Entrevista a Garbiñe Biurrun

 

Galde 35 negua 2022 invierno. Koldo Unceta y Manu González entrevistan a Garbiñe Biurrun.-

No es la primera vez que tenemos la suerte y el placer de poder entrevistar en Galde a Garbiñe Biurrun. En esta ocasión hemos querido conversar con ella cuando arrastramos ya dos largos años de pandemia y en un contexto de tensiones institucionales, binarismos políticos, crisis socioeconómica…un panorama complejo adobado de estrés social. Las preguntas han sido muchas y variadas, tenemos que agradecer a Garbiñe la claridad y profundidad en sus contestaciones.

La confrontación entre las instancias judiciales y los responsables políticos de gestionar la pandemia ha sido frecuente y difícil de entender por la ciudadanía, que ha tenido la sensación de que la ley puede ser entendida y aplicada al margen, o incluso en contra, de los criterios científicos. ¿Qué opinas al respecto?

Bueno, yo no hablaría de “confrontación”, aunque haya podido manifestarse así en algunos momentos. El control judicial de las decisiones de las administraciones públicas es un pilar de Estado de Derecho y la Constitución española prevé este control por los Tribunales de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.

Lo que ocurre es que, naturalmente, las resoluciones judiciales no siempre, o no necesariamente, van a ratificar las decisiones de los órganos administrativos. Esto se ha visto con claridad en relación con las medidas sobre la COVID-19 en resoluciones de Salas de lo Contencioso-Administrativo de diversos Tribunales Superiores de Justicia y también, aunque no sea un Tribunal “ordinario”, en las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre los dos estados de alarma decretados por el Gobierno en el año 2020.

Por otra parte, el rechazo de decisiones imponiendo medidas restrictivas para hacer frente al virus, afectando en muchas ocasiones a derechos fundamentales, no debe entenderse en modo alguno como desprecio de los criterios científicos. De hecho, hay que tener en cuenta que, con los mismos criterios y conocimientos de la ciencia, es de suponer, Gobiernos distintos, tanto en la UE como en las distintas Comunidades Autónomas, han tomado y siguen tomando decisiones diferentes.

Lo preocupante de todo no es que haya momentos de cierta “tensión” entre el Ejecutivo y los Tribunales. Lo realmente preocupante es que se transmita la peligrosa idea de que el control judicial es un obstáculo para las decisiones políticas y el bienestar de la ciudadanía, cuando realmente es un contrapeso – llámesele “contrapoder” incluso, si así se entiende mejor – y equilibrio entre los poderes del Estado, lo que es fundamental para el desarrollo de los derechos de las personas. Yo, personalmente, no quiero vivir en un país en el que las decisiones de cualquier órgano o administración quedaran al margen del control judicial.

Teniendo en cuenta lo excepcional de la situación, ¿Crees que alguna de las dos partes no ha estado a la altura, o es más bien el normal funcionamiento de las cosas?

Creo, sinceramente, que se han vivido estas situaciones con bastante nerviosismo, trasladando imagen de tensión y, lo que es peor y, además, equivocado, en ocasiones personalizando innecesaria e injustamente las legítimas críticas a las resoluciones judiciales, olvidando que estas decisiones se toman por un órgano colegiado, en estos casos formado por tres miembros, que están basadas en argumentos jurídicos y que cabe la vía del recurso si se entiende que una resolución judicial no es correcta.

La ciudadanía tiene derecho a conocer las decisiones de los Tribunales, a entenderlas, a valorarlas y criticarlas, pero también a conocer realmente las decisiones sometidas a su control y todo el soporte científico que tuvieran. Se ha transmitido la idea de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Euskadi mantiene un enfrentamiento ideológico con el Gobierno Vasco y que esa era en el fondo la razón de ser de muchas de las decisiones tomadas. Y también se ha extendido la absurda idea de que en los Tribunales se juega a la “epidemiología”, olvidando que hemos de resolver todos los conflictos que se nos planteen, con los argumentos jurídicos que procedan y que tenemos que conocer y manejar adecuadamente, pero enjuiciando realidades que, desde luego, no son jurídicas. Si tenemos que juzgar, pongamos por caso, el derrumbe de un edificio, sus causas y determinar sus responsables, ¿se diría que jugamos a la arquitectura o la ingeniería?. Es claro que no, porque lo cierto es que nos nutrimos de conocimientos de los que carecemos y que se nos proporcionan por las partes en el procedimiento judicial y que lo que hacemos es aplicar las normas a esa realidad.

