Antipunitivismo feminista para radicalizar la democracia

 

Galde 31, negua/2021/invierno. Laura Macaya Andrés.-

En su análisis de los sistemas penales anglosajones, D. Garland (2005) señala que, desde los años 70 del s. XX, se ha producido un viraje punitivo que ha llevado al progresivo abandono del modelo “penal asistencial,” propio del estado del bienestar, para desarrollar políticas penales cada vez más punitivas basadas en los sistemas de control propios del neoliberalismo. Respecto a España, E. Larrauri (2009) demuestra que se ha seguido esa misma senda de incremento punitivo.

En paralelo, la influencia del feminismo cultural norteamericano y la tendencia generalizada de los movimientos sociales a definirse en base a los agravios y la impotencia, debido a la dificultad de transformar sistemas cada vez más complejos (Brown, W. 2019), propició que una buena parte del feminismo centrara sus principales esfuerzos en el eje de la violencia contra las mujeres (Uría, P. 2009).

Todo ello ha favorecido la instrumentalización de las demandas feministas para justificar un aumento de la respuesta penal, así como la emergencia de un feminismo punitivo, para el que la persecución policial y judicial supone un elemento indispensable para combatir las violencias sexistas.

Desde posturas críticas con esa tendencia, se apunta que el punitivismo no consiste solo en la demanda de más penas, tipificación de nuevos delitos y mayores tasas de encarcelamiento, sino que impregna todas las prácticas sociales e institucionales. Pero el aparato penal dispone de gran capacidad para configurar el resto de instituciones y marcos relacionales, debido a su poder performativo, que, además, responde a los intereses de las clases dominantes, por lo que debe estar en el centro de nuestras intervenciones críticas.

Un feminismo antipunitivista es imprescindible

En primer lugar, cabe apuntar que el aumento del punitivismo no se produce en correlación con los índices de delito (Cid-Larrauri, 2008) y que la principal justificación de la pena -la prevención general o inhibición mediante amenaza de castigo- no se ha demostrado empíricamente eficaz. Es decir, el aumento de la penalidad no ha supuesto cambios significativos en cuanto a, por ejemplo, los índices de violencia contra las mujeres. Ahora bien, desde la criminología crítica se señalan otros fines latentes de la pena, como la construcción de un mal colectivamente reconocido como tal, la transformación de los modelos culturales (Pitch, T. 2009) y la constitución de sujetos útiles y su distribución en dispositivos para su control. Los efectos que estos fines de la pena tienen sobre las poblaciones y su configuración social y económica resultan ser favorables solo para una parte de las mismas, las clases dominantes de los sistemas neoliberales, ya que son sus criterios morales y sus intereses políticos y económicos los que van a servir de criterio para establecer los cambios o continuidades de la cultura punitiva.

Por otro lado, el aumento punitivo refuerza el aparato coactivo estatal, que acaba impactando sobre las mujeres más pobres, vulnerables y transgresoras, ya que como afirma Alessandro Baratta (2004), el funcionamiento de la justicia penal es altamente selectivo y se dirige de forma casi exclusiva contra las clases populares en base a los criterios racistas y clasistas de las sociedades neoliberales.

La regulación penal tiene, además, un efecto disciplinador sobre los sujetos a los que interpela, a los cuales no solo representa, sino que principalmente constituye. Esta interpelación es por una parte difusa, promoviendo determinados valores culturales a la generalidad y, por otra parte, concreta, exigiendo determinadas características a los sujetos que acceden a los sistemas de justicia. Ello se ve en las exigencias dirigidas a las víctimas de violencia de género, y en la reiterada desaprobación y desprotección de las que incumplen los mandatos de la feminidad normativa. Así, al establecer lo que se considera “mal social”, se disciplina a las mujeres en base a los criterios morales y económicos de las clases dominantes. En este sentido, la constitución de un sujeto sexual infantilizado, débil y necesitado de protección, mediante normativas que extienden excesivamente el concepto de violencia sexual y que, por tanto, aumentan la punitividad, refuerza el mito de la sacralización del sexo de las mujeres. Esta sacralización ha sido imprescindible para el sostenimiento de la familia heterosexual monógama, tan necesaria al sistema capitalista, imponiendo a las mujeres la custodia moral de los “irrefrenables” deseos sexuales masculinos que podían resultar desestabilizadores y poner en riesgo la necesaria disciplina obrera y la reproducción de la clase trabajadora.

La criminología crítica ha destacado también que el derecho penal irresponsabiliza a personas y comunidades, al impedirles hacerse cargo de sus propios conflictos y los de su entorno.

Por último, se ha evidenciado que los Estados con mayores índices de redistribución de la riqueza y los derechos, que buscan la universalización de las prestaciones sociales, tienen menores índices de encarcelamiento (E. Larrauri, 2009). Todo parece indicar que, a más inversiones sociales, menos delitos. La resolución penal de los problemas sociales es, pues, una decisión política, que pasa por reducir las prestaciones sociales y los servicios públicos y universales. Además, un sistema de corte social implica la promoción de una cultura más solidaria, mientras que la opción punitiva promueve la lógica de la derrota de un “otro”, perverso y deshumanizado, así como culpable de su propia situación.

El feminismo es una herramienta imprescindible para la transformación social y la radicalización de la democracia. Para ello, requiere constituir a sujetos responsables, libres y autónomos, pero también, sujetos y comunidades dotados de recursos y derechos. La intervención mínima del Derecho Penal es un primer paso. Y el avance requiere una amplia despenalización progresiva, así como una redistribución de recursos públicos que fortalezca y empodere a las comunidades permitiéndoles asumir la gestión de su propia seguridad y prevención.

De este modo, se garantiza la participación política en los contextos constituidos, al tiempo que se refuerzan otras lógicas de participación y práctica política que van más allá de los limitados marcos de las democracias representativas. A menudo, ciertas élites políticas y económicas desprecian la racionalidad y capacidad de intervenir en los asuntos públicos de las clases populares, a lasque tildan de irracionales y desinteresadas. En este sentido, decía J.L. Moreno Pestaña (conferencia en Barcelona, 16-10-2020) que, para que las personas y comunidades puedan hacer análisis racionales de la realidad política, es necesario tratarlas como sujetos capaces de ello. Y eso es precisamente lo que no hace el sistema penal.

Laura Macaya Andrés. Especialista en atención directa y diseño de políticas públicas en violencia de género. Forma parte de Projecte X.

  • Brown, W. (2019) Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía. Madrid. Lengua de Trapo.
  • Cid, J. y Larrauri, E. (2008) Development of crime, social change, mass media, crime policy, sanctioning practice and their impact on prison population rates. Spain. National Report
  • Baratta, A. (2004) Criminología y Sistema Penal (Compilación in memoriam), Buenos Aires. Editorial B de F.
  • Garland, D. (2005) La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona. Gedisa.
  • Larrauri, E. (2009) La economía política del castigo. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2009, num. 11-06, p. 06:1-06:22.
  • Pitch, T (2009) Justicia penal y libertad femenina. En: Nicolás, G. y Bodelón, E. (comps.) Género y dominación. Críticas feministas del derecho y del poder. Barcelona. Anthropos.
  • Uría, P. (2009) El feminismo que no llegó al poder. Trayectoria de un feminismo crítico. Madrid. Talasa.

Categorized | Dossier, Política

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