Derecho al agua
Galde 43, Negua 2024 Invierno. Eríka González Briz.-
La percepción del agua como un bien ilimitado está cambiando a marchas forzadas en el Estado español. En los últimos veranos, centenares de municipios han establecido restricciones en el uso del agua porque los embalses estaban prácticamente vacíos. En otros pueblos y ciudades no tenían acceso a este bien por la contaminación causada por plaguicidas en niveles peligrosos para la salud. La situación es aún más desoladora si, además de los problemas de acceso al agua de la población, se tiene en cuenta el mal estado de los ríos, acuíferos y humedales. Cauces de ríos sin una gota de agua, acuíferos en niveles mínimos y salinizados, desecación de lagunas de los pocos humedales que quedan y una contaminación extendida por el uso masivo de agroquímicos.
La profunda alteración de los ecosistemas no ha cambiado la explotación económica de este bien común, de hecho se refuerza según va siendo más escaso. Se incrementa la presión sobre los ecosistemas para exprimirlos todo lo posible y sostener la expansión e intensificación del regadío, principal consumidor que se bebe más del 80% del agua disponible, como también las macrogranjas, campos de golf, estaciones de esquí, embotelladoras de agua mineral y un largo etcétera. Y la aceleración de los efectos del cambio climático, con temperaturas récord cada año que pasa, pone al límite el agua que circula por los cauces. En los últimos años hay en torno a un 15 al 20% menos de agua.
Las políticas gubernamentales, lejos de afrontar la crisis del agua para frenar el proceso que está llevando al colapso hídrico a ecosistemas y territorios, sigue sin poner freno a la imparable demanda y la contaminación. Plantean como “solución” la construcción de grandes infraestructuras, ya sea embalses o trasvases, que se han demostrado inútiles para afrontar los problemas de disponibilidad de agua. De hecho, el resultado que han tenido es incrementar aún más la presión sobre ríos y acuíferos. En ese contexto, si ha sido posible frenar la lógica del expolio del agua por el lobby de las grandes empresas del regadío, la ganadería industrial y las embotelladoras en algunos territorios, no ha sido por la acción gubernamental, sino por las organizaciones ecologistas y sociales, plataformas ciudadanas y centros de estudio críticos.
Las vecinas y vecinos, ecologistas y especialistas técnicas del agua han sido quienes a lo largo de décadas han impulsado redes, campañas y todo tipo de acciones para defender cada palmo de unos ecosistemas claves para la vida. Y lo han hecho creando articulaciones amplias en el territorio y participando en las pocas vías institucionales que hay, muchas veces limitadas a la consulta y alegaciones de los proyectos, cuando han conseguido conocer estos documentos. Además de estas claves, abordan diferentes estrategias para frenar la destrucción de los ecosistemas ligados al agua, desde las legales que se materializan en recursos frente a irregularidades, hasta campañas de sensibilización y movilizaciones que pueden suponer un coste político si se antepone el interés económico a la protección de un bien común esencial.
La gobernanza social del agua se puede reflejar en algunos ejemplos como la defensa de un río sobreexplotado en Andalucía, la denuncia de contaminación por lindano en Bizkaia y la creación de un Observatorio del agua en la remunicipalización del abastecimiento de Terrassa en Barcelona. El primer caso se centra en el río Guadiaro que ha sido siempre uno de los más caudalosos que ha atravesado la provincia de Málaga y Cádiz. Ahora, como denuncia Verdemar-Ecologistas en Acción, está seco en su tramo medio y bajo. La organización ecologista ha puesto en marcha una campaña mediática, tanto en prensa como en redes sociales, para anunciar que el río está muerto y que ha conllevado la desaparición de millones de caracolas acostilladas, un endemismo andaluz amenazado. A la vez han dado pasos para señalar a los responsables y poner freno al expolio. Entre otras acciones, han denunciado y trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente el «robo» de más de 5 millones de metros cúbicos de agua para riegos ilegales de cultivos que tradicionalmente son de secano. Es Verdemar quien ha ejercido de vigilante del patrimonio ambiental, no el Estado.
La responsabilidad de la destrucción del río es de la Junta de Andalucía que está permitiendo la sobreexplotación del ecosistema incumpliendo, incluso, la figura de protección que debería defenderlo. Con el fin de aumentar la presión sobre el gobierno autonómico, Verdemar ha acudido a la Unión Europea, no porque sea una institución que vele por la protección ambiental, sino porque se internacionaliza la denuncia y la Junta puede sentirse más fiscalizada.
Al otro lado del Estado, en Bizkaia, la dispersión irregular de los residuos de la fabricación de lindano ha supuesto la contaminación de ríos, suelos, árboles y un grave riesgo a la salud pública. La fabricación de este plaguicida fue prohibida en los ochenta y noventa precisamente por su toxicidad ya que es cangerígeno, actúa como un alterador hormonal y altera el sistema neurológico. Pues a pesar de su prohibición desde hace décadas en la actualidad se siguen encontrando depósitos de lindano dispersos en diferentes puntos, no sólo de Euskal Herria, sino también del resto del Estado.
La labor de denuncia de la contaminación, la presión para la investigación y localización de los vertidos ilegales y la reclamación para adecuar la ley y las medidas a la erradicación de este tóxico en el territorio ha sido de plataformas como Lindano Noiz Ar Te? y organizaciones como Ekologistak Martxan. La plataforma, ante la detección de lindano en el embalse de Oiola, que abastecía de agua a Barakaldo, llevaron adelante una campaña para obligar a la desconexión del embalse e impedir su uso hasta que no se encontrara el origen de la contaminación. Por su parte, Ekologistak Martxan, ha sostenido una fuerte campaña de denuncia desde hace tiempo en el que no sólo ha conseguido que se identifiquen vertidos ilegales y se obligue al gobierno vasco a su limpieza, sino que también ha logrado la modificación legislativa del Estado para un mejor control de esta sustancia en el agua de abastecimiento.
Por último, también es interesante remarcar el papel clave de los movimientos sociales por el agua en una gestión pública, transparente y orientada a garantizar la función social y ambiental de este bien común. Así ha ocurrido con el Observatorio del Agua de Terrassa. Tras años de denuncia de los impactos sociales causados por la gestión privada del abastecimiento del agua a cargo de MINA Aigües de Terrassa, la Taula de l´Aigua impulsó la municipalización de la gestión del agua. Pero el carácter público no respondía al objetivo de transformación y plantearon la creación de un organismo autónomo que permitiera la participación de la población.
Primero la propuesta se debatió en un Parlamento Ciudadano y después se reclamó su formación al gobierno municipal permitiendo que se hiciera realidad el Observatorio del Agua. Se trata de un instrumento para la participación en la toma de decisiones y en la construcción de pedagogía para que la ciudadanía asuma el conocimiento y responsabilidad en torno al bien esencial para la vida como es el agua. Tres ejemplos del trabajo tenaz de diferentes colectivos y redes para construir un movimiento, que se expresa en todo el Estado, para defender nuestro patrimonio ambiental, ya sea un río, un acuífero, un valle o una laguna en riesgo de desaparecer.
Erika González Briz, miembro del Área de Agua de Ecologistas en Acción.
