Libertad sexual, consentimiento y trabajo sexual

Galde 31, negua/2021/invierno. Cristina Garaizabal.-

En los últimos tiempos hemos ganado mucho terreno en la lucha contra las agresiones sexuales. Una lucha muy positiva, pero en la que parece que la apuesta autoafirmativa por la libertad sexual casi está desapareciendo. No es nada nuevo, son polémicas que arrastramos desde finales de los años 80 y que hoy se siguen reproduciendo en un sector del feminismo. Porque este sector sigue defendiendo la idea de que ser hombre y mujer es algo esencial y la sexualidad masculina o femenina también; que todos los hombres tienen el mismo tipo de sexualidad y todas las mujeres también, y que la sexualidad es el instrumento fundamental que sostiene y produce la opresión de las mujeres.

Así, los temas relacionados con la sexualidad se convierten en identitarios y las discusiones se hacen imposibles. Por ejemplo, cuando se dice «el feminismo es abolicionista» y en lugar de razonar se apela a las emociones. O cuando en la disputa con el tema trans se emplean términos como «el borrado de mujeres», que ya de salida tiene una connotación emocional muy fuerte. O cuando al discutir sobre prostitución se habla de «explotación sexual», con todas las resonancias que el término «explotación» tiene.

Estamos repitiendo las mismas polémicas de los últimos 40 años sin tener en cuenta todo lo que ha ido cambiando la sociedad en estos años y que hoy ya hay muchas personas, especialmente muchas mujeres, que transgreden los límites de los mandatos heteropatriarcales, como las trabajadoras del sexo organizadas y autoafirmadas a las que ese sector feminista no escucha y niega su palabra y su agencia.

¿Legislar sobre el deseo? El Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llevado por la buena intención de garantizar la libertad sexual especialmente para las mujeres, plantea, desde mi punto de vista, diversos problemas, algunos de ellos graves, que tendrían que ser debatidos con tranquilidad.

Un primer problema es que legislar sobre el deseo me parece difícil e incluso inconveniente. Con el deseo lo que podemos hacer es aprender a sostenerlo y a manejarlo, y educar en valores dentro de las relaciones: aprender a empatizar, a respetar los límites propios y ajenos, a saber leer los mensajes corporales… La sexualidad se basa en el deseo y no se puede convertir en una serie de normas, por muy feministas que estas sean. Y el deseo entronca con cosas inexplicables para las que no tenemos palabras; con eso que llamamos el inconsciente, un núcleo desconocido de nosotras mismas, pero que se manifiesta de formas variadas, sublimadas, con su propio lenguaje, que no es el de la lógica racional; pero que de una u otra manera nos da señales de que está ahí: en los actos fallidos, en la emoción que nos produce escuchar una determinada música, oír una poesía, aspirar un olor; en los sueños, en las fantasías que acompañan el deseo sexual y está también en todo aquello que nos produce asco, repulsión, que nos inquieta sin saber muy bien por qué.

En definitiva, legislar sobre esto es poco más o menos que imposible. En la forma en que se expresan nuestros deseos sexuales intervienen las construcciones y las estructuras que habitamos, pero creo que el deseo no puede reducirse solo a una construcción lógica e ideológica. La ideología y la moral hay que dejarlas para otras cuestiones porque si no, al final, en lo que se cae es en una intromisión moralista inaceptable por parte del Estado en la vida privada de las personas.

¿Una Ley que garantiza la libertad sexual o que exclusivamente lucha contra la violencia? El título de la ley es engañoso porque su articulado se centra básicamente en la violencia sexual, aspecto muy preocupante porque, si bien es cierto que la violencia atenta a la libertad sexual, garantizar ésta es bastante más complejo y complicado que lograr solo la ausencia de violencia.

Estoy con Carole Vance en que las vivencias sexuales, y especialmente las de las mujeres, son ambivalentes; que se mueven entre el placer y el peligro y que también tienen que ver con las consecuencias indeseadas de una relación sexual, con la sensación de miedo y peligro que muchas veces nos puede provocar el salirnos de la norma y desear aquello que está prohibido por la ideología heteropatriarcal.

