La factura de la discriminación

 

Galde 27, negua/2020/invierno. Mikel Mazkiaran.-

La discriminación como percepción.

No es nada sencillo entender la factura de la luz. Tras intentar descifrar conceptos difíciles de entender terminamos centrando nuestra vista en el coste total y esa cifra es la que retenemos. Elaborar la factura de la discriminación en Euskadi no es tarea fácil. En primer lugar, tenemos que decidir si incorporamos actuaciones discriminatorias que son percibidas así por las personas que las sufren o valoramos a través de indicadores si se trata realmente de un acto discriminatorio. En las Oficinas de Información y denuncia de los diferentes territorios de SOS Racismo se recogen alrededor de 300 denuncias de personas que manifiestan haberse sentido discriminadas. Otro elemento que hace que la factura que presenta SOS Racismo sea diferente a la que puedan ofrecer otras entidades u organismos es la falta de consenso sobre los tipos de discriminación. En nuestra organización clasificamos las denuncias en conflictos y agresiones racistas, discriminación laboral, racismo institucional, denegación de servicios públicos o privados, discurso y delitos de odio y conflictos con cuerpos policiales. Los conflictos y agresiones junto con el racismo institucional suelen ser los tipos de discriminación más habituales en las OID de SOS Racismo. Y es que la discriminación es sobre todo una percepción. En el Informe elaborado por M. ª Ángeles Cea D’Ancona y Miguel S. Valles Martínez sobre la evolución de la discriminación a través de las encuestas entre los años 2013 y 2016 se observa que la discriminación percibida es muy superior a la que se experimenta y denuncia y por otro lado hay un aumento de la percepción de discriminación por motivos religiosos o por aplicación de las normas de extranjería.

La discriminación en cifras.

La única estadística oficial que cuantifica la discriminación en el estado español es la que ofrece desde hace cinco años el Ministerio del Interior a través del registro de incidentes relacionados con delitos de odio. En el 2018 se contabilizaron 1.598 incidentes relacionados con antisemitismo, aporafobia, religión, discapacidad, orientación sexual, racismo, idolología, sexo/género, edad y enfermedad (En la CAV 121 y en Navarra 10). De estas 10 tipologías ideología (596), racismo (531) e identidad sexual (259) ocupan los primeros lugares. Por razones que todo el mundo conoce no es de extrañar si decimos que casi el 60% de los incidentes por ideología provienen de Cataluña. Este resbaladizo concepto de “ideología” no ayuda en nada a aclarar la factura de la discriminación y más bien distorsiona el resultado que viene a constatar que las personas extranjeras y las pertenecientes al grupo LGTBI son los colectivos diana que más ataques sufren. También contribuiría a obtener una fotografía más completa de la discriminación que la administración trasladara a sus estadísticas las denuncias que registramos las entidades del tercer sector.

Siguiendo con el símil de la factura nos sigue faltando un dato muy importante, el de la reparación. De esos 1.598 incidentes que hemos señalado necesitamos conocer cuantos terminan en el juzgado con una sentencia favorable a la víctima denunciante. Las conclusiones de la segunda Encuesta de la Unión Europea sobre las Minorías y la Discriminación (EU-MIDIS II), de la Agencia Europea de Derechos Fundamental FRA mantiene en una cifra cercana al 80 % el número de denuncias por discriminación que no se interponen. Para corregir esta cifra negra no basta con que desde entidades como la nuestra animemos a las personas a denunciar si no podemos garantizar un mínimo de posibilidades de reparación del daño causado. La Proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación que ya se presentó en el año 2011 sigue sin poder ser aprobada en esta situación de provisionalidad continua. Y aunque no vaya a solucionar todos los problemas supondría una buena herramienta para afrontar la discriminación en ámbitos como el de las relaciones privadas. Comunidades Autónomas como Cataluña han hecho el intento de legislar en esta materia, algo sobre lo que debería reflexionar el Gobierno Vasco si el central no es capaz de ofrecer herramientas normativas para regular la igualdad de trato y no discriminación.

El origen de la enfermedad.

No obstante, ninguna norma va a servir para acercar posturas a la hora de definir las causas de la discriminación. Para quienes ponen el acento en el elemento estructural los prejuicios y estereotipos no sirven a la hora de explicar muchas de las actitudes racistas y xenófobas que observamos en lo que hemos dado en llamar racismo social (otros prefieren hablar de racismo de baja intensidad). Denominaciones aparte una cosa está clara, el racismo es multiforme y cambiante.

