(Galde 01, invierno/2013). Los dos factores estructurales que subyacen a la crisis.

Restricción salarial y financiarización de la economía.

Tras experimentar un crecimiento sostenido, aunque desequilibrado, la economía mundial se ha adentrado en una gran crisis a partir de 2007. Ha afectado principalmente a los países desarrollados y su epicentro se halla ahora en la eurozona, siendo la economía española una de las más afectadas. La crisis es estructural. No es un mero cambio de ciclo, aunque oculta también una crisis más clásica de insuficiencia de demanda solvente en los países centrales del capitalismo. La crisis de las subprimes ha evidenciado la gran fragilidad del modelo de acumulación precrisis.

La crisis ha provenido de los excesos de un sistema financiero globalizado, que se ha ido autonomizando crecientemente respecto de la economía real, y señala los límites del endeudamiento privado como respuesta parcial y contradictoria a la fuerte restricción de los salarios reales que se viene imponiendo desde los años ochenta, una vez ganan espacio las teorías de la oferta respecto de una regulación económica más equilibrada de inspiración keynesiana. Hasta mediados de los años ochenta, debido al «compromiso fordista», las ratios deuda total/PIB (sectores privados y público) tendía a ser estable porque «la economía no necesitaba deuda para crecer regularmente puesto que unas reglas colectivas garantizaban una progresión regular de los salarios y un reparto equitativo entre asalariados y accionistas» ¹ Sin embargo, tras la revolución neoliberal impulsada por Reagan y Thatcher, a la que se han sumado casi todos los gobiernos con independencia de su «color» político, se han quebrado las bases de dicho «compromiso fordista». Los salarios reales han tendido a estancarse o decrecer y han sido recortados los impuestos a las rentas más altas, lo que ha tenido como contrapartida que los gobiernos de los países desarrollados hayan tenido que endeudarse para cubrir gastos y se ha acudido al endeudamiento privado para compensar la moderación de los salarios reales y sostener la demanda interna. Se necesitaba amortiguar los efectos económicamente más destructivos de las crecientes desigualdades fomentando el endeudamiento de los hogares y a partir de los noventa se acelera el proceso de transferencia de renta de los asalariados hacia los mercados financieros, proceso que influye negativamente en la capacidad de recaudación fiscal del Estado. Esta mayor tolerancia hacia las desigualdades abría las puertas a la posibilidad de una crisis financiera y económica, aspectos indisociables vista la creciente financiarización de la economía. Los bancos han incrementado en unas proporciones descomunales el endeudamiento de sus deudores, hasta debilitar su propio balance.

«La exigencia de rentabilidad del capital sin relación con la tasa de crecimiento efectiva solo puede acarrear una redistribución en detrimento de los hogares más pobres, cuyas rentas provienen únicamente, o casi, del trabajo. Esta redistribución tiene efectos negativos sobre la demanda agregada que sólo puede ser sostenida mediante el juego combinado de un endeudamiento creciente de estos hogares e importaciones masivas de productos con bajo precio provenientes de los países emergentes. El carácter difícilmente sostenible de este crecimiento sólo podía desembocar en una crisis financiera de tamaño mayor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mecanismos creados para alcanzar los objetivos de rentabilidad financiera» ²

El endeudamiento generalizado de los agentes privados, favorecido por un efecto riqueza financiera ficticio, que permitía acceder a nuevas fuentes de crédito, era pues la contrapartida, en un entorno de bajos tipos de interés, a la institucionalización de una política salarial regresiva y al estar bancarizada esa deuda privada ello desemboca en una crisis mayor.

Asimismo, el relato actual de la crisis tiende a minimizar el papel predominante desempeñado por las instituciones financieras en su desarrollo y dicha crisis es reinterpretada con el objetivo de imponer unas recetas de salida a la misma contraproducentes desde el punto de vista económico y lesivas para los derechos laborales y sociales. El estallido de la crisis financiera en EEUU fue el desencadenante de la crisis europea. Se difunde a escala internacional la crisis de un modelo de crecimiento centrado en el poder omnímodo de unas finanzas cada vez más especulativas. Así, cuando estalló la crisis, el valor teórico de los productos financieros estructurados y derivados de crédito de diversa índole excedía en muchas veces el valor de los activos reales. Las instituciones financieras habían creado una pirámide de productos cada vez más esotéricos y alejados del activo de referencia. Boyer apunta ³ que en el régimen de crecimiento posterior a la II Guerra Mundial, la financiación de la economía dependía ante todo de un crédito bancario enmarcado por los poderes públicos. Pero el creciente auge de la «finanza de mercado» ha hecho que las finanzas han devenido hegemónicas, se han autonomizado y han dejado de estar controladas por la colectividad. Las sociedades quedaban bajo la hegemonía de las finanzas. Tres hechos principales han impulsado el desarrollo de dicho capitalismo financiero desde los años noventa: la desregulación de los sistemas financieros nacionales, la globalización financiera con incorporación de nuevos países a los flujos de movimientos de capitales, y la multiplicación de innovaciones y productos financieros radicales. Pero, al pasar de un modelo de desarrollo nacional, de base industrial, impulsado y regulado por el Estado, a un modelo estructurado a escala mundial en torno al capital financiero ⁴ , se ha producido un debilitamiento de los controles políticos y sociales de la economía, la cual pasa a ser sujeta a crisis más frecuentes. En realidad nada muy novedoso. Keynes ya adujó al nihilismo de los mercados de capitales que, privados de regulación, «convierten el empleo y el bienestar en un simple efecto secundario de la actividad de un casino».