Esta ley también ha sido llamadala del «Sólo sí es sí», como forma de garantizar el consentimiento de las mujeres. Esta vía tiene también problemas: poder decir NO es algo en lo que muchas tenemos que entrenarnos porque hemos sido socializadas en la obligatoriedad de ser complacientes con los deseos del otro, y no en tener en cuenta los nuestros. Pero por el papel subalterno, dependiente y desexualizado que el heteropatriarcado atribuye a quienes habitan la categoría mujer, es importante que como feministas apostemos por explorar el campo del sí. Por desgracia, el «Sólo sí es sí» restringe el campo de autoafirmación sexual y presupone que las mujeres somos menos sexuales, que siempre estamos en el NO, y que nuestro SÍ es tan excepcional que debe ser reafirmado. Es fundamental salirnos de la posición pasiva y subalterna en la que nos coloca el heteropatriarcado, pero este Anteproyecto de ley no hace eso, sino todo lo contrario.

¿Y los derechos de las trabajadoras del sexo? Por otro lado, uno de los mayores problemas que tiene el Anteproyecto es que, de tapadillo, criminaliza la prostitución y atenta contra los derechos de las trabajadoras del sexo. La nueva ley está inspirada en las posturas abolicionistas de las que la ministra Irene Montero hace gala, aunque su partido no tenga una posición unánime sobre el tema. De hecho, la propuesta parte de una enorme contradicción: siendo la preocupación fundamental el garantizar el consentimiento de las mujeres, excluye explícitamente de ese derecho a las trabajadoras sexuales.

Así, cuando se define el delito de las «tercerías locativas» se establece éste como «quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma». ¿Por qué se niega a las trabajadoras del sexo la capacidad de consentir? ¿No se está reproduciendo así la idea de que las mujeres, en este caso, las prostitutas, son como niñas que no saben lo que les conviene? ¿Quién se otorga el poder de decidir por ellas en contra de su voluntad y en base a qué argumentos?

El elemento central de las políticas públicas, independientemente de que se tenga un horizonte abolicionista o no, debería tener como objetivo fundamental los derechos de las trabajadoras del sexo. Hacer políticas y elaborar leyes que coincidan con el deseo de abolir la prostitución, sin plantearse las consecuencias que esto tiene en las mujeres trabajadoras del sexo, es una gran irresponsabilidad.

Y esto es lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad; lo hizo cuando cerró los prostíbulos con el pretexto de la pandemia y lo hace al proponer ahora convertir en delito el proxenetismo o las tercerías locativas; prohibir estas para luchar contra la explotación sexual, no solo no sirve para mejorar las condiciones de trabajo en los clubs, sino que condena a la clandestinidad y a la ilegalidad todo lo que pasa en ellos, lo que empeora la situación de las trabajadoras.

Para acabar quiero plantear mi posición crítica ante la definición de la explotación sexual que da el Anteproyecto de ley cuando dice que «en todo caso se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o de subordinación». Si aplicamos esto a todos los trabajos existentes hoy, ya podemos empezar a ilegalizar a todos porque es evidente que la explotación es total y absoluta, pero no se nos ocurre ilegalizarlos sino, más bien, dar instrumentos a las trabajadoras y trabajadores para que se defiendan frente a la explotación. Algo que, por cierto, impidió el Gobierno socialista cuando se opuso a la legalización del sindicato OTRAS.

En resumen, esta propuesta de ley que pretende garantizar la libertad sexual de las mujeres y hacer que su consentimiento sea tenido en cuenta, excluye, discrimina y penaliza a las trabajadoras sexuales como si fueran un tipo particular de personas que no merecen ser respetadas. Reproduce por lo tanto el estigma heteropatriarcal hacia ellas y daña, en la práctica, los pocos derechos que a fuerza de lucha y autoorganización han conseguido.

Cristina Garaizabal. Activista feminista y psicóloga.

Categorized | Dossier, Política

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