Galde 33 uda/2021/verano. Alberto Surio.-
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha metido la directa en la legislatura con la concesión de los indultos a los presos del procés -a punto de ser aprobada por el Consejo de Ministros al cierre de esta revista- y que pretende un cambio de ciclo en Cataluña ya iniciado con sus elecciones y la llegada de ERC a la Presidencia de la Generalitat. Se persigue un cambio de dinámica política que pasa en esencia por la desactivación del núcleo más duro e intransigente del independentismo catalán, que se empecina en la vía unilateral para presionar al Estado español con la convocatoria de un referéndum de independencia a la escocesa. Un planteamiento que choca de plano con la relación de fuerzas en la Unión Europea, en donde las demandas secesionistas llevan el germen de la paradoja. Por una parte, cuentan con la simpatía de sectores minoritarios que las ven como una demanda democrática. Pero, a la vez, con el rechazo de unos estados que temen que se abra un proceso de disgregación que alimente las dinámicas populistas del «nacionalismo», un concepto que tiene mala prensa en Europa porque enlaza con los fantasmas de las guerras mundiales.
Resultados a medio plazo
Sánchez confía en una estrategia de apaciguamiento que dé resultados a medio y largo plazo, alimentando a los dirigentes más posibilistas de ERC, que apuestan por la vía del diálogo para ensanchar su base social soberanista. Se comprobará si acierta en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, que tiene un plazo de dos años para explorar puntos de encuentro. El PSOE rechaza de plano el referéndum de autodeterminación que plantea Pere Aragonès, pero parece dispuesto a hablar sobre el concepto de plurinacionalidad, que es una de las banderas históricas del socialismo catalán y que, incluso, puede tener el respaldo explícito del PNV para alumbrar una salida a la espinosa cuestión catalana que, de rebote, permite una actualización del autogobierno vasco a través de la reforma del Estatuto y el blindaje de su singularidad diferencial.
Habrá que ver en qué se traduce en la práctica esa idea ‘plurinacional’, la de España como nación de naciones, porque de entrada choca con la oposición radical del PP, necesario para cualquier reforma del modelo territorial que implique un cambio constitucional.
Sin embargo, pese al veto de la derecha, Sánchez parece dispuesto a arriesgar en el empeño, convencido de que, por ejemplo, la movilización de Colón contra los indultos no ha logrado erosionar a su Gobierno y sí ha reflejado las contradicciones internas del PP que se queda solo en su imaginario de una España castellana, cada vez más alejada de la periferia, tanto del Mediterráneo, como de la cornisa cantábrica, a excepción de Galicia. Según este diagnóstico que se maneja en Moncloa, Pablo Casado ha salido en el fondo tocado tras la movilización de Colón, que ha exhibido la fuerza del ultranacionalismo español, pero a la vez ha sido capitalizado por Vox. En ese sentido, se encuadra la polémica sobre la implicación al Rey efectuada por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, sobre la firma de los indultos y su supuesta «complicidad» si rubrica la decisión, que es su obligación como monarca constitucional. Se considera que Ayuso quiere envolverse en la bandera de una derecha muy radicalizada que pretendería presionar al jefe del Estado para situarse en el segmento de sectores muy conservadores, incluso al margen de la Constitución. Una apuesta que el sector menos extremo de la derecha rechaza abiertamente porque interpreta que, en el fondo, es una valiosa baza política para Sánchez que le va a permitir la polarización con la ultraderecha en el escenario muy hiperbólico de guerra de bloques bloques que se avecina. En el trasfondo se sitúa el propio desgaste que sufre la institución monárquica, con una desafección creciente de las nuevas generaciones que no vivieron la Transición y que el veloz deterioro de la figura de Juan Carlos de Borbón puede agudizar.
Costes y beneficios
Pero si el debate sobre la apertura del sensible melón territorial genera su particular evaluación de costes políticos, en Moncloa se confía en que los próximos meses inviertan la tendencia de retroceso que confirmaron las elecciones autonómicas de Madrid y que la gestión de la pandemia ha terminado por afianzar, con un desgaste evidente en la acción de gobierno que se refleja en todos los sondeos de intención de voto. El PP acaricia ya su regreso al poder, aunque sus compañeros de viaje, en la ultraderecha, le colocan ante una encrucijada existencial.
A pesar de los errores y de las improvisaciones, el proceso de vacunación marcha bien y el dato empieza a infundir cierto ánimo social sobre la salida del túnel tras la larga pesadilla de la pandemia. Sánchez, incluso, puede acertar en sus pronósticos voluntaristas de que un 70% de la población española puede estar inmunizado frente al virus para el 20 de agosto. La previsible le imagen de los jóvenes veinteañeros en el mes de agosto en los centros de vacunación podría ser la escena final que aliente las expectativas optimistas del Gobierno para que, salvo complicaciones de última hora, permiten abordar el otoño con una expectativa bien distinta al pesimismo imperante e los últimos meses. El PP pretenderá contrarrestar la estrategia del Gobierno para que no se cuelgue la medalla de las vacunas, pero su incidencia en la moral psicológica colectiva, al igual que la decisión de eliminar las mascarillas en lugares públicos, va a ser incontestable y el Ejecutivo de coalición encuentra con esa variable a su favor.
El segundo gran capítulo a abordar es la recuperación económica, muy ligada a la vuelta paulatina del turismo y a la superación de los efectos nocivos del Covid en el tejido productivo. Solo cuando desaparezcan los actuales ERTES, que han constituido un verdadero paraguas social, se sabrá de verdad qué parte del tejido productivo ha quedado de verdad dañado irreversiblemente pese a su sostenimiento de forma artificial con ayudas públicas.
El Gobierno, mientras tanto, sobre todo por la presión de Unidas Podemos con su vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, ha comenzado una verdadera cruzada para paliar las elevadísimas tasas de precariedad en el empleo, sobre todo entre los jóvenes, y para desactivar la reforma laboral mediante un gran acuerdo con los sindicatos y los empresarios. El reto se presenta difícil, pero la apuesta es esencial que se materialice para que el Ejecutivo de coalición logre un relato creíble entre su base electoral de izquierdas. Entre los problemas que suscita esta narrativa figura la escasa mano izquierda del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha abierto algunos debates incómodos para dar satisfacción a las presiones de Bruselas. Este equilibrio complejo de posiciones, dentro del propio PSOE y en su relación con Unidas Podemos, constituye uno de los talones de Aquiles de la legislatura.
En el capítulo de los activos se sitúan los fondos del plan de reconstrucción y resiliencia Next Generation de la Unión Europea que, en forma de subvenciones directas y créditos, pretenden ser una inyección que modernice la economía española hacia las coordenadas de la transición medioambiental y digital, fundamentalmente. La verdadera apuesta debería pasar por sustituir un modelo económico excesivamente ligado al turismo, que ha demostrado su gran fragilidad durante la pandemia. Pero la discusión que puede aflorar con los fondos es si realmente sirven para dinamizar la economía o sobre todo van a alimentar a determinadas élites empresariales, las más reacias, por cierto, a abordar una reforma fiscal en profundidad.
