El descrédito de lo que se ha dado en llamar “casta política” ha aumentado considerablemente durante estos años en los que los gobernantes afrontan la crisis a base de recortes de servicios públicos y derechos ciudadanos, mientras afloran graves casos de corrupción y clientelismo.
El problema no se soluciona reduciendo la representación ciudadana en las instituciones, tal y como claman voces de procedencia diversa. Son muchos los cargos públicos, entre ellos muchos concejales, que no tienen sueldos suntuosos, cesantías ni pensiones máximas, pero estas prebendas han sido extendidas a todo cargo público por el imaginario popular a consecuencia de la falta de transparencia en esta materia y de los numerosos abusos, clientelismos y casos de corrupción. También es responsable de esta situación la manera en la que se viene configurando, en general, el ejercicio de cargo público, incluso el de concejal, con preeminencia en cuestiones menores pero tan simbólicas como entradas gratuitas a espectáculos, asientos reservados, trajes de gala o participación en procesiones, por poner algunos ejemplos, contribuyendo a que se le vea como alguien por encima de los demás.
Son diversos los asuntos a abordar para dotar de cierta credibilidad al cargo político, entre ellos: eliminar privilegios, exigir coherencia, ajustar ingresos desmesurados y hacerlos transparentes, dotar a la oposición política y a la ciudadanía de medidas de control y fiscalización, especialmente en materia de contratación para poner coto al clientelismo, y facilitar la participación ciudadana. Son medidas inherentes a una democracia participativa. En este sentido, BATZARRE ha aportado una práctica peculiar a lo largo de su extensa práctica municipal. A pesar de que cada uno de nuestros cargos públicos tiene una experiencia distinta, las características de nuestro colectivo hicieron que, desde el comienzo, los cargos públicos de BATZARRE no cobrasen ingresos desproporcionados, tanto si estaban en la oposición como si gobernaban, y que no utilizasen esos privilegios cotidianos que rodean al representante institucional.
De hecho, durante bastantes años algunos de nosotros veíamos severamente mermados nuestros ingresos por nuestra labor municipal. No existía ninguna compensación, ni por las instituciones ni por el colectivo político, de los descuentos que se nos hacían en nómina por las horas utilizadas en el trabajo municipal. Esa generosidad es algo que no puede exigirse a nadie, y menos a día de hoy, pero es un bagaje ético que nos ha permitido criticar y proponer con coherencia. Lo racional es que esos descuentos de los ingresos propios, se vean compensados por la propia institución en la que se ejerce el cargo, pero nunca con dietas opacas mediante organismos clandestinos para la mayoría, como en el caso famoso de las dietas en CAN por una parte del actual gobierno navarro, ni tampoco con ingresos alejados de los de un asalariado que ejerza responsabilidades asimilables.
Por todo ello, BATZARRE trabajó diversas propuestas sobre contratación pública y elaboró un Código ético para cargos públicos, que Izquierda-ezkerra completo*. Por su extensión, no puedo reproducirlo en este artículo, pero en cuanto a los ingresos insistía de forma especial en la reivindicación “una persona, un sueldo”, en contraposición a los múltiples y poco transparentes ingresos de algunos gobernantes. En uno de los puntos del documento, se insiste en que “En todo caso, la retribución permanente de un cargo público será incompatible con cualquier otra retribución, y en caso de desempeñarse dos cargos retribuidos habrá de optarse por una sola de las retribuciones”.
Una máxima tan simple evitaría muchos abusos y, junto a una actitud y medidas que evitasen prebendas, contribuiría a que los políticos, sin privilegios, fuesen más cercanos a quienes representan. Los códigos éticos no pueden ser declaraciones de buenas intenciones, sino que tienen que arbitrar medidas concretas. Como antes indicaba, el asunto requiere un compendio de cuestiones que van más allá de los ingresos de los políticos, y que pasan por una modificación sustancial de las relaciones no solo entre cargos públicos y ciudadanía, sino también entre política y ciudadanía. Sin participación ciudadana, política y sociedad se alejan, y la democracia languidece.
Milagros Rubio
Miembro de BATZARRE y concejala de izquierda-ezkerra en Tudela
