incluso algunas, prácticamente vecinas del punto de salida, como Málaga, Huelva o Murcia. Este es un dato muy elocuente del trato que reciben.
LA REACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES. La llegada progresiva de varios cientos de personas en un breve lapso de tiempo y sin posibilidad de acogerse a recursos de alojamiento exigía una respuesta rápida y urgente por parte de las instituciones. ¿Y cuál fue su respuesta? Como ocurre con frecuencia con la Administración ésta fue parcial y tardía.
Parcial porque tan sólo se aprestó a poner en marcha recursos de muy corta estancia, 3 días, y sólo para quienes estuvieran «en tránsito», entendiendo por tales quienes hubieran llegado a las costas españolas en un plazo inmediatamente anterior de 30 días y estuvieran provistos de la correspondiente orden policial de devolución. De tal manera que quienes sobrepasaron esos días sin haber abandonado territorio nacional fueron quedando al margen de esos recursos al igual que quienes solicitaron en comisaría presentar su petición de asilo, a quienes se da cita para bastantes meses después. Esas personas quedaban, siempre, fuera de cobertura.
Tardía, porque siempre fueron por detrás de los acontecimientos. Para llegar a disponer de unos recursos con esos márgenes insuficientes y en la cantidad necesaria (hoy todavía sigue laa tendencia a reducir lo ya acordado y no atender reinvindicaciones básicas como Centros de Día) hubieron de pasar varias semanas en un rifirrafe público continuo cuya proyección mediática amplificaba un problema que, en sus magnitudes, no tenía que ser difícil de abordar. Ahí se plasmó la diferente posición de las instituciones a nivel local, foral y autonómico. Con el Gobierno Vasco, en general, como motor, asistimos a una resistencia de algunos ayuntamientos clave, por su emplazamiento geográfico, para no tener que albergar en su municipio este tipo de recursos, así como la mayoría poniéndose de lado ante la petición de poner edificios a disposición de esta necesidad. El resultado es conocido, decenas de personas en situación de calle y repercusión mediática de impacto para llenar las páginas en verano.
LA RESPUESTA CIUDADANA. Esa situación de desamparo motiva una respuesta ciudadana que sorprende por su rapidez, su amplitud y su funcionamiento autónomo. Cierto que la raíz hay que buscarla en el trabajo de sensibilización y movilización de los últimos años en pro de una acogida digna a las personas refugiadas. El lema de ongi etorri errefuxiatuak ha sido asumido por el grueso de entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos y han jalonado no pocas iniciativas. A su vez, las instituciones han venido proclamando su disposición a esa acogida y han puesto en marcha algunas medidas en esa dirección. Todo ello supone un terreno abonado para que en la sociedad haya una disposición ciudadana a implicarse en una tal acogida.
A su vez, un cierto número de activistas de esos movimientos se involucran en impulsar esas plataformas de acogida. Aun así, todas ellas, aunque bastante diferentes entre sí, comparten varios rasgos comunes, a saber la participación bastante numerosa de gentes que se implican a título personal así como la autogestión en su funcionamiento y posicionamiento. Así, mientras en Bilbao trabajan conjuntamente entidades como Ongi Etorri Errefuxiatuak, plataformas vecinales y entidades del tercer sector, en Donostia se configura como una Red Ciudadana de Acogida sin presencia formal de entidades y en Irún es formalmente una plataforma de entidades con la participación de gentes a título personal.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS. Los medios de comunicación han tenido un papel relevante en la proyección de esta situación a la opinión pública. Son varios los factores que lo han posibilitado: las imágenes impactantes de decenas de personas durmiendo en las calles, su identificación con las vivencias dramáticas que observamos de las tragedias en el Mediterráneo, el hecho de aparecer como algo transitorio «personas en tránsito» y que no se van a quedar aquí, las historias de vida que propician y que es un género periodístico muy querido, la ausencia de noticias en verano… así como el interés de algunos medios de darle un viaje al gobierno vasco. O sea, la vida misma.
Pero esta situación, bastante infrecuente, de tener estas reivindicaciones «el viento a favor» en los medios, tienen un efecto ambivalente. Por un lado, permite a las redes presionar a las instituciones y cobrar legitimidad en sus reivindicaciones. Pero también contribuyen a problematizar todo lo que tiene que ver con la acogida de las personas migrantes, e incluso a sobredimensionarla, lo que incide a su vez en la imagen de un sector muy significativo de la sociedad que ve todo este fenómeno como una amenaza. Y en ese caldo de cultivo de los miedos florecen no pocas de las formaciones de extrema derecha que vemos en Europa.