¿Tenemos las leyes adecuadas para afrontar situaciones excepcionales como las crisis sanitarias o la crisis climática?

Parece bastante evidente que no y que esto está siendo un obstáculo muy serio para tomar decisiones. Hay bastante consenso acerca de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica que contempla la Constitución y hasta el propio Tribunal Supremo ha resaltado que la legislación sanitaria con base en la que se han tomado diversas medidas adolece de desarrollo normativo y que debiera ser más explícita.

Cuando las normas no cumplen con estas exigencias es más fácil que, al interpretarlas, se dicten resoluciones judiciales distintas y que se genere sensación de caos, inseguridad y perplejidad.

Entiendo que es preciso definir mejor el marco normativo para luchar contra emergencias sanitarias y epidemias como la que estamos viviendo. Y la conocida como “Ley de pandemias” de Euskadi, aprobada el 24 de junio de 2021, tampoco puede agotar todas las posibilidades, pues no puede afectar a restricciones de derechos fundamentales por carecer la Comunidad Autónoma de competencias para ello.

Supongo que en muy breve tiempo veremos el alcance, las posibilidades y también las limitaciones de la Ley vasca.

Cambiando de tema, tú has tenido experiencias personales en las que el CGPJ te prohibió participar en proyectos como la comisión para impulsar el proceso de paz en el año 2014, o formar parte del consejo de dirección de Gure Esku Dago en el año 2015. Si es correcto actuar de esa manera, ¿Cómo puede acabar en el TC un jurista como Enrique Arnaldo, tan estrechamente vinculado al PP?

La independencia es un atributo fundamental y condición sine qua non para el ejercicio de la función judicial. También lo es, aunque desde otro punto de vista, la imparcialidad. Es imprescindible asimismo que estos dos caracteres se manifiesten de manera clara y que la ciudadanía no tenga dudas al respecto. Así, juezas y jueces tenemos que ser independientes e imparciales y, además, hemos de parecerlo y así ha de percibirse.

En tal sentido, es bueno que actuemos con prudencia y que haya incompatibilidades con el desempeño de la función judicial para garantizar al máximo la independencia. Y sería bueno también que los nombramientos de cargos judiciales y, respondiendo a la pregunta, de miembros del Tribunal Constitucional, respetaran asimismo esa independencia y la necesaria imparcialidad.

Tengo que reconocer que, en mi opinión, los partidos políticos siguen pretendiendo tener apoyos en los altos Tribunales y un cierto control de estos y que eso es lo que prima, resultando preocupantemente deslegitimador del sistema. Huelga hacer cualquier referencia a personas o casos concretos y es difícil sacudirse de encima esta sensación.

Por otra parte, en cuanto a lo que se me plantea respecto a mi participación en el Foro Social y en Gure Esku Dago, estoy convencida, aunque es una hipótesis no demostrable, naturalmente, que si mi pretensión no hubiera sido la de participar en esas dos concretas iniciativas sino en alguna otra distinta, no vinculada a determinados planteamientos ideológicos sino a otros, la decisión del CGPJ también habría sido distinta. Es un convencimiento muy duro, pero es así.

Cuando la independencia judicial se ve sometida a prueba en España, con demasiada frecuencia sale mal parada, y no parece que la cosa vaya a mejorar a corto o medio plazo. ¿Por qué el CGPJ, que de acuerdo con la Constitución debe garantizar esa independencia, se muestra incapaz de hacerlo? ¿Qué debería cambiar para que eso suceda? ¿Qué necesitamos más, mejores juristas o mejores políticos?

