Protesta antigubernamental en Quito tras la declaración del presidente Noboa del «estado de emergencia».

Galde 43, Negua 2024 Invierno. Alberto Acosta.-

“Haber estado en un naufragio o en una batalla es algo bello y glorioso;
lo peor es que hubo que estar allí para estar allí.”
Fernando Pessoa

Aunque ya desde hace algunos años atrás se había desdibujado su característica de “isla de paz” en América Latina, Ecuador, al inició de este año sorprendió al mundo por sus elevados niveles de violencia criminal, así como por la declaratoria oficial de un “conflicto interno armado” para combatirla.

Las razones que explican esta compleja coyuntura hay que buscarlas en varios procesos, muchos de ellos interrelacionados. No se puede obviar casa adentroel manejo económico y político, que -directa o indirectamente-contribuyó a sentar las bases para la consolidación de las bandas criminales, menos aún podemos marginar los cambios que se han dado en el negocio transnacional del narcotráfico. Y en la actualidad hay que analizar el impacto de las medidas adoptadas con el pretexto de “la guerra al narcotráfico”.

Antecedentes del estallido criminal

Desde la pandemia, en Ecuador el manejo económicoadoptó una política de extrema austeridad para lograr el equilibrio fiscal, lo que desembocó en una suerte de austericidio. Traigamos a la memoria aquellas imágenes desoladoras, sobre todo de Guayaquil, en las que se veía morir gente en las calles víctimas del Covid-19 por la ausencia de atención médica, mientras el gobierno de Lenín Moreno prefería servir la deuda externa. Como resultado de tanta y tan sostenida austeridad creció la pobreza. En este contexto, los grandes grupos económicosno dejaron de acumular. Y en este entorno la economía no ha recuperadoaún los niveles de la pre-pandemia.

Eso no es todo. Destaquemos el desmantelamiento de la institucionalidad de seguridad, que había dado resultados con la reducción de los índices de homicidios del 2010 al 2017, en el gobierno de Rafael Correa; esta evolución se explica por la reducción de la pobreza hasta el año 2015, gracias al boom petrolero. Su sucesor, que inauguró el ya mencionado austericidio, buscando achicar el tamaño del Estado, eliminó varias instituciones estatales en el ámbito de la seguridad, disminuyendo incluso el presupuesto para estos fines. Esa gestión se agudizó con Guillermo Lasso, que inauguró una política de “mano dura” sin llegar siquiera a controlar las cárceles.

Cabe anotar también el efecto que produjo el populismo penal a través de reformas, que, en el año 2014, aumentaron las penas, inclusive para delitos menores. Esto llenó las cárceles, las que, ante la ausencia de un manejo adecuado,se transformaron en una suerte de “cuartel general” del crimen organizado. Y en todos esos años se registró una suerte de convivencia entre el Estado y las bandas criminales, que fueron copando la institucionalidad estatal: gobierno, justicia, fuerza pública.

En paralelose producían cambios en el negociode la droga.Por la acción de carteles mexicanos y europeos, el paísse integró de lleno en la división del trabajo de la narco-economía regional y mundial. El puerto de Guayaquil se convirtió en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de cocaína a Europa. Además, cambió la forma de pagar los “servicios”: se hizo con droga y ya no con dólares; droga que debió ser monetizada, lo que provocó la masiva ampliación del consumo interno de drogas y la disputa violenta de los mercados internos, a más de los sangrientos enfrentamientos por el control de las rutas internacionales de la droga por parte de los carteles del narcotráfico.

Toda esta compleja conjunción de procesos comenzó a estallar con sucesivas masacres carcelarias. El asesinato de un candidato presidencial en plena campaña electoral en agosto del 2023 fue una clara advertencia de lo que se avecinaba; como complemento brutal de este magnicidio, siete sospechosos del delito fueron posteriormente asesinados en dos cárceles.

Como saldo, Ecuador se ubica a la cabeza de los países con más homicidios por cien mil habitantes en la región.

El narcodólar sostiene la economía ecuatoriana

En este contexto, el narcotráfico y diversas formas del crimen organizado permean toda la economía. El lavado de activos, estimado en unos 3.500 millones de dólares, equivale a un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal. La presencia del crimen en todas sus manifestaciones puede representar incluso valores mucho más altos, de hasta cinco veces superiores o más.

