Galde 30, 2020/otoño. Víctor Santiago Pozas – Germán García Marroquín (Ongi Etorri Errefuxiatuak).-
El titular es la respuesta al siguiente dilema: ¿en la situación actual en las organizaciones sociales deberíamos centrarnos en el reconocimiento del status de «refugiado climático» o más bien en la defensa del status ya reconocido de «persona refugiada», ahora abierta y diariamente irrespetado? En las siguientes líneas queremos reflexionar al respecto.
En la realidad cotidiana de las actividades de Ongi Etorri Errefuxiatuak, plataforma de defensa del derecho a migrar y de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, creada a principios de 2016, nos hemos encontrado con miles de personas que han salido de sus países por muy diversas razones. Muchas de esas personas han abandonado sus tierras por motivos socioeconómicos, porque se encontraban en circunstancias muy duras, a veces incluso en los límites de la sobrevivencia y porque querían una vida y un futuro mejores para ellas y para sus familiares. Son los comúnmente llamados migrantes económicos, categoría en modo alguno inocente, que esconde la realidad de que la inmensa mayoría son desplazamientos por causas de fuerza mayor, y que permite a los gobiernos el no reconocimiento ni respeto de los derechos de las personas migrantes.
También nos hemos encontrado –menos- con personas que habían huido de sus países, porque corría peligro su vida debido a la violencia y a las guerras desatadas dentro de los mismos, o porque eran perseguidos por sus ideas políticas, o por motivos de pertenencia a un grupo social, y en consecuencia buscaban un refugio para desarrollar sus vidas. Estas personas, en principio, tienen la posibilidad de que se les garantice, como refugiadas, el derecho de asilo de acuerdo a la Convención de Ginebra de 1951, y esto les permita residir y trabajar en el país al que han llegado, siempre que este reconozca sus derechos al amparo de la Convención de Ginebra.
Sin embargo en nuestro activismo político y solidario no nos hemos encontrado con personas que se reconozcan a sí mismas como migrantes o refugiadas climáticas o medioambientales, es decir como personas «que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen por motivos de desastres medioambientales y naturales» y «por fuertes razones de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan gravemente sus vidas o sus condiciones de vida».
Y hasta el momento tampoco nos preocupa que se les clasifique como migrantes o refugiados climáticos. Somos, sin embargo, conscientes de que en el origen de la decisión de una buena parte de las miles de personas migrantes o refugiadas que llegan cada año a Europa y a Estados Unidos se encuentran situaciones derivadas de desastres medioambientales bruscos o permanentes, como sequías, inundaciones, desertificación, o erosión del suelo.
En síntesis a muchas de esas personas se les podría clasificar perfectamente como migrantes o refugiadas medioambientales. Pero nos preocupa mucho más que el calificativo que se dé a esas personas, el que sean reconocidos y respetados sus derechos, como seres humanos, a migrar, tal como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso, aquí en Euskalherria, en todo el Estado Español, en Francia, en Italia, en Europa, en el Norte de Africa, en Centroamerica y México, -formando parte de la red Caravana Abriendo Fronteras y colaborando con organizaciones similares a la nuestra, como Carovane Migranti de Italia-, defendemos los derechos de las personas que migran desde Asia, África y América Latina por diferentes motivos ya sean económicos, sociales, políticos, medioambientales, o tan básicos como huir de la muerte en busca de la vida. Defendemos estos derechos cuando nos manifestamos en las fronteras de Hendaya/Irun, y de Ventimiglia (Italia/Francia), en Tesalónica (Grecia), en Palermo y en Catania (Sicilia), en Ceuta, Melilla, en Níjar y en Huelva denunciando los asentamientos de Lepe, y también en Zarzis junto a la frontera de Túnez con Libia, cuando apoyamos a los refugiados eritreos en Medenine (Túnez) a quienes no reconoce el gobierno tunecino, cuando extendemos la denuncia realizada in situ por varias organizaciones italianas y tunecinas del abandono de 33 migrantes de Costa de Marfil en el desierto, perpetrado por el gobierno de Túnez en el verano de 2019, cuando acompañamos a la Caravana de Madres Centroamericanas de migrantes desaparecidos en las rutas migratorias de México-Estados Unidos, y cuando exigimos, junto con otros muchos colectivos, la regularización de las perso- nas migrantes en Italia, Francia y el Estado Español.
Miles de esas personas llegan de zonas afectadas a la vez por cambios medioambientales, violencia, guerra y situación económica desesperada, migran de Asia -de Afganistán, Siria, Irak, Pakistán, Yemen-; de varias subregiones de África, de África Oriental –Sudán, Sudan del Sur, Eritrea, Etiopía, Somalia-; del Sahel -de Níger, Burkina Fasso, Chad, Mali y Senegal-. También de Costa de Marfil y Camerún; y del Magreb, de Marruecos, Argelia y de Túnez. Y migran de los países de Centroamérica -Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua- y de México a los Estados Unidos; y de América del Sur, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, a otros países de América del Sur y a Europa.
