Galde 43, Negua 2024 Invierno. Koldo Unceta y Manu González entrevistan a Pedro Arrojo Agudo.-

1.- Hace pocas semanas has presentado en NN. UU. un Informe como Relator especial para los derechos al agua y saneamiento. ¿Cuáles son los principales rasgos de este informe? ¿Cómo está la situación del Derecho Humano al agua en el mundo?

Cada año debo presentar dos informes temáticos, el primero ante el Plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y el segundo ante la Asamblea General de NNUU. El primer informe de este año tenía por título “Cumplir los derechos humanos de los más empobrecidos y restaurar la salud de los ecosistemas acuáticos: dos desafíos convergentes”; y el segundo, “El agua como argumento para la paz y la cooperación”.

En el primer informe argumento la necesidad de recuperar el buen estado de ríos y ecosistemas acuáticos si queremos avanzar en garantizar el derecho humano al agua potable de los 2000 millones de personas que no disponen de ella. Quienes centran sus estrategias en aplicar nuevas tecnologías, desarrollar grandes obras o incluso recurrir al agua embotellada para ofrecer agua potable a estos 2000 millones de personas, olvidan que en su gran mayoría se trata de personas y comunidades sumidas en situaciones de extrema pobreza que no pueden afrontar esas inversiones y costes. Avanzar en el cumplimiento del ODS 6, y por tanto en el cumplimiento universal de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para 2030, exige recuperar la ingeniería que gestiona el ciclo hídrico con energía solar gratuita, es decir el buen estado, la salud y el buen funcionamiento de los ríos y ecosistemas acuáticos de los que dependen a diario esas personas y comunidades. El informe presta especial atención a la creciente contaminación tóxica de los abastecimientos por metales pesados, PFAs (sustancias perfluoro alquiladas), pesticidas agrarios …, lo que me ha llevado a proponer ampliar los supuestos reconocidos como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD en el Estatuto de Roma a procesos de contaminación tóxica sistemática, masiva e irreversible, como los derivados de ciertas actividades mineras, que afectan a cientos de millones de personas, y en especial a niños y niñas; así como desbloquear el reconocimiento y regulación del crimen de ECOCIDIO para este tipo de contaminación que transforma cuencas fluviales enteras en territorios sacrificados.

El segundo informe, se centra en la gestión de cuencas y ecosistemas acuáticos transfronterizos que incluyen territorios de 153 países. En él insisto en la necesidad de transitar de la gestión del agua como simple recurso, parcelable y apropiable, que nos invita a la competencia y la confrontación, a un enfoque ecosistémico que permita garantizar una gestión integrada y sostenible basada en un enfoque de derechos humanos; un enfoque ecosistémico que demanda colaboración y responsabilidad compartida entre los países de la cuenca, en beneficio de todos. Hoy más que nunca, con el cambio climático, es imperativo y urgente superar el tradicional argumento de la soberanía nacional sobre las aguas que discurren por cada país, con el que a menudo se justifican conflictos e incluso guerras. Al igual que los huracanes no reconocen espacios de soberanía nacional, los ríos, en lo que se refiere a los crecientes riesgos de crecidas y sequías por el cambio climático, tampoco reconocen fronteras.

La Convención de Aguas de Naciones Unidas ofrece al respecto un marco de valiosos principios y normas que presiden acuerdos transfronterizos referenciales. La UE ofrece un buen ejemplo, estableciendo por ley en la Directiva Marco de Aguas la responsabilidad transfronteriza de recuperar y conservar el buen estado de los ecosistemas acuáticos compartidos. El continente africano ofrece igualmente acuerdos en grandes cuencas, como las del Senegal, el Níger, el Lago Chad o el Okavango, que reconocen la prioridad de garantizar derechos humanos y necesidades básicas de las poblaciones, promueven instituciones transfronterizas de gestión y de mediación en los conflictos, y prevén incluso mecanismos de participación pública transfronteriza.

Sin embargo, desgraciadamente, en no pocos casos, el agua es usada como arma de dominación y de guerra contra los pueblos, como viene ocurriendo en Irak y muy particularmente en Palestina, desde hace décadas, por parte de Israel contra el pueblo palestino. El hecho de que justo antes de presentar el informe estallara la guerra en Gaza, me llevó a denunciar específicamente, ante la Asamblea General de la ONU, el bloqueo total de los servicios de agua y saneamiento a la población de Gaza como un crimen de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, que tipifica el crimen de EXTERMINIO.

2.- ¿Estamos ante una crisis global del agua? ¿Cuáles serían sus principales características?