Los datos dados a conocer a mediados de 2021 revelan, en línea con los de años anteriores, que España es uno de los países de la UE en los que la ciudadanía tiene la percepción de mayor déficit de independencia judicial. Así lo recogen instituciones de la propia UE y también el Consejo de Europa, que lo atribuyen principalmente a la apreciación de la interferencia del poder político, así como a las presiones de los poderes económicos. A este dato hay que añadir otro muy ilustrativo y llamativo, y es que juezas y jueces también tienen una muy negativa percepción de su propia independencia – de las peores en la UE – y consideran que el CGPJ no cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para defenderla.

Entiendo perfectamente el sentir ciudadano, que seguramente se habrá agudizado con el lamentable espectáculo vivido recientemente una vez más con ocasión de los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional y otros órganos. Una lamentable puesta en escena en la que, para empezar, se usurpó el papel del Parlamento y de los grupos parlamentarios y se produjo una negociación directa entre el Gobierno y el PP, quedando solamente para el debate parlamentario lo que ha sido una mera ratificación o “bendición” de lo ya decidido.

Y ya no tengo palabras para describir la sensación ante el bloqueo para la renovación del CGPJ después de tres años de prórroga: el PP tiene una enorme responsabilidad en ello, pero también la tienen en mi opinión el PSOE y UP – y otras fuerzas políticas – por no avenirse a comprometerse a una modificación de la LOPJ para que los doce miembros del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos directamente por la carrera judicial, como se ha indicado por la UE y el Consejo de Europa y como todas las asociaciones judiciales piden también.

En todo caso, no resulta creíble ni para la ciudadanía ni para la propia carrera judicial que el órgano llamado a garantizar la independencia judicial, esto es, el CGPJ, pueda hacerlo, habida cuenta del “pecado original” de la enorme interferencia política que lo ensucia. Y no olvidemos que no se trata de que los veinte vocales de este órgano sean nombrados internamente en el seno judicial, sino solamente los doce de esta procedencia, de manera que siempre quedará para el Parlamento la designación de ocho juristas.

Hablemos ahora de la reconfiguración del espacio político a la izquierda del PSOE, ¿qué opinión te merecen las últimas iniciativas en este sentido? ¿tiene especial significado que esté impulsado y encabezado por mujeres? ¿puede ser Garbiñe Biurrun una de esas mujeres en Euskadi?

Todas las iniciativas para favorecer una opción mayoritaria de izquierdas – yo lo sigo llamando así – me parecen buenas. Una izquierda amplia, vinculada a la defensa de los derechos humanos, constitucionales, sociales… es absolutamente imprescindible para hacer realidad el Estado Social.

Que algunas de estas iniciativas estén siendo protagonizadas por mujeres o que en alguna formación política como UP el liderazgo en estos momentos lo tengan varias mujeres también me parece importante. Espero que no sea una mera cuestión de estética o maquillaje, no lo creo. Es importante que si hay nuevos movimientos ciudadanos también tengan nuevas formas de estar y de actuar. De lo contrario, ningún esfuerzo valdrá demasiado la pena ni tendrá una real repercusión.

Creo también que hay que tener una gran responsabilidad para actuar y evitar perder el norte de la izquierda y generar nuevas frustraciones, que algunas llevamos ya.

Cualquier persona, cualquier mujer, podría hacer un trabajo de esta naturaleza, si comparte el espacio, el debate, las ideas… con otras muchas personas, cuantas más mejor. Y, por otra parte, ninguna persona, ninguna mujer, podría impulsar ningún movimiento o iniciativa sin un trabajo compartido.

Por otra parte, la contribución a un mundo más justo y al desarrollo de los derechos de todas las personas no pasa exclusivamente por la política de partidos e institucional. Sin negar la relevancia del trabajo institucional, de la toma de decisiones políticas de carácter general, de las normas…, no ha de olvidarse que sigue habiendo muchos terrenos y muchos espacios desde los que se puede y se debe trabajar en la misma dirección y con similar eficacia.

