(Galde 14, primavera 2016). Marta Victoria, Cristobal J. Gallego.
Este artículo tiene como objetivo describir el actual modelo energético de nuestro país para, a continuación, plantear los retos y posibilidades asociados a una transición energética cuya necesidad resulta cada vez más acuciante. Con este texto pretendemos también aportar una visión de contexto que ayude en la lectura del resto de contenidos del dossier de Energía que ha preparado la revista Galde. Para ello, hemos dividido los contenidos en dos secciones: en la primera realizamos un diagnostico crítico del modelo actual y, en la segunda, describimos la transición energética que, a juicio de los autores, sería deseable.
¿Cómo es nuestro actual modelo energético?
La infografía que acompaña a este artículo pretende resumir nuestro sistema energético. Para ello hemos reunido los datos más representativos correspondientes al año 20141 de manera que obtenemos una fotografía panorámica del consumo de energía en España. En particular, podemos observar cómo la energía primaria, es decir, aquella que está disponible en la naturaleza, se transforma en energía final, y cómo la energía final se reparte entre los llamados servicios energéticos (hogares, industria, transporte, etc.). Si nos centramos en la columna de la izquierda vemos que la mayor parte la energía primaria que consumimos proviene de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Este aspecto tiene dos consecuencias significativas. En primer lugar, nuestra soberanía energética se ve limitada por el hecho de que importemos la mayor parte de los combustibles que utilizamos (prácticamente el 100% del gas natural, el 87% del carbón, el 99% del petróleo y el 100% del uranio). En segundo lugar, tenemos que considerar que, aunque España ya cumple sus compromisos de emisiones de CO2 para el año 2020, la razón principal es la disminución de consumo debido a la crisis económica. La transposición a nuestro país de los compromisos europeos2 de reducción de emisiones requerirá indudablemente una senda clara que permita la descarbonización del modelo energético. Que el petróleo sea la principal fuente de energía primaria en España tiene su origen fundamentalmente en un modelo de transporte absolutamente insostenible, en el que la mayoría de los desplazamientos de mercancías y personas se realizan por carretera3.
Volvamos ahora a la fotografía de la actualidad y hagamos zoom sobre el centro de la imagen para ver qué ocurre con nuestro sistema eléctrico. Lo primero que puede resultar sorprendente, por desconocido, es que las energías renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica y biomasa) generaron en 2014 el 43% de la electricidad que consumimos. Esto ocurrió a pesar de las innumerables trabas administrativas y recortes retroactivos que han sufrido algunas de estas tecnologías en los últimos años. Para tener la visión completa del problema, merece la pena dedicar unos párrafos a revisar los aspectos económicos de la electricidad. Así que vayamos por partes, ¿cómo funciona el mercado eléctrico?
En España el sector eléctrico se liberalizó en 1997. Antes de esa fecha, el precio de la electricidad estaba determinado por el Gobierno de forma que fuera suficiente para costear todas las actividades necesarias (generación de electricidad, transporte, distribución, etc.) y permitir unos beneficios razonables a las empresas del sector. A partir de 1998, el precio de la electricidad se determina en un mercado que se celebra para cada hora del año. Los detalles de cómo funciona en este mercado pueden encontrarse en otros textos4 . Lo relevante para este artículo es señalar que este mercado provoca y legitima una serie de sobre-remuneraciones a las empresas eléctricas que se traducen en un aumento injustificado del precio de la luz. El origen de este asunto radica en que el precio que declaran los generadores para participar en este mercado no tiene nada que ver con su coste de generación, sino con la expectativa de maximizar sus beneficios. Así, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas ofrecen su electricidad a precios muy elevados (cuando en realidad sus costes de generación son muy bajos) solo por el hecho de que pueden almacenar el agua en un embalse y esperar el momento adecuado para poder vender a ese precio. Este mercado, al retribuir a todos los generadores cada hora con el precio de la oferta más cara, provoca grandes distorsiones. Por ejemplo, resulta en enormes ingresos para ciertas tecnologías (como la nuclear y la hidroeléctrica) con costes de generación muy bajos, al haber tenido garantizada la amortización de la inversión inicial en marcos legislativos anteriores. Por este concepto, típicamente denominado ‘windfall profits’, los consumidores pagamos en torno a 2.000-3.000 millones de euros de más al año5.
