Tras su ratificación, el 27 de mayo pasado, por parte del Consejo de Asuntos Generalesya está en marcha el plan de rearme anunciado unas semanas antes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En dicho Consejo se aprobó la creación de un fondo dotado con 150.000 millones de euros para dedicar al capítulo de defensa en los próximos cuatro años. De este modo, mediante la emisión de deuda conjunta respaldada por la Unión Europea, comienza a tomar cuerpo el proceso para hacer frente a la amenaza rusa y a los desplantes y exigencias estadounidenses, con vistas a una autonomía estratégica que todavía queda lejana.
De ese modo el fondo de Acción de Seguridad Para Europa (SAFE, en sus siglas en inglés) pondrá a disposición de los miembros de la UE créditos blandos a devolver en 45 años, con diez años de carencia para la devolución del principal.En contra de la propuesta que en su día planteó España, no habrá subvenciones a fondo perdido, sino únicamente créditos que computarán en la deuda de cada uno de los países que utilicen esta vía de financiación.
Se espera que su activación permita incrementar de manera rápida y significativa la inversión en defensa, permitiendo al mismo tiempo que aumente tanto la cooperación entre los países participantes -debe haber al menos dos países implicados en cada operación-, como la capacidad productiva del sector industrial de la defensa-incluyendo una cláusula de preferencia comunitaria que exige que dichos créditos solo puedan emplearse para adquirir material fabricado por empresas con sede en algún país de la UE y que al menos un 65% de su contenido sea fabricado en esos países. El fondo se abre también a Ucrania y a los países con los que la UE ha establecido una Asociación de Seguridad y Defensa -Noruega, Moldavia, Corea del Sur, Japón, Albania, Macedonia del Norte y Reino Unido-.
Si se cumple lo anunciado por Von der Leyen, la activación de SAFE no es más que el principio de un largo proceso que contempla otras líneas de acción financiadas por presupuestos nacionales (hasta un total estimado de 650.000 millones de euros); todo ello mediatizado de manera muy directa por lo acordado en la reciente Cumbre dela OTAN, con un nuevo marco presupuestario que previsiblemente fija un calendario de siete años para alcanzar el 5% del PIB de cada uno de los 32 miembros de la Alianza Atlántica dedicado a la defensa, con un primer tramo del 3,5% por los conceptos que actualmente se consideran formalmente gasto en defensa y otro 1,5% dedicado a infraestructuras de interés para la defensa.
Estos datos definen una dinámica que parece no solo imparable, sino incluso necesaria. Así es al menos cómo lo entienden los responsables comunitarios y la práctica totalidad de los gobiernos nacionales, con posturas que apenas varían entre los que ponen por delante la necesidad de independizarse de Estados Unidos y los que defienden que es la única manera de hacer frente a la amenaza de Rusia. Sea como sea, la experiencia acumulada enseña que son ya muchas las ocasiones en las que los Veintisiete han proclamado su intención de dotarse de suficientes medios militares para poder defender sus propios intereses sin tener que subordinarse a ningún actor externo, y son también muchas las veces que el nivel de ambición comunitario se ha quedado por debajo de esa reiteradamente proclamada autonomía estratégica.
De hecho, once años después de la anexión rusa de Crimea, ocho desde que Angela Merkel declaró que EEUU no era un socio fiable y más de tres desde la invasión rusa de Ucrania, ni la Estrategia Global (2016) ni la Brújula Estratégica (2022) han logrado satisfacer las expectativas creadas. Eso no quiere decir, evidentemente, que no se hayan producido algunos avances con el objetivo de evitar que la autonomía estratégica termine por ser un sueño roto. Pero ante los dos retos ahora renovados vuelve a quedar claro que para superarlos es imprescindible salirse drásticamente del carril en el que hasta ahora se ha desarrollado la política exterior, de seguridad y defensa de la Unión. Un carril que establece un proceso de toma de decisiones lastrado por la regla de la unanimidad, lo que como mínimo ralentiza y debilita cualquier propuesta desde su arranque.
Aunque en lugar de Rearme 2030 el plan haya sido ahora rebautizado como Plan Preparación 2030, es innegable su apuesta militarista. Todo hace pensar que en la mente de sus promotores está la idea de que el camino para garantizar la seguridad de los Veintisiete y para reequilibrar el orden de seguridad continental está únicamente empedrado con armas y con presupuestos para dotarse de ellas, convencidos equivocadamente de que más armas significa automáticamente más seguridad. Una idea que no solo deja fuera al resto de los componentes no militares de la seguridad, sino que nos hace ver la distancia que queda por recorrer para que esos medios militares (muchos o pocos) estén sometidos e integrados en una estructura de mando y control de naturaleza esencialmente civil. En la UE no existe esa estructura; de ahí que, sin cuestionar la necesidad de contar con medios militares de disuasión y de último recurso para defender nuestros legítimos intereses sin depender de otros, lo mínimo que cabe reclamar es que ese esfuerzo en el ámbito militar vaya acompañado de otro para dotarnos de los mecanismos políticos que nos permitan tener una voz común en el escenario internacional. En esencia, es operar como un solo Estado. Y de eso no hay nada en el plan actual.
Por otra parte, dado que el grueso del esfuerzo anunciado se asigna a los gobiernos nacionales, a la espera de que decidan aprovechar el relajamiento acordado de las reglas fiscales y las facilidades adicionales del BEI, no cabe dar por hecho que todos se van a activar al mismo nivel ni que, como resultado, la UE resulte más fuerte y capaz. Resulta evidente, como nos demuestra la situación actual tras variados e incumplidos Planes de Desarrollo de Capacidades, que esa vía lleva a una absurda duplicidad en ciertos ámbitos, sin que se logre cubrir las necesidades comunes que tantas veces se han ya identificado. La suma de las capacidades de cada uno de los ejércitos nacionales no da como resultado la fortaleza del conjunto y solo la mutualización del coste serviría para cubrir cuanto antes las carencias actuales y para orientar el trabajo a realizar con vistas a reducir el grado de dependencia industrial de suministradores externos (es decir, de EEUU).
A eso se añade que, enfrentados a la difícil tarea de atender necesidades infinitas con recursos finitos, lo que los Veintisiete hagan en el capítulo militar terminará por desembocar inevitablemente en la desatención de otros componentes del gasto público. Son demasiadas ya las ocasiones en las que se opta por primar las demandas de la seguridad del Estado -garantizar la integridad territorial y defender las fronteras exteriores frente a amenazas externas-, como si las políticas públicas centradas en la satisfacción de las necesidades básicas de la población no fuesen igual de relevantes para mantener la paz social y, por tanto, la seguridad bien entendida. La crisis económica (2008) y la pandemia (2020), junto a los efectos de una globalización desigual que está dejando a muchos atrás, ha vuelto a plantear la necesidad de complementar ese enfoque con el de la seguridad humana. Un paradigma que entiende que tan importante es la defensa frente a enemigos externos, como el bienestar social, político y económico del conjunto de la ciudadanía.
Por último, es obvio que la ansiada autonomía estratégica resulta inalcanzable en el plazo de los cuatro años mencionados por Von der Leyen; lo que supone asumir que la dependencia de Washington va a seguir siendo inevitable. Pero es que, aunque milagrosamente se alineara la voluntad de los Veintisiete para dotarse de los medios necesarios para responder a cualquier nivel de amenaza que pueda plantear Rusia o cualquier otro actor, es bien sabido que no existe una industria de defensa europea capaz de atender el grueso de las necesidades que puedan plantear sus ejércitos.
