Lo que ocurrió en el Muelle de Arguineguín

 

Galde 33 uda/2021/verano. Daniel Arencibia.- 

El abogado que ganó el recurso contra el bloqueo de migrantes en los aeropuertos y puertos de Canarias sostiene que pondrá tantas demandas como sean necesarias para que la policía cumpla la ley.

Vídeo: El abogado Daniel Arencibia en una entrevista para TIEMPO DE CANARIAS.

2020 será un año que los canarios tardaremos en olvidar. Para Europa, 2020 fue el año de la pandemia. En Canarias fue, además, el año en el que todo el archipiélago se convirtió en una prisión para miles de personas, que sufrieron detenciones ilegales y trato degradante continuado.

El mundo entero pudo ver a 2.600 personas, muchos de ellos menores de edad, durmiendo hacinadas en un muelle, detenidas más de 72 horas sin puesta a disposición judicial, sin poder guardar distancia de seguridad ni otras precauciones exigidas para evitar contagios por Covid, viéndose obligados a dormir noche tras noche en el suelo, sin cama ni colchón ni techo, sin poder ducharse ni tener un aseo e higiene mínima, sin acceso a una asistencia letrada efectiva ni a otros derechos y garantías previstas por la norma para quien resulta detenido. La situación duró varios meses en los que se revivió el concepto de trato degradante dado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos1.

Las condiciones de trato a los inmigrantes que llegan a Europa por mar siempre han pasado por episodios deplorables. Pero esta vez ocurría todo en un lugar sin paredes, a la vista de decenas de periodistas nacionales e internacionales que describían día tras día el carácter inhumano y degradante de lo que veían. Por allí pasaron 3 Ministros y una Comisaria Europea habituados a estos episodios. Entraron, salieron y subrayaron que aquello encajaba con su concepto de trato digno… cuando se habla de inmigrantes irregulares.

Por la mañana, el Gobierno decía que la dignidad de los inmigrantes estaba a salvo. Por la tarde, el Defensor del Pueblo denunciaba que los inmigrantes estaban pasando semanas detenidos sin papel higiénico o que los niños dormían junto a aguas fecales que corrían por el suelo.

Durante todo el episodio, el Gobierno nunca reconoció la más mínima lesión a la dignidad, salud, libertad o derechos de estas personas: no me consta, decían. En el ámbito de la gestión migratoria policial cada vez es más común el uso de una expresión que parecía reservada para hablar de casos de corrupción: no me consta. El problema de la estrategia es que, esta vez, lo que no les constaba era algo que habían visto con sus ojos y estaba a la vista de todos. El Defensor del Pueblo, Human Rights Watch, Médicos del Mundo, la Iglesia Católica, la prensa, los propios ciudadanos… veíamos todas aquellas cosas que al Gobierno no le constaban. El Juez de Control del CIE, que visitó tres veces el muelle habló expresamente de «detenciones ilícitas» y «trato degradante», ambos delitos tipificados en el Código Penal.

Meses más tarde, el mismo Gobierno reconocía que lo del Muelle de Arguineguín había sido «una lamentable concatenación de errores» en la que no se podía reconocer a ningún responsable. Al igual que en el Caso Tarajal, y en tantos otros, la investigación del trato policial a los inmigrantes encuentra mil y una resistencias. El asunto fue denunciado en un Juzgado, que abrió diligencias y las cerró sin apenas investigación, tomas de declaración ni ofrecimiento de acciones a los afectados. Se juntan los dos extremos: aquellos a los que más difícil es exigir responsabilidad (las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y aquellos que menos medios tienen para su defensa (los inmigrantes irregulares).

Lo hemos visto antes. Previsiblemente, tenemos por delante años en los que el Juzgado investigará poco y solamente cuando sea obligado por instancias superiores, a fuerza de interminables recursos que dilatarán odiosamente el procedimiento hasta poder acceder a Tribunales Europeos. Y allí, seguramente, nos condenarán a todos por no buscar un responsable.

LAS ISLAS CÁRCEL. El colapso para los derechos humanos continuó después del episodio del Muelle de Arguineguín. El 11 de diciembre, VOX, PP y Cs acusaban al Ministro de Interior de trasladar a migrantes a la península. El Ministro comparecía al día siguiente en el Congreso y prometía que solo derivarían al continente a los más vulnerables, quedando los demás en Canarias a la espera de deportación. Horas más tarde, los puertos y aeropuertos canarios eran tomados por multitud de policías que impedían a los inmigrantes salir de las islas. Se reproducía por vez primera la idea de isla cárcel que ya habíamos visto en Italia y Grecia.