Estos datos deben ser ubicados en una economía dolarizada, que resulta atractiva para todo tipo de negocios ilícitos. Como saldo,los capitales del crimen organizado sostienen tanto la dolarización, como la economía, en un ambiente de complicidades diversas con las élites políticas y empresariales. Irónicamente, otra fuente importante y creciente de financiamiento -con más de 5 mil millones de dólares el año pasado- proviene de las remesas de las personas forzadas a emigrar por el austericidio.

Esta mega presencia del narco-dólardisuelve la posibilidad de distinguir la economía formal de la irregular, que se nutre del negocio más capitalista de todos: un negocio sin regulacioneslaborales, tributarias, medioambientales, antimonopolio. Este negocio se desarrolla según la ley del más fuerte: el libre mercado en su máxima expresión. Además, este negocio se nutre de una demanda internacionalcuyos límites parecen inexistentes.

Para enfrentar este poder gigantesco el gobierno prioriza una salida bélica. Incluso abrela puerta para el retorno de tropas norteamericanas, que ya tuvieron una Base en el puerto de Manta desde el año 1999 al 2009, sin que hayan contribuido a reducir el tráfico de drogas.

Más neoliberalismo y extractivismo para pagar “la guerra”

En estas difíciles circunstancias asoma las demandas económicas de “la guerra”. Para financiarla se sube el IVA -impuesto al valor agregado- y se introducen otros ajustes tributarios. Se propone eliminar los subsidios a los combustibles e inclusive se plantea seguir explotando el petróleo en el Yasuní-ITT, en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas, al tiempo que se amplía más y más la frontera minera. Para conseguir el respaldo de la sociedad, como ha sucedido en otras ocasiones, se recurre al “terrorismo económico”, pues, como pregona el discurso del miedo, si no se adopta ese tipo de medidas, se auguranescenarios colapsistas.

Ilusionarse con la posibilidad de nuevos créditos de los organismos multilaterales, porque el FMI verá con buenos ojos la revisión del IVA y otras medidas de un ajustes interminable, sería dar paso a una fantasía perversa. Sobre todo, porque no habrá cambio de rumbo y también porque esos nuevos créditos vendrán de la mano de nuevas exigencias liberalizadoras y privatizadoras.De hecho, desde el inicio del gobierno de Noboa, se han aprobado leyes que caminan en esa dirección, contando con un amplio respaldo parlamentario.

A la postre, como ha sucedido siempre, serán los pobres y la Naturaleza quienes carguen con todos los costos de ¨la guerra”, sea en términos económicos o de la vida misma.

Las oligarquías anhelan un “Mikele”

El momento que atraviesa Ecuador es en extremo complejo.  La aproximación bélica abre la puerta a varias complicaciones. Militariza a la sociedad con toda su secuela de subyacentes aberraciones. Se fortalecen respuestas que podrán incorporar y hasta confundir varias visiones, como son la militar, la antinarcóticos, la delicuencial, la contrainsurgente, la contraterrorista… Así, se podrá combatir como terroristas a grupos sociales que expresan su descontento con las políticas gubernamentales o a las comunidades que defienden sus territorios de los intereses extractivistas o también a quienes critican este consenso represivo que se está consolidando. Ese es, quién lo duda, el camino en donde afloran y profundizan continuadas violaciones de los Derechos Humanos. Lo que sucede en México y Colombia, bien puede ser un espejo del naufragio permanente al que estaría abocado el Ecuador.

Si no se entiende que es indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente marginada y explotada, reduciendo los enormes niveles de insultante concentración de la riqueza, y si no se respetan los equilibrios ecológicos, no se podrán construir bases sólidas para una genuina seguridad ciudadana. Pero esa conclusión está muy lejos de las apetencias del poder. El presidente Noboa, apoyándose en el respaldo social que ha conseguido por lo pronto con la declaración de “guerra”, convoca a una consulta popular para acelerar el paso neoliberalizador e incluso represor. Y los grupos económicos y políticos dominantes ven llegada la hora para profundizar las estructuras dominantes, exigiendo que Noboa se transforme en un Mikele, una sumatoria de Milei y Bukele.

Esta exacerbada mezcla de políticas represivas y necro-liberales puede descuadrar aún más la situación y puede también transformase en una tenaza queestrangule la frágil institucionalidad democrática.

Quito, 24 de febrero del 2024.

Alberto Acosta.
Economista ecuatoriano. Compañero de luchas de los movimientos sociales. Profesor universitario. Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros.