Agustín Unzurrunzaga. (Galde 07, verano/2014). El pasado 1 de septiembre, el Diputado General de Araba, Javier de Andrés, volvió a la carga sobre el tema inmigración y prestaciones sociales. Para Javier de Andrés, los inmigrantes «abusan» de la Renta de Garantía de Ingresos, a la vez que esa prestación no cumple con el objetivo de la integración. También dijo que hacía falta una política de inmigración «seria, que no sea atractiva para que aquí se presente gente de todo el mundo» y exigió cambios en la RGI, para impedir la llegada de inmigrantes «simplemente con el objeto de cobrar esa renta». También consideró que es un error conceder la RGI a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular después de acreditar tres años continuados de empadronamiento, pues en esa situación, según él, no se puede acceder al mercado de trabajo legal. Y remató la faena diciendo que a las personas extranjeras no se les exigen los mismos requisitos que a las autóctonas, en concreto la acreditación documental de que carecen de bienes.
Las organizaciones de solidaridad han tenido que responder a todos estos retos desplegando una gran actividad solidaria, de asesoramiento, de acompañamiento, de lucha contra las discriminaciones. En algunos casos han encontrado la colaboración y la buena relación con los ayuntamientos como administraciones más cercanas a la ciudadanía de a pie, y en otros casos no. Y me temo que Vitoria-Gasteiz no es un ejemplo de los primeros, y menos desde que lo preside un alcalde que manifiesta una y otra vez ideas populistas de derecha y xenófobas contra la inmigración o partes de ella.
Si el Partido Popular quiere discutir sobre el sistema de protección social vasco y más en concreto sobre la Renta de Garantía de Ingresos, que proponga los cambios que considere oportunos, pero que no utilice el sistema de golpear a una parte de las perceptoras por el hecho de ser extranjeras. Eso, lo que los dirigentes alaveses de ese partido vienen haciendo desde mediados de julio, entra de lleno dentro de la ideología populista de derecha que convierte a la inmigración en el chivo expiatorio de diferentes problemas sociales que puedan existir en Euskadi, y manifiesta una actitud de fondo profundamente xenófoba por parte de esos dirigentes, que engancha con las ideas y los métodos que utilizan las fuerzas de derecha extrema en otras partes de Europa. Y eso tiene que ser denunciado. Los problemas sociales tienen que ser discutidos, pero la utilización malsana de la inmigración como chivo expiatorio, debe ser denunciada como una manera trufada de xenofobia de plantear los problemas, como un enemigo de la propia democracia.