Nos parece encomiable que se investigue y se trabaje en conseguir que quienes huyen de desastres medioambientales puntuales o permanentes sean considerados a todos los efectos «refugiados climáticos o medioambientales» y adquieran un reconocimiento internacional similar al establecido por la Convención de Ginebra en 1951 para quienes huían de situaciones de guerra o violencia extrema y que ese reconocimiento internacional sea asumido con todas las consecuencias por Naciones Unidas y por toda la comunidad internacional. Pero mucho nos tememos que esa posibilidad se está alejando cada día más. En estos momentos, en 2020, se viene sufriendo una regresión inmensa en el respeto a los Derechos Humanos de las personas refugiadas, derechos reconocidos internacionalmente por la Convención de Ginebra de 1951. Y desde nuestra perspectiva creemos que la necesaria reivindicación del reconocimiento del status de refugiado climático debe realizarse sin olvidar la impostergable denuncia de la regresión que sufren los derechos ya reconocidos y sistemáticamente violados. Por eso nos estamos centrando en informar y denunciar la violación de los derechos de las personas desplazadas a la fuerza, migrantes y refugiadas, derechos que hoy están siendo pisoteados con violencia y descaro en las fronteras de Europa y dentro de la propia Unión Europea y también en las rutas migratorias de Centroamérica a Estados Unidos vía México.
Desgraciadamente tenemos demasiados casos que denunciar:
1. Miles de personas migrantes y refugiadas fueron reprimidas y rechazadas salvajemente con gases y disparos por el gobierno griego en marzo de 2020 en la frontera greco-turca. Esta actuación criminal contó con la bendición personal sobre el terreno de la Presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Layen, con el pretexto de que el intento de entrada masiva de migrantes había sido orquestado por el gobierno turco de Erdogan. Con el que, sin embargo la propia Presidenta de la UE no tuvo reparos en reunirse pocos días después para restañar las fisuras del infame acuerdo UE-Turquía, por el que este país se compromete a impedir la entrada de migrantes en territorio de la UE a cambio de 6000 millones de euros.
2. Desde hace varios años, con el silencio y la complicidad de la UE se esta produciendo una devolución continua a Libia de migrantes náufragos originarios de Oriente Medio, África oriental y sobre todos de los países del Sahel y procedentes del infierno de los campos de detención, tortura y esclavitud de Libia, país envuelto en una interminable guerra civil, al que Naciones Unidas considera como «no seguro» para recibir migrantes, y con cuyo gobierno de Trípoli, sin embargo, la UE, vía Italia, mantiene acuerdos de cooperación similares al pactado con Turquía.
3. El actual gobierno italiano, de centroizquierda, con el pretexto de la pandemia del Covid-19, ha cerrado los puertos en Italia para los barcos de salvamento de náufragos en el Mediterráneo, contando con el silencio de las instituciones europeas. Este cierre, sin embargo, recuerda a los realizados por Mateo Salvini, líder de la Liga, partido de extrema derecha, cuando fue ministro del Interior en el gobierno anterior, y que en su momento sí tuvieron algunas críticas. Como consecuencia del actual cierre de los puertos italianos, incluida la detención administrativa en Palermo de los barcos de rescate Alan Kurdi y Aita Mari, el Mediterráneo central se ha quedado sin naves de salvamento, habiéndose producido en los primeros meses de 2020 varios naufragios con decenas de personas ahogadas o desaparecidas, que se suman a las 19.921 ocurridas en todo el Mediterráneo desde 2013.
4. Por su parte los gobiernos españoles, tanto los presididos por el PP como por el PSOE, también el actual, han desarrollado una política de devoluciones masivas en la fronteras de Ceuta y Melilla, algo que atenta contra la Convención de Ginebra (1951) y la Carta de los derechos fundamentales de la UE de 2007, que prohíben las expulsiones colectivas. Pero recientemente en febrero de 2020 una aberrante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado en parte esta política de expulsiones masivas. Algo que el actual ministro del interior Fernando Grande-Marlaska pretender usar para expulsar a Túnez a 760 personas de ese país, que se encuentran la mayoría retenidas en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla.
5. Expulsiones masivas o de pequeños grupos se producen a diario en la frontera de la Unión Europea en los Balcanes. Allí la policía croata expulsa de forma violenta hacia Bosnia-Herzegovina a jóvenes procedentes fundamentalmente de Asia, de Afganistán, de Irak, pero también del Norte de África que intentan acceder a los países mas «desarrollados» de la UE a través de las fronteras de Croacia, Eslovenia e Italia en Trieste.
