Colombia es el único país de América Latina donde una guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundada hace sesenta y un años, mantiene tenazmente su lucha contra el Estado ejerciendo la violencia sistemática en su acción política.

Al ELN perteneció el sacerdote español Manuel Pérez -«comandante Poliarco»- quien lo comandó entre 1978 y 1998. El cura Pérez también formó parte de la comandancia de la «Coordinadora guerrillera Simón Bolívar», constituida a fines de los 80 para unificar acciones de guerra y para negociar la paz. En su creación participaron las principales guerrillas del país: el Movimiento 19 de abril (M-19), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el ELN.

La firma del primer acuerdo de paz se produjo en 1990, entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Fue pionero en Colombia -y el primero firmado entre un Estado y una guerrilla en Latinoamérica en la época contemporánea- y contribuyó decisivamente al proceso constituyente de Colombia en 1991, desencadenando la firma de nuevos acuerdos con otras guerrillas, como el EPL. Las FARC y el ELN se mantuvieron al margen y no participaron en la elaboración de la nueva Constitución. Las FARC, finalmente, firmarían la paz con el presidente Santos en 2017.

Sin embargo, con el ELN, todas las negociaciones han fracasado. Lo intentaron los presidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Durante el gobierno de Duque, quien ya era poco proclive a la negociación, el ELN atentó con un carro bomba contra la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá en enero de 2019, dejando 23 muertos. Cualquier posible acuerdo quedó sepultado.

Ahora es el turno de Petro, quien llegó decidido a superar todas las violencias organizadas. Partía de un planteamiento correcto: la paz ampliaría la precaria democracia colombiana y permitiría lograr unas condiciones de vida dignas para toda la nación, incluyendo las regiones más excluidas. Ahora bien, a ese planteamiento le faltó el empuje suficiente como para lograr una transformación real en los territorios más olvidados, aquellos donde el ELN opera. En un país tan desigual como Colombia, la paz es una condición para el desarrollo, pero el coste de retrasar ese esfuerzo transformador mientras ésta se negocia, es muy elevado.

Y llegamos a la situación actual. Los combates librados en la región del Catatumbo entre el ELN y el «Frente 33», unas disidencias de las FARC que les disputaban parte del territorio, provocaron nada menos que 106 muertos y 55 mil desplazados. Petro acusó al ELN de cometer crímenes de lesa humanidad, lo tildó de narcotraficante y dio por finalizadas las negociaciones. Ahora, la distancia entre Petro y el ELN es tan grande que el Gobierno ha decidido retomar los bombardeos, los que había suspendido el propio Petro por sus efectos sobre la población civil. Así que, aunque en su toma de posesión se había propuesto conseguir la «paz total», esa paz se está mostrando muy escurridiza.

Hay que resaltar que el ELN goza de muy mala imagen y que la inmensa mayoría de la sociedad está en contra de su acción. Sus métodos de lucha, además de emboscadas al ejército, han incluído el secuestro de miles de civiles -que se liberan a cambio de rescates-, cientos de voladuras de oleoductos, secuestro de aviones y siembras de minas antipersona, por no hablar del reclutamiento forzado de niños. No será fácil borrar de la memoria la «masacre de Machuca», ocurrida en Antioquia en 1998, cuando la voladura de un oleoducto produjo un incendio que acabó con la vida de 84 personas; o el secuestro de docenas de personas que atendían un oficio religioso en la Iglesia La María, en el Valle del Cauca, al año siguiente.

Con estos antecedentes, quienes hayan seguido los enésimos intentos de llegar a un acuerdo de paz entre los sucesivos gobiernos colombianos y el ELN concluirán que es misión imposible y que la causa es la nula voluntad negociadora de la guerrilla. Sin embargo, si se analizan a fondo las complejidades de la situación, también cabe concluir que es mejor retomar las negociaciones. Por supuesto, existen enormes retos y son numerosos los factores a considerar. Véanse algunos:

El primero es la presencia del ELN en unos doscientos veinte municipios de los mil doscientos que conforman el conjunto de Colombia, una presencia que se apoya en más de seis mil combatientes y en un discurso de cambio social. En zonas como Catatumbo y Arauca, fronterizas con Venezuela, la presencia del ELN es determinante y mayor que la del propio Estado. El ELN dispone además de infraestructuras de apoyo en las grandes ciudades y también en Venezuela. Las relaciones entre la guerrilla y ese país son estrechas, antiguas y, además de políticas, económicas.

Otro factor a tener en cuenta son los recursos económicos de que el ELN dispone. Provienen de secuestros, extorsiones y del cobro de «impuestos» al cultivo y tráfico de coca y a las ganancias de la minería ilegal -oro, diamantes, coltán- en «sus» territorios. También, de los acuerdos con Venezuela para explotar y gestionar parte de sus recursos mineros. En fin, un factor desincentivador más para la paz lo constituyen los posibles riesgos de atentado que correrían los miembros de la guerrilla si dejan las armas, lo que no ha sido infrecuente entre los desmovilizados de otras organizaciones.

