Galde 32 udaberria/2021/primavera. Jesús L. Garay Hinojal.
A pesar del proverbial silencio de los medios, diversos acontecimientos han puesto de actualidad el viejo conflicto del Sahara Occidental.
El 13 de noviembre, el ejército marroquí invadió una zona al sur del Sahara Occidental, cerca de la frontera con Mauritania, conocida como El Guerguerat y que, según los acuerdos de alto el fuego firmados hace casi 30 años, debía permanecer desmilitarizada y bajo control de la ONU. La excusa fue la de dispersar a un grupo de civiles saharauis que llevaban varias semanas cortando un paso ilegal abierto previamente por Marruecos para permitir el tráfico por tierra de mercancías hacia y desde el sur del Sahara. Al día siguiente, aniversario de los acuerdos tripartitos de Madrid, ante la inacción de la ONU, el Frente POLISARIO declaró el estado de guerra. Se ponía así fin a un periodo que la ciudadanía saharaui suele denominar como “ni paz ni guerra” en el que la iniciativa para la solución del conflicto quedaba en manos de la ONU y, en consecuencia, de los intereses geopolíticos y económicos de los países dominantes del organismo internacional. En los campamentos de refugiados, en el exilio y en los territorios ocupados, la población saharaui celebró con entusiasmo esta decisión, a pesar de las consecuencias trágicas que pudiera tener para las familias.
Por el momento, al margen de un par ataques a posiciones militares en territorio marroquí, las acciones armadas del ELPS se han limitado a bombardeos de puestos y de equipamientos a lo largo del muro militar marroquí que divide de norte a sur el territorio del Sahara Occidental que controla cada una de las partes.
La respuesta del régimen alauita se ha centrado en una gran escalada de represión contra la población saharaui de los territorios ocupados, especialmente contra algunas de las figuras más destacadas en la defensa del derecho a la autodeterminación, así como contra el centenar de presos políticos saharauis. Los casos de Sultana Jaya, cercada en su propia casa y agredida por las fuerzas de ocupación o el del periodista Mohamed Lamin Haddi, condenado a 25 años y que lleva en huelga de hambre desde el 13 de enero, se multiplican en las redes sociales y se callan en los medios mayoritarios.
Pero, más allá del enfrentamiento militar, está por ver si esta estrategia del Frente POLISARIO consigue colocar de nuevo el conflicto en la agenda internacional. De momento, Marruecos y sus principales aliados, España, Francia, USA, apuestan por silenciar la situación y negar las consecuencias, siguiendo la estela de lo que las potencias ocupantes y administradoras han venido haciendo con todas las guerras de liberación anticoloniales. Lo mismo ocurre con las organizaciones internacionales.
El Consejo de Seguridad de la ONU no convocó una reunión para examinar la cuestión hasta un mes después de la ruptura del alto el fuego y solo a petición expresa de Alemania, una vez que el expresidente de USA, Donald Trump, reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, como compensación, a su vez, del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Marruecos e Israel.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento del derecho humanitario internacional en lugares y momentos de conflicto armado, así como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, siguen haciendo caso omiso a las múltiples peticiones internacionales y de organizaciones civiles saharauis para que se personen en la zona y se ocupen de la situación.
La UE y la mayoría de los gobiernos europeos, han rechazado la declaración de la administración Trump y recuerdan que el estatus internacional del territorio es el de un Territorio No Autónomo – esto es, pendiente de descolonización –, pero se limitan a llamar a las partes al diálogo y a pedir mayor implicación de Naciones Unidas.
