Galde 43, Negua 2024 Invierno. Joan Corominas Masip.-
“… Que se pusieran en el pilar bajo unas pasaderas para que la gente pudiera arrimarse a llenar los cántaros, y se prohibiera que nadie se acercara a lavar trapos ni hortalizas en el pilar alto, ni atajaran el agua del viaje para riegos y otros usos”
Orden del Cabildo de Baena (Córdoba) de 8 de agosto de 1540.
El agua, bien preciado, ha sido gestionada colectivamente a lo largo de la historia, intentando conjugar los diversos valores e intereses en su uso, frecuentemente contradictorios y litigiosos, pero al ser el municipio el ámbito de decisión hacía más visibles a los actores y las repercusiones de las soluciones adoptadas, lo que era un acicate para adoptar medidas socialmente aceptables o al menos tolerables.
La ilusión del progreso tecnocrático del siglo XX ha conducido a un crecimiento exponencial del uso del agua mediante ingentes obras de captación y regulación en embalses, lo que ha conducido a un protagonismo de la Administración estatal, y más recientemente, en las cuencas intracomunitarias de la Administración Autonómica: se ha alejado a los ciudadanos de los territorios en los que se recoge o almacena el agua de los usuarios del agua, invisibilizando, a su vez, los impactos sobre los ecosistemas hídricos que este uso intensivo provoca, lo que ha generado tensiones entre ciudadanos y territorios.
Los éxitos de este modelo de gestión del agua iniciado hace un siglo son innegables, ya que ha permitido abastecer a una población que ha crecido un 0,8% anual y ha proporcionado el agua necesaria para las actividades productivas, que han aumentado el PIB un 2,8% acumulativo en este siglo. Se ha multiplicado por 8 el uso del agua y por 40 la capacidad de los embalses. Pero, consecuentemente, se han sobreexplotado la mayor parte de nuestros recursos superficiales y de los acuíferos, se han contaminado gran parte de las aguas, ha disminuido la diversidad y las funciones ecológicas de los ríos, llegando los impactos a nuestras aguas litorales con la disminución de los aportes de arenas a las playas y de las pesquerías.
Ante esta degradación de la funcionalidad de nuestros ecosistemas hídricos se ha producido a lo largo de los últimos veinticinco años un movimiento intelectual y ciudadano por una Nueva Cultura del Agua que pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de conservar los equilibrios que permitan un buen estado ecológico de nuestros ríos, acuíferos, lagos, marismas y aguas litorales, como indispensable para asegurar los usos del agua que requerimos para nuestro abastecimiento y el sistema productivo. Se trata de actualizar a nuestra época los valores de la tradicional cultura que tenían por el agua los que nos precedieron adaptándola a los conocimientos, requerimientos y tecnologías de nuestra sociedad y puesta al servicio de los intereses colectivos.
No es un problema específico español sino compartido con el conjunto de los países europeos, lo que motivó que la Unión Europea promulgara, en el año 2000, la Directiva Marco del Agua (DMA) con el objetivo de recuperar en una década el buen estado de todos nuestros ecosistemas hídricos. Parte del principio de que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. La DMA contempla que los Estados miembros puedan solicitar prórrogas para el cumplimiento de estos objetivos ambientales hasta el límite de 2027.
Las presiones a las que están sometidos nuestros río y acuíferos, tanto en los aspectos de excesos de extracciones como en la contaminación por vertidos producidos por las actividades económicas y por los usos urbanos, son las causas del deterioro ecológico de la mayor parte de nuestros ecosistemas hídricos. Pero a la hora de la atribución de los causantes de que únicamente el 58% de las masas de agua (unidades homogéneas de tramos de ríos o acuíferos) alcancen el buen estado al que obliga la DMA hay que citar el sector del regadío que con sus 3,8 millones de ha representa el 80% de los usos del agua en España y el 96% de los consumos ya que los cultivos evapotranspiran casi todo el agua aportada y los retornos al sistema hídrico son muy escasos dada la gran eficacia en los sistemas de transporte y distribución del agua de riego que se han alcanzado por los procesos de modernización de regadíos de las últimas décadas.
