Muy desesperado debe estar el lobby nuclear cuando tiene que echar mano del miedo al colapso eléctrico para defender estas centrales. Supuestamente, el cierre de las nucleares dará lugar a desabastecimiento eléctrico y producirá más apagones como el sufrido el día 28 de abril, cuando, en realidad, las centrales no jugaron ningún papel para evitar el apagón ni en la recuperación. Al contrario, hubo que priorizar la alimentación externa de las centrales nucleares para salir de la situación de preemergencia en que entran cuando se interrumpe la alimentación exterior, por lo que muchas zonas tardaron en recuperar la normalidad.
No hemos visto lobby mejor organizado y con más recursos que el nuclear. Son capaces de cambiar el debate público y de hacer que aparezcan sus ideas en primer plano o, por el contrario, capaces de pasar desapercibidos cuando no les conviene. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto dos importantes debilidades de la energía nuclear en Europa: la vulnerabilidad de las centrales nucleares frente a ataques militares, con el consiguiente peligro (como es el caso de Chernobil o Zhaporiyia), y la dependencia europea del uranio ruso (más de la tercera parte del uranio que consumen las nucleares europeas procede de Rusia y de sus países satélites). Nada de esto se ha puesto en el centro del debate sobre los terribles efectos de esta guerra. En cambio, sí se ha hablado mucho, con razón, sobre el gas y sobre la vulnerabilidad de otras infraestructuras, como el gaseoducto de Nord Stream o la presa de Kajovka. Todos los elementos tratados son importantes y no deberían ser ignorados en una guerra. La vulnerabilidad de las centrales en tiempo de guerra debería estar hoy en el centro del debate.
También se hace mención al cambio climático, aludiendo que sin nucleares será imposible proceder a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto también es falso. En España, por ejemplo, se reducen las emisiones sin aumentar la potencia nuclear. Pero, además, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, la nuclear aporta el 4% de la energía en el mundo. Para ser una verdadera alternativa, habría que multiplicar el parque nuclear por siete. Lo que supone multiplicar por siete el consumo de uranio, con lo que este se agotaría muchos más temprano (en un par de décadas), así como multiplicar por siete la probabilidad de que suceda un accidente. Por otra parte, los tiempos de fabricación y los costes aumentarían, al crecer fuertemente la demanda de componentes de las centrales.
Es difícil mantener un debate contra un lobby como este que es capaz de poner las reglas y cambiarlas según les vaya. Pero, al menos, vamos a poner negro sobre blanco algunos hechos ciertos que confiamos en que tengan efecto sobre las opiniones y sobre las decisiones que se tomen.
Según se acerca noviembre de 2027, mes en que se debe parar definitivamente la central nuclear de Almaraz I (Cáceres), arrecia el debate sobre la continuidad de las nucleares en España. No se habla de la apertura de nuevos reactores porque la experiencia de construcción de nuevas centrales en Europa ha sido desastrosa tanto en tiempo de fabricación como en coste económico. En efecto, las experiencias de los reactores de Olkiluoto en Finlandia y de Flamanville en Francia son disuasorias. Ambos han acumulado un sobrecoste del 200% aproximadamente y un retraso superior a 12 años, con el resultado de que han costado unos 15.000 millones de euros cada uno y un tiempo de construcción de casi 18 años. El efecto de esta aventura fue la quiebra de la empresa pública francesa AREVA. Tampoco se apuesta por la construcción de algún Pequeño Reactor Modular, o SMR por sus siglas en inglés. Los SMRs no pasan de ser una promesa del sector: en estos momentos hay en el mundo más de 75 diseños posibles y ninguno de ellos en funcionamiento. De hecho, acaba de fracasar el proyecto de SMR NuScale en EEUU, por no poder alcanzar los parámetros que se propusieron en el diseño y porque se han disparado los costes.
Lo que se discute en nuestro país es la continuidad de las viejas centrales que aún funcionan y que tiene un calendario de cierre escalonado que comienza con el cierre de Almaraz I (Cáceres) en 2027 y termina en 2035 con Trillo (Guadalajara). Este lobby pedía públicamente al gobierno de España la revocación del calendario de cierre, lo que no tenía ningún sentido, pues dicho calendario fue un acuerdo entre las empresas eléctricas y ENRESA. Cuando se les recuerda que han sido las eléctricas las que han establecido el calendario, no les queda más remedio que cambiar de discurso sin ningún rubor y manifiestan su objetivo: que el gobierno rebaje los impuestos nucleares, entonces reconsiderarán el calendario. Ellos apostarían por una extensión moderada, de unos tres años, y por una rebaja sustancial de la tasa de residuos. Pero el hecho es que aún no hay sobre la mesa una nueva propuesta de calendario de cierre.
