Galde 43, Negua 2024 Invierno. Iñigo Jaca Arrizabalaga.-

En el año 1981, el Departamento de Sanidad del Consejero Javier Aguirre, mandó elaborar el llamado Mapa Sanitario Vasco. Fue un documento de planificación que medía muy ajustadamente las necesidades del momento a corto plazo, redactado con la participación de técnicos muy cualificados y habiendo escuchado a los representantes sociales. Fue un gran trabajo que nos diferenció de otras CCAA que no lo hicieron. Ello posibilitó que recibiéramos una buena transferencia de la sanidad pues, a aquel documento de necesidades argumentadas se le puso una cifra en el momento de negociar con el Estado.

En los 80 se inició la reforma de la Atención Primaria, se construyeron los nuevos hospitales y se remodelaron los ya existentes. En las Juntas de Gobierno de los centros hospitalarios había representantes institucionales y sociales que ejercieron un papel relevante, pero que desaparecieron con las Transferencias de 1987.

La nueva andadura gestionada por el Consejero Socialista, JM Freire, creó las Comisiones Asesoras Técnicas de cada especialidad, integradas por los profesionales, que de esta manera aseguraban su participación en la planificación de los Servicios. Se produjo un hecho normativo de gran relevancia: los nuevos Jefes de Servicio debían tener la dedicación exclusiva al hospital público. Esta andadura se caracterizó porque a los gestores no se les pedía una determinada afiliación ni simpatía política.

Se confiaba plenamente en el servicio de planificación pues su máxima era el estudio de las variaciones y movimientos demográficos y proponía con acierto las correspondientes adecuaciones de recursos. Disfrutábamos de la bonanza y los buenos resultados de aquella sanidad pública bien planificada.

En los 90, el Parlamento confeccionó y aprobó el proyecto Osasuna Zainduz, también llamado Plan Azkuna. Fue el punto de inflexión de aquella sanidad planificada cuyo objetivo había sido la protección de la salud de la población. El nuevo Plan costó 700 millones de pesetas al erario público y no se implementó en su totalidad; ahora bien, pronto se comenzaron a sentir los efectos de la liberalización que proponía: se anuló el Decreto que exigía a los nuevos jefes de servicio la dedicación exclusiva al sector público, se hablaba de obviar la planificación y dejar actuar al mercado, de la competitividad dentro del sector público, de la reducción de costes con la privatización de prestaciones y floreció la demagogia del “consenso” en un sistema jerarquizado.

La Declaración de Alma Ata de 1978 definía la salud como el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Se definieron principios para la atención primaria tales como el de la longitudinalidad, por el que el mismo medico atiende al paciente conociendo también su medio familiar. El efecto de mantener 3 años al mismo médico de familia en el mismo cupo supone una disminución del 13% en el uso que sus pacientes hacen de las urgencias y el efecto de permanecer durante 15 años supone una reducción del 30%. El sistema de adjudicación de plazas, los vacíos generados y cubiertos – cuando lo hacen – con sucesivos contratos eventuales de corta duración, atentan gravemente contra este principio.

Hoy nos alarman las noticias de falta de profesionales, cierres de servicios y el malestar de la población. Las quejas se dirigen: a la aparición de voluminosas listas de espera, muchas de ellas imprudentes, a las inaceptables consultas no presenciales y consultas medicas de enfermera, a la aparición del binomio administrativa-protocolo susceptible de vulnerar el derecho a la confidencialidad, y finalmente a esas altas hospitalarias precoces, que algunas de ellas necesitan un reingreso inmediato.

Pero la mayor alarma surge cuando la clase política asegura que Euskadi es la CCAA que más recursos económicos destina por habitante y año a la sanidad. Si gastamos mucho y somos ineficientes, es evidente que existen graves problemas estructurales y de gestión. También es posible que los criterios de selección de directivos y gestores de Osakidetza, al igual que su formación directiva, no sean los más idóneos.

En la estructura hospitalaria, para pacientes agudos de la CCAA de Euskadi se observa que el Territorio de Bizkaia tiene tres grandes hospitales (Cruces, Basurto, Galdakao), uno intermedio de 280 camas (Urduliz), y uno pequeño de 100 camas (San Eloi). El Territorio de Araba dispone de dos grandes hospitales (Txagorritxu y Santiago) y en el Territorio de Gipuzkoa hay un solo gran hospital (Donostia) unido a 4 pequeños hospitales de 100 camas (Irún, Mendaro, Zumárraga y Alto Deba).

