La Unión Monetaria-Eurozona está compuesta por 17 países diferentes cuya heterogeneidad estructural –tanto por las disparidades en nivel de renta como por su confi­guración productiva y su dinámica macroeconómica per­mite distinguir cuando menos tres grandes grupos muy diferentes entre si; uno de ellos está formado, en su mayor parte, por los países del norte de la unión (Ale­mania, Finlandia, Holanda, Austria, Francia y Bélgica); otro grupo es el formado por Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España y en un tercer bloque estarían los paí­ses postsoviéticos.

Esta realidad de base ha experimentado cambios a lo largo de las últimas décadas pero continúa siendo expresi­va de la muy débil convergencia real existente entre los diferentes grupos de países. Esa persistente heterogenei­dad y desigualdad que caracteriza la UE es algo que va mucho más allá de la inevitable y positiva diversidad deri­vada de las especificidades de cada país miembro.

La gravedad de los desequilibrios externos e internos, tanto productivos como comerciales y financieros, que vi­ven los países de la periferia europea durante esta crisis acaba evidenciando que cada Estado tiene sus propias ne­cesidades resultantes de su estructura productiva y que la Unión Europea –y especialmente la Eurozona– en su con­figuración actual no es capaz de satisfacer a todos los paí­ses, anteponiendo pues las necesidades de unos a las de otros. Esta cruda realidad obliga a pensar con más realis­mo que nunca la enorme complejidad del proceso de cons­trucción de la UE.

Si se pretende avanzar en el proceso de construcción de la UE se deben diseñar mecanismos dirigidos a una ver­dadera redistribución de la riqueza entre los Estados miem­bros, con el objetivo de conseguir una mayor convergencia real. Y eso pasa inexcusablemente por una redistribución de las capacidades productivas y del empleo. También re­sultaría conveniente proporcionarle a los gobiernos de las áreas geográficas menos desarrolladas la capacidad de pro­teger e impulsar aquellos sectores que resultan estratégi­cos en sus regiones y que tengan una vinculación directa con el territorio. Crear condiciones para el mantenimiento de la capacidad productiva y del empleo en la periferia, impulsar la atracción y el desarrollo endógeno de nuevas actividades requiere de medidas de política regional e in­dustrial más audaces, que choca a menudo con el corsé de las políticas de liberalización y libre competencia que ca­racterizan a la Unión Europea. El problema es que los paí­ses más poderosos no sólo no impulsan este tipo de polí­ticas sino que son abiertamente recelosos de las mismas y utilizan las instituciones comunitarias para una imposición implacable de las políticas liberalizadoras, lo que nos con­duce a pensar que el proceso de construcción de la Unión Europea, y teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, puede verse seriamente amenaza­da a medio plazo.

El problema de la cohesión es, sin duda, clave. No sólo por razones de justicia o por razones políticas sino porque sin cohesión es difícil que se consolide un área monetaria común, garantizando la viabilidad económica de los países de la periferia (lo que significa que su población no se vea obligada a una masiva movilidad forzada que obligaría a despoblar masivamente esos país, con su lengua y su cultura). Si admitimos que una liberalización profunda de la UE, creando un verdadero mercado único, provoca una tendencia a la concentración geográfica de la activi­dad económica en aquellas áreas con más fortalezas, cabe pensar que a largo plazo será difícil que las áreas menos desarrolladas puedan experimentar un real de­sarrollo de su capacidad productiva y crear empleo de forma perdurable. Por el contrario, se corre el riesgo de una cierta desertización productiva de partes importantes de la periferia europea, lo que forzará a asumir como nor­mal una pérdida continuada de empleo en ciertos países y regiones, con un fuerte flujo migratorio de unos países a otros que introduce una dinámica demográfica muy regre­siva en algunos de esos países. Ese escenario desequilibra totalmente todas las cuentas externas y las cuentas públi­cas y, sobre todo, puede suponer una regresión social difícil de admitir, razón por la que posiblemente ese escenario podría ser rechazado, tarde o temprano, por los países más negativamente afectados (no puede ig­norarse la irreductible realidad de Europa con naciones, lenguas y culturas profundamente enrraizadas que im­piden concibir Europa como un espacio plano de movili­dad como puede ser, por ejemplo, EEUU). Por eso, más allá de las miopes medidas de ajuste impuestas en el fragor de esta crisis, un proyecto viable para la UE requiere la implantación de mecanismos fuertes de cohesión social y territorial, que pasan no sólo por la transferencia de fon­dos compensatorios sino por la implantación de un sistema de incentivos y profundos cambios en las políticas del mercado interior con el fin de preservar la capacidad pro­ductiva y de creación de empleo e ingresos en las áreas periféricas de Europa.

