Galde 43, Negua 2024 Invierno. Charo Brinquis.-
Las políticas agrarias, desde la “revolución verde”, han venido poniendo el énfasis en el aumento de la producción agrícola y la contención de los precios del mercado mundial de alimentos de origen vegetal y animal. Estas políticas han logrado implantar en todas las continentes innovaciones tecnológicas en agricultura, ganadería y acuicultura, que han hecho posible alcanzar los objetivos buscados de volumen de producción y abaratamiento en el comercio de alimentos.
A pesar de lo anterior, no se ha logrado erradicar el hambre y la malnutrición. Por otro lado, en los sectores de población con acceso a los alimentos, se ha generalizado una dieta desequilibrada, que provoca graves problemas de salud.
El crecimiento de la población mundial y la creación de riqueza a través de la agricultura sirven de argumento para mantener políticas de apoyo a la intensificación agrícola, basadas principalmente en el regadío presurizado y automatizado, el uso de variedades de cultivo de alto rendimiento (incluso transgénicas), y los correspondientes fertilizantes, pesticidas y herbicidas facilitados por la agroindustria. La guerra de Ucrania ha reforzado estos argumentos.
Los problemas ambientales y las tensiones sociales generados por el modelo agrícola actual son múltiples y muy profundos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe sobre agricultura y alimentación de 2023, incide en el cálculo de los auténticos costes del modelo, procurando hacer visibles los costes ocultos de los impactos sobre el medio ambiente, la salud y los modos de vida, de modo que éstos puedan ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
En lo que se refiere al agua, la agricultura es de largo la actividad humana con mayor consumo. En España, se barajan cifras de entre el 80% y el 90% del consumo total.
Según el Informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), los ecosistemas de agua dulce son los más amenazados y con mayor pérdida de biodiversidad del planeta. Las prácticas agrícolas insostenibles, ampliamente subvencionadas y que gozan de varias formas de apoyo institucional, son una causa principal de la sobre-explotación y contaminación de las aguas.
El suministro de agua potable a la población se dificulta, encarece, y resulta más vulnerable de manera generalizada por la contaminación de las fuentes de agua tradicionales cercanas a las localidades, debiéndose acudir a infraestructuras que explotan cabeceras fluviales lejanas.
El estudio “La protección de las fuentes de abastecimiento doméstico del agua en España”, de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) en colaboración con la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), estudia 21 casos de afecciones al abastecimiento por un deterioro debido a la pérdida de calidad de las aguas o a la disminución del agua disponible, mostrando en la mayoría de los casos que el origen de las presiones es la actividad agraria.
En Navarra y Álava existen varias masas de agua afectadas por contaminación por nitratos de origen agrario, y varias poblaciones han tenido que cambiar sus fuentes de suministro. La contaminación por nitratos y otras sustancias en los acuíferos es un problema de larguísima duración que legaremos a las generaciones venideras.
El cambio climático viene a agudizar estos impactos con la disminución de los recursos disponibles de agua y el aumento de la evapotranspiración de los cultivos y flora silvestre. El conflicto por el control y aprovechamiento de este recurso decreciente aumenta. Los sindicatos de regantes y los grupos de presión de constructoras y empresas del agua reclaman más embalses, más trasvases, más agua subvencionada.
La cobertura mediática de los problemas causados es insuficiente, y se centra en unos pocos casos como el Mar Menor, Doñana, Tablas de Daimiel. En redes sociales y ciertos medios de prensa proliferan todo tipo de informaciones sesgadas y bulos muy bien dirigidos a crear una opinión desinformada.
En Navarra, la antigua promesa de agua subvencionada de Itoiz/Canal de Navarra desde el Pirineo navarro a los regantes de la otra orilla del Ebro, sigue su curso inexorable, aumentando con ello la demanda de agua de riego y de fondos públicos para las empresas concesionarias del agua de riego. Todo ello a pesar de los pobres resultados de las fases precedentes, en que se dedica la mayor parte de las superficies regadas a la producción de forrajes, que consumen una enorme cantidad de agua, y no producen un gran valor añadido ni crean empleo suficiente para justificar las fuertes inversiones realizadas y el impacto ambiental soportado.
El Plan Hidrológico del Ebro sigue incluyendo como principales medidas ambientales destinadas a combatir la escasez de agua y la contaminación difusa agrícola los proyectos públicos de modernización de regadíos, cuando está ampliamente demostrado que estas modernizaciones van seguidas de una intensificación del cultivo que aumenta el consumo real de agua y empeora el problema de la contaminación difusa.
Frente a estas políticas públicas fuertemente ancladas en intereses económicos privados que externalizan inmensos costes ambientales y sociales invocando el mantra del aumento de producción y la creación de riqueza, surgen propuestas para cambiar radicalmente el enfoque, poniendo el énfasis en otros conceptos y el centro en otros objetivos.
Los conceptos de seguridad alimentaria (“todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” definición de FAO en 2006), soberanía alimentaria (concepto basado en los siguientes principios: alimentos para los pueblos, puesta en valor de los productores, producción y control local, promoción del conocimiento y las habilidades, compatibilidad con la naturaleza), y derecho a la alimentación se entrelazan entre sí, priorizando el acceso a los alimentos y, en consecuencia, las políticas que de ahí se derivan.
El fomento de una dieta más saludable y equilibrada, con un menor contenido en carne y ovolácteos procedentes de la ganadería industrial, tiene un gran potencial para aliviar los impactos ambientales y los costes de salud debidos a una dieta inadecuada. El sistema agroalimentario actual está muy desequilibrado por el excesivo peso de la producción industrial ganadera. En España el 88% de las tierras de cultivo de cereales, que son la mayoría, se dedican a consumo animal. Los alimentos procedentes de la ganadería industrial son los que más subvenciones, más impactos y más costes externalizados acumulan.
La planificación y gestión del agua en la agricultura se centra tradicionalmente en una visión ingenieril en la que sólo se tiene en cuenta el agua de riego (agua azul) obviando la enorme importancia del agua de lluvia (agua verde) en la producción de alimentos. Se deberían potenciar los cultivos cuyos ciclos de crecimiento coincidieran con las épocas de lluvia requiriendo así menos riegos, y cuidar los suelos para que tuvieran mayor capacidad de retener la humedad. En cuanto al cuidado de las cuencas, el mantenimiento de la ganadería extensiva evita la matorralización de los pastos tradicionales de montaña, previniendo así un aumento en el consumo vegetal del agua de lluvia, lo que la convierte en un valioso aliado para preservar escorrentías que incrementan los caudales disponibles aguas abajo.
La agricultura tiene ese enorme potencial de producir alimentos sanos, capturar carbono, crear paisajes vivos, participar en los ciclos naturales y cobijar un tejido rural de valor social y cultural, que ha sido elogiado desde la antigüedad. Y más si se incorporan los conocimientos actuales. Cuidemos la agricultura, a los campesinos, y el acceso a los alimentos por encima de los espejismos de la productividad a toda costa.
Charo Brinquis
Agente medioambiental y social de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