Los hospitales grandes concentran las tecnologías novedosas y un mayor número de profesionales. Los hospitales pequeños tienen problemas para dotarse de nuevos especialistas por sus carencias en tecnologías avanzadas, porque atienden procesos menos complejos y porque sus plantillas son reducidas, con lo que la cobertura de las incidencias es más problemática. En estos momentos de falta de especialistas los hospitales pequeños tienen mal presente y peor futuro.

Hasta 2011 la atención primaria tenía su propia Dirección, su presupuesto y su autonomía de gestión. A partir de esa fecha se les hizo depender de las direcciones de los hospitales, cometiendo el gravísimo error de constituir una Organización Sanitaria Integrada (OSI) por cada hospital. Si la gestión de los hospitales de Osakidetza era muy compleja, no muy eficiente y con listas de espera imprudentes, esta nueva dependencia estructural contamina el funcionamiento de la atención primaria, no sólo privándole de plazas para ampliar las hospitalarias, también haciéndoles depender de la atención especializada y de las Direcciones Medicas hospitalarias. La desorganización e ineficiencia hospitalaria afecta y perjudica el funcionamiento de la atención primaria, con un efecto desmotivador grave, en estos médicos, a quienes además, se les priva de incentivos.

En la organización de Osakidetza Servicios Centrales y el Departamento de Salud cabe destacar que, o bien no funciona o no existe el Departamento de Planificación, situándose en línea coherente con aquella idea descabellada de mercado que defendía el Osasuna Zainduz. También es destacable la falta de trasparencia de datos y la total protocolización administrativa que tanta indefensión genera en los usuarios.

La simple observación de la evolución de la pirámide de edad refleja un envejecimiento poblacional con un aumento importante de población en las edades de mayor riesgo de enfermar y de mayor incidencia de procesos crónicos. Es tan evidente, que no se entiende que el departamento de planificación no se haya anticipado y formado a los médicos necesarios, además de fidelizar a los sustitutos que; cansados de lo precario de sus contratos, muchos han acabado por marcharse a otros territorios o al extranjero.

Existe un sistema centralizado de contratación que deja en el personal administrativo la propuesta y llamada a los médicos sustitutos, siguiendo unas listas pactadas entre sindicatos y direcciones, sin que los responsables de las OSIs conozcan o mantengan una entrevista con el médico a quien responsabilizan temporalmente de un cupo de pacientes. Tampoco agradecen sus servicios, ni su disponibilidad, ni garantizan la continuidad en los contratos. Es tan fría y gélida esta falta de contacto que a nadie le sorprende que los médicos sin plaza se vayan.

En el año 2015 ya se sabía que en diez años (2020) se jubilarían el 15% de los médicos y en 2030 la cifra de jubilados seria del 50%. Nada se hizo para buscar soluciones; muy al contrario, se ocultaron 107 plazas de médicos de atención primaria que hubo que ofertar en 2017 por sentencia del TSJPV. En conclusión, menos médicos, menos enfermeras, población más envejecida, 200.000 personas más en edades de mayor riesgo e incidencia de enfermedades crónicas, y abundantes listas de espera.

Los tres componentes sociológicos de un Servicio de Salud son: el elemento institucional, el elemento profesional, y los que reciben los cuidados. De la buena interacción de los tres dependerá la calidad del Servicio. En Euskadi el tercer componente sociológico, ni existe ni participa, porque a diferencia de otros países de la UE no hay Asociaciones de Pacientes que atiendan sus quejas, les ayuden, recojan datos, presionen y, en definitiva, les representen. Esta “negligencia ciudadana” tiene también su responsabilidad en el deterioro que sufre la sanidad pública.

Las Asociaciones de Pacientes debieran defender la libre elección de médico y hospital, y que los médicos de los hospitales públicos tengan una dedicación exclusiva. Igualmente debieran exigir el estricto cumplimiento del Decreto de Garantías 65/2006, de plazo máximo de esperas, y que cuando en los hospitales públicos los pacientes no puedan ser atendidos en los plazos previstos, puedan acceder libremente al tratamiento en los hospitales privados que ellos decidan. Y todo ello sin olvidar la defensa y consejo jurídico a pacientes en las actuaciones negligentes del Organismo de Salud y los profesionales.

Iñigo Jaca Arrizabalaga. Ex Gerente de los Hospitales Aranzazu, Cruces e Instituto Oncológico.