Más allá de la necesidad de reorganizar las fuerzas o recursos existentes, más allá de una cuestión organizativa, ¿Crees que deberían también reformularse las bases ideológicas sobre las que se ha construido ese espacio a lo largo de la historia?

Acabo de hablar del “norte de la izquierda”. No sé cómo denominarlo. De hecho, parece algo que preocupa y ocupa demasiado a algunas personas. Podemos hablar de progreso humano y social, pero en definitiva es lo mismo. Aunque yo me siento cómoda y segura refiriéndome a la izquierda como ese espacio para la verdadera transformación social. Algo que otras posiciones ideológicas no solo no impulsan, sino que combaten, pues la transformación de un mundo profundamente injusto y desigual, también en nuestro entorno, no es el objetivo de toda fuerza política o social, pues algunas solo pretenden consolidar un sistema de profundo desequilibrio.

Por otra parte, creo que una buena parte de la izquierda ya ha ido reformulando sus bases ideológicas: se ha incorporado de manera firme el relato de los derechos humanos en todo el planeta, del feminismo – que no es más, pero tampoco menos, que la lucha por el derecho a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres -, del ecologismo… No es, al menos en este rinconcito del mundo, una izquierda inadaptada o alejada de las preocupaciones sociales. Otra cosa es el mejor o peor acierto en los planteamientos y los posibles errores, que dificultan obtener una buena audiencia electoral y las equivocaciones que también se cometen en el ejercicio del poder, cuando se ejerce.

Pero también es verdad que los problemas, con distintos rostros y manifestaciones, siguen siendo los mismos de siempre y el sufrimiento humano injusto también. Por eso la izquierda siempre tiene que evitar caerse, pero sobre todo, ha de levantarse de cada caída y seguir adelante, aunque tenga que cambiar de calzado o de camino.

Centrándonos ahora en la Reforma Laboral, el marco normativo laboral establecido en 2012 por el Gobierno del PP está siendo objeto de revisión y debate. ¿Qué aspectos consideras que deberían cambiarse de manera más urgente?

No sé si ya, a estas alturas, hay algún aspecto cuya modificación sea realmente “urgente”. La reforma va a cumplir en una parte diez años el próximo mes de febrero y en otra parte lo hará en julio. Teniendo en cuenta que el PSOE lleva en el Gobierno desde junio de 2018 y que este concreto Gobierno actual de coalición gobierna desde enero de 2020, no creo que se pueda calificar como “urgente” ninguna concreta actuación.

De hecho, el propio Acuerdo de Gobierno entre el PSOE y UP preveía actuar con carácter urgente en tres aspectos: la derogación del despido por absentismo por baja por enfermedad – lo que se cumplió en julio de 2010, aunque no era fruto de la reforma de 2012, sino que venía de muy atrás, con algún retoque por el Gobierno de Rajoy, que agravó algo la situación -; la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio para que se mantenga el mismo hasta la negociación de uno nuevo – según se dice, se estaría negociando ahora sobre ello – y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales – también este tema estaría sobre la mesa del diálogo social -.

Es cierto que ha mediado la epidemia y que se ha dictado una amplia normativa excepcional en el ámbito laboral para evitar las catastróficas consecuencias que podrían haberse producido y que se ha salvado en gran medida el empleo. Esto, sin duda, ha retrasado la adopción de otras decisiones, como la derogación de la reforma laboral – estrictos términos recogidos en el citado Acuerdo de Gobierno -, pero lo que me preocupa ahora es el auténtico alcance de las medidas que se están negociando y los compromisos con la UE. Pero en breve conoceremos ya el resultado de este diálogo social que se está intensificando en estos días.

¿Qué opinión tienes sobre las discusiones en el seno del Gobierno? ¿Cuestiones de fondo o de forma?

