(Galde 14, primavera 2016). Francisco Castejón (Ecologistas en Acción y Movimiento Ibérico Antinuclear).

El parque nuclear

En estos momentos funcionan en España 7 reactores nucleares, con una potencia de 7.400 MW, lo que supone el 6,8 % de la potencia instalada en toda España y que producen algo menos del 20% de la electricidad. Además, hay que tener en cuenta el reactor de Garoña (Burgos) que está parado desde diciembre de 2012 y sumido en la incertidumbre de si volverá o no a funcionar. Nos encontramos con un parque relativamente envejecido: todas las centrales pasan ya de 30 años de vida y cumplirán 40 en la próxima década.

Nadie apuesta por abrir nuevas centrales en España en un momento en que hay un notable exceso de potencia instalada: 108.133 MW frente a la máxima demanda de unos 45.000 MW. Sobre todo teniendo en cuenta el enorme coste de abrir nuevas centrales y de la difícil situación económica en que no será fácil conseguir los enormes créditos necesarios. El precio de la central de Olkiluoto (Finlandia) asciende ya a unos 9.000 millones de euros, lo que ha llevado a la quiebra a la empresa francesa AREVA, la encargada de construirla.

El debate clave de la energía nuclear en España no es si se abrirán o no nuevas centrales, sino que se centra en torno al tiempo que han de funcionar las nucleares existentes. La pretensión de la industria nuclear es que las centrales funcionen hasta los 60 años de vida. Este deseo obedece al hecho de que las nucleares producen enormes beneficios en estos momentos en que están amortizadas y en el mercado eléctrico español, la electricidad nuclear se paga a un factor entre tres y cuatro veces más de lo que cuesta producirla.

SEGURIDAD Y ENVEJECIMIENTO

El riesgo nuclear resulta inaceptable desde el punto de vista ético y democrático y es un motivo clave para reclamar el cierre de las nucleares. La cruel paradoja para los explotadores de las centrales es que justo cuando más rentables les resultan, cuando ya están amortizadas, es cuando son más peligrosas. Los explotadores se esfuerzan en reducir gastos, lo que repercute negativamente en la seguridad. De hecho, tras la liberalización del sistema eléctrico las inversiones en seguridad en el parque nuclear español se redujeron en un 50%.

Nos encontramos con reactores diseñados hace décadas con las capacidades tecnológicas de la época: a finales de los 50, en el caso de los reactores de primera generación, Zorita y Garoña, y en los 60 y principios de los 70 en el resto , que son de segunda generación. Todos los reactores se diseñaron antes de los accidentes de Chernobil (1986) y de Fukushima (2011), por lo que no contemplan los esquemas de funcionamiento que eviten esos problemas. Las centrales de tercera generación, diseñados tras el accidente de Chernóbil, resultan ser carísimos, como los de tipo EPR en construcción en Olkiluoto (Finlandia) o Flamanville (Francia), que como hemos dicho, fabricados por AREVA, han triplicado el coste presupuestado y el tiempo de fabricación, lo que los hace inviables económicamente.

La investigación de los puntos débiles de los reactores europeos ante un accidente similar al de Fukushima se conoce como “Pruebas de estrés”. El coste total de aplicar los resultados de las pruebas en Europa alcanza los 25.000 millones de euros, según la evaluación de la Comisión Europea. En España, las pruebas se realizaron con una metodología sísmica anticuada y basada en informes aportados por los propios operadores de las centrales. Así y todo, el coste alcanzará los 750 millones de euros, según la misma evaluación.

Un problema severo que aparece con la edad de las centrales es el de la corrosión, que es reforzada por la radiactividad acumulada. Las fisuras y defectos que aparecen, generan la debilidad estructural del material y pueden dar lugar a roturas y a fugas. Casos de corrosión son el de las penetraciones de las barras de control de Garoña o del barrilete de esta central. Otro ejemplo fue la corrosión que apareció en los 12 generadores de vapor de Ascó I y II y de Almaraz I y II, que obligó a sustituirlos en los años 90, repercutiendo los coses en el recibo de la electricidad que pagamos. En aquella época se afirmó que no debería volver a producirse corrosión. Sin embargo, ésta ha vuelto a aparecer en los generadores de vapor de Almaraz.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el organismo regulador, responsable de garantizar la seguridad nuclear. Sin embargo el CSN está demostrando falta de rigor en el cumplimiento de su misión. El ejemplo más reciente es el cambio del método para la clasificación de incidentes nucleares en la escala INES de sucesos nucleares. Dado que ésta pretende dar una medida objetiva del nivel de la seguridad de las centrales, se trata de reducir en lo posible el número de incidentes para dar la sensación de que el estado del parque nuclear no es tan malo. Los técnicos del CSN han denunciado públicamente esta maniobra, lo que ha costado el puesto a uno de ellos.

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

La producción de residuos radiactivos de alta, media, baja y muy baja actividad es otro de los motivos para exigir el cierre de las centrales. En España es la empresa pública ENRESA la encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales.