En mi primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hace ya tres años, ofrecía mi diagnóstico sobre lo que caractericé como una crisis tan grave como paradójica: la crisis global del agua en el Planeta Agua, el Planeta Azul, con 2000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, de los cuales, la gran mayoría no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida, sino personas y comunidades agudamente empobrecidos que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados, o que ven como las aguas disponibles son acaparadas por actores poderosos para actividades productivas diversas. En este contexto propongo afrontar dos desafíos clave:

• hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos, tema al que, como ya dije, dedico unos de los informes temáticos de este año;
• y promover una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común, accesible a todos y todas, pero no apropiable por nadie, con un enfoque basado en los derechos humanos. Al respecto, tanto el último informe de mi predecesor, el Profesor Leo Heller, como mi primer informe ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, abordaron los riesgos e impactos de la privatización de servicios de agua y saneamiento, de la mercantilización y de la financiarizacion del agua,

El cambio climático en curso agrava y agravará esta crisis global del agua, al aumentar los riesgos de eventos extremos, tanto de sequía como de crecidas e inundaciones, cuestión a la que dediqué un informe específico con ocasión de la COOP de Glasgow.

3.- ¿Cómo ves la actual política europea en la materia? ¿Qué aportaciones y limitaciones tienen las directivas y los reglamentos europeos sobre el agua?

La UE, desde el 2000, viene marcando un notable liderazgo mundial en lo que se refiere a la gestión integrada y ecosistémica de las aguas, a nivel de cuenca, a través de la Directiva Marco de Aguas. Podríamos decir que, con muchas dificultades, contradicciones e inconsistencias en su aplicación, la Directiva ha impulsado cambios positivos en la UE que han llevado a poderosos sectores a promover su revisión “a la baja”, algo que recientemente se ha conseguido rechazar, afortunadamente.

En lo concerniente a desarrollar una gobernanza democrática del agua desde un enfoque de derechos humanos, en 2013, la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water pidió el reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en la UE, con casi 2 millones de firmas. La Comisión Europea, reaccionó a esta primera iniciativa ciudadana exitosa separando los servicios del agua y saneamiento del proceso de liberalización que lanzaba para el resto de servicios públicos y prometió una nueva directiva de agua potable que recogería las demandas de la citada Iniciativa Europea. En 2019, en efecto, esta nueva directiva se presentó ante el Consejo y posteriormente ante el Parlamento, siendo aprobada en 2021.La directiva recogía en sus objetivos los contenidos del derecho humano al agua potable, pero los poderes que se oponían entre bastidores a dicho derecho consiguieron que no se reconociera de forma explícita. Quedó así en manos de Gobiernos y Parlamentos de los países miembro el hacerlo en los procesos de transposición de la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales. Francia lo hizo, tras el correspondiente debate parlamentario en la Asamblea Nacional, fijándose un mínimo vital 50 litros/persona/día; mientras que en España fue el propio Gobierno el que asumió esa responsabilidad fijando el mínimo vital para garantizar el derecho humano al agua potable en 100 litros/persona/día. Hasta entonces, sólo Eslovenia en la UE, con un gobierno conservador, reconocía el derecho humano al agua potable en su legislación. En suma, aunque en la transposición hay imprecisiones que deberían haberse evitado, se ha dado un paso adelante que deberá concretarse en la práctica y en la aplicación que hagan los tribunales.

4.- En los años noventa del pasado siglo surge la Nueva Cultura del Agua. ¿Cuáles fueron las aportaciones principales de tal movimiento? ¿Siguen vigentes en la actualidad?

La Nueva Cultura del Agua (NCA) planteó la necesidad de transitar de la visión del agua como un simple recurso a una visión ecosistémica que permita garantizar una gestión integrada y sostenible. En este marco se planteó superar las tradicionales estrategias de oferta, basadas en la construcción de grandes presas y trasvases bajo masiva subvención pública, tan insostenibles ambientalmente como injustas socialmente e irracionales económicamente, para adoptar nuevos enfoques de gestión de la demanda y de conservación de los ecosistemas. Por otro lado, se demandaba una gobernanza y gestión participativa del agua y de los ecosistemas acuáticos, superando los tradicionales enfoques tecnocráticos y autoritarios, que por desgracia siguen vigentes en buena medida. En plena ola de las movilizaciones sociales frente al Plan Hidrológico Nacional que hicieron suya esa bandera de la Nueva Cultura del Agua, en el 2000 se aprobó la Directiva Marco del Agua, en plena sintonía con la NCA. Bruselas acabó bloqueando los fondos europeos para el Plan Hidrológico Nacional, que el Sr. Aznar daba por hecho, y que, tras el cambio de Gobierno, sería derogado. Sin duda, la Directiva y el empuje de aquellas movilizaciones cambiaron en buena medida los enfoques de planificación y de gestión, desestimándose muchas obras conflictivas; sin embargo, la resistencia de poderosos grupos de presión y de amplios sectores del aparato del Estado ralentizan y generan graves contradicciones en la aplicación de la legislación vigente por transposición de la citada Directiva.

