La Agenda 2030 y las políticas públicas: el Índice de Políticas para el Desarrollo Sostenible

 

Galde 27, negua/2020/invierno. Mª Luisa Gil Payno.

El conjunto de desafíos que recoge la Agenda 2030 nos sitúa ante una verdad ineludible: necesitamos urgentemente repensar y transformar las políticas públicas para hacer frente al colapso ecológico y a las desigualdades sistemáticas generadas por el modelo de desarrollo hegemónico. Todas las políticas, de todos los países y en todos los ámbitos territoriales (local, autonómico, estatal e internacional).

Es importante subrayar “todas” las políticas públicas porque, durante mucho tiempo, el desarrollo se identificaba principalmente con las políticas de cooperación y, de forma más reciente (desde los años 90 hasta prácticamente el año 2015), con aquellas políticas de los países desarrollados con mayores impactos sobre los países en desarrollo, como la comercial o la migratoria. Detrás de esto se encuentra una concepción lineal del desarrollo que entiende este como un estado alcanzado por unos países (los países desarrollados) al que otros (los países en desarrollo) deben llegar[1]. Una idea que estaba en la base de la agenda de desarrollo anterior, articulada alrededor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Agenda 2030 rompe con esta forma de entender el desarrollo. La nueva agenda apela a todos los países (dando por hecho que en la actualidad ningún país está completa ni adecuadamente desarrollado) y los exhorta a realizar transformaciones profundas en sus formas de actuar, es decir, en sus políticas públicas[2].

También era habitual que, siguiendo esa lógica basada en la división del mundo entre países desarrollados y en desarrollo, la atención se centrase fundamentalmente en las políticas de ámbito estatal, por su mayor influencia sobre los países del Sur, dejando en un segundo plano el papel de las políticas subestatales en la promoción del desarrollo sostenible. Los objetivos y metas que recoge la Agenda 2030 nos indican otra cosa, pues una parte importante se refieren directamente a competencias que, en muchos países, están en manos de gobiernos locales y regionales.

La Agenda 2030 exige, así, que todas las políticas públicas, tanto las consideradas tradicionalmente “nacionales” como “internacionales”, de países supuestamente “desarrollados” y “en desarrollo”, estatales y subestatales, sean revisadas y reformuladas tomando en consideración criterios de sostenibilidad y una mirada cosmopolita y feminista.

Necesitamos políticas públicas coherentes con el desarrollo sostenible. Es decir, políticas que pongan en el centro el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta. Que se diseñen y ejecuten tomando en consideración sus efectos dentro y fuera de las fronteras que delimitan el territorio donde se aplican, desde el reconocimiento de que en el mundo global que habitamos las responsabilidades de los gobiernos van más allá de estas fronteras. Que combatan y no reproduzcan la desigualdad de género. Que estén orientadas a garantizar los derechos humanos para todas las personas.

Precisamos, para ello, de una nueva forma de ver, entender y comprender el mundo. En este camino es fundamental dotarnos de estudios, instrumentos y sistemas de medición que nos ayuden a comprender, reorientar y hacer seguimiento de las políticas desde estas perspectivas. A esto último pretende contribuir el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), una herramienta liderada por la Coordinadora de ONGD y la Red Española de Estudios sobre Desarrollo (REEDES) que mide el desempeño de los países en coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.

La última edición del índice, cuyo informe se publica a finales de 2019, nos ofrece un ranking de 148 países ordenados en función de cómo sus políticas públicas integran la mirada de la sostenibilidad, de los feminismos y del cosmopolitismo.

El ICPDS evalúa para cada país 19 políticas públicas, que pretenden ser representativas del conjunto de la acción gubernamental de un Estado, a través de 57 indicadores. Los 57 indicadores miden tanto aspectos positivos como negativos de las políticas públicas sobre el desarrollo sostenible con el fin de captar los efectos ambivalentes y muchas veces contradictorios que tienen sobre estos procesos. Las políticas son analizadas, además, desde una perspectiva multidimensional, tomando en cuenta para cada una de ellas simultáneamente criterios sociales, económicos, ambientales y políticos.

El índice se estructura en cinco componentes (económico, social, ambiental, global y productivo) que funcionan a su vez como rankings “autónomos”.

Así, según el índice, una mayor coherencia en materia económica está asociada a políticas fiscales sólidas y redistributivas que permitan garantizar derechos sociales de calidad para toda la población y luchar contra la desigualdad; y a políticas financieras al servicio de las personas (hombres y mujeres), que combaten la opacidad financiera y no contribuyen a la dañina financiarización de la economía. Para medir esto, se utilizan indicadores como el nivel de ingresos gubernamentales, el índice de secreto financiero de la Tax Justice Network, la variación en el índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias o el sobredimensionamiento del sector bancario, entre otros. Los países mejor puntuados en este ámbito son tres países nórdicos: Finlandia, Dinamarca y Noruega.