Las incertidumbres en torno a la continuidad de un crecimiento sostenible no provienen pues del excesivo intervencionismo estatal como argumentan los liberales sino de su insuficiencia. De hecho, como señala Rodrik ⁵ , «la desregulación y la búsqueda de la hiperglobalización han permitido que se cree un enorme abismo entre el ámbito de los mercados financieros y el alcance de su gobernanza». Los Estados aligeraron sus exigencias de supervisión prudencial de las entidades financieras y cedieron protagonismo a unos mercados que tenderían a la autorregulación. Así, los Estados iban a permitir, al calor de las subprimes y de las titulizaciones (alcanzan todo tipo de activo aunque los más relevantes han sido los créditos hipotecarios) llevadas a cabo por las instituciones financieras ⁶ , que unos productos financieros cada vez más sofisticados y complejos fueran colocados fuera del balance de las entidades de depósito, creándose un verdadero «sistema financiero en la sombra», que escaparía totalmente al poder regulador del Estado y cuyos efectos desestabilizadores iban a resultar destructivos para la economía, las finanzas públicas, los derechos laborales y la pervivencia del Estado de bienestar. Estas titulizaciones iban a gozar además de la nota máxima distribuida con generosidad por las varias agencias de calificación. Así, los bancos e instituciones financieras iban a minimizar el capital propio y trabajar con un elevado nivel de apalancamiento. Su vulnerabilidad actual deriva de estas prácticas arriesgadas y compromete la estabilidad de las finanzas públicas creándose un círculo vicioso difícil de romper entre deuda bancaria y deuda pública. La crisis de la deuda soberana, que proviene en gran parte de la inyección de cuantiosas ayudas públicas para aportar una solución a las crisis bancarias, se acaba trasladando al balance de las principales entidades financieras que son la principal fuente de financiación de los déficits públicos. Los bancos son los principales tenedores de la deuda pública ya que ésta es considerada como el activo más seguro, y no consume capital según las normas de Basilea, que representa las recomendaciones que deben tenerse en cuenta en materia de supervisión y regulación bancaria. Obviamente, si se produce una reestructuración o una quita de la deuda pública, las instituciones financieras pueden experimentar grandes pérdidas. El balance de dichas instituciones financieras se ve también dañado por la pérdida de valor de muchas deudas que, día tras día, se produce en los mercados secundarios. Como apuntan Berges, Manzano y Valero ⁷ , se ha llegado a una situación en Europa donde «la «credibilidad» de los Estados descansa en gran medida sobre la estabilidad de sus sistemas bancarios, pero a su vez estos son altamente vulnerables a las potenciales pérdidas a incurrir en sus tenencias de deuda pública».

Al ser considerada la estabilidad financiera como un bien público, los Estados, apoyados por el BCE que ha tenido que trascender, pese a sus reticencias y a los errores cometidos en los tiempos de la política monetaria, los límites de los tratados y acudir a «medidas no convencionales», han tenido que intervenir de forma masiva para que retorne la estabilidad al sistema financiero. La crisis actual es una crisis de un capitalismo financiero desregulado y no, como pretenden hacernos creer los poderes económicos, los gobernantes y sus turiferarios académicos, una crisis del Estado del bienestar.

En cuanto a la nueva «buena gobernanza» liberal, la misma es entendida como europeización de la política conservadora alemana. Las reglas restrictivas en el ámbito presupuestario, salarial, laboral y social que se imponen a los Estados más débiles van destinadas a satisfacer las exigencias contradictorias de los mercados financieros (reclaman duros ajustes pero los necesitan también que las economías se reencuentren con el crecimiento) y conllevan una reducción del papel de Estado como regulador de la economía. La política económica debería así adecuarse a las exigencias impuestas por los mercados financieros. Así, el Presidente del BCE declaraba en una entrevista publicada el 29 de octubre de 2012 en el semanario «Der Spiegel«: «Muchos gobiernos todavía deben darse cuenta de que perdieron su soberanía nacional hace mucho tiempo. Debido a que en el pasado han permitido que su deuda se acumule, ahora dependen de la buena voluntad de los mercados financieros».

La nueva gobernanza económica se asimila cada vez más a un gobierno de los mercados. El desequilibrio entre las exigencias de los mercados, que han aprovechado su posición de fuerza para desestabilizar el mercado de los bonos de la zona euro, y el cuestionamiento de la fuerza reguladora de los Estados, tanto en el ámbito nacional como internacional, puede ser identificado como el principal desafío al que se enfrentan el crecimiento equilibrado y el mantenimiento de los principios democráticos en la acción colectiva.

Al ser incapaces los gobiernos europeos de liberarse del diktat de los mercados financieros, han acordado entregarse a la «razón» económica de las potencias acreedoras que priman la estrategia de la deflación salarial interna radical. Obviamente, si todos los países aplican la misma estrategia restrictiva en materia de gasto público y salarial, se refuerza la dimensión recesiva que dimana de este tipo de ajuste, tanto más cuanto que los diversos agentes privados han de hacer frente a un importante esfuerzo de desapalancamiento y el paro es ascendente en Europa ⁸

La combinación de reducción de salarios y destrucción de empleo incrementa los riesgos que implica por sí misma toda «devaluación interna»: la caída excesiva del consumo interno y mayor dificultad de los afectados para hacer frente al peso de las deudas contraídas. El recorrido de esta estrategia competitiva es limitado y nada favorecedor de la necesaria reactivación de la demanda interna y de la cohesión social. Además, ahora, los efectos negativos de la crisis de crecimiento no podrán ser contrarrestados mediante el retorno a una economía del endeudamiento y el sector público tiene difícil, e imposible en muchos casos, asumir el papel de palanca del crecimiento. En estas circunstancias, la crisis actual acentúa los límites estructurales y las contradicciones del régimen de acumulación precrisis.