Clara Murguialday. (Galde 09, invierno 2015).

El TTIP es más que un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Perfilado como “un proyecto de redistribución a gran escala que hará más rica a la riqueza” ¹, su objetivo real es eliminar derechos sociales y laborales, desregular normativas medioambientales y privatizar servicios públicos para mayor gloria y ganancia de las empresas transnacionales.

Cuando se analiza cómo el TTIP afectará la vida cotidiana de la gente a ambos lados del océano no suele mencionarse que las mujeres nos vamos a llevar la peor parte de sus consecuencias. Sin embargo, a partir de la experiencia de países latinoamericanos con tratados de libre comercio vigentes desde mediados de los años 90, podemos afirmar que los efectos de las políticas comerciales liberalizadoras agravan las desigualdades entre mujeres y hombres en el acceso y control de los bienes y recursos que proveen bienestar, empezando por el empleo.

Desregular “armonizando a la baja”: Bajo la apariencia de un mercado supranacional sin aranceles comerciales, lo que el TTIP persigue es crear un mercado único en el que se funcione con los más flexibles estándares reguladores de los derechos laborales, sociales o medioambientales, desechando la normativa más protectora en estos campos que, por lo general, siempre ha sido el resultado de movilizaciones sociales.

De esta manera, si se “igualan por abajo” las normativas de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre derechos laborales, se perderá lo avanzado en los países europeos en cuanto a derechos laborales de las mujeres ya que EEUU no ha firmado los Convenios de la OIT relativos a igualdad salarial, protección de la maternidad, apoyo a trabajadoras de hogar o a trabajadoras/es con responsabilidades familiares. También es previsible que aquellas empresas europeas que aceptaron a regañadientes las protecciones laborales en las legislaciones nacionales, aprovechen la coyuntura de las negociaciones comerciales para presionar a los respectivos gobiernos a que retrocedan en este campo ².

Si la desregulación llega a los ámbitos de la seguridad alimentaria se eliminarán las normativas que bloquean la entrada en Europa de alimentos transgénicos, productos cárnicos hormonados o lavados con cloro, lo que pondrá en riesgo no sólo nuestra salud sino nuestro derecho a decidir qué comemos. Además, la entrada de las multinacionales agrarias y ganaderas estadounidenses en los campos europeos afectará a las explotaciones agrícolas familiares y a “los procesos de producción, transformación y distribución nacidos al calor del principio de la soberanía alimentaria por los que apuestan tantas productoras y consumidoras” ³.

Privatizar servicios públicos: El TTIP abrirá a las empresas transnacionales las contrataciones públicas de los servicios públicos de salud, educación, gestión del agua y del transporte, producción y distribución de energía, en línea con las políticas privatizadoras que, junto a los mecanismos de ajuste y austeridad, se han impuesto en los países europeos como fórmula para salir de la crisis económica.

Al tiempo que diversos estudios prevén la pérdida de 2 millones de empleos en EEUU y la UE debido al proceso privatizador, la experiencia latinoamericana nos enseña que cuando se privatizan los servicios públicos lo que se destruye es, sobre todo, empleo de calidad de las mujeres. El empleo público está ampliamente feminizado debido, entre otras razones, a que este sector cumple mejor las leyes de protección del trabajo femenino que el privado, así que la reducción del sector público nos afecta por partida doble a las mujeres: tanto en la cantidad como en la calidad del empleo perdido, con el riesgo de “institucionalizar la precariedad, convertirla en norma y recortar la autonomía económica de las mujeres” ⁴.

Por otra parte, cuando se recortan los servicios públicos somos las mujeres quienes tratamos de minimizar los efectos de los recortes para la salud familiar, la educación infantil o la atención a las personas dependientes, quienes nos hacemos cargo de mantener los niveles de bienestar del hogar sustituyendo con trabajos de cuidado los servicios no recibidos. El resultado es que las políticas privatizadoras refuerzan la división sexual del trabajo que ubica en el hogar la responsabilidad de sostener la vida, al tiempo que fomentan “un conservadurismo moral que tiene el antifeminismo como componente esencial” ⁵.

El TTIP pretende implantar un sistema de arbitraje privado en los conflictos entre empresas y estados que otorga a aquellas el poder de cuestionar las decisiones de estos por pérdidas reales o por previsión de pérdidas futuras para las multinacionales. Como ocurrió en 2013 en Eslovaquia, cuando la empresa holandesa Achmea demandó al gobierno por establecer una cobertura sanitaria universal, es preocupante que este mecanismo pueda echar por tierra determinadas políticas públicas que fomenten la igualdad o la corresponsabilidad familiar, en aras de los beneficios empresariales.

Ante este panorama, las feministas decimos ¡No al TTIP! sin paliativos, porque no hay cláusula de género que arregle la mercantilización de los cuerpos que acarrea este tratado ni es suficiente la denuncia del sesgo androcéntrico de quienes están negociándolo. Incorporadas activamente a las campañas contra el TTIP, vamos más allá de la defensa de lo que ya tenemos para poner en el centro los postulados de la economía feminista, con su exigencia de hacer más equitativas las relaciones de género y su mirada enfocada en el sostenimiento y el cuidado de la vida.

Clara Murguialday es miembro de la Alianza por una Cooperación Feminista Global