Galde 43, Negua 2024 Invierno. Julia Martínez Fernández.-
Ríos, humedales, manantiales, acuíferos, deltas, estuarios y sistemas costeros constituyen ecosistemas del agua que, además de una biodiversidad valiosa, aportan servicios, como agua de calidad, regular y reducir las inundaciones, contribuir a la depuración natural de las aguas y generar espacios de alto valor paisajístico. Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran en un proceso acelerado de degradación, por exceso de captaciones, por obras hidráulicas como embalses, trasvases y encauzamientos y por la contaminación urbana, industrial y agraria.
La consecuencia de todo ello es triple. En primer lugar, en torno a la mitad de las masas de agua no alcanza el Buen Estado que exige la Directiva Marco del Agua (DMA). Los sucesivos planes no han mejorado la situación y en el caso de las aguas subterráneas ha empeorado, puesto que las masas que no alcanzan el buen estado han pasado del 37.3% al 40,4%. En segundo lugar estamos perdiendo biodiversidad acuática de forma acelerada, incluyendo endemismos amenazados o en riesgo de extinción. En tercer lugar están aumentando los problemas para atender las necesidades de agua, incluyendo el abastecimiento humano pese a ser prioritario. En estos últimos años se han notificado centenares de municipios con problemas de abastecimiento por contaminación por nitratos de origen agrario y también por sobre explotación de las fuentes de suministro, agravada en una situación de sequía.
Las causas de este complejo panorama derivan de la excesiva presión de las actividades urbanas, industriales y sobre todo agrarias, dado que el regadío representa en torno al 80% de todos los recursos hídricos consumidos en España. Además, el regadío es uno de los fines principales de muchas infraestructuras hidráulicas como embalses y trasvases que deterioran los ríos y los cultivos en regadío son también la principal fuente de contaminación agraria por fertilizantes y pesticidas. A todo lo anterior hay que añadir el cambio climático, que ha reducido ya los recursos hídricos disponibles y los seguirá reduciendo en el futuro por las menores precipitaciones y por el aumento de las temperaturas. Cada vez tendremos menos agua.
Para revertir esta situación, la DMA establece una gestión adaptativa cíclica, en la que cada seis años, con la elaboración de los planes hidrológicos, se analiza el estado de las masas de agua, se identifican los problemas y sus causas, se establecen medidas de mejora y se lleva a cabo un seguimiento para evaluar si las medidas han sido eficaces para alcanzar el buen estado o hay que reforzarlas o cambiarlas. Este año 2023 se aprobaron los planes hidrológicos del tercer ciclo, así que podemos preguntarnos si tales planes responden a los objetivos de recuperar el buen estado de las masas y si son consistentes con ese enfoque de gestión adaptativa. Veámoslo.
Los planes hidrológicos no sólo no reducen las demandas en respuesta a la reducción de recursos por el cambio climático sino que incluso las aumentan, con decenas de miles de nuevas hectáreas de regadío en la cuenca del Ebro, del Guadiana y otras cuencas. Además incluyen la modernización de regadíos como medida estrella para la adaptación al cambio climático, pese a las abrumadoras evidencias de que la modernización de regadíos no ahorra agua y en muchos casos aumenta el consumo total.
Por otra parte, en los nuevos planes se aprecian algunas mejorasen caudales ecológicos y en restauración fluvial, pero los avances son tímidos y lejos de lo que nuestros ríos necesitan. En las masas subterráneas se proponen medidas tardías o que han demostrado su ineficacia en planes anteriores y optan por aplicar distintas excepciones al cumplimiento de los objetivos ambientales. No se incluyen medidas de calado frente a la sobre explotación de acuíferos, causada mayoritariamente por captaciones para riego, por lo que seguirán los problemas de pérdida de manantiales y degradación de humedales, incluyendo espacios tan emblemáticos como Doñana, las Tablas de Daimiel y los humedales del Alto Guadiana.
La contaminación agraria es otra de las asignaturas pendientes y de hecho la Comisión Europea llevó a España en 2021 ante el Tribunal Europeo de Justicia por no tomar medidas suficientes contra la contaminación por nitratos, de consecuencias tan serias como la crisis eutrófica del Mar Menor y sus graves impactos ecológicos, sociales y económicos. Los planes hidrológicos aplican un enfoque reactivo, declarando masas subterráneas en riesgo sólo cuando la intensidad y extensión de la contaminación es ya una realidad constatada y su recuperación es más difícil, lenta y costosa que si antes se hubieran aplicado medidas preventivas.
En el ámbito de las infraestructuras, los nuevos planes muestran avances, al renunciar a una serie de proyectos hidráulicos arrastrados de ciclos anteriores pese a su falta de racionalidad económica, ambiental y social. No obstante se mantienen proyectos hidráulicos no justificados, de gran impacto ambiental o con importante contestación social como el trasvase reversible Ebro-Besaya, el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas), la culminación del recrecimiento de Yesa, el embalse de Almudévar, el embalse de Mularroya, los embalses de La Rial y de Los Morales, la presa de Montesa, el embalse del Agrio, la propuesta de trasvase a este ámbito desde las cuencas del Guadiana y Tinto, Odiel y Piedras, la conducción Castril-Baza o la presa de Alcolea.
Finalmente, la situación descrita se ve agravada por un serio déficit de gobernanza, relativo a carencias de vigilancia de los usos del agua, descoordinación entre administraciones y con otras políticas sectoriales (agraria, turística, ambiental) y una participación pública rutinaria y de mínimos y en la que los usos privativos del agua están sobre-representados frente a otras sensibilidades, como las de consumidores, usuarios recreativos o los de protección de los ecosistemas.
Frente a esta realidad necesitamos abordar el principal reto de la planificación y gestión del agua en España: avanzar hacia una transición hídrica justa con un triple objetivo: i) devolver la salud a los ecosistemas del agua y frenar la pérdida de biodiversidad acuática; ii) asegurar que tales ecosistemas nos sigan proveyendo de agua de calidad para las distintas necesidades, en especial el abastecimiento humano y iii) adaptarnos a la reducción de recursos por el cambio climático, con el fin de proteger las poblaciones humanas, los ecosistemas y los usos agrarios más vulnerables y de mayor valor socioambiental, como son los regadíos históricos y los pequeños agricultores.
Esta transición requiere actuar en los siguientes ejes: i) Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento y que la prioridad del abastecimiento humano sea una realidad efectiva; ii) Reducir las demandas agrarias a través de una reducción del regadío con reparto social del agua, de forma que dicha reducción recaiga sobre los regadíos agroindustriales y los que están en manos de grandes empresas agrícolas, a la vez que se apoya a los regadíos históricos y pequeños agricultores; iii) Transformar las prácticas agrícolas y ganaderas hacia modelos con menos contaminación y otros impactos ambientales; iv) Atajar la contaminación urbana e industrial, en particular de sustancias peligrosas y nuevos contaminantes como los medicamentos; v) Aplicar un programa ambicioso de restauración fluvial, eliminando infraestructuras obsoletas, renaturalizando las riberas y con caudales ecológicos adecuados; vi) Avanzar en la gobernanza del agua, mejorando la recuperación de los costes del agua incluyendo los ambientales, con una mayor coordinación entre administraciones y entre las distintas políticas que afectan al agua (hidrológica, agraria, turística, ambiental) y con una mejora sustancial de la participación ciudadana en las decisiones sobre el agua.
Julia Martínez Fernández
Fundación Nueva Cultura del Agua
