(Galde 25, uda/2019/verano). Peio Aierbe.-
Hoy, ser menor en Europa sin referentes familiares y viniendo de otros países, es una situación de riesgo. En España se encuentran en esa situación un número muy importante de menores que no está suficientemente protegido por quien tiene la responsabilidad, las Administraciones Públicas. Hablamos de los conocidos con el acrónimo de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados), un término inicialmente descriptivo y que ha acabado estigmatizándolos. Cuando decimos MENAS se nos activa un mecanismo que va a hacer que todo lo que se diga de ellos y de ellas lo interpretemos en clave de excepcionalidad. Porque, en definitiva, no son “nuestros” menores.
Dice Javier de Lucas que el trato que dispensamos a los menores que llegan a nuestros países, civilizados, es la “prueba del nueve” de nuestra calidad como sociedades decentes. Pues bien, cuando pasamos el dedo por ese cristal nos queda impregnado de todo tipo de impurezas.
Chaval, es mejor que te vayas
Las condiciones en que son tratados cuando ingresan en un centro de menores, en particular en su primera fase, son interpretadas como un mensaje de que aquí no son bienvenidos. Así no es extraño el alto número de ellos que abandonan dichas instalaciones. Para Save The Children una prueba del fallo del sistema de acogida es la cantidad de menores que prefiere eludir la protección. En las últimas cifras sobre personas desaparecidas denunciadas en comisaría, de las 9.737 denuncias activas sobre menores desaparecidos, al menos 5.084 corresponden a fugados de centros de acogida que, en su mayoría, proceden de Marruecos.
Ante esa situación, la movilidad de estos menores por los países de la Unión Europea es muy alta. Movilidad que aumenta su vulnerabilidad. Y es que la perversión en el tratamiento de las migraciones como amenaza ha alcanzado a los menores. Quienes deciden las políticas migratorias, quieren obviar la extrema vulnerabilidad de estos menores y no tutelarlos como corresponde a los derechos que les reconocen las leyes para, en vez de ello, tratarlos como inmigrantes a quienes también, de una u otra forma, hay que expulsar a sus países de origen.
Ya la Directiva de Retorno de la Unión Europea, principal texto europeo aplicable al encierro de personas extranjeras permite, en su artículo 17, el encierro de menores no acompañados aunque le añada la inevitable coletilla “como última medida y por el período apropiado lo más breve posible”. Aunque no hay cifras oficiales al respecto es una práctica no inhabitual de muchos de los países de la Unión Europea.
Como muestra, un botón. En junio de 2018, y ante la presencia de un elevado número de menores marroquíes desestructurados y protagonistas de hechos delictivos, los ministerios del Interior de Francia y de Marruecos firmaban un acuerdo para que 4 policías marroquíes se desplazaran a París con el fin de “interrogar a los menores no acompañados marroquíes y recoger las informaciones que permitan impulsar las investigaciones de cara a su identificación y a su retorno a Marruecos”. Se trata de menores que en su trayecto desde Marruecos han sido víctimas de violencias diversas y presentan problemas de toxicomanía y de prostitución. En lugar de intervenir con los recursos necesarios para sacar a estos jóvenes de una situación pavorosa, se opta por buscar la manera de enviarlos de vuelta a Marruecos donde, ya se sabe, disponen de muchos más medios y voluntad para ello. El 26 de septiembre de 2018 el Comité de ministros del Consejo de Europa adoptó una resolución donde señalaba que Francia violaba la Carta Social Europea debido a “carencias puestas de manifiesto en el dispositivo nacional de acogida, evaluación y orientación de menores no acompañados”, y a “la inseguridad jurídica en el acceso a un recurso efectivo de menores extranjeros no acompañados”.
El Servicio Jesuita a Migrantes, acaba de hacer público su informe 2018 sobre la situación en los Centros de Internamiento. Tras realizar 807 entrevistas en cinco de los ocho Centros de Internamiento identificó 93 casos de menores encerrados, 42 de ellos solo en Barcelona. El ministerio de Interior, por su parte, admitió la cifra de 89 menores encerrados en CIE en 2018.
Estigmatización
Estos jóvenes sufren una estigmatización que les marcará fuertemente en su recorrido migratorio. A ello contribuye, entre otros, un tratamiento mediático que pone el acento en el “problema” que supone para las Administraciones, y menos a lo injusto de la insuficiencia de medios puestos en pie. En el último año hemos vuelto a los titulares sensacionalistas: “avalancha de `menas`”, “cifras históricas” “saturación de menas” “recursos desbordados”…
Vemos surgir brotes de xenofobia en algunas localidades, en Catalunya en particular, en donde se han ubicado edificios en los que colocarles sin otra perspectiva que su almacenamiento. Están siendo munición aprovechada por VOX en Andalucía para colocar su mensaje racista. Se reclama desde las Comunidades Autónomas en las que hay un mayor número (Andalucía, Catalunya, País Vasco, Madrid, Ceuta y Melilla) “un reparto de ellos y de ellas” como si fueran mercancía al margen de sus deseos.