La principal consecuencia de la liberalización del sector ha sido efectivamente un enorme incremento del precio de la luz. Para ocultar este hecho, a principios de los dos mil se creó el concepto de “déficit de tarifa” mediante el cual, cada año, los consumidores diferimos el pago de una parte de la creciente factura y contraemos una deuda con las empresas eléctricas, cuyo valor acumulado asciende a más de 40.000 millones de euros (de los cuales todavía nos quedan por pagar 25.000). Por aportar otro dato, tan solo en la última década y para los consumidores domésticos, el aumento del precio de la electricidad ha sido del 76%6. Este hecho, unido a la disminución de ingresos ocasionada por la crisis y al deficiente aislamiento de nuestras viviendas, hace que las cifras de pobreza energética se hayan disparado, de manera que en nuestro país más de 5 millones de personas no puedan mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno7.
La disfuncionalidad de este mercado fue favorable a los intereses de las empresas eléctricas durante una década, pero amenazó con tornarse en su contra con el desarrollo de las renovables. Esto se debe a que tecnologías como la eólica o la solar fotovoltaica entran en este mercado a precio cero (porque no pueden «almacenar» el viento o el sol), expulsando especialmente a las numerosísimas centrales de ciclo combinado que se instalaron a principios de siglo. Además, la entrada de renovables disminuye el precio de mercado y, por tanto, la retribución de la totalidad de los generadores. Este es uno de los motivos que explica las campañas mediáticas de desprestigio contra las energías renovables y los recortes que han sufrido los últimos años.
Hasta aquí el funcionamiento que se ha descrito se basa en la existencia de grandes centrales de generación, en manos de unas pocas empresas, que producen la electricidad que nos llega a la ciudadanía que permanecemos en un papel de meros consumidores-espectadores.
¿Cómo podría ser nuestro modelo energético?
Estamos convencidos de que nuestro modelo energético podría ser mucho más justo y sostenible que el actual. A continuación, describimos los caminos que deberíamos transitar para conseguirlo. Como en la sección anterior, comenzamos abordando el consumo de energía primaria y nos centramos después en el consumo eléctrico.
El aumento de la sostenibilidad de nuestro sistema pasa indefectiblemente por una reducción de nuestro consumo de energía, por ello las medidas de ahorro y eficiencia deben ser prioritarias. La transición energética puede dar respuesta a una de las preguntas fundamentales que debe plantear cualquier discurso económico progresista hoy en día, a saber, ¿cómo es posible implementar medidas que resulten expansivas en cuanto a generación de empleo y bienestar social pero que sean decrecentistas en cuanto a nuestro consumo de energía y materias primas? Pues bien, los programas de aumento de la eficiencia energética así como de desarrollo de las renovables permitirán cumplir simultáneamente los dos objetivos. Por ejemplo, el desarrollo del sector de la rehabilitación energética de edificios supondría varias ventajas simultáneas: la disminución de consumo de energía asociada a ese sector, la reducción de las emisiones de CO2, el aumento de la soberanía energética al reducirse las importaciones de combustibles fósiles, la generación de empleos y la disminución de la pobreza energética.
El aumento de sostenibilidad en el caso del sector transportes se asocia con la electrificación, pero sólo eso no será suficiente, es necesario un nuevo modelo en el que se reduzcan los recorridos y el uso del coche, se potencien los desplazamientos peatonales y ciclistas, se aumente la ocupación de los vehículos, se priorice el transporte colectivo frente al individual motorizado y el desarrollo de los trasportes públicos no se centre en la construcción de nuevas infraestructuras, sino que ponga su foco en la mejora de la conservación de las ya existentes y en una gestión de las mismas que maximice su utilización.
Si nos centramos ahora en el sistema eléctrico, tenemos que empezar recordando que el espectacular desarrollo de las energías renovables en la última década hace que estas ya tengan un coste similar, en algún caso inferior, a las fuentes tradicionales. Así, existen varios estudios8 que demuestran que alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en nuestro país no solo sería posible desde el punto de vista tecnológico sino que además la electricidad no resultaría más cara que con el mix eléctrico actual.
