Islas Canarias

Enrique Bethencourt. (Galde 07, verano/2014). El Gobierno del PP hizo pública la decisión de autorizar las prospecciones petrolíferas en Canarias unos días después de las elecciones europeas. Comicios en los que los conservadores perdieron el 43% de los votos en la Comunidad Canaria, porcentaje que se eleva hasta el 49,9 si hacemos referen­cias a las islas orientales, las más sensibilizadas con los sondeos petrolíferos y sus consecuencias. Y, con la inquina que les caracte­riza, la noticia saltó en la víspera del Día de Canarias (30 de Mayo), como un envenenado regalo, de piche ¹ y autoritarismo, de parte de Rajoy, Soria y compañía (petrolera, claro).

Ya sufrimos episodios de chulería por parte de Repsol, como aquella visita de Antonio Brufau en la que mostró un nulo respeto hacia los ciudadanos de las Islas y sus instituciones. Cuando se preguntó qué está pasando en Canarias para que la gente se rebele contra los beneficios del oro negro. Con el error de identificar sus beneficios, los de Repsol, con los de esta Co­munidad y sus habitantes.

En el camino, cierta prensa se volcó con excesos en defen­sa de las prospecciones y algunos aventuraron en titulares has­ta 50.000 empleos, es decir, más que los que Repsol tiene (unos 37.000) en un centenar de prospecciones en todo el mundo. Igual aquí los trabajos se harían de manera artesanal, todo puede ser.

Como he señalado en distintas ocasiones, es legítimo defen­der la conveniencia de llevar a cabo esas prospecciones. Como lo es plantear los posibles beneficios económicos de las mismas. O, como hacen algunos, su inevitabilidad. Pero sin falsear la realidad hasta extremos grotescos.

Apunto algunas reflexiones al respecto:

El petróleo o gas que se extraigan, si hubiera en cantidad y calidad suficiente, no serían ni canario ni español. Serían ex­clusiva propiedad de Repsol, una multinacional con una quinta parte del accionariado español que mañana puede cambiar de manos a inversores chinos, rusos o estadounidenses.

El único objetivo de la multinacional es obtener los máximos beneficios posibles; y no tiene pretensiones altruistas ni obse­siones por mejorar la vida de los ciudadanas-os de Canarias.

Eso sí, la compañía pagaría en Madrid el Impuesto de Sociedades que, como señalan los técnicos de Hacienda, es el chollo para las grandes empresas, que tributan solo por el 3,5% de sus ganancias, casi cinco veces menos que el 16,7% que corres­ponde a las pymes.

El turismo supone un tercio del PIB canario y buena parte del empleo generado en las Islas. La calidad medio­ambiental, y en especial la de las aguas de su litoral, es esen­cial al funcionamiento del mismo; y las extracciones entra­ñan graves riesgos, como hemos visto en otras partes del mundo.

El empleo que generará no será más que el que crean dos o tres hoteles de cinco estrellas. Si el invento funciona, si se dan las condiciones de cantidad y calidad, tiene, ade­más, fecha de caducidad, entre 20 y 25 años.

Asimismo, hay que resaltar las excepcionales condi­ciones -sol, viento, mareas,… – que Canarias tiene para el desarrollo de las energías renovables.

Y, por último, algo muy importante: la democracia. No parece muy razonable tomar una decisión de ese calado (que afecta al medioambiente y al modelo económico del Archipiélago) en contra de la opinión mayoritaria de la ciu­dadanía y de todos los partidos políticos (salvo PP y UPyD), con la oposición del Parlamento y el Gobierno de Canarias, de los cabildos y la totalidad de los ayuntamientos de las islas que, por su cercanía y por depender casi exclusivamen­te del turismo, se encuentran más directamente afectadas.

Por todo ello, el 30 de Mayo se convirtió un Día de Ca­narias de auténtico luto. Y cada vez son más las voces que reclaman que los canarios tengamos derecho a decidir democráticamente, en referéndum, si queremos asumir ese cambio que supondrá la extracción de petróleo y de gas en nuestro modelo de desarrollo económico y en nues­tras vidas.

Lo ha expresado la ciudadanía, con masivas manifesta­ciones en toda Canarias. Lo confirman los sondeos que señalan que el 70% de los canarios rechazan las prospec­ciones. El Gobierno ha propuesto una consulta en próxi­mas fechas, apoyado por la mayoría del Parlamento (tan­to los grupos que apoyan al Ejecutivo, CC y PSOE, como el opositor NC; solo el PP se opuso) y numerosos movimien­tos sociales. Una consulta cuya celebración, con toda pro­babilidad, será impugnada por el PP, alegando que la com­petencia en hidrocarburos es estatal. A algunos les dagrima que los ciudadanos y ciudadanas decidan.