La constatación del fracaso de esas políticas llamadas de cohesión evidencia que es necesario plantearse políti­cas más ambiciosas para impulsar el desarrollo de los terri­torios de la UE que permitan su participación activa en la generación de empleo y en la producción de riqueza. Aun­que no existen recetas mágicas para garantizar la cohesión y el desarrollo territorial en el marco de un mercado inte­rior, es necesario asumir la tarea de diseñar instrumentos más claramente incentivadores. La recuperación y adapta­ción de medidas e instrumentos utilizados antaño en las políticas de desarrollo regional dentro de los países puede ser una apuesta necesaria, replanteandolas y re-escalan-dolas a nivel europeo. Los incentivos fiscales a la industria o a los demás sectores, la creación de instituciones finan­cieras orientadas a impulsar el desarrollo territorial (banca regional…), ayudas directas, excepciones en la política de compentencia, limitaciones al carácter universal e invasivo de la directiva Bolkestein, más flexibilidad en las contrata­ciones y compras públicas, pueden ser otros tantos ejemplos de políticas «heterodoxas» en el actual marco comu­nitario pero que pueden resultar esenciales para garantizar una mínima diversidad dentro de la UE, evi­tar la tendencia a la concentración geográfica de las actividades y de la población y promover una convergen­cia real que garantice una cierta cohesión entre los estados, naciones y regiones de la UE. Esos instrumen­tos no son contradictorios con medidas de promoción activa de la innovación y de la competitividad, por el contrario pueden constituir el complemento que permi­ta hacer efectivos los esfuerzos realizados desde esa perspectiva. Por lo tanto, repensar y adaptar la política industrial huyendo de una aplicación universal, dogmá­tica y burocrática de la política de competencia; repen­sar y adaptar incentivos fiscales y financieros para reforzar la capacidad inversora y de atracción de inversiones por parte de la periferia europea se revelan como tareas ur­gentes para mejorar la cohesión y hacer sostenible el pro­ceso de integración europeo.

En consecuencia, la gravedad y profundidad de la crisis actual obliga a replantear que tipo de Unión queremos: una UE a varias velocidades, claramente asimétrica, con bloques de intereses contrapuestos y donde las deficien­cias de los Estados miembros más desfavorecidos pueden provocar un riesgo de fractura política, o una UE que inten­ta avanzar como un espacio cohesionado, con sólidas ins­tituciones democráticas, donde las medidas adoptadas conducen a un camino de convergencia real entre los diferentes países. En este sentido, la elaboración de una estrategia reforzadora de la cohesión obliga a repensar la relevancia de los territorios, de las dificultades de los grandes estados centrales para garantizar la cohesión o convergencia interna y profundizar en la evaluación de la función y las oportunidades que las naciones peque­ñas y las naciones sin estado en el marco de la UE. La evidencia empírica muestra que los estados pequeños pre­sentan mejores resultados en términos de crecimiento económico que los grandes y también que las «naciones sin estado», lo que permite afirmar que una configuración institucional basada en estados más pequeños no sólo ten­dría el mérito de respetar las aspiraciones nacionales de muchas de esas naciones sin estado sino que, además, fortalecería a Europa en su conjunto, impulsaría el creci­miento y reforzaría la cohesión.

Por otra parte, en un entorno mun­dial extremadamente competitivo, es ne­cesaria una mayor regulación de la eco­nomía mundial si queremos una mayor estabilidad y si pretendemos cubrir las necesidades de las regiones menos de­sarrolladas. Con ello no se plantea que la Unión Europea bloquee o impida el desa­rrollo económico de los países menos de­sarrollados, sino más bien todo lo contra­rio. El desarrollo minimamente distribuido y justo, tanto para los países hoy desa­rrollados como para los demás, debe ser realizado dentro de un marco regulatorio mundial que garantice unas mínimas con­diciones de equilibrio en tal proceso. Caso contrario, los resultados pueden ser sa­tisfactorios para el capital que se mueve con gran libertad en un espacio sin fron­teras económicas, aprovechando las di­ferencias de costes, regulaciones y oportunidades, pero puede resultar in­gobernable para los países . El caos ge­nerado por los mercados desregulados provoca que a medio-largo plazo la situa­ción se vuelva insostenible tanto para las economías desarrolladas como para las que se encuentran en vías de desarrollo.

En ese sentido, si se pretende que el proceso de cons­trucción europea garantice una calidad democrática minimamente exigente, creemos muy necesaria una reconsi­deración de las reglas neoliberales que hoy regulan la actividad económica mundial y que tienen un impacto di­recto sobre la vida interna de la Unión Europea y de sus pueblos. Así pues, consideramos que la Unión Europea debe revisar sus acuerdos con la OMC y otros tratados que rigen el comercio internacional, cuya extrema liberalización no sólo conduce a la desaparición de una gran parte de la ca­pacidad productiva de muchas regiones, trayendo consigo la depresión económica con sus respectivas consecuencias de paro y exclusión social sino que acaba poniendo en cau­sa los propios fundamentos de la democracia. Al limitar radicalmente la soberanía y la capacidad de decisión de los pueblos sobre aspectos esenciales de su vida económica y su propio modelo social y de convivencia acaba desvirtuan­do la efectividad de la elección de los ciudadanos y degra­dando la democracia.

Xavier Vence. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago y portavoz del BNG.

1 Este artículo recoge las principales conclusiones del estudio realizado por el autor para la Fundación Maurits Coppieters, An Alternative Economic Governance for the European Union, 2012.