Clara Murguialday.

Durante la pasada primavera El Salvador ocupó las primeras planas de los medios nacionales e internacionales debido a que Beatriz, una mujer de 22 años y embarazada de 13 semanas, decidió solicitar al equipo médico del Hospital de Maternidad que le realizara un aborto, tras saber que el feto que gestaba era anencefálico y que ella tenía un alto riesgo de morir si continuaba su embarazo por padecer una grave enfermedad.

Lo que en cualquier país civilizado del mundo –excepto en los 15 que penalizan el aborto en toda circunstancia, 7 de ellos en América Latina y El Caribe- hubiera dado lugar a una sencilla intervención quirúrgica, se convirtió para Beatriz en una tortura continuada durante 14 semanas en las cuales vio peligrar su vida, debido a la demora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en responder a su recurso de amparo para que le fuera realizado el aborto, sin que fuera penalizado el equipo médico que la recomendaba y cuyo dictamen apoyaba también la Ministra de Salud.

La movilización internacional desencadenada por la decisión de Beatriz incluyó el rápido posicionamiento a su favor por parte del sistema de Naciones Unidas en El Salvador y los relatores especiales sobre salud, contra la tortura, la violencia y la discriminación contra las mujeres. También mostraron su apoyo el Grupo parlamentario Interamericano sobre población y desarrollo, diputadas y diputados españoles y alemanes, organizaciones defensoras de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CEJIL) y numerosas organizaciones y redes feministas latinoamericanas y europeas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictó medidas cautelares y la Corte IDH medidas provisionales instando al Estado salvadoreño a que cumpliera sus compromisos de salvaguardar la vida, la salud y los derechos de Beatriz autorizando que le fuera practicado el aborto que ella solicitaba¹.

A nivel nacional, las movilizaciones convocadas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres fueron acompañadas por un fuerte debate mediático entre partidarios y adversarios de que Beatriz viera cumplida su decisión de abortar. Entre los primeros se encontraban, además de las feministas, las autoridades sanitarias y la Comisión Nacional de Bioética, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Ginecología y Obstetricia, el Foro Nacional de Salud, así como varias iglesias y la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Enfrente se posicionaron los sectores conservadores abanderados por la jerarquía de la iglesia católica, las organizaciones que integran la Red Familia –con la fundamentalista Sí a la Vida a la cabeza- y las instancias judiciales encargadas de dictaminar sobre el caso; sus ataques incluyeron la acusación a la Ministra de Salud de mentir sobre el supuesto peligro de muerte de Beatriz y la distribución de hojas en las misas enfatizando que todo el asunto era un “caso emblemático creado por quienes abogan por la despenalización del aborto en el país”².

La batalla duró 14 semanas y finalizó con un parto prematuro provocado en la semana 27 de gestación debido a que nuevas señales indicaban que se agravaría la salud de Beatriz. El equipo médico que le realizó la cesárea oficializó que no se le había practicado un aborto y las fuerzas conservadoras celebraron que la criatura había nacido viva (murió cinco horas después de nacer) y que “sus derechos habían sido respetados durante toda la gestación”; entre tanto, los expertos de Naciones Unidas señalaban que haber obligado a Beatriz a continuar con el embarazo constituyó un trato “cruel, inhumano y degradante”.

Tres meses después del desenlace, Beatriz se recupera de las graves dolencias físicas y emocionales generadas por su embarazo y por la odisea de buscar que se respetara su decisión, en uno de los pocos países del mundo donde el aborto está totalmente prohibido desde que en 1998 se modificaran el Código Penal y la Constitución para hacer desaparecer las causales terapéutica, eugenésica y ética de las circunstancias en las que el aborto estaba permitido hasta esa fecha, lo que ha implicado que 129 mujeres hayan sido procesadas entre 2000 y 2011acusadas de haber abortado, y 26 estén presas con condenas de 12 a 40 años.