Ellas, menos visibles pero más vulnerables
Save The Children en su reciente informe sobre la situación de menores no acompañados en España afirma que “los riesgos durante los trayectos migratorios son mayores en el caso de las niñas y las jóvenes, por lo que muchas se quedan atrapadas como víctimas de redes criminales en los países de tránsito, una situación a la que, en ocasiones, también se ven sometidas una vez llegan a España”. “En el caso de los niños hay sueños, aspiraciones. En el caso de las niñas, huyen del maltrato, de los abusos y de los matrimonios forzosos. Huyen de la violencia”.
También en España, en los últimos meses, asistimos a un peligro aún mayor. El intento de hacer realidad un viejo plan: olvidarse de los derechos que como menores les asisten, considerarlos como migrantes económicos y llegar a acuerdos con sus países de origen, Marruecos en particular, para que acepten su expulsión.
Se trata de reactivar el acuerdo bilateral entre España y Marruecos para el retorno de menores marroquíes, firmado en 2007 y en vigor desde 2013. Tras la firma de dicho acuerdo, el gobierno español y las Comunidades Autónomas invirtieron millones en la creación de centros en Marruecos. La Junta de Andalucía habilitó 17 centros en el norte de Marruecos. El resultado fue un sonoro fracaso. Y es que, por una parte, no existe un sistema de protección en Marruecos. Por otra, la mayoría de menores huyen de situaciones de pobreza, desamparo y violencia, por lo que su objetivo no es ingresar en un centro sino abrirse camino en Europa de cara a salir adelante y, en muchos casos, para ayudar a sus familias.
Tal y como indicaba en enero de este año eldiario.es, ya a comienzos de este siglo, la práctica de expulsiones, habitual en Ceuta y Melilla bajo el eufemismo de “reintegración familiar”, arrojaba cifras significativas de su fracaso. La Consejería de Bienestar Social de Melilla informaba, en enero de 2002, que el 72,2% de lo que denominaba “repatriaciones y reintegraciones familiares” había fracasado pues los menores habían regresado a la ciudad autónoma. Por su parte Human Rights Watch, en un informe de 2002, citando a PRODEIN, indicaba que entre julio de 2001 y febrero de 2002 hubo al menos 70 repatriaciones de menores en la ciudad.
El gobierno del PSOE está en ello, en particular desde octubre pasado, con un ministro del interior, Grande Marlasca, que ha entablado una intensa negociación al respecto con las autoridades marroquíes. El líder del PP, Pablo Casado, lo viene reclamando y anunció en enero, desde Melilla una próxima iniciativa al respecto. Los Gobiernos de Ceuta y Melilla exigen lo mismo alegando estar desbordados. La financiación europea, alemana en concreto, se ha sumado a los planes de construir en Marruecos centros de menores que blanqueen su expulsión.
En el caso del PSOE se afirma que se haría respetando “el interés superior del menor” protegido por la ley. Pero se obvia lo evidente, que si están en nuestro país es porque huyen de una situación de riesgo en la que no tienen futuro, ni en su país ni en su entorno familiar, motivos que sí son admitidos para acoger y tutelar a “nuestros” menores pero que los rechazamos en estos casos. Está claro que, de expulsarlos, volverían a iniciar nuevamente un trayecto de vuelta en el que no pocos de ellos y de ellas encuentran la muerte o pasan todo tipo de penalidades.
Y, en esa perspectiva, la llegada en el último año de un número muy importante de estos menores, que no encuentran por parte de las autoridades que los tutelan una acogida acorde a sus derechos y necesidades, está preparando en la opinión pública el terreno para que acabe aceptándose la perspectiva de la expulsión, por más que, hoy por hoy, el marco de derechos que les asiste será una herramienta muy potente que usarán sin descanso las entidades sociales que trabajan en defensa de sus derechos. Un ejemplo de ello fue la sentencia obtenida en 2008, por el abogado Nacho de la Mata, de la Fundación Raíces, en la que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de estos menores a defenderse judicialmente, una sentencia que marcó un punto de inflexión en las expulsiones.
Esta situación de desprotección de los menores ocasiona, además, que según van llegando a la mayoría de edad, y dejan de estar tutelados, al no haber suficientes recursos para emprender una vida autónoma, sumado a que, en no pocas ocasiones, no son documentados por la institución que los tutela, su situación se agrave ya que las restricciones que les impone la ley de extranjería y la mirada prejuiciada y excluyente que encuentran de manera generalizada en la sociedad, les sitúa a la mayoría en riesgo de exclusión. Así, acaban engrosando las filas de esos jóvenes, compatriotas muchos de ellos, que tienen que salir adelante viviendo y durmiendo en la calle ante la inexistencia de recursos suficientes desde las Administraciones que lo eviten. La reciente intervención policial en Donostia, en un edificio abandonado por sus propietarios y ocupado desde hace meses por estos colectivos ha sacado a la luz esa dura situación en la que malviven cientos de jóvenes y que enfrentan ese mirar hacia otro lado que practican las instituciones y la mayoría de la sociedad.
