Izaskun Sáez de la Fuente Aldama, (Dossier Galde 08, otoño 2014). Se ha convertido en un lugar común considerar que, tras décadas de terrorismo, en Euskadi se ha instalado la tentación de pasar página sin dedicarle medio minuto a reflexionar sobre qué (nos) ha ocurrido y por qué se ha producido. Y haciendo de la necesidad virtud, que, al fin y al cabo, por duro que sea para las víctimas, es lo que ha acontecido en situaciones semejantes en otros puntos del planeta. Contrastar ese fondo argumental exige disponer de algún tipo de evidencia empírica. Veamos si los resultados de las últimas encuestas nos arrojan luz en este asunto y a partir de ahí aportemos claves para la reflexión.
Para la ciudadanía vasca hoy la violencia no es un problema, dato que consolida una tendencia advertida ya en los sondeos demoscópicos desde 2010 y la mitad de la población cree que la predisposición de ETA y su entorno de poner fin a la violencia es real. Tales percepciones resultan plausibles en un escenario en el que los atentados, los secuestros, la extorsión y la violencia callejera, salvo determinados conatos a cargo de grupos heterodoxos, han desaparecido. Mayoritariamente, la gente está preocupada por el paro, la situación económica y la corrupción. Pero aún no alcanza la barrera psicológica del 50% la proporción de personas que piensan que la izquierda abertzale está dispuesta a aceptar las reglas del juego democrático y, además, la discrepancia entre nacionalistas y no nacionalistas resulta decisiva.
Si la libertad de expresión se erige en una condición de posibilidad del derecho a tener derechos, en la actualidad la población tiene una mayor sensación de libertad para hablar de política con todo el mundo y disminuye significativamente el miedo a participar en actividades relacionadas con ella: a comienzos del siglo XXI, la “espiral del silencio” era una realidad, ya que nada menos que un 45% de la sociedad pensaba que había que actuar con cautela (hablar solo con algunos) y una cuarta parte se sentía amordazada por completo (no hablar con nadie). En estos momentos, los porcentajes son del 33% y del 12%, respectivamente; tales actitudes de déficit de confianza siguen afectando preferentemente al electorado no nacionalista, blanco directo de las iras de ETA y del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) sobre todo durante la época de la socialización del sufrimiento.
Ciudadanos y ciudadanas vascas desconocen el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco a pesar del riffi-raffe político y mediático que ha provocado no solo por las medidas en él contempladas, sino también por la continua alusión en el mismo a las víctimas de todas las violencias. Cuando se le concretan, la población comparte algunos de los principales objetivos del Plan ambiguamente formulados: investigar en profundidad las denuncias por tortura, potenciar y completar el proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo -ampliándose dicho reconocimiento a quienes sufrieron violencia estatal y parapolicial- y establecer una interpretación del pasado reciente compartida por todos/as. Mientras, aquello que tiene que ver con el futuro de los presos de ETA provoca posturas muy encontradas. Casi la mitad de la población vasca aboga por el cumplimiento íntegro de las penas, pero privilegiando la fórmula del acercamiento a sus respectivos lugares de residencia, es decir, la ruptura con la dispersión como política penitenciaria. Entre las personas que defienden procesos de amnistía, adquiere una especial fuerza la opinión de quienes se la otorgarían a los presos arrepentidos que no tengan a sus espaldas delitos de sangre. El discurso firme en cuanto al cumplimiento de penas lo protagoniza el electorado de UPyD seguido ya a una cierta distancia del de PP, del de PSE y aún más del de PNV; entre los simpatizantes de la formación jeltzale el cumplimiento de condenas tiene bastante más peso que las diferentes versiones de la amnistía.