Para quienes se movilizan en El Salvador –y en otros lugares del mundo- por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus maternidades, la “batalla por Beatriz” ha dejado dos ganancias incuestionables. La primera ha ocurrido en la arena internacional, donde la confrontación ha sido más fuerte y con resultados más efectivos: instituciones internacionales encabezadas por Naciones Unidas y la CIDH de la OEA, organizaciones defensoras de derechos humanos, parlamentarios de numerosos países, redes feministas y la opinión pública informada, le han dicho claramente al Estado salvadoreño que no es de recibo violentar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, menos aun cuando está en riesgo su salud y sus vidas, ni tener unas leyes que obligan al personal médico a denunciar a toda mujer sospechosa de haber tenido un aborto, ni mantener presas a mujeres, acusadas muchas de ellas de homicidio agravado cuando lo que tuvieron fueron abortos espontáneos o partos prematuros.

Hoy, el Estado salvadoreño está más alejado que nunca de la comunidad internacional que ha firmado compromisos de salvaguarda de los derechos de las mujeres, y no resulta creíble su adhesión al reciente Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe que insta a los estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”³.

La segunda ganancia ha ocurrido a nivel nacional: las actuaciones de los “anti-derechos” instalados en las instituciones estatales , religiosas y sociales conservadoras no han podido evitar que se asiente en la opinión pública la percepción de que no es justo que una mujer joven tenga que pagar con su vida por las ideas religiosas de quienes consideran el aborto un asesinato, que no son compasivas unas leyes que obligan a las mujeres a continuar su gestación a sabiendas de que la criatura es inviable, o que no es de buenos cristianos anteponer los derechos de los no-nacidos a los de las mujeres.

A pesar del silencio inexplicable de algunas instituciones estatales -ni el Instituto de la Mujer (ISDEMU) ni ninguna diputada o diputado del FMLN se posicionaron sobre el caso⁴– y de que algunas iglesias matizaron que “no se pronunciaban a favor del aborto como tal, sino a favor del proceso que los médicos del Hospital de Maternidad habían recomendado”, la movilización de la opinión pública a favor del derecho de Beatriz a vivir han hecho que el aborto terapéutico y eugenésico tenga hoy mayor aceptación en amplios sectores de la sociedad salvadoreña, especialmente entre los y las jóvenes que han debatido en las aulas el dilema enfrentado por Beatriz y se han posicionado mayoritariamente a su lado. Todo ello ha contribuido a que las concepciones penalizadoras radicales tengan hoy menos aceptación social⁵.

Ahora bien, no puede ignorarse que en la reciente batalla ideológica y mediática, la grave enfermedad de Beatriz y la inviabilidad del feto que gestaba han sido factores claves a la hora de movilizar emociones, generar sentimientos compasivos o solidarios, e incluso para justificar la adopción de medidas consideradas justas por buena parte de la sociedad salvadoreña “sólo en casos de extrema necesidad”. Estas circunstancias han opacado el hecho de que fue Beatriz quién solicitó a sus médicos que le realizaran el aborto y que, por tanto, interrumpir su embarazo significaba reconocerle de manera explícita su derecho a decidir; de ahí que la demora en posicionarse de la Corte Suprema pueda leerse como la maniobra cruel de quienes nunca estuvieron dispuestos a respetar la decisión consciente e informada de Beatriz.

Algunos grupos feministas y agrupaciones ciudadanas por la despenalización del aborto están elaborando una propuesta de ley para presentar a la Asamblea Legislativa para que sea despenalizado el aborto terapéutico y eugenésico; también han manifestado su apoyo a la recomendación del sistema de Naciones Unidas de iniciar un diálogo nacional sobre la legislación del aborto, en vistas a introducir excepciones a la prohibición general en casos de aborto terapéutico y embarazos resultantes de violación o incesto. Estos hechos confirmarían que efectivamente, la “batalla por Beatriz” ha logrado abrir grietas en el muro de la penalización absoluta del aborto.

La interrogante que persiste es si también ha ayudado a sumar voluntades a la causa del aborto entendido “como ampliación de las libertades de las mujeres, como el derecho a decidir y a ejercer la autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas… (porque) nuestros úteros no son bienes nacionales, el Estado no puede decidir y meterse en nuestros cuerpos⁶, como plantean algunas feministas latinoamericanas.

Aunque en el debate mediático apenas afloraron argumentos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin tutelas de médicos, estados o líderes religiosos, sólo futuras confrontaciones permitirán conocer en qué medida la batalla por la vida de Beatriz ha contribuido a que la sociedad y las instituciones salvadoreñas reconozcan este derecho, y a que las organizaciones de mujeres que luchan por el aborto seguro, legal, libre y gratuito tengan mejores argumentos para defenderlo.