A pesar del silencio general de los grandes medios sobre esta violencia habitual y sistemática subvencionada con fondos de la UE y hoy extendida a todos los países balcánicos, nos llegan retazos de historias dramáticas y duras de la situaciones que sufren miles de jóvenes migrantes y refugiados en su ruta por los Balcanes gracias a la extraordinaria labor de solidaridad, información y denuncia por parte de organizaciones locales e internacionales que operan a lo largo de toda la Ruta.
Es necesario recordar que en las expulsiones masivas, y más aun cuando se producen de forma violenta, a quienes intentan conseguir asilo y refugio se les priva de la oportunidad de presentar su caso individual para que sea examinado con detalle y se pueda comprobar la situación social, política y militar del territorio del que huyen. En síntesis, se les impide presentar su solicitud de asilo y en definitiva se convierte en letra muerta todo lo planteado sobre los derechos de las
personas refugiadas en la Convención de Ginebra y en la legislación internacional y nacional derivada de ella.
Todavía más flagrante es la violación de la legislación internacional sobre personas refugiadas, perpetrada por la Unión Europea con el «acuerdo» impuesto por esta al gobierno de Afganistán en octubre de 2016 de expulsar («repatriar» fue la palabra usada) a 80.000 afganos residentes en territorio europeo, especialmente en Alemania, a cambio de 5.200 millones de dólares en ayuda humanitaria y de desarrollo. Y esa expulsión se realizaba a un Afganistán inmerso entonces y aún ahora, en una guerra que comenzó en 2001 y no ha concluido todavía. No es extraño que Amnistía Internacional calificara ese acuerdo de «sórdido e inmoral « y como otro momento oscuro en las relaciones internacionales de la Unión Europea».
5. Deberían bastar estos ejemplos para mostrar la conculcación abierta y descarada de losderechos humanos por parte de las democracias europeas, derechos de asilo y refugio, vigentes en las leyes internacionales en los últimos 70 años, y alertar del peligro de que desaparezcan para siempre o queden reducidos a retórica absolutamente vacía. Creemos que en estos momentos, en las postrimerías de la primera ola de la pandemia del Covid-19 que azota a todo el planeta, es necesario alzar la voz y defender estos derechos como un límite básico y mínimo a las acciones de barbarie e inhumanidad que comienzan a perpetrarse desde instancias institucionales aprovechando la pandemia del Covid-19 o con el pretexto de impedir ahora la propagación del virus desde los países del Sur.
Al cierre ya citado de los puertos de Italia, debemos añadir la denuncia del envío del ejército a los campos de refugiados en los Balcanes, y la expulsión de miles de migrantes desde EEUU a México, Centroamérica y Haití, en algunos casos a pesar de estar enfermos por el Covid-19.
Si la crisis económica y social resultante de la pandemia termina afectando a los sectores más amplios y vulnerables de la sociedad y esto es aprovechado por las fuerzas autoritarias y neofascistas en ascenso, sin una respuesta rotunda desde los sectores progresistas o simplemente defensores de los derechos humanos, no es aventurado concluir que se van a dar las condiciones perfectas para la estigmatización definitiva y la eliminación del derecho de asilo y refugio. Se perdería así una conquista social clave en los últimos 70 años que ha servido para dar esperanza y vida a millones de personas en todo el mundo, y de poco habría servido el esfuerzo de investigación y difusión de los derechos derivados de la situación de indefensión y vulnerabilidad provocada por los desastres medioambientales.
No querríamos finalizar sin citar las experiencias de defensa activa y en positivo de los derechos de las personas migrantes y refugiadas que en Ongi Etorri Errefuxiatuak y en colectivos cercanos estamos promoviendo, experiencias en las que encuentran acogida centenares de personas de todos los continentes que han llegado a nuestras tierras huyendo de la guerra y de la violencia, por motivos económicos, políticos y sociales, por persecución por cuestiones raciales, religiosas y de identidad sexual, así como también por causas derivadas de desastres medioambientales. Nos referimos a los proyectos que se están desarrollando en Bizkaia (Arminza, Arrigorriaga, Atxondo, Barakaldo, Bilbao (Castaños, Irala), Ermua, Gallarta, Lemoa, Sestao, Valle de Arratia -Artea, Areatza, Igorre, Zeanuri-, y en Irún. Son proyectos muy diversos. Incluyen desde casas temporales y permanentes de acogida, iniciativas de trabajo en diferentes áreas, e integración en cooperativas, hasta redes de apoyo de distintos tipos. Y tienen como objetivos, entre otros, el arraigo social en la comunidad, el desarrollo profesional, el cuidado tras un periplo migratorio duro y la solidaridad para proseguir su sueño…
Víctor Santiago Pozas y Germán García Marroquín