Hay determinadas iniciativas políticas que en teoría se han puesto en marcha -casi siempre sin el suficiente consenso- para combatir la tentación de la amnesia. Es el caso de la introducción de testimonios de víctimas en las aulas, gestada al calor de informes como el del Ararteko (2009), en el que se insistía en la persistencia de actitudes legitimadoras de la violencia entre la juventud vasca. Tal iniciativa cuenta hoy con el apoyo de los votantes del PSE y del PP y, en menor medida, del PNV. Las bases de EHB y de UPyD la rechazan, pero por razones diametralmente opuestas: la autodenominada izquierda abertzale la invalida porque considera que no van a estar presentes “todo tipo de víctimas” para reflejar su falaz relato sobre lo ocurrido en Euskadi de acuerdo a la teoría de los dos bandos enfrentados en un conflicto bélico; UPyD denuncia la perversión que tales encuentros pueden alimentar si terminan equiparando víctimas y verdugos. Los centros escolares que han participado de la experiencia la han valorado positivamente en términos de obligación ética, alejada del odio y del revanchismo, para con las nuevas generaciones; lo cual no obsta para que haya que denunciar cualquier intento de adulterar los fundamentos éticos del programa o su uso partidista. Otra iniciativa relevante, siguiendo procesos como el irlandés, ha sido la de los encuentros entre víctimas y exmiembros de ETA. La mitad de la ciudadanía valora su contribución a la normalización de la vida política. Dichos encuentros de carácter restaurativo son mayoritariamente respaldados por las bases de EHB, PNV y PSE y defenestrados por UPyD; los votantes populares muestran una profunda división de opiniones. Por último, la creación de un centro de la memoria con sede en Euskadi desvela de nuevo una opinión pública fracturada, pero también indiferente en un porcentaje significativo: la fractura reproduce socialmente el debate político en torno a quién debe ser considerada víctima (víctimas del terrorismo/todo tipo de víctimas de intencionalidad política), el periodo que se pretende recordar (desde la primera víctima de ETA/desde la guerra civil y el franquismo) y quién debe liderar el proyecto (Gobierno Vasco/Gobierno Central); la actitud indiferente, por su parte, puede ser fruto de cierto pasotismo individualista (“a mí qué más me da”), pero también del desconocimiento sobre el tema.
El espejo que los sondeos de opinión nos trasladan sobre la sociedad vasca invita poco a la complacencia. La tentación de pasar página está ahí y se puede convertir casi en una profecía autocumplida si una determinada manera de satisfacer el derecho de todas las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, de buscar una memoria compartida o de tratar el asunto de los presos hace creíble para el conjunto de los/as ciudadanos/as y sus generaciones más jóvenes un relato que, al confundir a las víctimas con los victimarios en un equívoco manto de responsabilidad colectiva, desvele profundas fallas éticas. No debe quedar margen para la socialización del discurso de algunos representantes políticos e institucionales sobre la necesidad de que todos reconozcamos haber cometido errores, haciendo uso de una cierta equidistancia que, consciente o inconscientemente, puede facilitar la exculpación de quienes han cometido crímenes. Ciudadanos y ciudadanas -y para ello queda aún mucho camino que recorrer- deben estar atentos y profundizar en la deslegitimación de cualquier discurso nihilista, exculpatorio, contextualizador, contemporizador con la violencia ejercida durante décadas o que considere al entramado radical agente determinante de una situación de no violencia.
Por otro lado, el entorno del MLNV, que es una parte significativa de la sociedad, no parece de momento dispuesto a emitir un juicio ético autocrítico. El aval que están consiguiendo en las urnas -síntoma de su grado de penetración social- ha frenado la asunción de responsabilidad ética por el daño causado. Se han dado ciertos gestos de acercamiento a algunas víctimas de ETA, pero de forma individual, tibia y mediatizada por la posición ideológica de la persona asesinada o el posicionamiento de sus familiares y asociaciones frente a la situación actual. Renunciar al uso de la violencia ha supuesto la socialización en la autodenominada izquierda abertzale de una consigna puramente utilitarista e instrumental respecto del cese de las estrategias de acoso e intimidación. Semejante transformación estratégica resulta factible porque la izquierda abertzale dispone de una sociología tan integrada en el status socioeconómico vasco que no plantea problemas de inclusión como en cambio sí ha sucedido en el caso irlandés.
* Politóloga y socióloga. Miembro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto.