Galde 32 udaberria/2021/primavera. Mario Rodríguez Vargas. Director Ejecutivo de Greenpeace España.- 

Dada la íntima interrelación que existe entre la crisis ecológica y el actual sistema no podemos dejar a un lado la economía. Por eso, Greenpeace ha presentado el informe Darle la vuelta al sistema. Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes. Una propuesta transformadora de Greenpeace para reponernos de los estragos de la Covid 19 y afrontar mejor la crisis ecológica. No es la primera vez que abordamos el impacto económico. Lo hemos hecho en anteriores ocasiones de forma muy específica en sectores como la pesca artesanal, las energías renovables, el impacto del cierre de las centrales nucleares y su desmantelamiento o estudiando alternativas para las comarcas afectadas por el cierre del carbón. La diferencia, esta vez, es que lo hacemos de manera más transversal y abordando de manera global la viabilidad de una reconstrucción verde y justa. En el momento actual consideramos indispensable estar en el debate económico por la oportunidad que se nos presenta la reconstrucción económica y social.

La crisis sanitaria ocasionada por un minúsculo pero demoledor virus y sus consecuencias económicas y laborales han venido a unirse a dos grandes desafíos de este siglo: la crisis ecológica y la creciente desigualdad social. No podemos olvidarnos ni ignorar estos desafíos, la ciencia nos dice que la próxima década es decisiva para actuar contra la crisis ecológica y los cuatro próximos años serán cruciales para tejer una respuesta y evitar que las consecuencias que ya estamos viviendo sean irreversibles.

Cada vez hay más evidencias científicas que apuntan a la estrecha relación entre la salud del planeta y la humana, y esto hace que sea imprescindible repensar el modelo en el que hemos vivido, para salir fortalecidos de esta dolorosa crisis y que demos la vuelta al sistema, replanteándonos todas las prácticas, especialmente las económicas, que definen la presencia humana en este planeta.

Las prioridades las tenemos claras: transformar la economía para que vaya de la mano de la vida y la salud del planeta. Con esta idea definimos las medidas que presentamos y pivotan en torno a nueve ejes de actuación relacionados  con los ámbitos más relevantes de nuestro trabajo: energía, transporte, infraestructuras, alimentación, comunidades rurales, conservación y recuperación de ecosistemas, calidad democrática, paz y gobernanza.  Esto no excluye otros ámbitos, que sin ser del ámbito de trabajo de Greenpeace consideramos que son relevantes e imprescindibles, como la Sanidad y la Educación. El objetivo es demostrar la viabilidad económica de las mismas, en este contexto de reconstrucción verde y de oportunidad que se nos presenta como país con la atribución de los fondos europeos para este fin.

El estudio concluye que una inversión de 197.000 millones de euros  (una inversión del 4,8% del PIB para entrar en números verdes) en los próximos cuatro años permitiría poner en marcha el paquete de 117 medidas para darle la vuelta al sistema.

Durante los próximos 4 años hacemos una apuesta muy clara por la inversión en dos grupos de medidas: las relacionadas con la transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente, inteligente y abierto a la participación ciudadana y las destinadas a la rehabilitación energética de los edificios dirigidos a la población más vulnerable.

En concreto, las inversiones que se ubicarían en el sector energético (53.560 millones de euros) y en el de la construcción e infraestructuras (52.592 millones de euros) que como he dicho absorberían el 58% del total de las inversiones.

Las  razones de Greenpeace para apostar por estos dos bloques de medidas son claras. La transición energética y en especial el sector eléctrico, es el más preparado para reducir emisiones y mitigar el cambio climático, si bien la transformación no puede quedar en mano de las grandes empresas de siempre y tiene que estar abierta a la participación de la ciudadanía a través de otras formas de producir energía.  En lo relativo a las medidas relacionadas con vivienda y su rehabilitación, y que van más allá de la rehabilitación energética, son varias: 1) mejorar la eficiencia energética favorece y potencia cualquier modelo de descarbonización desde el principio y tiene un dilatado aprovechamiento; 2) Implica el desarrollo, modernización, y resiliencia de sectores productivos como es el de la construcción, entre otros, de gran importancia social; 3) Sobre todo permite actuar para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente las que más lo necesitan.