Los residuos de alta actividad son peligrosos durante cientos de miles de años y aún no existe una solución satisfactoria para la gestión de estas sustancias, a pesar del largo tiempo que lleva la energía nuclear en funcionamiento. ENRESA contempla la posibilidad del almacenamiento en superficie en Almacenes Temporales Individuales (ATI), donde se guardan los residuos producidos por cada central, tras lo que se construiría un Almacén Temporal Centralizado (ATC), donde se guardarían los residuos producidos por todas las centrales españolas. Tras el almacenamiento temporal, se piensa en el enterramiento en un Almacén Geológico Profundo (AGP). Nos encontramos con que existe un desconcierto sobre la forma de gestión de los residuos. Tenemos el caso de Finlandia que apuestan por el enterramiento en el emplazamiento de Onkalo, Suecia apuesta por un ATC en piscina en Clab. Holanda y España optan por un ATC en seco. Alemania se enfrenta al fracaso del domo salino de Ase que afecta al cementerio de Göerleben: una corriente de agua irrumpió en el habitáculo de los contenedores disolviendo la sal. EEUU también fracasó en su intento de avanzar hacia la construcción de un AGP en Yucca Mountain. Entre los poseedores de armas nucleares, existen países que realizan reproceso y otros que no. Francia realiza este sucio proceso para extraer el plutonio de los residuos, que luego usará para la construcción de bombas nucleares.

Cuando se para una central, lo primero es sacar los residuos del núcleo y depositarlos en la piscina o en un ATI. Aunque la opción de ENRESA es el ATC, en España se ha optado por los Almacenes Temporales Individuales (ATIs) en superficie, dado el retraso experimentado por dicha instalación. En la actualidad tienen ya ATIs las centrales de Trillo (Guadalajara), Ascó (Tarragona) y Zorita (Guadalajara). En Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos) se ha empezado el proceso para construirlo y en Vandellós II (Tarragona) se están haciendo ya planes. En Cofrentes (Valencia), se debaten entre construir un ATI o esperar al ATC.

Además hay que considerar los residuos de Vandellós I que estaban sujetos a salvaguardias por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y que fueron enviados a Francia para extraerles el Pu. En estos momentos están vitrificados y se están satisfaciendo unos 60.000 euros diarios en concepto de fianza hasta 2017 en que ENRESA habrá de renegociar el contrato.

En el presente ENRESA se empeña en construir un ATC en Villar de Cañas (Cuenca) a pesar de que los suelos del emplazamiento son inadecuados, como muestran los informes del área de Ciencias de la Tierra del CSN y el elaborado por la consultora URS. A pesar de ello, el propio CSN aprobó este emplazamiento. Villar de Cañas se eligió por motivos políticos: el PP y Cospedal mantienen el control sobre esta importante obra que generaría millones de euros en contratos y resolvería un problema de la industria nuclear.

Los residuos de media y baja se han convertido también en un problema grave, dado que el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) está a punto de saturarse. Se hace imprescindible duplicar su capacidad o buscar otro emplazamiento. Sin embargo la primera opción no es buena, dado que el Cabril está en zona con actividad sísmica, en un espacio de alto valor natural y alejado de todas las instalaciones nucleares. La segunda opción implica resolver los problemas sociales que aparecerán en la zona elegida.

CONCLUSIONES

En España, el debate nuclear se centra hoy en tres temas: la posible continuidad de Garoña, la construcción el ATC y el alargamiento de vida de las centrales. En los tres asuntos el papel del CSN es clave. La falta de rigor y su falta de firmeza ante los intereses de la industria nuclear pueden llevar a permitir desaguisados. En breve, el problema de la extensión de vida de las centrales pasará a estar en el centro.

Garoña se ha convertido en el paradigma del debate nuclear por el interés del PP en mantener abierta la planta y porque supondría un precedente para la industria nuclear. El CSN ha anunciado un informe para noviembre de 2016, que probablemente será positivo, condicionado a la realización de inversiones millonarias. De esta forma el CSN otorgaría el permiso por 17 años, en lugar de por 10, como hacía hasta la fecha, y permitiría alargar la vida de la central hasta los 60 años.

La elección del emplazamiento del ATC en unos terrenos inapropiados por motivos políticos es otro importante foco de conflicto. La Junta de Castilla-La Mancha ha decidido extender la zona ZEPA de la laguna de El Hito, de tal forma que estos terrenos pasan a estar protegidos y el ATC no podrá tener una Declaración de Impacto Ambiental positiva.

Finalmente hay que resolver el importante debate de cual es la vida útil de las centrales. Lógicamente, las grandes eléctricas apuestan por la extensión de vida hasta los 60 años. La postura del PSOE es la de cerrar cuando cumplan 40 años. Lo más sensato es proceder al cierre lo antes posible. Dado que las centrales ya están amortizadas, los contribuyentes no pagarían nada. Solo hay que tener en cuenta la estabilidad de la red y el hecho de que estas instalaciones ya tiene permisos de explotación que solo pueden suspenderse por motivos de seguridad. La propuesta de la sensatez sería proceder al cierre según vayan expirando los permisos de explotación, no dar ninguna licencia más. De esta forma, Almaraz (Cáceres) se cerraría en 2020 y Trillo (Guadalajara), que sería la última en parar, lo haría en 2024. ¿Podría ser la fecha de un país sin nucleares?