Me parece normal, natural e, incluso, sano que haya debates en un Gobierno de coalición entre dos fuerzas como son el PSOE y UP con diferencias ideológicas importantes de base sobre cuestiones diversas, entre ellas la concepción de la estructura del Estado y su Jefatura, por ejemplo. Resulta inevitable que estas diferencias, que ya existen, surjan y se expresen en el debate público. Pongamos como ejemplo, solo como ejemplo fácil, la actuación y la situación del anterior Jefe del Estado: es esperable y deseable que cada cual plantee su posición respecto a la monarquía, su control…

No hay que ocultar las diferencias ni los debates. Un Gobierno de coalición no debe anular ni aparcar los posicionamientos de ninguna de las fuerzas coaligadas. Es socialmente saludable que se conozcan los debates, incluso si en ocasiones son más broncos; es útil y genera confianza que se perciba que, pese a tales diferencias, se pueden compartir el trabajo y los objetivos y, viceversa, que, pese a compartir Gobierno, cada cual mantiene sus posiciones y que hay un interés superior, el interés general, que hace que no puedan defenderse todos los planteamientos de manera absoluta en todo momento.

Se trata también de que en la política se funcione como lo hacemos en la vida ordinaria, en nuestras relaciones laborales, personales, familiares…, en las que aceptamos la diferencia y negociamos, pactamos y también cedemos. Todo esto lo hacemos constantemente, muchas veces de manera tácita y sin ser muy conscientes de ello. En estos ámbitos esto lo asumimos con naturalidad, al menos cuando las discrepancias se mantienen dentro de unos límites. ¿Por qué no entenderlo también así en la gestión política, máxime cuando se ha asumido la enorme responsabilidad de gobernar?.

¿Y sobre el diálogo social y la posibilidad de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronal sobre la reforma laboral que se plantee? ¿Y en estas relaciones en Euskadi?

Desde marzo de 2020 hemos asistido en el Estado a una situación insólita de diálogo social, con acuerdos y más acuerdos. Sinceramente, creo que ha habido una conjunción de intereses que lo ha posibilitado. Todo el mundo ha ganado con esto: el Gobierno ha impulsado una normativa importante para salvar la situación y lo ha hecho muy bien – con los defectos derivados de la urgencia, la premura…, pero con mucha efectividad -, los Sindicatos han conseguido logros importantes para las personas trabajadoras con las novedosas condiciones de los ERTEs y lo mismo se puede decir de las empresas.

No sé si ha sido un escenario tan especial solamente por la terrible situación vivida. Espero que pueda repetirse en materia de reforma laboral. Pero no pinta tan bien.

No quiero precipitarme en mis valoraciones. Lo veremos dentro de poco. Si se consigue que todo el mundo gane, será perfecto y permitirá avanzar. Si no, será más difícil.

En Euskadi las cosas no son muy distintas. Hay otros elementos y otra dinámica sindical muy particular. Pero también hemos asistido a acuerdos que se antojaban imposibles en algunas negociaciones de Convenios colectivos, después de mucho tiempo. Esto debiera ser posible en ámbitos más amplios, sin que nadie renuncie a sus planteamientos básicos.

Acercándonos a la política vasca, ¿cómo ves el panorama político en Euskadi, el trabajo de las instituciones y los partidos políticos?

Tengo la sensación de que la política vasca está más “tranquila” que la del resto del Estado. Lo que no deja de resultar novedoso, teniendo en cuenta otros tiempos pasados no tan lejanos.

Aprecio varios factores que inciden en que las cosas sean así en Euskadi: de un lado, la poca relevancia parlamentaria del PP y la poca incidencia social de su discurso; de otro lado, la existencia de un espacio de izquierda muy consolidado y afianzando su terreno a partir de su reposicionamiento respecto de la violencia – EHBildu – y de otro espacio – Elkarrekin Podemos – que aparentemente no tiene tensiones internas en este momento y que quizás esté ahora expectante ante lo que se está moviendo en el Estado. Finalmente, llama la atención, al menos a mí me parece muy llamativo, que, contrariamente a lo que antes comentaba respecto del Gobierno de coalición español, pese a las enormes diferencias ideológicas entre el PNV y el PSE, apenas haya debate o discrepancia que trascienda públicamente en el seno del Gobierno Vasco. Por otra parte, el PNV ha tenido hasta ahora una posición cómoda y no habría sentido presión importante en algunos terrenos como el del nuevo estatus… Es posible que haya algunas cosas que comiencen a cambiar, no lo sé.