A falta de deportaciones -por falta de acuerdo con Marruecos y Senegal-, el primer efecto de las islas cárcel fue otro colapso humanitario: durante meses siguieron llegando migrantes que se acumulaban sin alojamiento digno disponible. Nacen entonces los macrocampamentos, establecimientos gestionados por Cruz Roja, Accem y la IOM, que impiden la entrada a observadores y niegan cualquier información sobre lo que ocurre en su interior. Las quejas de los migrantes se multiplican, pero el Gobierno dice que allí dentro todo encaja con su idea de dignidad. Sin embargo, cada vez más migrantes prefieren abandonar esas instalaciones para dormir en situación de calle o al amparo de ciudadanos anónimos que ofrecen su solidaridad. Mientras, la mayoría se desespera por poder seguir hacia el continente y encontrarse con sus familias. Nacen las redes espontáneas de apoyo ciudadano. A diferencia de Ceuta, Melilla o Calais, Canarias sigue teniendo ADN de pueblo emigrante. Y cuando un pueblo emigrante se relaciona largo tiempo con personas que emigran, es imposible la indiferencia. Distintas organizaciones ciudadanas comienzan a ofrecer compañía, alojamiento, alimentos, asesoramiento jurídico… lo que acaba runcando el plan de retener en las islas indefinidamente a miles de personas hasta unas deportaciones que nadie sabe cuándo podrán ejecutarse.

El 14 de abril de 2021, un juzgado ordena a la Jefatura Superior de Policía «el cese cautelar de la vía de hecho consistente en impedir el traslado a la península de [un ciudadano marroquí] cuando este acredite su identidad con pasaporte o documento que pruebe que ha formulado o presentado solicitud de protección internacional», lo que reabre los aeropuertos para que muchos de ellos puedan seguir viaje.

CONCENTRAR LA MIGRACIÓN EN EL SUR: UN PROBLEMA INVENTADO QUE PONE EN JAQUE EL PROYECTO EUROPEO. 2020 será recordado, entre otras cosas, como el año del colapso migratorio en Canarias. Aunque llegaron al Estado muchos menos migrantes que en 2018, el Gobierno decidió en 2020 que era buena idea concentrar a la mayoría de ellos en unas islas sin infraestructuras para alojaros, y sin que pudieran ir tampoco a alojarse con sus propias familias ya instaladas en Europa.

España, Italia, Grecia y Malta han sido firmes durante décadas al exigir una reacción europea coordinada que diluya el efecto de las migraciones en todo el continente y no solo en el sur. Sin embargo, existiendo miles de plazas libres en programas humanitarios y miles de familias deseando dar acogida más al norte, el Gobierno decidió en 2020 renunciar a todos esos recursos. Y concentrarlo todo al sur del sur.

Los fenómenos migratorios están poniendo en jaque el mismo concepto de Unión Europea. Menos de 30.000 llegadas han hecho que un Estado del sur olvide el principio de responsabilidad compartida y que Francia y la propia España hayan levantado fronteras de hecho que dinamitan la libertad de movimientos del Espacio Schengen.

Vienen porque creen que sus condiciones de vida van a peor. El 12 de noviembre de 2020, mientras cientos de pescadores senegaleses sin trabajo yacían hacinados en el suelo del Muelle de Arguineguín, el Parlamento Europeo renovaba un acuerdo de pesca que le permite extraer anualmente 11.750 toneladas de pescados de aguas senegalesas a cambio de 800.000 euros. Cientos de pescadores se sienten perjudicados por Europa y por sus propios Gobiernos.

La única política eficaz frente a los fenómenos migratorios es aquella que consiga que las clases medias de África vean cierta esperanza en su futuro allí. Y abrir a la vez vías legales, seguras, transparentes y predecibles para que quienes pretendan venir prefieran formarse e intentarlo sin jugarse la vida. Financiar a élites pseudodemocráticas para que contengan por la fuerza a sus propios ciudadanos es un parche a corto plazo que nos aleja de soluciones eficaces y sostenibles.

1(Asunto M.S.S. c. Bélgica y Grecia, Demanda no. 30696/09).

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