Ahora bien, ¿pesan tanto estos factores como para impedir una voluntad de paz en el ELN? En Colombia hay miradas que así lo ven y que reclaman su derrota o, al menos, su debilitamiento para doblegar a su dirigencia. Y, si bien es posible que los mencionados factores pesen en algún dirigente instalado cómodamente en Venezuela, haciéndole rechazar la paz, la mayoría de los alzados sin duda elegirían dejar de una vez las armas, integrarse con garantías en la vida civil y gozar de oportunidades formativas y de empleo.

Seguir las voces que cuestionan el camino de la negociación tal vez llevaría a expulsar al ELN de algunos territorios -lo que ya ha sucedido en el pasado-, pero su derrota por las armas parece harto difícil. La guerrilla ha mostrado en todo momento su capacidad de mantenerse activa, política y militarmente, con su discurso en pro de la justicia social. Además, apostar por la derrota dificulta trazar una ruta alternativa para resolver el conflicto.

Así que, a la pregunta de si debe insistirse en la salida negociada, hay que responder que sí, que es mejor opción, y que debería ser posible si se hace una lectura adecuada de la acción política del ELN y de sus planteamientos.

Vayamos, pues, a sus demandas. El ELN considera de plena vigencia el «Manifiesto de Simacota» que lanzó al país el 7 de enero de 1965, una declaración que apuntaba a las causas de fondo de las pugnas: las enormes desigualdades, la pobreza, la concentración de la propiedad de la tierra, la confrontación Este-Oeste… Denunciaba allí la «violencia reaccionaria desatada por los diversos gobiernos», a su aliado el «imperialismo», y defendía la lucha revolucionaria como único camino.

En la actualidad, aunque el ELN ya no pretenda «liberar» a toda Colombia a través de una revolución, no parece renunciar a un cambio profundo, al menos en los territorios que controla. Y, para un acuerdo de paz, defiende la necesidad de una amplia participación de la sociedad civil en el proceso y la concreción de una agenda de transformaciones sociales. Así que, si se quiere avanzar en el diálogo con el ELN, tener en cuenta a cabalidad esas demandas parece una condición esencial y, además, nada descabellada.

Todo lo anterior nos lleva a las siguientes reflexiones. La primera, la participación de la sociedad civil en la confección de propuestas relativas a la mejora de las condiciones de vida de la población, en paralelo a las negociaciones de paz, es una condición sine qua non para el ELN. Los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC ya recogían la necesidad de políticas públicas solventes en salud, educación, medioambiente, trabajo… y la de corregir las enormes desigualdades territoriales, pero los incumplimientos han sido considerables. Como expresó Ruiz Massieu, representante especial de la ONU para Colombia: «Si el acuerdo se hubiera implementado de manera más profunda en los últimos ocho años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en el Catatumbo o el Cauca». Así que, en el proceso de diálogo con el ELN, se tendrían que abordar el cumplimiento de los incumplimientos.

Segunda, un reto de igual calado lo constituye la desigualdad histórica en la distribución de la tierra, lo que requiere profundizar en la reforma agraria para facilitar el acceso a la propiedad de los campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Tercera, un escenario de paz permitiría avanzar en la autonomía política y administrativa de los territorios y contemplar gobiernos descentralizados en los que el ELN podría participar desde la legalidad. La estructura de los estados federales (EEUU, Alemania, Brasil…) o de España, con sus comunidades autónomas, podrían servir de inspiración para los diálogos de paz.

Y cuarta, no menos importante: el ELN debería mostrar su voluntad de paz. Facilitar un alto el fuego pactado sería la mejor señal, y el compromiso de abandonar los secuestros como arma de guerra sería una gran noticia.

En Colombia se han producido avances notables hacia la paz. El hecho de que miles de desmovilizados participen en la vida política, económica y social del país, permite otear la «paz total» que propugna el presidente Petro. Los planes de su Gobierno para el Catatumbo recogidos en un «Pacto Social» para su transformación, son necesarios, pero hay que concretarlos. La paz lo permitiría, y permitiría que la sociedad exija esos cumplimientos. La paz beneficiaría al conjunto de la sociedad, harta de tantas violencias y, sobre todo, a quienes padecen los conflictos en las tierras que habitan. Y la paz favorecería al ELN, pues le permitiría trabajar por las transformaciones sociales desde la legalidad de las instituciones democráticas. Guerrilla y gobierno le deben al pueblo colombiano los esfuerzos necesarios para firmarla. Petro ha dicho que no ha cerrado las puertas a la negociación. Confiemos en que el ELN tampoco.