Le sigue en importancia el sector de Transporte y Movilidad donde se proponen un conjunto de 9 medidas que contabilizan un total de 29.187 millones de euros y que van dirigidas principalmente a la mejora del transporte público. Con programas como la creación de un Programa Nacional «Reparo primero» que priorice el mantenimiento y reparación de infraestructuras viales y que cuentan con casi la mitad de la inversión en movilidad; la promoción del transporte ferroviario y en especial cercanías  y la electrificación del ferrocarril en especial los tramos entre las terminales de mercancías, para acabar con la dependencia de la tracción diésel.

La inversión en Innovación (I+D+i) es clave en las transformaciones productivas que se plantean y contabilizan una inversión de 22.776 millones de euros). Las medidas propuestas en el sector de agricultura, ganadería y pesca y recursos forestales aglutinan en torno a 15.600 millones de euros en inversiones. Y las destinadas a la sostenibilidad del suelo y territorio, unos 7.400 millones de euros.

Los dos ámbitos con un carácter social más marcado, “Hacia la transición justa”, que incluye incentivos al empleo y la industria, y “Agenda exterior”, concentrarían 12.900 y 2.714 millones de euros respectivamente en inversiones y gasto. Realizar una transición justa para transformar  la industria contaminante en una más sostenible y que genere más empleo duradero e igualitario cuenta con un total de diez medidas. Entre ellas la implementación de una renta básica universal con garantías que permita ir hacia la transición ecológica. El avance hacia nuevas actividades productivas sostenibles reconociendo el peso del empleo femenino en la transformación del sistema o la creación de un fondo para apoyar la formación de cooperativas. Además se plantean medidas para la reducción de residuos en la cadena de producción, así como la reutilización de los productos  y la implantación en los municipios de la recogida selectiva en origen de los residuos urbanos.

Ahora que todas las miradas se centran en los Fondos de Recuperación Europeos y la situación de oportunidad para una recuperación justa y verde, entendemos que puede ser una buena oportunidad para que la sociedad civil forme parte activa en la búsqueda, diseño y puesta en marcha de innovaciones y soluciones de carácter sistémico relacionadas con la salida de la crisis provocada por la pandemia. De hecho la propia Comisión Europea insiste mucho en que se decidan los proyectos tras un proceso consultivo con agentes sociales, sectores, expertos, empresas, y administraciones regionales y locales.

Lo que sí que vemos es que  hay un riesgo muy importante en concentrar los fondos en las grandes empresas sin asegurar la capilaridad de las ayudas (que llegan a las empresas más pequeñas). La finalidad de estos fondos, a diferencia de otros, es provocar una transformación más o menos rápida del tejido productivo a través de la digitalización y la sostenibilidad y no hay que olvidar nuestro tejido productivo está formado por pymes (99,8%) y dentro de éstas por empresas muy pequeñas (el 95,4% tiene menos de 10 empleados). Por tanto, si los proyectos no llegan a las pymes,o a la economía social no habrá ninguna transformación. Tendremos un conjunto de grandes proyectos más o menos exitosos, pero con un impacto real en la competitividad de nuestra economía muy reducido. Por ello, desde Greenpeace estaremos vigilantes para conocer el destino de los Fondos pidiendo no solo transparencia y participación de la sociedad civil también coparticipación, para que aprovechemos la oportunidad única que representan para combatir la desigualdad, reducir la brecha de género y afrontar la crisis climática y de biodiversidad.

