Barranco de Chiva.
Galde 49. Uda 2025 Verano. Julen Rekondo.-
La DANA de Valencia cambió la vida a muchísimas personas, con 228 víctimas hasta el momento y con grandes impactos de todo tipo. Muchas y muchos deseamos que sea un punto de inflexión para cambiarlo todo. Que se convierta en el desencadenante de un proceso que revise normativas y leyes, economía, derechos humanos, infraestructuras y un sinfín de cosas más.
El evento extremo de la DANA del 29 de octubre de 2024 se explica por una combinación de factores interrelacionados, pero lo más grave es que se han repetido frecuentemente en los últimos siglos y en un escenario de cambio climático que se prevé que será todavía más frecuente, intenso y extenso. Las precipitaciones extremas fueron uno de los principales desencadenantes. Lluvias torrenciales de hasta 800 litros por metro cuadrado en solo 4 horas provocaron crecidas rápidas y devastadoras, saturación del suelo y acumulaciones de agua de hasta 6 metros en zonas previamente secas.
No hay muchas dudas de que la DANA que sufrieron cinco comarcas valencianas el 29 de octubre está estrechamente vinculada al calentamiento global. La organización científica World Weather Attribution, que se dedica a calificar qué parte de un fenómeno meteorológico extremo está vinculada al cambio climático, contabilizó que las lluvias de octubre fueron «un 12% más intensas» debido al calentamiento global.
A todo esto, habría que decir que tuvieron lugar importantes fallos en las alertas tempranas y en la planificación preventiva. En muchas zonas, la información no llegó a toda la población hasta las ocho de la tarde, cuando las precipitaciones más críticas ya habían pasado. La emisión de estas alarmas con al menos un día de antelación habría permitido tomar decisiones preventivas más claras, como la suspensión de clases en escuelas, universidades y centros de formación; la parada de actividades en empresas e industrias; la adaptación del transporte público; el refugio en zonas más altas; evacuar residencias de personas mayores; y la recomendación de evitar vehículos privados. La falta de planes preventivos integrados dejó a la población sin claridad sobre cómo actuar, lo que agravó el impacto del evento.
Zonas inundables. Hemos visto en primer plano la ocupación de zonas inundables con viviendas, equipamientos e infraestructuras de todo tipo que se han permitido construir a pesar de que poco a poco nos hemos ido dotando de normativas que, en teoría, prohibían la ocupación de espacios en esos lugares de peligrosidad. Todo ello debido a que el suelo es una cuestión fundamental para el sector privado y actores públicos que han visto en este elemento del medio natural un espacio de transformación acelerada y de enriquecimiento rápido por encima de las limitaciones que pudiera presentar.
Y, para colmo de los colmos, la unidad valenciana de emergencias fue desarticulada por el nuevo Gobierno autonómico presidido por Carlos Mazón. Todas y todos, valencianas o no, hemos sacralizado la economía por encima del bienestar, la salud y la seguridad de las personas. Y hemos recibido un duro mensaje sobre las consecuencias de anteponer el PIB, a los derechos de las personas. Algo muy importante en el nuevo clima en que vivimos, en que no acabamos de creérnoslo.
Según datos publicados en elDiario.es, hay en la actualidad 385.000 viviendas en zonas de altísimo riesgo de inundación en España. Todo esto avala la idea de que el cauce público, y el espacio fluvial que lo envuelve, ha sido objeto de un nulo respeto por parte de la promoción inmobiliaria y de escasa vigilancia por parte de la gestión pública de estas áreas.
Tras el fatídico 29 de octubre de 2024, todos los actores políticos y sociales hablan de reconstrucción. Ahora bien, según de quien se trate, la palabra puede significar una cosa u otra. ¿De qué hablamos cuando pronunciamos la palabra reconstrucción?
El pasado 28 de abril se presentó L´Acord Social Valencià (*) por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), que se formaron espontáneamente en los municipios de la DANA, las Asociaciones de Víctimas, sindicatos de trabajadores y movimientos sociales, con una declaración rotunda “contra la negligencia política, la incompetencia institucional y la desprotección de las víctimas”.
Lo que propugna el Acuerdo Social Valenciano se basa en tres ideas: que la mayor parte de la ciudadanía afectada esté implicada en los procesos de deliberación y decisión, que el resultado sea un modelo que ponga a las personas y su relación con el entorno en el centro, y que plante cara a un gobierno negacionista del cambio climático y de extrema derecha, como es el del pacto de Carlos Mazón con Vox.
Variados frentes. La recuperación sostenible tras la DANA debe tener en cuenta variados frentes para dotarse de resiliencia, sostenibilidad y bienestar para las comunidades afectadas y conseguir una región más preparada, equitativa y adaptada a los nuevos desafíos.
A estos niveles es fundamental y urgente implementar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, integrando las llamadas soluciones basadas en la naturaleza (NBS), como la recuperación de los espacios de inundación, la permeabilización de suelos, los sistemas de drenaje sostenible (SUDS), etcétera; sistemas de gobernanza para la gestión del riesgo (seguros, planes municipales, formación y participación ciudadana,…..); y también experiencias muy próximas al desalojo del espacio fluvial, como la creación de un parque inundable en el Clariano a su paso por Ontinyent después de las inundaciones de 2019.
En este sentido, lo que se llama `retirada estratégica´, recogida en el estudio ‘El caso del retiro climático estratégico y gestionado’ elaborado por un grupo de investigadores encabezados por la profesora de la Universidad de Harvard A. R. Siders y publicado en la revista ‘Science’, hay que comenzar a hacerlo. Aboga porque las poblaciones se retiren de las áreas cercanas al río que fueron ocupadas de manera irreflexiva con el boom inmobiliario. De esta forma, se insta a las comunidades y gobiernos “a reconceptualizar el retiro como parte del conjunto de herramientas utilizadas para lograr los objetivos sociales deseados y el bienestar de las comunidades.
La planificación urbanística es una cuestión muy importante. En esto hay que incluir la revisión y actualización de los planes urbanísticos para incorporar mapas de riesgo, y restringir las construcciones en zonas inundables y fomentar la creación de corredores ecológicos que reduzcan la presión del agua en áreas vulnerables.
En el campo energético, se debe fomentar las comunidades energéticas y el autoabastecimiento que permita a la ciudadanía generar y compartir energía limpia mediante paneles solares y otras infraestructuras. El transporte público debe ser una prioridad en la recuperación -hay más de 100.000 coches afectados-, y eso supondrá una menor dependencia del vehículo privado.
También hay que señalar la gran importancia del fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, que habrá que revisar a la luz de cómo van evolucionando las cuestiones climáticas, así como mejorar la educación social de la población general en gestión del riesgo desde la prevención (por ejemplo, no edificar ni comprar viviendas en zonas inundables), a saber actuar en situaciones de riesgo, evitando, entre otras conductas, que muchas personas sigan considerando el vehículo privado como un espacio seguro, cuando es una máquina que puede dejarte atrapado y que, además, flota.
La reconstrucción, aunque también hay que hablar de deconstrucción, no debe centrarse solo en la reparación de daños, sino también en convertir esta catástrofe en una oportunidad para transformar el País Valencià en un modelo que implique desarrollar sistemas que puedan mantener sus funciones esenciales a largo plazo, con la capacidad suficiente de adaptarse y creando un presente y un futuro más justo y preparado para las generaciones futuras.
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
