Javier Villanueva, (Galde 06, primavera/2014).

1. Hay un “problema catalán”. Se expresa, sumariamente resumido, en tres hechos concatenados. Primero, en un malestar por el maltrato a “Cataluña” por parte del Estado español (sentencia humillante del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatut, asfixia fiscal y financiera, desconsideración persistente de la lengua y la identidad catalana, amenazas de ”residualización” del autogobierno…) y por la incomprensión de ello que se percibe en el resto de España. Segundo, y a causa de ese malestar, en que una buena parte de su población ha concluido que la permanencia de Cataluña en España es una rémora y ha pasado a ver la independencia como conveniente y necesaria para poder vivir sin trabas, plenamente. Tercero, en la demanda de un referéndum que legitime la voluntad de tener un Estado propio e independiente en Europa como lo son Dinamarca, Holanda, etc., demanda que es evidentemente un problema para el Estado español y para el resto de España así como dentro de Cataluña para quienes no sintonizan con sus fines y fundamentos ni por su lógica soberanista-secesionista ni por sus previsibles consecuencias. Y además, también se expresa mediante la reclamación de su legitimidad: por los apoyos institucionales, políticos y sociales con que cuenta; porque denuncia la España uniforme y prepotente; y porque defiende bienes y valores que muchos catalanes sienten menospreciados.

2. Hay asimismo un “problema español”. La demanda secesionista catalana se da en el contexto, la España de hoy, de una crisis múltiple, de manera que en parte es una de sus consecuencias y en parte la agrava aún más. La económica está golpeando duramente a todo el territorio (incluida Cataluña) y no se sabe ni cuándo remitirá ni qué cicatrices va a dejar en forma de modificaciones profundas de las condiciones de vida y expectativas de la mayor parte de la sociedad; el impresionante ascenso de la opción independentista en Cataluña es una de sus consecuencias más evidentes. Hay una crisis política: de credibilidad y legitimidad de las instituciones constitucionales (partidos políticos, sindicatos, monarquía parlamentaria, tribunal constitucional, poder judicial), de importantes leyes básicas (como la electoral o la de educación), de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública… Está en crisis la organización política territorial del Estado autonómico (el Título VIII de la Constitución que lo regula, los pactos políticos que lo han desarrollado, la doctrina del Tribunal Constitucional que ha dirimido los conflictos en su funcionamiento), cuestionada desde ángulos antagónicos (desde los nacionalismos periféricos y desde las demandas de “reforzar el Estado y la soberanía nacional del pueblo español”) y también por sus insuficiencias, deficiencias y disfunciones. Está en crisis no sólo la idea misma de España, cómo se concibe, su identidad comunitaria o societaria, esto es, su proyecto común, sino también cual es su territorio y sus fronteras y cuáles son sus ciudadanos. El hecho de que una parte de la tripulación pretenda “desconectarse” de España y abandonar el barco ahora, en medio de esta crisis múltiple, es un problema añadido, ético y estético.

3. La incapacidad de los dos “soberanismos” para conciliar sus querencias es otro problema más. El “soberanismo catalán” que lidera el president Artur Mas sostiene el raca-raca de su compromiso de convocar la consulta para decidir el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre. Y el “soberanismo español” liderado por Rajoy replica con el raca-raca de que él está obligado a cumplir la ley y que esa consulta no se va a celebrar por tanto. Según Mas le toca mover ficha a Rajoy y según éste es Mas quien debe hacer el movimiento. La razón de este inmovilismo es la decisión de unos de concentrar su estrategia en la convocatoria de una consulta no amparada por la legalidad constitucional, pese a saber que será impugnada por el Gobierno y denegada por el Tribunal Constitucional, y la decisión antagonista de los otros de limitarse a argüir su ilegalidad y a advertir de su imposible celebración.

Esto es así, por voluntad de ambos, porque coinciden en el cálculo de que ese juego va bien a sus propósitos: a unos para aumentar la desconexión de Cataluña, a otros para mantener la conexión legal-constitucional existente. Pero también ocurre porque es funcional para sus pretensiones electorales. Se había especulado sobre la posibilidad de que las elecciones europeas del pasado 25 de mayo alteraran el campo de juego establecido. Sin embargo, pese a que no les ha ido bien, han concluido que les conviene jugárselo todo en la confrontación electoral del 2015 (municipales en mayo y generales en noviembre) y en las autonómicas previstas para el 2016 (que Mas podría anticipar). Al concluir este ciclo ––en cuyos resultados influirá de una forma u otra el desenlace del referéndum de Escocia o lo que pase el día 9 de noviembre ante la desautorización de la consulta o en las reacciones posteriores que puedan generarse tras su no celebración––  se establecerá una nueva correlación de fuerzas y echarán cuentas de si se ven obligados o no a hacer alguna oferta y con qué contenidos y plazos.

4. El apalancamiento de Rajoy ante las reclamaciones secesionistas de “Cataluña” es también un problema, y un claro déficit en su balance gobernante, pues no permite reconsiderarlas desde una perspectiva democrática más dialógica.

Por su naturaleza y contenido, la demanda soberanista-independentista catalana es como la que se ha dado ya dos veces en Québec-Canadá y resultó rechazada en los referéndum de 1980 y 1995, o la que se va a dirimir en el referéndum del próximo 18 de septiembre sobre la independencia de Escocia respecto al Reino Unido. En tales casos, ni Canadá ni el Reino Unido se han apalancado única y exclusivamente en defender el principio de legalidad del sistema democrático frente a la pretensión de secesión, sino que han ido más allá. Han considerado que la democracia no puede permanecer indiferente ante la reclamación secesionista de una parte de la población y que les obliga a tratar de armonizar la legitimidad de esa demanda y la del conjunto del país. Esto es, que obliga a abrir un proceso para explorar la consistencia de esa demanda, y, si el resultado es favorable a la misma, a abrir unas negociaciones para explorar la posibilidad de una secesión basada en el mutuo acuerdo y de una reforma constitucional que le de paso.

Así que la posición de Rajoy está quedando malparada en el plano internacional tras su comparación inevitable con las experiencias de Canadá y el Reino Unido. Y en lo que hace al plano interno, el profesor Rubio Llorente ya demostró en sendos artículos que la Constitución actual permite afrontar la demanda secesionista catalana desde un camino basado inicialmente en el referéndum consultivo del artículo 92 y por qué ni a unos ni a otros les ha interesado nada su sugerencia. En la cual, por cierto, sostenía y desarrollaba una interpretación de los principios constitucionales similar a la de la Corte Suprema del Canadá en su dictamen de 1998.

5. La demanda de “irse” y la discusión de cómo “quedarse” son situaciones de diferente naturaleza, que exigen respuestas y remedios diferentes. Sin embargo, aquí y ahora, se mezclan de forma a veces confusa a veces deliberadamente ambas cosas, pues el amago de “irse” es el recurso al que nunca van a renunciar los nacionalismos periféricos cuyo potencial demográfico-electoral es minoritario. Lo cual es comprensible, pero suma otro problema más, y no menor, por la distorsión y el barullo que añade a un asunto ya de por sí complicado como la armonización de diferentes concepciones, sentimientos y preocupaciones. La discusión de cómo quedarse exige otra perspectiva. Su alfa y omega es la convicción de que es mejor para todos empeñarse en compartir un proyecto común, desde el respeto y el reconocimiento mutuo.