(Galde 20 – invierno/2018). Colectivo Mugalariak.
¿Qué papel ha venido jugando el empresariado catalán a lo largo del procés? Cuando en los días 4 y 5 de octubre de 2017 empresas como Oryzon, La Caixa o el Banco Sabadell acordaron el traslado de su sede social fuera de Cataluña, todo el mundo entendió que los poderes económicos habían decidido dar un puñetazo sobre la mesa. El día 6, al término de la manifestación anti-independentista convocada por Societat Civil Catalana, Josep Borrell espetó aquello de “¿Porqué no lo habéis dicho antes?”, o lo que es lo mismo ¿porqué habéis dejado que las cosas llegaran hasta aquí? Era sin duda una acusación velada hacia el supuestamente bajo perfil político que el empresariado catalán había venido jugando durante los años de gestación y desarrollo del procés. Ahora bien, ¿Es eso cierto? ¿Ha estado callado el empresariado catalán a lo largo de los últimos años? Más aún ¿puede hablarse de un empresariado catalán? ¿Cuál ha sido la posición adoptada por los sectores económicos más influyentes en Cataluña?
Si nos atenemos a los hechos transcurridos desde que, en 2012 -una vez fracasado el “pacto fiscal”- el Govern entonces presidido por Artur Mas anunció la necesidad de una profunda reflexión y dio los primeros pasos del procés, lo cierto es que el empresariado catalán ha venido dando numerosas muestras de sus posicionamientos -diversos aunque con algunos elementos comunes- respecto del futuro de Cataluña. Ciertamente, salvo algunas excepciones -como el editor Jose Manuel Lara, que anunció ya en 2012 su marcha de Cataluña si se tomaba el camino de la independencia-, la mayoría del empresariado eludió las amenazas o las declaraciones estridentes, pero de ahí no puede colegirse, en modo alguno, una posición de indiferencia, desinterés, o neutralidad. Al revés, pocas veces se habrá podido observar en ámbitos empresariales un movimiento tan intenso de personas, plataformas, asociaciones y lobbies como el vivido durante el procés catalán. En todo caso, conviene señalar que, a la hora de examinar el comportamiento del empresariado y las posiciones adoptadas por el mismo a lo largo del procés, es necesario diferenciar entre las organizaciones patronales representativas, ya establecidas o consolidadas (como Foment del Treball, CECOT o PIMEC), y aquellas otras asociaciones creadas en los últimos años como lobbies de presión a favor o en contra del procés, como el Cercle Catalá de Negocis, Creiem en Catalunya, ó Empresaris de Catalunya.
“Es necesario diferenciar entre el papel jugado por organizaciones patronales representativas, y otras asociaciones creadas como lobbies de presión a favor o en contra del procés”
Empezaremos señalando el papel desempeñado por la gran patronal, Foment del Treball, y los empresarios más importantes de Cataluña, los cuales han mantenido durante todos estos años una posición inequívocamente contraria al procés aunque tratando de evitar declaraciones altisonantes frente al mismo. Con algunas excepciones –como la ya mencionada de Jose Manuel Lara- la mayoría de los grandes empresarios o banqueros catalanes prefirió, durante algún tiempo, expresar en privado sus puntos de vista contrarios al soberanismo, dejando para sus apariciones públicas las declaraciones a favor del diálogo, de la estabilidad política y social, y en defensa de la legalidad como principio de actuación. Lara fue siempre más lejos al señalar que tenía “bastante información para saber y creer absolutamente que la independencia es imposible, y que lo saben todos», así como que “en Europa, además, no se va a consentir» la secesión de Cataluña.
Pese a su posición contraria al procés, distintos sectores políticos y mediáticos de Madrid no vieron con buenos ojos este bajo perfil público adoptado por la gran patronal catalana y por la mayoría de los principales empresarios. Así, algunos medios de prensa señalaban en febrero de 2015 que “el Gobierno lleva tiempo persiguiendo a los empresarios más sobresalientes de Cataluña para pedirles que se posicionen con toda claridad y públicamente contra el desafío secesionista de Artur Mas”. Según la información publicada por algunos medios en aquellas fechas, frente a dichas presiones, distintos empresarios catalanes manifestaron su “incomodidad” y varios de ellos, como los banqueros Isidro Fainé (CaixaBank) y Josep Oliu (Banco Sabadell), dijeron entonces que no estaban dispuestos a asumir los riesgos que supondría para sus empresas un posicionamiento claro sobre el tema, sobre todo por las consecuencias que podría tener para su negocio “dentro y fuera de Cataluña”.