Por otro lado, la Nueva Cultura del Agua ha venido impulsando un enfoque de derechos humanos en la gestión de aguas, argumentando la necesidad de promover una gobernanza democrática y participativa frente a los procesos de privatización en curso, y apoyando a los movimientos que promovieron el reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. En 2010, por votación en la Asamblea General de la ONU, a propuesta de Bolivia y sin votos en contra, se consiguió el reconocimiento de dichos derechos. Sin duda, es mucho lo conseguido, bajo un liderazgo claro de América Latina, con avances muy importantes en Europa, pero es más lo que queda por conseguir y por construir…

5.- En un contexto en el que el agua se privatiza y se convierte cada vez más en un negocio ¿cómo puede revertirse esa situación? ¿Qué papel están jugando, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas por la municipalización del agua?

En este frente, como dije, se han conseguido avances que eran difíciles de imaginar en un principio, aunque tengo la impresión de que se celebran poco, primando a menudo la frustración por lo que aún no se consiguió… Grandes ciudades de Francia, como Paris o Lyon, que fueron buques insignia de los grandes operadores privados a nivel mundial, han vuelto a la gestión pública, bajo enfoques de transparencia y participación social. Son parte de una corriente europea que lidera Aqua Pública Europea en capitales como Bruselas, Berlín o Berna, entre otras muchas. Otra referencia clave la dio en Italia el Referéndum con el que los movimientos sociales derrotaron la privatización del agua de Berlusconi, con una movilización social sin precedentes. En España la movilización ciudadana ha revertido a la gestión pública servicios como los de Tarrasa, Valladolid o Alcázar de San Juan, entre otros, además de parar iniciativas de privatización como las de Zaragoza o Madrid, sin que ello signifique, en muchos casos, implantar el modelo de gestión pública participativa que los movimientos sociales de la Red de Agua Publica (RAP) y la NCA propugnan.

Creo sumamente importante también reseñar la creación de observatorios ciudadanos del agua que se multiplican en todos los continentes, como expresión de esa necesidad de garantizar transparencia y participación ciudadana en la gestión de estos servicios, en línea con el enfoque de gestión basado en los derechos humanos que desde Naciones Unidas promovemos.

6.- Has sido muy crítico con las políticas de gestión hidrológica basadas en la construcción de presas y el trasvase de aguas. ¿Cómo se encuentra actualmente este tema en el Estado español?

Como ya dije, creo que las luchas promovidas desde los 90 por la Coordinadora de Afectados por Grandes Presas y Trasvases (COAGRET), que culminarían de forma exitosa con la masiva movilización frente al Plan Hidrológico Nacional, han generado un punto de inflexión en las políticas de fomento de grandes obras hidráulicas, consideradas hasta entonces de interés general indiscutible. De hecho, buena parte de los proyectos de grandes presas y trasvases han ido paralizándose y archivándose. La Directiva Marco de Aguas, aunque no bendice ni proscribe de forma explícita esas estrategias de oferta, dificulta enormemente su desarrollo, al establecer la prioridad de recuperar y conservar el buen estado de los ecosistemas acuáticos, y exigir ciertos criterios de gestión como el análisis coste-eficacia, la recuperación de costes o el principio de que quien contamina paga, aunque su aplicación esté plagada de contradicciones e inconsistencias.

Me preocupa mucho, no obstante, a nivel global, la fortísima campaña del lobby hidroeléctrico en pro de una nueva oleada de grandes presas, presentando la hidroeléctrica como pretendida energía limpia y verde frente al cambio climático.

7.- ¿Es viable el actual modelo agroalimentario desde el punto de vista del agua? ¿Cuáles serían las bases de un modelo alternativo?

Éste es el tema que presidirá uno de los dos informes temáticos que he empezado a elaborar para 2024, de forma que tengo aún mucho trabajo por delante para aclarar mis ideas y propuestas al respecto.

A menudo se plantea priorizar la producción de alimentos como una necesidad básica, usando incluso el derecho humano a la alimentación para justificar una explotación más intensiva de la naturaleza y en particular de ríos y acuíferos; al igual que se justifica la sobreexplotación de los ecosistemas acuáticos argumentando el derecho humano al agua para justificar la prioridad de cualquier demanda de agua, en línea con el clásico argumento de optar por el desarrollo en favor de los seres humanos frente a la protección de la naturaleza… Hoy resulta obvio que, si queremos promover un verdadero progreso para la humanidad, o lo hacemos preservando la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad o nos abocaremos a la quiebra de ese pretendido desarrollo, por insostenible.

