Emergencia climática y crisis de modelo socioeconómico

 

(Galde 25, uda/2019/verano). Manu González.-

Es raro el día en que los medios de comunicación no recogen noticias sobre los efectos devastadores de fenómenos metereológicos que asolan determinadas zonas del planeta. Según Naciones Unidas, los desastres vinculados con el clima -que en buena parte están relacionados con el calentamiento global- ocurridos en las últimas dos décadas dominaron el panorama y fueron el 91 % de los 7.255 desastres contabilizados en total. Las pérdidas económicas directamente provocadas por estos desastres climáticos aumentaron un 151 % en los últimos veinte años y se elevaron a 2,24 billones de dólares, poniendo en evidencia el aumento en la frecuencia y severidad de este tipo de catástrofes.

Se debe tener en cuenta que la comunidad científica, desde hace años, viene alertando sobre la degradación del planeta, incidiendo en el papel de la acción humana. El pasado 3 de junio, tres premios Nobel apelaban en Valencia a reducir drásticamente las emisiones de CO2 para frenar el cambio climático. Se trataba de  los Nobel Edmund Phelps (Economía 2006), Barry Barish (Física 2017) y Michael Levitt (Química 2013). Las malas noticias respecto a la concentración en la atmósfera del CO2, han estado presentes semanas pasadas cuando tanto el observatorio de Mauna Loa –ubicado en Hawai y dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica– como el de Izaña –en Tenerife y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica– han registrado niveles nunca vistos de CO2, También, ha sido este pasado mes cuando se ha hecho público el mayor estudio científico sobre la pérdida de biodiversidad auspiciado por la ONU, advirtiendo que la destrucción ecológica puede poner en peligro a la propia especie humana por la pérdida del “soporte vital” de la naturaleza, afirmando que ha sido la acción humana quien ha alterado el 75% de la superficie terrestre, los ecosistemas naturales se han visto reducidos a la mitad y un millón de especies se encuentran en peligro de extinción.

La concatenación de este tipo de informes científicos, la presión en las calles –con protestas lideradas por movimientos como Fredays for Future o Extinction Rebellion–  y la acción continuada de colectivos ecologistas, están empujando a las instituciones y partidos a aprobar declaraciones de “emergencia climática”. Se trata, en la mayoría de casos, de declaraciones de intenciones, pero si que suponen un reconocimiento público de los riesgos que representa el calentamiento global y una oportunidad de situar el debate de la crisis ecológica en la opinión pública y en las agendas políticas de gobiernos e instituciones.

 

En este sentido, colectivos ecologistas vienen señalando que la declaración de emergencia climática debe ser entendida como una medida complementaria a la Ley de Cambio Climático. Consideran que la función de la primera es poner encima de la mesa una serie de objetivos que se deben alcanzar y cumplir para mitigar el calentamiento global. Y que la Ley de Cambio Climático, por su parte, debe desarrollar esos objetivos con más concreción, partiendo de la idea central de que esta ley no puede tener principios legales menos ambiciosos que los que se presenten en una declaración de emergencia y que un reconocimeinto de la urgencia en la intervención climática sin dotación presupuestaria y normativa clara y contundente, deja en papel mojado cualquier declaración.

UNA LEY  ADECUADA PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
Incidiendo en esa línea, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo Birdlife y WWF tienen presentada su valoración a las propuestas normativas gubernamentales referidas al cambio climático y transición energética. Valoración de laque recogemos las principales ideas.

Por un lado, se valora positivamente el contenido del borrador de propuesta legislativa y el impulso que éste puede suponer para abordar la transición energética de acuerdo con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y consideran acertado que el texto comience referenciando el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático del 8 de octubre de 2018, relativo a los impactos de un calentamiento global de 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales y las trayectorias de gases de efecto invernadero para limitar dicho calentamiento. Así, se entiende que las acciones y desarrollos de la ley deberán guardar estricta coherencia con los objetivos establecidos en el citado informe.

El hecho de que el texto reconozca la necesidad de abandonar un modelo energético obsoleto y causante del calentamiento global, propio de siglos pasados y lo haga reconociendo las necesidades de la sociedad en el siglo XXI es altamente valorado. Pese a lo anterior, la ausencia de fechas de cierre para las centrales térmicas de carbón y nuclear constituye una grave omisión que no facilita el tránsito hacia una economía descarbonizada.

Junto al modelo energético, la transición debe realizarse invirtiendo en los cambios necesarios sobre los patrones de consumo, los modos de vida y las políticas de vivienda y la movilidad…

Para conseguir la descarbonización del sistema, es necesario que la transición se lleve a cabo en todo el modelo económico en su conjunto. Por tanto, resulta especialmente llamativa la ausencia del sector de la agricultura, que es el segundo en cuanto a emisiones de GEI con un 11% del total , en gran medida debido a la actividad ganadera (un 67% de las emisiones del sector). Consideran también que la ley debería establecer el marco legislativo necesario para la inclusión de otros sectores clave: agricultura, residuos, industria o turismo, dada su importante contribución a las emisiones nacionales y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación…

Se incide en que la ley debería reconocer que el eje vertebral de la política de adaptación al cambio climático es la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, e incluir criterios de adaptación y aumento de la resiliencia frente al cambio climático.