Sin embargo, en los dos últimos años la gran patronal catalana adoptó ya un perfil público mucho más marcado, insistiendo en la defensa de la legalidad y su crítica rotunda de la unilateralidad, lo que no ha sido obstáculo para plantear algunas iniciativas políticas destinadas a buscar soluciones intermedias entre la posición del gobierno español y la de los sectores soberanistas. En relación con lo primero, la Comisión Jurídica de Foment del Treball redactó el pasado julio de 2017 un documento en el que apuntaba que el proyecto de ley del Referéndum no debería llegar a presentarse en el Parlament ya que “supondría de hecho un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles”. En cuanto a lo segundo, la búsqueda de fórmulas de acuerdo e intermediación tuvo su última expresión en la propuesta presentada pocos días antes del 1-O, en la que se defendía un nuevo estatus para Catalunya dentro del estado español, basado en el reconocimiento de su identidad, un pacto fiscal, más inversiones del Estado, y vía libre a que Cataluña tuviera representación propia en organismos internacionales y competiciones deportivas.
Curiosamente, esta última propuesta fue recibida con desdén tanto desde el soberanismo como desde el gobierno central, siendo además duramente criticada por el círculo madrileño de la CEOE, que arremetió contra su propio presidente Joan Rosell. Frente a esas acusaciones, el presidente de Foment del Treball Gay de Montellà se defendía señalando que “no es cierto que seamos cobardes, pero nosotros vivimos aquí. Es muy fácil ser rotundo fuera de Cataluña, pero el que viera estos días las manifestaciones y vea la realidad se dará cuenta de que hay sentimientos muy fuertes”, al tiempo que apuntaba que su labor requería tener un papel constructivo ayudando a “proteger inversiones y generar confianza en los mercados». Sin embargo, tras el 1-O, tanto la patronal Foment como algunos de los principales empresarios y banqueros de Catalunya intensificaron sus críticas al Govern, alertando de los peligros que conllevaría una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y anunciando en algunos casos su decisión de trasladar la sede social de sus empresas fuera de Cataluña cosa que, como es sabido, muchos acabarían haciendo en las semanas posteriores.
Frente a esta posición de los empresarios más importantes y de la gran patronal catalana, otras organizaciones empresariales han venido manteniendo durante los últimos años una postura más favorable al procés y al Govern. Es el caso de asociaciones como PIMEC o CECOT. La posición de PIMEC -principal agrupación de la pequeña y mediana empresa catalana y considerada tradicionalmente como próxima a la antigua Convergencia- respecto del procés se ha ido modulando a lo largo del tiempo, desde una postura inicial de aparente neutralidad – “nuestra organización no pondrá obstáculos a un Estado propio, pero tampoco lo impulsará” decían en 2012- hacia posiciones más cercanas al soberanismo, llegando a defender de manera expresa el derecho a decidir, suscribiendo diversas declaraciones a favor del mismo, y participando en distintos actos propiciados con ese motivo. En las semanas previas al 1-O, y sin abandonar la crítica al gobierno de Rajoy, esta patronal planteó la necesidad de que el referéndum fuera “autorizado por Madrid” y “en un entorno de seguridad y certeza jurídicas, necesario para nuestras empresas», insistiendo en que ello era una condición necesaria para el progreso económico y el desarrollo de los negocios. Con posterioridad, ha venido reclamando la defensa del diálogo y de las vías legales, y la necesidad de lograr un contexto social y económico que “vuelva a la máxima normalidad posible”.
Por su parte, la CECOT, con sede en Terrassa, ha venido siendo un baluarte empresarial en defensa del soberanismo y, en cierta media, también del independentismo. Ya en 2012, pocos días después de la celebración de la diada de aquél año, La Vanguardia publicaba una encuesta según la cual la cual el 53% de los empresarios asociados a CECOT se declaraba favorable a que Cataluña se convirtiera en un Estado propio. A lo largo del procés, esta asociación ha ido jugando un papel cada vez más activo, reivindicándose de algún modo como la patronal independentista, y siendo el soporte más entusiasta con el que ha contado el Govern en el mundo empresarial. Ello fue especialmente evidente durante los años 2016 y 2017, en los que convocó su tradicional “noche del empresario” en Barcelona –fuera de su ámbito comarcal de Terrassa-, eventos que se convirtieron en actos de apoyo a Puigdmont, y que generaron un profundo malestar en Foment del Treball (organización de la que forma parte CECOT), hasta el punto de abrirle un expediente de expulsión.
Junto a estas asociaciones patronales, también ha sido importante el papel desempeñado por distintos lobbies empresariales. Algunos de ellos, como FemCat –próximo a Convergencia- surgieron hace más de una década, antes de que se iniciara el procés, con el objetivo de disputar el liderazgo del empresariado catalán a los sectores tradicionales, más vinculados a la CEOE y al capital español. Otros surgieron al calor del propio procés, sin más propósito que el de impulsarlo o ganar adeptos para el mismo –como el Cercle Català de Negocis, constituído en 2008, o el Forum Creiem en Catalunya surgido en 2012- o de propiciar una activa posición contraria al soberanismo – caso de Empresaris de Catalunya, creado en 2014 y muy próximo a Societat Civil Catalana-.