De modo que todos estos elementos hacen que yo tenga esta sensación de “calma” en la política vasca.

La gestión del fin de ETA es objeto de intervención desde múltiples instancias, ¿vamos por buen camino? ¿se debería hacer algo que no se ha hecho?

A mí este último período de intenso recordatorio del décimo aniversario del final definitivo de ETA me ha removido mucho, demasiado quizá. El horror y el sufrimiento fueron tan enormes que cada vez los siento con mayor intensidad.

Quiero pensar que vamos por buen camino. Me tranquiliza el hecho de que me parece de todo punto imposible que nadie tenga nunca más la tentación de que algo así vuelva a ocurrir, de que nadie intente jamás imponer una idea de manera violenta y vulnerando derechos humanos elementales. Eso, esa garantía de no repetición es ir por el buen camino.

Aunque me genera bastante desasosiego pensar que, si algo así volviera a producirse, a comenzar siquiera, gran parte de la ciudadanía volvería a seguir viviendo como si nada ocurriera. Esto me genera mucha angustia, porque ha pasado y puede volver a pasar. Es un sentimiento muy frustrante y muy triste, pero no consigo sacudírmelo de encima por esa experiencia pasada.

También hay otros elementos en el mismo sentido positivo de transitar por el buen camino: la consideración general hacia las víctimas de toda violencia; los pasos, a veces tímidos y exasperantemente lentos, pero pasos hacia delante, del entorno político de la izquierda abertzale; el esfuerzo por mantener viva la memoria y el conocimiento de lo ocurrido.

No sé cómo expresarlo, pero creo, como he escrito en alguna ocasión, que haría falta un gran “encuentro restaurativo colectivo” que nos permita comprender lo ocurrido y asumir cada cual nuestra responsabilidad. Es más, creo que va a ser imprescindible.

En estos momentos se vienen impulsando diversas iniciativas que podríamos encuadrar en los denominados procesos de verdad justicia y reparación ¿Se puede ir más allá o debemos conformarnos con lo logrado?

Comprendo a las víctimas que reclaman verdad y justicia porque ahí se sitúa una gran parte de la reparación a la que se tiene derecho por haber sufrido tan graves vulneraciones de derechos humanos de manera siempre injusta. La reparación no es solo económica, sino que tiene que ver con la verdad y la justicia, que son muy sanadoras. Y creo que no se ha hecho un esfuerzo suficiente para ello, si escuchamos los testimonios de muchas víctimas que lo sienten así. Porque, se quiera o no, también aquí se ha negado y se sigue en parte negando la verdad y, por tanto, la justicia. Tanto respecto de la violencia de ETA como la del Estado. No se olvide tampoco esto y la negación de la verdad y la justicia que supone el mantenimiento en sus propios términos de la Ley de secretos oficiales de 1968.

Cabe preguntarse si esto ha sido “práctico” y ha facilitado algunos procesos políticos y la evolución de las cosas. Seguramente sí. Como lo de “no remover el pasado” facilitó la transición democrática. Y eso que entonces las víctimas de la Dictadura, al menos las víctimas políticas, como el PCE, y gran parte de las muchísimas personas represaliadas participaron de aquellas decisiones con una generosidad impagable.

Lo que me pregunto es si ahora esto es justo o no. Entiendo que no lo es, pero sobre todo porque para ello no se ha contado con quienes han sufrido las violencias terroristas, sino que, de alguna manera, se les ha impuesto algo que a la mayoría nos ha venido muy bien. Tal vez, si se entiende que esto era y es lo necesario, hay que explicitarlo, debatido y, sobre todo, escuchar y compartir mucho más. Pero para mí está claro que esto no lo hemos sabido hacer.