El principal indicador utilizado por la Unión Europea para medir el nivel de presión sobre los recursos hídricos, a través de su red estadística EUROSTAT, es el que mide el porcentaje de consumos totales del agua en una cuenca con relación a los recursos sostenibles de la misma, denominado WEI+, que si supera el umbral del 20% presupone una situación de escasez de agua y que si supera el 40% el territorio hace un uso insostenible del agua. Salvo las cuencas del norte y las internas de Cataluña el resto se sitúan entre la escasez y el uso insostenible del agua. La cuenca del Segura y las Canarias consumen mucha más agua que la que representan sus recursos naturales, a base de sobreexplotación de acuíferos, trasvases y desalación de aguas. En el sur peninsular y el litoral mediterráneo se supera el umbral de la insostenibilidad.
Existe una correlación inversa entre el estado de las masas de agua y el indicador WEI+, lo que manifiesta la importancia de las extracciones de recursos hídricos en el buen estado de nuestros ecosistemas hídricos. No obstante, no son nada desdeñables los impactos que produce sobre la calidad de las aguas las actividades productivas y las aguas residuales urbanas, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las cuencas internas de Cataluña que con un WEI+ del 16%, cercano a la escasez de agua tiene sin embargo un muy bajo nivel de masas de agua en buen estado (36%).
La situación tenderá a empeorar con el avance de los impactos del cambio climático que reducirá los recursos hídricos disponibles y, a su vez aumentará la demanda de agua producida por una mayor evapotranspiración de los cultivos.
Las demandas de agua crecen incansablemente, especialmente para el regadío, y cuando no hay opciones de satisfacerlas con los recursos disponibles, aumentan los usos ilegales como muestran los recientes tres procesos penales de los Tribunales en fincas del entorno de Doñana con una superficie de unas 1000 ha, las cerca de 1700 ha que pretendía legalizar una Proposición de Ley conjunta del PP y VOX en el Parlamento de Andalucía, o las 1000 ha ilegales de riego en la comarca del Altiplano de Granada que ha detectado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en una inspección a 4000 ha.
Como sociedad nos tenemos que plantear una nueva manera de entender el agua como elemento imprescindible de la biodiversidad de nuestros ecosistemas hídricos y necesario para nuestra supervivencia y desarrollo. Requerirá transmitir a la ciudadanía conocimientos y, sobre todo, los valores en que se asienta el mantenimiento de la vida, la naturaleza y nuestra sociedad, y hacer reformas que nos afectarán a todos y en especial a parte de nuestro regadío, que deberán llevarse a cabo bajo los principios de una Transición Justa. Es un trabajo urgente, duradero y difícil como muestra el reciente Informe de resultados de la encuesta sobre el agua y la sequía, elaborado a nivel estatal por el Observatorio Ciudadano de la Sequía, en el que el 37% de los encuestados considera que hay agua suficiente, que solo el 31% piensa que la agricultura es la mayor consumidora de agua o que el solo el 4% apoyan disminuir el consumo de agua para la agricultura y lo rechazan el 32% de los encuestados.
Las instituciones del agua en España tienen tradición, desde los Tribunales del Agua, como el de Valencia, hasta las Confederaciones Hidrográficas creadas hace casi un siglo, pero que no se han adaptado suficientemente a los nuevos tiempos. Urge orientarlas a preservar y recuperar nuestros ríos y acuíferos, gestionar la escasez de recursos, introducir criterios económicos y sociales, estos últimos actualmente no tenidos en cuenta, en la asignación y distribución de costes del agua disponible, vigilantes ante los abusos del uso del agua y sobre todo más transparentes y participativas. El agua nos interesa y pertenece a todos los ciudadanos que debemos defender nuestras valoraciones sobre los intereses, hoy preponderantes, de los grupos de presión económicos.
Joan Corominas Masip
Fundación Nueva Cultura del Agua
