«El sistema escolar vasco es el más segregado de entre todas las comunidades autónomas. Estamos en la punta de la punta. Una estructura tan clasista y antisocial que deja en segundo plano los aspectos positivos -que también los tiene, por supuesto- de nuestro sistema educativo. Lo equitativo, lo justo, no es tener buenos guetos, sino que los guetos no existan.»
Galde 42, Udazkena 2023 Otoño. Javier Lozano.-
Al analizar el proyecto de Ley del Consejero Jokin Bildarratz, lo primero que llama la atención es su absoluto desprecio por los datos contrastados de la realidad. Cabría añadir que esos datos llevan décadas sobre la mesa. Pero eso les da lo mismo. Tercos en sus posiciones -los intereses y la ideología por encima de todo-, nos condenan a permanecer atrapados en el día de la marmota.
El pilar sobre el que reposa el borrador de ley es la equiparación entre los centros privados (concertados) y los públicos. La propuesta incluye dar más dinero a los colegios privados -igualarlos con los públicos a cambio de que supriman las cuotas que deben pagar las familias para estudiar en ellos-.
La gratuidad de los centros privados con financiación pública se recogía ya en la LODE que es -nada más y nada menos de 1985. Y resulta que la práctica totalidad de centros privados concertados ha cobrado
cuotas durante todos estos años y las sigue cobrando en la actualidad. Según el estudio de Cicae y Ceapa1 de 2022, lo hace el 90% de los colegios. Su cuantía puede llegar hasta los 536 euros mensuales por alumno. Las cuotas medias que se recogen en la citada investigación son de 191,4 euros en Cataluña, 160,31 en el País Vasco, 119,5 en Madrid…
Jamás se ha cumplido -ni se cumple la ley-. Los colegios privados concertados siguen siendo de pago. Ni siquiera recibir más cantidad de dinero público repercute en que las cuotas sean menores. Euskadi, sin ir más lejos, es la Comunidad con mayor financiación -4.174 euros por alumno y año-, frente a la media española de 2.600, según datos del INEy, en cambio, tiene las segundas cuotas medias más altas. Más financiación pública y mayores cuotas pueden ir de la mano.
Y lo que sí está directamente relacionado es el volumen de dinero público que reciben los centros privados y el porcentaje de alumnado que escolarizan. Ahí están los ejemplos de Euskadi o de Madrid para quien quiera analizarlos.
¿Por qué no han funcionado las previsiones de la LODE? ¿Por qué jamás se ha cumplido la Ley?
Para un centro privado lo eficiente es tener las mensualidades más altas posibles sin perder matrícula. Al hacerlo obtiene un doble beneficio: por una parte, a mayores cuotas, más recursos; por otra, subiendo la barrera selectiva se asegura un alumnado de nivel social más alto, con el consiguiente prestigio que ello acarrea. Así que cada colegio privado explorará su propio nicho. No discrimina lo mismo una cuota de 30 euros mensuales que una de 536. Las diferencias sociales entre el alumnado que escolarizan unos y otros centros privados son también muy marcadas.
Por supuesto que sería denunciable la inhibición de las administraciones. Pero si administraciones de todos los colores han pasado de puntillas sobre este tema, es porque las familias que estudian en la privada tienen una notable capacidad de presión. Son un poder electoral. Suponen un porcentaje significativo de la población: el 30% en la media española, el 50% en Euskadi. Y se muestran firmes defensoras de un modelo que implica que cada cual tenga la escuela de mayor nivel social -no tiene por qué ser la mejor que pueda y quiera pagarse.
Que en 1985 pudiéramos creernos que el sistema de conciertos traería la gratuidad de los centros privados acogidos al mismo tenía un pase. Pero intentar calzarnos esa misma cantinela cuarenta años más tarde… ¿Nos consideran tan ingenuos? ¿Se creen ellos mismos su discurso?
Junto a la financiación de los centros privados concertados, el otro tema alrededor del que está girando el proyecto de ley es el del euskara y los modelos lingüísticos. Paso por alto las distinciones, casi metafísicas, entre lenguas vehiculares y lenguas de aprendizaje, o las disquisiciones sobre la compatibilidad del actual sistema de modelos con los nuevos currículos. La enseñanza no se puede sustentar sobre malabarismos lingüísticos: trabajar en el aula exige una claridad absoluta sobre lo que puede y debe hacerse.
Lo sustancial de la propuesta de Bildarratz es la pretensión de que todo el alumnado vasco consiga, al acabar la escolarización obligatoria, un nivel de euskera correspondiente al B2 del Marco Común de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Y que, marcada esa meta, cada centro se busque la vida para alcanzarla. Una posición que se lleva planteando desde los tiempos de Tontxu Campos, Consejero de Educación que -por cierto y al igual que Bildarratz estaba directamente ligado al mundo de las ikastolas. Diecisiete años han pasado desde entonces.