Y ahora, ¿es el momento de hacerlo?. Opino que para la verdad y la justicia ha de haber siempre tiempo. Tal vez no lo haya para la justicia “formal”, pero debe haberlo para la justicia “material” y, siempre siempre, para la verdad. Una verdad que seguirá siendo, como poco, incómoda, pero imprescindible.

Entrando en otro ámbito importante y fundamental para nuestras vidas como es la igualdad entre hombres y mujeres, las agresiones sexistas de todo tipo, violaciones y asesinatos de mujeres, son temas objeto de atención diaria en los medios de comunicación. ¿Se están dando más casos?

Ciertamente, hay muchas, demasiadas, agresiones sexistas. Y es bueno, muy bueno, que se conozcan y que los medios de comunicación las reflejen cada día. No hay como conocer la realidad para valorarla y, en su caso, tratar de modificarla. Desconocer lo que ocurre o autoengañarse no es útil ni justo y es paralizante, pues es la mejor vía para no actuar e impedir que se actúe.

Quiero pensar que no hay más casos. Yo, que ya tengo 61 años, suelo recordar muchas veces la cantidad de actos que hoy serían abusos o agresiones – por seguir la distinción del Código Penal hoy vigente – y que las mujeres tolerábamos o asumíamos con cierta normalidad – aunque con mucha incomodidad y desazón -. Hoy todo eso se conocería.

Por otra parte, lo que es imprescindible es que cualquier mujer u hombre que se sienta violentado en su libertad sexual denuncie cada uno de estos hechos, para lo que es imprescindible que el sistema procesal y el funcionamiento de la justicia no lo obstaculicen de ninguna manera. Si hay más casos porque hay más denuncias, esto es muy bueno porque significa que hay ánimo y seguridad para denunciar, que se confía en el sistema y que no hay miedo de revictimización.

Entiendo que el aumento del número de denuncias se debe a esto. Si hubiera más casos denunciados porque hay más agresiones, entonces sería realmente muy negativo.

¿Qué nuevas políticas y medidas habría que implementar?

Aunque sea redundante en el debate público, la educación es lo único que hará cambiar las cosas. Que todas las personas comprendan e interioricen que todo el mundo, mujer u hombre o con una identidad distinta tiene los mismos derechos, en todos los terrenos y, sobre todo, por subrayar uno, el derecho a ser tratada igual y a tener las mismas oportunidades. Ello nos obliga al resto de la ciudadanía y también a los poderes públicos, que han de garantizar que esto sea así.

Por tanto, las políticas y medidas necesarias son aquellas que aseguren ese camino de la conciencia ciudadana sobre la igual dignidad de todas las personas, la igualdad de oportunidades y el resultado de la igualdad real y efectiva entre todas las personas con independencia de cualquier característica diferencial. No se trata de negar las diferencias, sino de respetarlas, ampararlas y protegerlas, pero garantizando esa igualdad de derechos.

No queremos terminar esta entrevista sin preguntarte sobre cuál es tu opinión en el debate abierto sobre la prostitución y su regulación legal.

En cuanto a la prostitución, lo cierto es que no lo tengo nada claro. Soy consciente de que la mayor parte de las personas que se dedican a ello son mujeres y que, a su vez, la mayoría de ellas no son libres para decidirlo e, incluso, algunas están en régimen de auténtica esclavitud. Pensemos en las mujeres sometidas a trata para explotación sexual. Está claro para mí que en estos casos la prostitución ha de ser considerada ilegal, como ya lo es, y un gravísimo delito.

Sin embargo, el abolicionismo nunca ha triunfado, en el sentido de que nunca en ningún país ha logrado evitar realmente la existencia de la prostitución y, además, ha sometido a las mujeres que la ejercen a una situación lamentable, en la marginalidad, sin derechos de ninguna clase – laborales, sanitarios, de seguridad… -.

Y, al mismo tiempo, se escuchan voces de mujeres, aunque sea una minoría, ciertamente, que reclaman su derecho a ejercer la prostitución en libertad, con todos sus derechos como trabajadoras.

Sigue siendo un tema que me hace pensar y dudar mucho y que ni siquiera está claro ni resuelto dentro de los movimientos feministas.