QUIENES SE QUEDAN. Además de quienes están en tránsito hacia otros países de la UE, hay un cierto número que deciden quedarse en el territorio y plantean un reto distinto a las redes de acogida. Ya no se trata de ayudarles a hacer un alto en su recorrido migratorio sino a afrontar la situación de desamparo en la que se quedan, dado que no hay arbitrados recursos institucionales que lo eviten. De este colectivo, a priori, quienes tienen cita para presentar su solicitud de asilo (que se demoran hasta 10 meses) podrían encajar en el recurso que el Gobierno Vasco ha habilitado en Oinati.
Para el resto, no existen recursos institucionales que les permitan no quedar en situación de calle durante el período de 9/12 meses que han de transcurrir hasta que puedan acceder al itinerario que lo posibilite. Esta carencia de recursos es uno de los puntos negros de la atención institucional hacia la población más desfavorecida. Las instituciones no dan señales de estar en disposición de acabar con esta carencia y tampoco están dispuestas a dar un trato de favor a estas personas que les privilegie frente a quienes aguardan en las listas de espera oficiales.
Quienes se encuentran en esta situación, por la que pasan cientos de otras personas migrantes en situación irregular, en la primera etapa tras su llegada a Euskadi, tienen, en esta ocasión, unas redes en las que participan varios cientos de personas que, al tiempo que reclaman medios a las instituciones, se involucran de forma directa en la acogida. Hasta el momento, esa acogida, que se suma a quienes están en tránsito, se ha dado de una forma grupal, con una participación significativa de sectores activos de los barrios en los que esta acogida se realiza.
Pero esta modalidad de acogida tiene por delante unos límites evidentes. Los recursos de las redes difícilmente pueden soportar de modo indefinido el esfuerzo que esto supone. En estas condiciones ¿es viable explorar otras formas de acogida, ya existentes por otros lares, que incluyan el acogimiento por personas particulares? Esta modalidad no supone, evidentemente, dejar toda la responsabilidad de esa acogida en personas individuales. Por el contrario, precisa de una implicación de la Red en proporcionar un marco de actuación, seguimiento, formación y respaldo a las personas implicadas. Cambiaría buena parte de las actividades que hoy desempeñan las redes, al tiempo que supondría la implicación de más personas y de una manera más intensa.
Cabría reforzar esta opción con la mentoría social. A saber, que una o varias personas establecen una relación más estrecha con otra (inmigrante, en este caso), que carece de una red propia de apoyo (a diferencia de lo que tenemos la mayoría de personas), para acompañarle en su recorrido (migratorio, en este caso) y facilitarle su inserción en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Esta persona o personas, se convierten en su referente. Esta actividad reforzaría la gestión necesaria de quien se compromete a acoger a alguien. Y el periodo previsto para esta actividad sería el mismo que necesitan para acceder a los recursos existentes, esto es, 9/12 meses.
¿ACOGIDA VERSUS REIVINDICACIÓN? He aquí un debate recurrente en el seno de las redes. Las redes de acogida tienen como elemento definitorio el atender a las necesidades de estas personas que no cubren las instituciones. Este segundo elemento es el que legitima la denuncia de esa carencia y la reivindicación de medios al respecto. Pero dado que conseguir revertir esa situación tiene, en todo caso, un horizonte a muy largo plazo, lo que hay que afrontar es cómo resolver a corto plazo, esas necesidades. Este ha de ser en todo momento el norte y es la motivación básica de la mayoría de la gente que participa. En esa búsqueda no cabe contraponer posibles soluciones inmediatas, en caso de tenerlas, a una hipotética disminución de las acciones de denuncia y reivindicación.
Esas acciones ya se vienen realizando por determinados colectivos y partidos políticos. La implicación en ellas de las personas que están en situación de acogida, algo que se ha dado hasta el momento, les da más relevancia pero hay que evitar que acaben siendo instrumentalizadas. Y esto podría suceder si esta faceta condiciona la anterior. Estas personas lo que buscan es poder llevar adelante su proyecto migratorio, no convertirse en militantes políticos.
LA APORTACIÓN DE LA IMPLICACIÓN CIUDADANA. La corta e intensa experiencia de las Redes, además de resolver necesidades inmediatas y básicas de las personas con las que ahora están trabajando, puede sentar las bases para continuar esa labor a futuro y ampliar los colectivos con los que trabajar.
Toda intervención va a ser, necesariamente, parcial. Por la propia dimensión de las Redes y por la inexperiencia en las características particulares de esta actividad. Ahora bien, la experiencia que están adquiriendo puede situarlas en disposición de trabajar con otros colectivos, también en situación de calle y afectados por la discriminatoria legislación de extranjería.
Esta perspectiva supondría la consolidación de la intervención de un sector de la ciudadanía como un actor más en el trabajo por conseguir una sociedad más cohesionada y justa, labor que no puede quedar exclusiva, ni principalmente, en manos de las instituciones.