Alcanzar este objetivo requiere de modificaciones sustanciales en el funcionamiento del mercado eléctrico. Al contrario de lo que ocurre en la actualidad, es necesario el diseño de un nuevo sistema en el que las renovables se coloquen en el centro y el resto de tecnologías sirvan para complementarlas. Para ello, no bastará solo con la instalación de nueva potencia renovable sino que es necesario que se produzca un cierre planificado de las centrales nucleares y de carbón. En el caso de las primeras, las nucleares españolas ya están próximas a cumplir los 40 años de vida para los cuales fueron diseñadas. Aunque las empresas propietarias quieren alargar su funcionamiento hasta los 60 años para seguir recibiendo los beneficios injustificados mencionados antes. Esto no debe producirse por dos motivos. El primero, alargar la vida útil de las centrales es innecesario para cubrir la demanda energética y retrasaría el desarrollo de las renovables. El segundo, los beneficios económicos repercutirían en las grandes compañías eléctricas mientras que la ciudadanía nos quedaríamos con el peligro de un posible accidente y la responsabilidad y el coste de gestionar residuos radiactivos durante miles de años. En el caso del carbón, en el año 2014 fue el responsable del 70% de las emisiones de CO2 asociadas a la electricidad aunque solo generó el 16% de ella. Por lo tanto, si de verdad queremos cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones y asumir la responsabilidad que nos corresponde en la lucha contra el cambio climático el cierre de las centrales de carbón es ineludible. En ambos casos, resulta necesario asegurar una transición justa para quienes trabajan en ambos sectores, de manera que la transición energética se produzca garantizando la reconversión de esos empleos. Por último, para aumentar la controlabilidad de un escenario con un porcentaje muy elevado de generación renovable, es necesario que las centrales hidroeléctricas dejen de utilizarse de manera especulativa bajo un criterio de maximización de beneficios y pasen a operarse para maximizar la integración de fuentes intermitentes (eólica y solar).
Las energías renovables, en particular la solar fotovoltaica, conllevan además un enorme potencial transformador. En la actualidad, ya es rentable económicamente realizar una instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado que genere parte de la electricidad que consume una vivienda e intercambie el excedente con la red eléctrica. Esta modalidad se conoce como autoconsumo y permitirá transitar desde el modelo de grandes centrales descrito previamente hacia un modelo de generación distribuida donde los consumidores son al mismo tiempo productores de electricidad. Aunque la legislación actual establece una serie de obstáculos para impedir el desarrollo de esta modalidad, es esperable que la situación cambie en el corto plazo. Así, la transición energética deseable no implica solo la descarbonización de nuestro modelo energético sino también su democratización. En este sentido también resultará crucial el papel de las cooperativas de electricidad9.
En definitiva, estamos ante una oportunidad histórica de cambio. Conocemos el diagnóstico, que es el de un sector diseñado por y para un oligopolio que quiere mantener sus privilegios a toda costa. Hemos identificado unas metas, que son combinar el crecimiento en bienestar con el decrecimiento en impacto ambiental, con especial énfasis en la necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y conocemos el camino, que es la progresiva implantación de un sistema basado en energías renovables, técnicamente posible, económicamente viable y socialmente más justo. Ya no hay excusas para no ponernos manos a la obra.
NOTAS:
1Datos consolidados más recientes.
2El compromiso vinculante de Europa conlleva una reducción de emisiones de CO2 del 40% en 2030 y del 80% en 2050, ambas cifras referidas a los valores de 1990.
3“Cuentas Ecológicas del Transporte” A. Sanz, P. Vega y M. Mateos, Ecologistas en Acción, 2014.
4“Entiende el Mercado Eléctrico”, C. J. Gallego y M. Victoria, Observatorio Crítico de la Energía, 2011.
5“Ausencia de diagnóstico, alternativas no analizadas, arbitrariedad y discriminación en la nueva regulación del Sector Eléctrico», Jorge Fabra Utray
6Calculo para el usuario medio realizado por FACUA.
7 “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis”. Asociación de Ciencias Ambientales, 2016.
8El informe de Greenpeace “Renovables 100%” y la tesis doctoral de Santiago Galbete demuestran la viabilidad de un sistema eléctrico 100% renovable para España. El informe realizado por ADEME y titulado “Vers un mix électrique 100% Renouvelable en 2050”, muestra como este objetivo también es alcanzable en Francia. Por último el informe “Hacia un sistema 100% renovable: el ejemplo de Francia y su extrapolación a España” analiza de manera comparada los estudios anteriores.
9Som Energía en Cataluña, Goeiner en el País Vasco o Zencer en Andalucía.