No se entiende bien por qué esos niveles -diseñados para unificar las titulaciones de idiomas deberían aplicarse mecánicamente y en cifras redondas a un sistema educativo obligatorio. Pero, bueno, yendo al fondo del asunto… ¿resulta adecuada esa exigencia?
La única investigación realizada al respecto2 nos dejó datos concluyentes. Por no alargarme, señalar que dos tercios del alumnado no alcanzaba ese nivel B2 en euskara. Ciñéndonos al modelo D -en el que se imparten todas las materias en euskara-, el 42,8% suspendió la prueba. Incluso entre los alumnos de ese modelo que tienen el euskara como lengua familiar el porcentaje de suspensos llegó al 27,4%.
Se me dirá -y con razón- que el estudio es antiguo, de 2005. ¿Los resultados serían mejores en la actualidad? Si nos centramos en quienes estudian en euskara numerosas evaluaciones más recientes nos indican que los niveles han ido empeorando progresivamente. El D se ha convertido en el modelo casi único de la enseñanza pública, por lo que recoge a una parte de los sectores más desfavorecidos social y culturalmente.
En cualquier caso, lo más llamativo es que no se haya realizado ninguna investigación posterior. Porque durante todos estos años, ciertos sectores han seguido haciendo bandera de la exigencia del B2. Impertérritos. Una actitud que dice mucho de sus sistemas de pensamiento: si los resultados del primer estudio eran demoledores… mejor cerrar los ojos. ¡Que la realidad no nos estropee un bonito deseo!
El papel lo aguanta todo. Marcar el B2 como el nivel mínimo a alcanzar por el alumnado al finalizar laESO no tendría ninguna repercusión práctica si se quedara ahí. Lo que no sé es si vendría acompañado de otras medidas. ¿Van a dar la titulación de B2 en euskara -y en castellano a todo el que apruebe la ESO? ¿Se van a implantar los controles externos que algunos están pidiendo? ¿Con qué función? ¿Se suspendería a los que no alcanzaran el B2? ¿A quién van a echar la culpa si se comprueba que buena parte del alumnado no lo consigue?
El sistema educativo en Euskadi tiene un inmenso punto negro: la segregación escolar.
Según un estudio de Save the Children y Esa de Ec Pol, España ocupa el tercer lugar en el ranking de separación en centros diferentes de los estudiantes de primaria en función de su renta familiar. Entre 64 países de todo el mundo, tan solo Turquía y Lituania presentaron mayor nivel de desigualdad. Y, a su vez, el sistema escolar vasco es el más segregado de entre los de todas las comunidades autónomas. Estamos en la punta de la punta. Una estructura tan clasista y antisocial que deja en segundo plano los aspectos positivos -que también los tiene-, por supuesto de nuestro sistema educativo. Lo equitativo, lo justo, no es tener buenos guetos, sino que los guetos no existan.
Estamos tan acostumbrados, que contemplamos la separación de nuestros escolares en colegios diferenciados en función del nivel socioeconómico de las familias como si formara parte del paisaje. ¿Qué pensaríamos de un sistema sanitario con similar estructura? ¿Qué nos parecería que hubiera centros de salud y hospitales separados para ricos y para pobres todos ellos pagados con dinero público?
No discuto la complejidad ni la dificultad de darle la vuelta a la segregación. Pero hay condiciones básicas. En Europa la media de matriculación en centros públicos en la educación obligatoria es del 90% de la población. Los sistemas escolares igualitarios y equitativos se mueven en esos porcentajes. No es posible dar pasos adelante sin que la red pública se vaya convirtiendo en el eje central de la educación.
No sé hasta dónde pretende llegar el Consejero Bildarratz. Lo que sí sé es lo que ha hecho ya: blindar los conciertos de los centros privados, extenderlos a otros niveles no obligatorios, favorecerlos con medidas de planificación, mejorar sus condiciones… En resumen: dar más dinero público a los suyos. Es decir, seguir ahondado la trinchera que nos ha traído hasta aquí.
¿Se puede cambiar de rumbo? ¿Pretende Bildarratz, de verdad, que los centros privados sean gratuitos? De ser así, debería centrarse en ello.
Lo primero sería exigir luz y taquígrafos. Es difícilmente explicable que, en estos tiempos en los que Hacienda nos controla casi al milímetro, las cuotas de la privada sigan siendo opacas, que no sepamos cuánto cobra cada centro, en qué conceptos lo hace y a qué dedica ese dinero.
En segundo lugar, podríamos ponernos de acuerdo en marcar líneas rojas. Pongamos, por ejemplo, que 160-200 euros mensuales sea una barrera que hace a un centro inaccesible para buena parte de la población. ¿Por qué Bildarratz no empieza por retirar los conciertos a los centros que cobran mensualidades superiores a esas cifras? Si algunos desean para sus hijos colegios exclusivos… ¡que al menos lo paguen de su propio bolsillo!
1 Estudio anual de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa).
2 Ver el estudio del ISEI-IVEI de 2005 «B2 al finalizar la enseñanza obligatoria (4o ESO)». http://www.isei-ivei.net/cast/pub/B2CAST.pdf