En el ámbito social los países más coherentes son aquellos que cuentan con servicios sociales públicos universales y de calidad y con sistemas de protección social sólidos y garantizan empleo decente y acceso a acceso equitativo a las nuevas tecnologías y a la información. Todo ello con criterios de equidad de género. El mejor desempeño en esta materia se observa en los países europeos, especialmente los nórdicos, que copan las primeras posiciones de este ranking, mientras que, los países de renta baja y muy baja, fundamentalmente de África subsahariana, se sitúan en las posiciones más bajas.

El índice también mide, en el componente global, el cumplimiento de los países con sus compromisos con la gobernanza democrática global y los derechos humanos y el grado de militarización de sus sociedades. Esto se evalúa a través de indicadores como la ratificación de los principales tratados en materia de derechos humanos y justicia internacional, el nivel de gasto militar como porcentaje del PIB o la capacidad de los países en materia de armamento nuclear y pesado, entre otros. Los países peor valorados en materia de gobernanza global y derechos humanos son Arabia Saudí, Omán, Pakistán o Israel, que se sitúan en los cinco últimos puestos de la clasificación.

El componente ambiental analiza los impactos ecológicos de los países y su compromiso con las energías renovables y con los principales tratados internacionales en medio ambiente. Para ello se utilizan indicadores como la reserva o déficit de biocapacidad, la huella ecológica por producción o por importaciones o las emisiones de dióxido de carbono. Reflejo de la crisis ecológica en la que estamos inmersos, este componente es en el que los países obtienen puntuaciones más bajas (ninguno de ellos supera los 70 puntos sobre 100). Este componente es posiblemente el que arroja los resultados más disruptivos, con los países de renta alta, como Qatar, Kuwait, Bélgica, Estados Unidos o Singapur, situados en las peores posiciones del ranking.

Finalmente, el componente productivo del índice da cuenta de la dotación y solidez de infraestructuras y sectores productivos de los países tomando en consideración también su equilibrio ambiental y social. Se incorporan en este componente indicadores que miden el acceso a servicios como agua, electricidad, saneamiento e internet; el nivel de contaminación atmosférica; la extracción de agua dulce para uso industrial o la ratificación del convenio sobre derechos de sindicación y negociación colectiva de la OIT. Al igual que en el componente social, las peores calificaciones en este ámbito son para países de renta baja y media baja, en su mayoría de África Subsahariana.

Además de la información que pueda arrojar el análisis de cada componente, la verdadera potencialidad del índice reside probablemente en que permite realizar comparaciones entre las diferentes dimensiones de los procesos de desarrollo e identificar así las posibles contradicciones, tensiones y trade-offs que existen entre ellas en los diferentes países y regiones geopolíticas.

Algunos de estos análisis se recogen en el último informe del índice, que lleva por título El cambio inaplazable y está disponible junto con el ranking, datos y metodología de construcción del indicador en la web www.icpds.info.

Entre los principales hallazgos del informe nos encontramos con que aproximadamente un 76% de los países analizados se encuentran en niveles de coherencia muy baja, baja o media baja, es decir, que, en términos generales, los países no formulan ni ejecutan sus políticas públicas tomando en consideración de forma suficiente el desarrollo sostenible, un resultado consistente con la propia Agenda 2030. Los mayores desafíos se observan, además, en el ámbito medioambiental, especialmente para los llamados países desarrollados, principales responsables de los impactos ecológicos que soporta el planeta. Finalmente, de los resultados del informe se desprende que necesitamos modelos alternativos en todos los lugares del planeta. Incluso países a los que habitualmente hacemos referencia cómo modelo a seguir por garantizar un nivel de bienestar aceptable a parte importante de su población, como por ejemplo Noruega, presentan puntuaciones bajas en el componente ambiental, lo que nos indica que estos modelos no son sostenibles ni, por tanto, universalizables.

El índice nos ofrece, así, elementos de análisis que nos pueden ayudar a comprender mejor las transformaciones que deben orientar las políticas públicas para avanzar en el cumplimiento de una Agenda 2030 realmente transformadora.

Mª Luisa Gil Payno.
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

  1. https://www.cartalatinoamericana.com/numeros/CartaLatinoAmericana07Unceta09.pdf
  2. https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16094

 

Publicado por Galde
Edita: Ezker Kulturgintza Elkartea Depósito Legal: SS-551-2013 ISSN: 2255-5633

Categorized | Dossier, Política

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