La falta de reacción no puede atribuirse a la sorpresa por la decisión saharaui, que hace más de un año había suspendido su participación en el plan de paz de 1991, ante la inoperancia y parcialidad de las organizaciones internacionales y de la misión de Naciones Unidas para el referéndum, MINURSO y que, apenas un mes antes de la ruptura del alto el fuego, había rechazado contundentemente la resolución del Consejo de Seguridad sobre el conflicto, indicando que en vez de contribuir a la solución, ésta ahondaba en el problema. Se trata, por tanto, de un intento de neutralizar la iniciativa de la parte saharaui para regresar al status quo vigente, que permite de facto la ocupación del territorio, el expolio de sus bienes, la represión y el exilio masivo del pueblo, invocando la necesidad de un arreglo “mutuamente aceptable” para las partes, como si ambas, Frente POLISARIO y Marruecos, se encontraran en igualdad derechos y condiciones.
En el Estado Español, que a los efectos del derecho internacional sigue siendo la potencia administradora del territorio, es decir la responsable de la situación de las personas y los bienes del territorio, esta nueva fase de la guerra ha cogido con el pie cambiado a instituciones y organizaciones, que se ven obligadas a repensar tanto su discurso como la mayoría de sus actividades habituales de solidaridad y cooperación.
PP y PSOE firman algunas declaraciones de solidaridad y exigen el fin de las hostilidades, según convenga localmente, mientras renuevan su apoyo económico, militar y diplomático a Marruecos e insisten en negar cualquier responsabilidad de España en el conflicto. Para ambos la prioridad es reforzar la política europea de apoyo incondicional a Marruecos a cambio de un incierto control de la emigración y del terrorismo en su frontera sur. En estos meses el gobierno español ha vendido material de guerra a Marruecos, ha defendido en el Tribunal de Justicia de la UE la pesca ilegal y la explotación de recursos del Sahara Occidental, contra la opinión del Frente POLISARIO y del propio tribunal, ha denegado miles de solicitudes de asilo y nacionalidad a refugiados saharauis y, en fin, ha cedido a todas las presiones marroquíes. Unidas Podemos se muestra incapaz de contradecir la política escandalosamente alejada de toda ética y legalidad internacional que, según la coalición, es responsabilidad única de su socio de gobierno. En este asunto, más allá de declaraciones puntuales, no constan discrepancias. Pero, tampoco los partidos que, de una u otra forma, apoyan al gobierno de coalición y que constituyen la mayoría política del Congreso han sabido aprovechar la oportunidad para forzar un cambio en uno de los aspectos más oscuros que perviven desde la transición junto con la territorialidad, la monarquía, los crímenes del franquismo, etc. Entre todos, llama la atención la titubeante postura del PNV, otrora adalid político de la causa saharaui.
Tampoco el movimiento de solidaridad, atrapado en la dinámica de la ayuda humanitaria y la cooperación de los últimos años, ha sabido argumentar la necesidad de apoyar ahora, más que nunca, la lucha anticolonial del del pueblo saharaui. La movilización social ha sido más que notable en estos tiempos de pandemia, pero no ha conseguido traspasar la barrera de lo regional ni transformarse en un movimiento social transversal y mayoritario capaz de influir mediática y políticamente.
En fin, todo el mundo, incluidos el Frente POLISARIO y Marruecos, reclaman el fin de las acciones bélicas y una solución pacífica, negociada y duradera para conflicto original. Pero, nada de ello será posible si lo que se pretende es volver a la fórmula que ha originado precisamente una situación extremadamente peligrosa no solo para las partes ahora combatientes, sino para el conjunto de la región del Magreb árabe. Si queremos parar la escalada bélica es necesario poner en marcha un mecanismo que permita establecer objetivos concretos, plazos y garantías verdaderas para el diálogo y, dado que la máquina de los intereses cruzados corre en el sentido contrario, es obligación de la ciudadanía y, en particular de las organizaciones sociales promover una respuesta en este sentido de las instancias responsables: el gobierno español y las organizaciones internacionales como la ONU y la UE.
Jesus L. Garay Hinojal
Gasteiz, 12/03/2021
Miembro de SEADen Lagunen Elkartea / Asociación de Amigos y Amigas de la RASD