Adicionalmente, si bien la ley habilita el desarrollo de instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana, el mejor entendimiento científico y la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales y económicas, se considera que es necesario el reconocimiento de las organizaciones ecologistas de forma expresa…Se echan en falta objetivos más ambiciosos que armonicen los plazos establecidos para el desarrollo de la ley con los compromisos asumidos por la UE…

Se valora positivamente que los objetivos de reducción de emisiones se referencien al año 1990. Sin embargo, consideran que, aún suponiendo un incremento respecto a los planteados por anteriores gobiernos, un 20% respecto a 1990 es todavía insuficiente para que España contribuya en la medida de su potencial a la reducción necesaria en Europa y en el mundo para que el aumento de temperatura global permanezca por debajo de 1,5 ºC…

Se valora positivamente la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, sin embargo éste no es suficiente. El sistema eléctrico es una parte fundamental del sistema energético, pero no es el todo. Para llevar las emisiones a cero, el sistema energético en su totalidad debe ser 100% renovable, lo cual es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. Este sistema debe ser sostenible, de bajo o nulo impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas. Para ello, el desarrollo de la ley deberá establecer las zonas más apropiadas para las nuevas instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, con el fin de reducir al mínimo el impacto sobre la biodiversidad.

Se valora positivamente que se incluya un objetivo para que no se permita la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, sin embargo 2040 es tarde para lograr un presupuesto de carbono en línea con los objetivos de calentamiento global de 1,5 °C acordados internacionalmente para el sector europeo de turismos. Para ello se requiere que en el año 2025 no se permita la venta de los automóviles diésel, de gasolina y de GNC (Gas Natural Licuado) nuevos y de los híbridos para 2028 . Además se hace necesaria una reflexión más en profundidad sobre la necesidad de reducción en términos netos del transporte por carretera especialmente en lo referido a las mercancías y el uso del vehículo privado.

Se valora positivamente la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking, aunque dicha prohibición se debería extender a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería (CAC, BECCS, uso de aerosoles), y a las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Se valora positivamente que la ley contemple un capítulo sobre adaptación al cambio climático, sin embargo, éste resulta insuficiente en lo referido a principios y criterios. En el articulado se echa en falta una clara alusión a la conservación y restauración de ecosistemas y la biodiversidad como eje vertebrador de la adaptación; así como la inclusión de criterios de adaptación: la necesidad de tener los ecosistemas en buen estado y funcionales (bosques, humedales y acuíferos, etc…), reconocer las soluciones basadas en la naturaleza, la retirada de infraestructuras obsoletas o impactantes, o desarrollar planes de adaptación para especies vulnerables.

Los colectivos ecologistas consideran que el texto denota escasa ambición en el articulado sobre biodiversidad, ecosistemas, usos de suelo… Lo incluido resulta del todo insuficiente, al no asegurar la protección de la biodiversidad ni la función de sumidero de los ecosistemas naturales (bosques, humedales…), así como el impacto de los incendios forestales. En línea con lo anterior, es llamativa la ausencia del sector agrario y de la cadena alimentaria, a pesar de su papel clave como fuente de emisiones (sobre todo, la agricultura y ganadería intensivas) y no queda claro cómo la ley conseguirá reducir las emisiones de este sector, además de maximizar la contribución de los suelos agrarios y los pastos a la fijación de CO2 .

Se valora positivamente que la ley incluya un apartado sobre transición justa con análisis de vulnerabilidad, financiación, calendarios y perspectiva de género. No obstante conviene ampliar el apartado sobre Transición Justa a todas las personas afectadas en una región por la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y a las personas.

Se valora positivamente que la política fiscal del Estado anuncie la necesidad de incorporar elementos de fiscalidad verde, que incentiven una economía baja en carbono y resiliente al clima y que permita internalizar los costes medioambientales, en el uso de la energía y en las principales actividades económicas que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien, se echa en falta referencias más claras en la materia. Un paquete de medidas fiscales que hagan referencia a impuestos sobre las emisiones del CO2 y otros gases de efecto invernadero, sobre la electricidad, una tasa sobre el carburante (impuestos sobre los combustibles fósiles/impuestos especiales) o impuestos indirectos sobre los productos importados producidos en terceros países con emisiones elevadas serían muy relevantes.

Se valora positivamente la inclusión de una referencia a los presupuestos de carbono sin embargo, la elección del verbo (“podrán”) vacía de obligatoriedad y se valora negativamente la condicionalidad en lo que se considera el mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte 100% renovables. Para la ruta hacia la descarbonización de la economía es imprescindible el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual que se encuentren en consonancia con las indicaciones del IPCC.

Se valora positivamente que se incluya la obligación de que los inversores institucionales y los gestores de activos de informar sobre las exposición de su actividad al cambio climático y los riesgos de transición, así como las medidas que van a adoptar para hacer frente al cambio climático.

Se valora el establecimiento de la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustible fósiles por parte de la Administración General del Estado y de realizar una propuesta de calendario para la desinversión

Se valora positivamente que se incluya la inclusión de prescripciones técnicas particulares en los pliegos de contratación, criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Se valora positivamente la inclusión de la perspectiva de género en el borrador y su mención como principio rector.

LA RESPUESTA EVOLUTIVA DE NUESTRA ESPECIE
Tanto la urgencia como la gravedad de la situación climática y ecológica exigen una actuación rápida y contundente para evitar los peores escenarios indicados por la ciencia, todo un reto para las las administraciones europeas, estatales, autonómicas, forales y municipales que se están configurando, para los partidos políticos que las gobiernen y la sociedad en general.

Quizás sea bueno tener en cuenta más a una juventud que se ha revelado ante la inacción política de  las alertas científicas. Algunas de las frases del discurso de apenas tres minutos de Greta Thunberg en la cumbre del clima (COP24) muestran la respuesta evolutiva de nuestra especie al antropoceno, la nueva era en la que hemos entrado y a la crisis civilizatoria actual:

“Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos.”

“Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos.”

“Hasta que no comiencen a centrarse en lo que debe hacerse en lugar de lo que es políticamente posible, no habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis.”

Atalak | Politika

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