Suelo insistir en la necesidad de basar la gestión de aguas en el discernimiento de prioridades éticas entre los diversos usos y funciones del agua y, al respecto, propongo distinguir lo que denomino el agua para la vida, el agua en usos y funciones de interés general, el agua para el desarrollo económico, y el agua-delito.

La máxima prioridad debe asignarse al agua para la vida, en usos y funciones que sustentan la vida y en particular la vida y la dignidad de las comunidades humanas. Es agua para la vida el mínimo vital necesario para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; también el agua necesaria para producir los alimentos que las comunidades empobrecidas necesitan para alimentarse, en el ámbito del derecho humano a la alimentación; e incluso los caudales necesarios para garantizar la salud y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, en el ámbito del derecho humano a un medioambiente saludable y sostenible, reconocido recientemente por la ONU.

En un segundo nivel de prioridad deben situarse los usos y funciones que la sociedad considere realmente de interés general. En un tercer nivel deben situarse los caudales necesarios para el desarrollo económico, respondiendo a la legítima aspiración de todos a vivir mejor, lo cual, por cierto, no pasa necesariamente por consumir más. Finalmente planteo la categoría del agua-delito en actividades que quiebran la vida, como la minería tóxica o el fracking, que deben ilegalizarse y evitarse a toda costa.

Si priorizamos adecuadamente los usos y funciones del agua para la vida, vinculados a derechos humanos y necesidades básicas, vemos que son perfectamente compatibles e incluso que están vinculados entre sí. Los 100 litros por persona y día, como mínimo vital para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en particular, suponen menos del 5% del agua de detraemos de la naturaleza para los diversos usos. Pero además garantizar esas aguas, tanto en cantidad como especialmente en cantidad, va a depender del buen estado de los ecosistemas acuáticos, especialmente para las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por otro lado, la soberanía alimentaria de esas comunidades suele depender de la preservación de su entorno natural y de su derecho a gestionarlo, desde el conocimiento de sus territorios, el uso de semillas y especies ganaderas adaptadas y el desarrollo de prácticas productivas y de vidaque hoy se valoran como sabias y en línea con las modernas estrategias de economía circular yde gestión integrada de los recursos, basadas en la preservación de la biodiversidad, la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y la fertilidad de los suelos.

Entiendo que garantizar el derecho humano a la alimentación, especialmente entre quienes padecen hambre, no pasa por producir más alimentos, sean cuales sean los impactos ambientales o la calidad de los alimentos producidos, sino por garantizar a esas personas su soberanía alimentaria. Basar la estrategia frente al hambreen producir más para garantizar la llamada suficiencia alimentaria, confiando en que el mercado hará llegar esos alimentos a todos, está fracasando de hecho. Según estimaciones de la FAO el 17% de los alimentos producidos se tiran, mientras que 811 millones de personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren problemas de salud por sobrepeso.

Transitar a dietas alimentarias saludables, garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, preservar la biodiversidad y las pesquerías, poner en valor la diversidad productiva con semillas y especies autóctonas adaptadas a cada territorio, y muy en particular garantizar una gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos y de la fertilidad de los suelos son a mi entender claves para garantizar el derecho humano a la alimentación, tal como empieza a reconocer la propia FAO.

8.- Los expertos en cambio climático auguran un futuro de mucho calor y poca agua. ¿Cómo podemos adaptarnos a este escenario?

A menudo se oye hablar de que el cambio climático deseca el planeta. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como es bien sabido, el cambio climático se genera por un proceso de calentamiento global. A mayores temperaturas, se incrementará por tanto la evaporación en los mares, con lo que, dado que todo lo que sube acaba bajando, lo que tendremos serán mayores precipitaciones. Los problemas llegan fundamentalmente por el aumento de la variabilidad de esas precipitaciones, lo que conlleva crecientes riesgos de eventos extremos, tanto de sequía como de crecidas e inundaciones, con graves impactos sobre el agua potable y el saneamiento de las comunidades que viven en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

De hecho, los mayores riesgos e impactos socioeconómicos derivados del cambio climático se producen en torno a estos eventos extremos relacionados con el agua. Por ello, desarrollar medidas basadas en un enfoque de derechos humanos, frente al cambio climático, exige poner en un primer plano estrategias de adaptación que permitan minimizar los impactos sobre las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Estrategias que deben basarse en la transición hidrológica, de igual forma que las estrategias de mitigación están presididas por la transición energética. Una transición hidrológica que debe reforzar la resiliencia ambiental, recuperando el buen estado de los ecosistemas acuáticos, y muy en particular de humedales, riberas y acuíferos, en sus capacidades de almacenamiento y de regulación de caudales; y por otro lado, reforzar la resiliencia social, garantizando los derechos humanos al agua potable, al saneamiento y a vivienda digna y segura, priorizando la atención sobre las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad.