Comprar, usar, tirar: La UE pone barreras a la obsolescencia programada

Galde 27, negua/2020/invierno. Eider Nafarrate.-

En los últimos meses, en plena transición del equipo Juncker al equipo de Ursula Von der Leyen, la Comisión Europea se lanzó a su particular revolución verde. El pasado 8 de octubre la institución todavía liderada por Claude Juncker aprobó una batería de medidas que buscan favorecer el alargamiento de la vida útil de los electrodomésticos, así como incidir en su impacto sobre la economía doméstica y el medioambiente. Su decisión, si bien no penaliza de manera directa la obsolescencia programada, obligará a los fabricantes a ofrecer recambios de piezas de electrodomésticos hasta diez años después de su compra. Las nuevas medidas, que no afectan a teléfonos móviles ni ordenadores, incluyen por primera vez requisitos de reparabilidad y reciclabilidad para productos como refrigeradores, lavadoras, lavavajillas y televisores. Este paso implica una estrategia de economía circular, y entre sus principales objetivos destacan la reducción del uso de recursos naturales y la baja emisión de carbono a la atmósfera.

Este nuevo movimiento por parte de la Comisión se suma al adoptado el pasado 11 de marzo de 2019 de implementación de nuevas etiquetas de eficiencia energética. Gracias a este paquete de medidas, el órgano europeo estima[1] que estas dos nuevas políticas generarán 167 TWh de ahorro energético anual para 2030. Un dato nada desdeñable teniendo en cuenta que equivale al consumo anual de energía de Dinamarca y que supone, además, una reducción de más de 46 millones de toneladas de CO2. En lo que a consumo de agua se refiere[2] en Bruselas se calcula que con esta nueva normativa se evitará el gasto de 711 millones de metros cúbicos al año en el caso de las lavadoras, y 16 millones de metros cúbicos en el caso de los lavavajillas. Las economías domésticas europeas ahorrarán un promedio de 150 euros anuales. Si bien el acortamiento de la vida útil de los productos favorece la aceleración económica con el ya conocido proceso de “comprar, usar y tirar”, el 77% de los hogares europeos, según una encuesta del Eurobarómetro[3] realizada en 2017, prefieren reparar sus bienes antes que comprar uno nuevo; no obstante, la imposibilidad de sustituir las piezas acaba por obligarles a adquirir un nuevo producto.

De América a Europa

Es preciso matizar que, a pesar de que el concepto de obsolescencia programada está muy relacionado con el siglo XXI por la explosión del uso de aparatos tecnológicos, la técnica de acortamiento de la vida útil de los productos ya se utilizaba el siglo pasado. Dada la creciente venta de bombillas, el 23 de diciembre de 1924 los grandes fabricantes de ese momento -Osram, Philips y General Electric- firmaron en Ginebra lo que entonces fue conocido como el “cártel Phoebus” sentando, según organizaciones expertas como la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (FENISS), las bases de la obsolescencia programada. Lo más reseñable de aquel acuerdo fue el hecho de que los productores acordaron fijar en mil horas la duración de las bombillas, de tal modo que lograban implementar el consumo de sus productos. Sin ese tipo de modificaciones y con los materiales adecuados, productos como las bombillas y las medias Nylon contaban con una vida útil mucho mayor que la actual. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en un local de bomberos en Livermore (California). Allí desde 1901 una bombilla de cuatro vatios ha logrado irradiar luz hasta la fecha.

Aunque el órgano comunitario haya tardado años en adoptar una normativa ligeramente restrictiva con esta estrategia, algunos estados miembro, como Francia o Italia, ya cuentan con experiencias punitivas a este respecto. En el caso del país galo, en 2014 el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre transición energética para el crecimiento verde que sanciona “todas las técnicas que acortan la vida deliberadamente o el posible uso de este producto con el fin de aumentar la tasa de reemplazo. Estas técnicas pueden incluir la introducción voluntaria de un defecto, una debilidad, una terminación programada o prematura de una limitación técnica, la imposibilidad de reparar o incompatibilidad”[4]. Las penas oscilan entre los dos años de prisión y multas de 300.000 euros a todos aquellos fabricantes infractores. Sin embargo, el primer caso de sanción no llegó hasta 2018, cuando la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) multó a las empresas Apple, con diez millones de euros, y Samsung, con cinco millones de euros, por ralentizar sus dispositivos móviles tras inducir a sus consumidores a descargar varias actualizaciones.

Ecodiseño y regulación española

Reducir el impacto medioambiental producido por el modelo de economía lineal se ha convertido en los últimos años en una de las líneas de actuación del Gobierno Vasco. En el último Basque Eco Design Meeting celebrado en 2017, el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, afirmó que más del 50% de las empresas españolas certificadas en ecodiseño, según la Norma ISO 14006, se encuentran afincadas en Euskadi. Como resultado de una apuesta por la economía circular, en Euskadi se fabrican 38 productos con declaración ambiental de producto (EPD) avalada por este sistema internacional. Estos productos van desde el ámbito de la construcción con el modelo baldosa hidráulica con escoria de acero – un modelo similar al que asfalta las calles de Bilbao- fabricada por la empresa vizcaína Prefabricados Vascos hasta electrodomésticos como el armario de extracción de humos o la encimera de laboratorio de Burdinola S. COOP.

Precisamente la obsolescencia programada ha formado parte del programa electoral de uno de las formaciones políticas que ha tomado parte en las últimas elecciones generales en España. Iñigo Errejón, candidato de Más País, recoge dentro de un “acuerdo verde para España” la promesa de fijar «un marco legislativo novedoso que sancione el desarrollo industrial fraudulento a través del acortamiento de la vida útil de los productos, a pesar de existir tecnología para alargarla, la introducción de dificultades artificiosas en la reparación de los mismos o no comercialización de piezas de recambio”.

Entretanto se cierran los acuerdos de gobierno, España en su conjunto no cuenta actualmente con una normativa específica en materia de obsolescencia programada. Se pueden encontrar pinceladas en el artículo 6 del real decreto 110/2015, que insta a los fabricantes a «diseñar y producir sus aparatos de forma que se prolongue en lo posible su vida útil, facilitando entre otras cosas, su reutilización, desmontaje y reparación». Asimismo, en cuestión de reparabilidad de electrodomésticos el real decreto ley 1/2007 de defensa del consumidor y el real decreto 58/1988 (artículos 4.5 y 4.6) recogen que «todos los servicios de asistencia técnica están obligados a dar servicio de piezas de repuesto durante al menos siete años para los componentes funcionales”. De hecho, el único caso de prohibición legislada dentro de España se encuentra en Extremadura gracias a la aprobación del artículo 26 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras.

  1. EuropeanComission. (2019). New rules makehouseholdappliances more sustainable. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5895
  2. Sánchez, Á., & Limón, R. (2019). Los electrodomésticos tendrán que durar más y gastar menos. El País. Retrieved from https://elpais.com/sociedad/2019/10/01/actualidad/1569934089_330571.html
  3. Los eurodiputados quieren medidas que garanticen la durabilidad de los productos | Noticias | Parlamento Europeo. (2017). Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20170629STO78621/los-eurodiputados-quieren-medidas-que-garanticen-la-durabilidad-de-los-productos
  4. Francia lidera la lucha europea contra la obsolescencia programada. (2016). Retrieved from http://feniss.org/francia-lidera-la-lucha-europea-contra-la-obsolescencia-programada/

Categorized | Economía, Política

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