Se podría pensar que una inversión que llegaría al de los 197.000 millones y el 4,8% del PIB en 4 años es una inversión considerable. Sin embargo, es perfectamente asumible teniendo en cuenta que tenemos el reto y la necesidad de dar una respuesta a la crisis económica y social ocasionada por la crisis de la Covid-19 y que paradójicamente nos sitúa ante una oportunidad única para reinventar el sistema y transformar todas aquellos  sectores que nos ayudarán a afrontar la emergencia ecológica ante la que nos encontramos.

La propuesta de inversión se repartiría casi a partes iguales entre el sector público y el privado ya que de los 197.000 millones de inversión en torno al 53,7% de las inversiones necesarias se llevarán a cabo con financiación pública y el 46,3%, con inversiones privadas. La distribución entre inversión pública y privada varía notablemente por ámbitos de actuación: por ejemplo en el sector energético, el 78,4% (cerca de 42.000 millones de euros) de las inversiones previstas las llevaría a cabo el sector privado y solo se destinarán 10.880 millones de euros de inversión pública.  

Si nos centramos en la inversión pública, la propuesta implicaría un esfuerzo adicional de 43.103 millones de euros. Respecto a las inversiones ya contempladas en otros planes vistos por el Gobierno (PNIEC, Plan Estatal de Viviendas, PGEs etcétera)  El 42% de este esfuerzo se destinaría sobre todo a las inversiones en rehabilitación energética de viviendas para la población más vulnerable.

Este dato es sin duda muy  interesante y es lo que de alguna manera marca la viabilidad de la propuesta. El esfuerzo de inversión pública adicional se considera realista y podrían obtenerse por varias vías entre las que se encuentra una adecuada reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde y la lucha contra el fraude fiscal. Esta reforma fiscal tiene que cuidar los activos públicos existentes, orientar las inversiones en el procomún y atraer la financiación hacia actividades más sostenibles. También tiene que aplicar el principio de quien contamina paga y hacer que las empresas más contaminantes de alguna manera aporten fondos para esta transición.

Otra fuente de financiación, que hoy en día está de bastante actualidad, sería el dinero procedente de los Fondos Next Generation UE -de los que el Gobierno prevé invertir 72.000 millones de euros en los próximos tres años. El 37% de los mismos (unos 27.000 millones) se tienen que destinar a “inversiones verdes”. Dada la coincidencia en la orientación estratégica y en el plazo de ejecución de la propuesta, el dinero procedente de estos fondos podrían cubrir este esfuerzo adicional de inversión pública. Fondos estructurales (12.000 millones).

Por último, sería imprescindible que el Gobierno reorientara los objetivos de gasto para mejorar el alineamiento de las políticas hacia una recuperación verde y justa. Esta reorientación del gasto, se explicitaría claramente en las inversiones en defensa o la reorientación de políticas de compra pública, entre otras. De hecho, de las 117 propuestas presentadas tan solo el 34,1% requieren inversión o gasto, el porcentaje restante son cambios normativos y regulatorios, o se dirigen a alinear las políticas públicas y sus prioridades hacia los objetivos energéticos y ambientales contemplados en la propuesta.

Los cambios normativos o regulatorios tienen una especial incidencia en el bloque de propuestas referidas al sector energético y al mercado eléctrico y en el de fiscalidad, innovación e inversiones públicas. Por el contrario, en los sectores de construcción e infraestructuras y agricultura, ganadería, pesca y recursos forestales, las medidas que requieren inversiones son claramente mayoritarias. En el ámbito del empleo parece que lo más relevante es un reenfoque de las prioridades.

Necesitamos transformar el sistema no solo para hacerlo más verde, sino más justo y equitativo. Por ello la transformación propuesta requiere también, transversalmente, una nueva forma de participación y colaboración de los actores, que incorpore nuevos métodos de trabajo cooperativo en todos los ámbitos y que aseguren actuaciones más representativas y eficaces.

Transformar el sistema es viable, es necesario y es urgente. Con un 4,8% del PIB podemos entrar en números verdes y justos. Transformar el sistema no es solo hacerlo más verde, transformar el sistema es hacerlo más justo, más participativo, más equitativo y más democrático.