En estas discusiones sobre el origen del racismo ha irrumpido con fuerza el movimiento decolonial que reduce el debate a una lucha entre el poder estructural y las personas racializadas. Estas teorías inciden en un viejo dilema que históricamente ha mantenido la lucha antirracista. Nos referimos a la defensa de la universalidad de derechos frente a las identidades particulares. En este punto hay que reconocer que vivimos tiempos en los que la identidad del grupo está ganando terreno al reconocimiento de derechos universales. Y mientras seguimos enredados en el origen de la enfermedad los síntomas son muy reales: personas extranjeras a las que se les niega el acceso a la vivienda en las inmobiliarias y no tienen manera de probarlo; trabajadoras y trabajadores explotados por su situación de irregularidad administrativa, etc.

Los arboles del antirracismo forman parte de un bosque en el que está la ciudadanía, las instituciones y las políticas publicas que intentan combatir la discriminación. El reciento Barómetro de Ikuspegi nos avisa que un 53,3% de la ciudadanía vasca percibe que las personas inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social y según el último informe del OBERAXE , entre el 60 y el 70% de los españoles consideran que los inmigrantes reciben más de lo que aportan. Aprovechándose de estas opiniones algunos partidos políticos lanzan discursos que contaminan la convivencia y terminan encareciendo la factura de la discriminación. La sociedad civil organizada, la ciudadanía y la administración son engranajes de una misma maquinaria que debe ponerse en marcha cuando afloran las soflamas de neonazis abiertamente racistas pero también, y sobre todo, cuando el tubo de escape del “foro coches” suelta humos xenófobos.

Cómo abaratar la factura. Algunas propuestas.

Para ir terminando, aclarar los conceptos de la factura de la discriminación es siempre conveniente para que podamos saber de qué hablamos. Y sin pretender dar la fórmula mágica para abaratar el precio algunas ahí van cuestiones a tener en cuenta. El clima invernal influye en la factura de la discriminación y es importante recordar por qué se produce ese cambio climático. Políticas migratorias que en Europa cosifican y despojan de derechos fundamentales a las personas migrantes envían una señal que amplificada por los voceros de la ultraderecha termina normalizando el trato desigual al diferente. Combatir el racismo pasa por que los gobiernos y sus representantes políticos envíen un mensaje claro a la ciudadanía de reconocimiento a las personas venidas de fuera en igualdad de derechos. En su libro “Contra el odio”, la escritora alemana Carolin Emcke señala que el odio es siempre difuso; la precisión traería consigo la sutileza, la mirada o la escucha atentas. De manera que una vez convertidos los individuos en colectivos desdibujados ya podemos gritar y difamar a las mujeres, los infieles, los negros, las lesbianas, los refugiados, los musulmanes o los gitanos.

Los delitos de odio son la cara más visible y violenta de la discriminación; pero no es la única expresión ni siquiera la más habitual. Si no ponemos el foco en esos microracismos cotidianos que algún autor ha dado en llamar “racismo líquido” estamos olvidando el caldo de cultivo del cual surge el delito de odio.

La atención a las victimas debe ser una atención integral. En estas actuaciones discriminatorias una parte esencial del ser humano como es la dignidad queda deñada. De manera que tan importante como el asesoramiento legal es el acompañamiento psicológico. Las administraciones deben ampliar el foco de la discriminación, si no se protege a la victima tras la denuncia, haber dado ese paso pude terminar aumentando el daño causado.

En el Informe al que antes nos hemos referido sobre la evolución de la discriminación a través de las encuestas, cuando se pregunta por qué motivos nunca ha comunicado formalmente o denunciado haber sido víctima de discriminación la respuesta “no sirve para nada” se mantiene como la razón que más lleva a no denunciar. Esta respuesta debería traer aparejada una reflexión de calado sobre la eficacia del sistema judicial para dar respuesta a estas denuncias, la búsqueda de alternativas, (la justicia restaurativa podrá ser una) y el papel protagonista que puede desempeñar la administración en detrimento de la jurisdicción penal combinando sanciones ejemplarizantes con pedagogía.

Por último, la factura debería contener un mensaje a modo de recordatorio señalando que el principio de igualdad nos favorece a todas y todos. Si justificamos la discriminación de alguien porque nos parece diferente aceptamos que el día de mañana podamos ser tratados de forma desigual porque hemos pasado a formar parte de algún grupo “diferente”. De aquellos barros estas facturas.

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