Manu González Baragaña
Koldo Unceta Satrústegui

Categorized | Entrevista, Política

Protagonistas

Tomás Arrieta
Maixabel Lasa
Carlos Berzosa
Esteban Beltrán
Lurdes Imaz
Garbiñe Biurrun
Javier Moreno Luzón
Koldo Martinez
Tomás García Azcárate
Lourdes Oñederra
Mikel Reparaz
Virginijus Sinkevicius
Laia Serra
Gerardo Pisarello
Daniel Raventos
Daniel Innerarity
Yayo Herrero
María Eugenia Rodríguez Palop
Carlos Juárez
Helena Taberna
Pablo J. Martínez Osés
Koldo Unceta
Xabier Aierdi
Aitzpea Goenaga
Javier de Lucas
Ander Bergara
Garbiñe Biurrun
Pedro Santisteve
Marina Garcés
Carod Rovira
María Silvestre
Joao Pedro Stédile
Enrique Villareal "El Drogas"
José Luis Rodríguez García
Adela Asúa
Xabier Rubert de Ventós
Catarina Martins
Iñaki Gabilondo
Alberto Acosta
Victoria Camps
Lluís Torrens
Mario Rodríguez Vargas
Mikel Aizpuru
Marta Macho Stadler
Ramón Sáez Valcárcel
Frédéric Lordon
Xabier Vence
Carmen Gisasola
Paco Etxeberria
Cristina Narbona
Juan Calparsoro
Joaquim Bosch
Idoia Estornés
Iñigo Lamarca
Tarana Karim
Txema Urkijo
Dolores Juliano
Yayo Herrero
José Ignacio Lacasta
Gurutz Jáuregui
Silvia Gil
Ramón Barea
Daniel Cohn-Benditt
Ada Colau
José Manuel Naredo
Anna Freixas
Carlos Beristain
Carlos Berzosa
Manuela Carmena
Gloria Flórez Schneider
Paco Etxeberria
Cristina Narbona
Juan Calparsoro
Idoia Estornés
Iñigo Lamarca
Tarana Karim
Txema Urkijo
Dolores Juliano
Yayo Herrero
José Ignacio Lacasta
Gurutz Jáuregui
Silvia Gil
Ramón Barea
Daniel Cohn-Benditt
Ada Colau
José Manuel Naredo
Anna Freixas
Carlos Beristain
Carlos Berzosa
Manuela Carmena
Gloria Flórez Schneider
Irene Singer, Argentina
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
La larga espera
Shushi (República del Alto Karabakh —Artsakh—, 08/10/2020)
Fotografía de José Horna
Sebastião Salgado
“LIKE”. Eduardo Nave
Fotografía de José Horna
"Lemoniz", Mikel Alonso
"Homenaje a Federico García Lorca" Marisa Gutierrez Cabriada
"El mal del país" José Blanco
Cientificos-Volcán
La Palma 2021
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
Inmigrantes rescatados por salvamento marítimo
“JAZZ for TWO”, José Horna
Sueños Rotos
República del Alto Karabakh —Artsakh—, 06/10/2020
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
“JAZZ for TWO”, José Horna
Txema García
Zutik dirauena
Shushi (Karabakh Garaiko errepublika —Artsakh—, 2020/10/08)
Sebastião Salgado
Porteadoras
Debekatutako armak
Shushi (Karabakh Garaiko errepublika —Artsakh—, 2020/19/08).
Txema García
“LIKE”. Eduardo Nave
Txema García
Metro de París
Jose Horna.
Abrazo. Luna a Abdou
Playa del Tarajal, Ceuta
Txema García
"El origen del mundo" José Blanco
"Homenage a Marcel Proust" Marisa Gutierrez Cabriada
Bonill, Ecuador
Txema García
Sebastião Salgado
Encaramado a la valla de Ceuta
Antonio Sempere
Eugenia Nobati, Argentina
Alfredo Sabat, Argentina
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
Canción de París
Jose Horna.
Refugiados sirios: Mujer cocinando
Sebastião Salgado

Autores