“Conforme fue avanzando el procés y se hizo más evidente la importancia de la postura que adoptara el empresariado catalán, las presiones sobre el mismo fueron incrementándose”
Conforme fue avanzando el procés y se hizo más evidente la importancia política de la postura que adoptara el empresariado catalán, se fueron agudizando las posiciones y generando nuevas tensiones como consecuencia de las presiones ejercidas desde distintos sectores para participar en unos u otros foros, como el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, surgido en julio de 2013. Es en ese contexto en el que cobra sentido la firma del Manifest del Far de San Sebastià en mayo de 2014. Dicho manifiesto, suscrito por una treintena de asociaciones empresariales (CECOT, PIMEC, FemCat, y otras de carácter territorial), Cámaras de Comercio, y otras entidades, fue anunciado como el símbolo del apoyo al procés por parte del mundo empresarial. En el manifiesto –presentado, entre otros, por Joan Casas, decano del Colegio de Economistas de Barcelona, o el académico Xavier Sala i Martín- se afirmaba la «total adhesión al Pacte Nacional pel Dret de Decidir y su soporte incondicional al proceso puesto en marcha por nuestro Parlament».
Para entender la evolución de los acontecimientos y la manera en que fueron decantándose las posiciones, es interesante resaltar que, año y pico después, en septiembre de 2015, la reedición del Manifest del Far ya no logró mantener dentro de los firmantes a algunas entidades -como la Cámara de Comercio de Barcelona-, además de eliminarse toda alusión al derecho a decidir. Así, el encabezamiento del nuevo manifiesto ya no rezaba «con el Parlament y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña», sino únicamente «con el Parlament de Cataluña».
Tras las elecciones convocadas con carácter plebiscitario en 2015, los sectores empresariales favorables al procés intensificaron su actividad, incrementando su presencia en los debates a favor del derecho a decidir, e intentando al mismo tiempo ganar espacios en instituciones empresariales representativas como las Cámaras de Comercio. Esto último provocó algunos conflictos, como el surgido en 2016 cuando, en línea con una propuesta de FemCat, el Govern pretendió impulsar una Ley por la que, entre otras cosas, se creaba una Cámara de Comercio de Cataluña, a imagen y semejanza de la Cámara de España, para sustituir al Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña, propuesta que fue rechazada de plano por la gran mayoría de las Cámaras.
Sin embargo, tampoco dentro del empresariado soberanista ha habido uniformidad de criterios a la hora de defender sus posiciones. A este respecto, es preciso distinguir entre los planteamientos limitados a respaldar el derecho a decidir y a la convocatoria de una consulta (como los de PIMEC o FemCat), y aquellos otros más en línea con la defensa de las opciones independentistas (como el Cercle Català de Negocis o el fórum Creiem en Catalunya). Ello daría lugar a algunos conflictos, como el surgido en 2014 cuando los miembros del Cercle abandonaron PIMEC tras fracasar en su intento por lograr que esta patronal se decantara abiertamente a favor de la independencia.
Posteriormente, tras el 1-O, las diferencias se hicieron más visibles, pues mientras unos alentaban para que el Govern adoptara la DUI, otros se mostraban abiertamente contrarios a la misma. En vísperas de que Puigdemont tomara finalmente esa decisión, Antoni Abad, presidente de CECOT y firme aliado del Govern a lo largo del procés, hacía una llamada al diálogo y la negociación, insistiendo en que “sería una temeridad cualquier otro camino”, en clara alusión a la DUI. Para ese momento, cientos de empresas habían anunciado ya el traslado de su sede social fuera de Catalunya y, no sólo la DUI, sino también el 155, estaban al caer.
No podemos terminar este brevísimo repaso sin mencionar el papel desempeñado a lo largo de estos años por instituciones como el Círculo de Economía o la Cámara de Comercio de Barcelona, las cuales han tratado de propiciar espacios de encuentro y de diálogo, así como de fomentar salidas intermedias a las planteadas por Rajoy y Puigdemont. En los días previos a la DUI, estas entidades redoblaron sin éxito sus esfuerzos a favor un acuerdo, tratando de impedir dicha declaración y la subsiguiente aplicación del 155. Una situación que el presidente del Círculo Juan José Brugera calificó como “una bomba para la economía catalana”. Ante el fracaso de dicha mediación, Miquel Valls (presidente de la Cámara de Comercio) señalaba que los políticos habían sido los “únicos responsables de esta situación y lo pagarán delante de la historia». Sin embargo, Jordi Alberich, director general del Círculo y segundo de Jordi Brugera, admitía que “el procés se les ha ido de las manos a todos, también a los empresarios”.
Sea como fuere, lo cierto es que el procés había encallado –al menos por el momento-, el criterio de la gran patronal y de los grandes empresarios había triunfado, y los sectores del empresariado que habían apoyado al Govern comenzaban un difícil camino para tratar de acomodarse a la nueva situación.
*Aunque se ha priorizado el uso del término neutro «empresariado», en ocasiones se utiliza «empresarios» por ajustarse a un universo –el de las patronales y sus representantes- mayormente masculino.