La queja de las eléctricas sobre los tributos de las nucleares no es más que una demostración de que esta energía no es rentable. Entre los tributos, hay que distinguir impuestos y tasas: la tasa es finalista, se dedica a remediar un problema que la actividad gravada genera, mientras que el impuesto es genérico, se destina a la redistribución de la riqueza. El único tributo que paga la energía nuclear, que no pagan otras tecnologías de generación de electricidad, es la tasa que va a sufragar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos y la tasa del uranio, por su almacenamiento. El resto de impuestos los pagan también el resto de las tecnologías de generación eléctrica. La actual tasa de residuos es la establecida para sufragar los gastos calculados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), según el principio de «quien contamina paga», que se extiende a todas las actividades industriales, a pesar de lo difícil que es establecer el coste de las externalidades de estas actividades. La protesta del lobby nuclear es una señal de que quiere jugar con ventaja.
La afirmación de que el precio del kWh nuclear no es capaz de sufragar esas tasas equivale sencillamente a decir que la energía nuclear no es rentable, pues no puede afrontar sus gastos operativos. Lo que nos está pidiendo el lobby nuclear es una huida hacia delante. La ampliación de la vida de las centrales en unos pocos años, con la intención de reducir la tasa, tendría un efecto mínimo sobre esta y no haría sino agravar el problema, pues habría más residuos que gestionar. Al final, esto conduciría a un rescate público de las compañías que poseen centrales nucleares, pues no habría suficientes fondos para su desmantelamiento y la gestión de sus residuos.
Afirman también que el calendario de cierre pone en riesgo la garantía de suministro de electricidad. Sin embargo, el PNIEC (plan Nacional Integrado de Energía y Clima) asume este calendario de cierre junto a un despliegue de energías renovables y de tecnologías y acciones de ahorro y eficiencia energética, lo que garantiza dicho suministro. Y la cosa no les va mal a las grandes empresas con el PNIEC y las medidas ya tomadas de despliegue de renovables, porque España está experimentando un fuerte crecimiento del PIB, de los más altos de Europa. A este crecimiento contribuye sin duda el bajo precio de la electricidad en España, en comparación con el de otros países.
Si las nucleares aportan el 20% de la electricidad es porque se les ha facilitado que entren en a coste cero y funcionen como potencia base. Es deseable y posible técnicamente transitar hacia un modelo energético alternativo donde se prescinda de todas las energías contaminantes, como ya se ha empezado a hacer.
En esta transición, la energía nuclear no sirve como energía de respaldo de las renovables, dada la escasa flexibilidad que tienen las centrales para modificar la potencia producida. Por tanto, la extensión nuclear supone más bien un freno para el despliegue renovable, entre otros motivos porque sus propietarios no potenciarán ese despliegue con el fin de seguir obteniendo beneficios de sus nucleares.
Lo cierto es que la prolongación del funcionamiento de las centrales que funcionan supone unas grandes inversiones que son disuasorias para las grandes eléctricas y estas intentan por todos los medios aumentar el beneficio reduciendo gastos. Sería más sensato emplear esos recursos en energías limpias y seguir por el camino ya emprendido de transitar hacia un modelo energético más limpio. Además, será necesario rehacer los planes para la gestión de los residuos de alta actividad, que ha establecido el 7º PGRR. En estos momentos se han finalizado los proyectos de todos los ATIs (Almacenes Transitorios Individuales), en los que se almacenará todo el combustible gastado generado por las centrales españolas si se cumple el calendario de cierre establecido. Si se decide cambiar el calendario, se hace imprescindible cambiar todos estos proyectos.
El 7º PGRR introduce importantes novedades respecto al 6º PGRR, de 2006: acaba con el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca); duplica la capacidad para depositar residuos de media y baja actividad en el cementerio de El Cabril, lo que es imprescindible para proseguir con el desmantelamiento de las centrales nucleares; y, finalmente, fija en 2073 la fecha para la construcción del Almacén Geológico Profundo (AGP), donde se depositarán los residuos de alta actividad, que son peligrosos durante cientos de miles de años. Como se ha dicho, la tasa de ENRESA que se aplica a las nucleares se ha establecido para sufragar los gastos de estas actividades. Sin embargo, estos gastos están subestimados por las enormes incertidumbres que rodean la construcción y operación del AGP que, sin duda, harán subir el presupuesto. La posible prolongación de las nucleares, con un aumento de los residuos a gestionar, no disminuiría los costes de la gestión y no permitiría bajar la tasa.
La energía nuclear tampoco otorga independencia energética a España, puesto que el 100% del uranio se importa y se enriquece en el extranjero. Como se ha dicho, la tercera parte del uranio que se consume en Europa procede de Kazajistan, un aliado de Rusia. Además, casi toda la tecnología de las centrales españolas procede de empresas extranjeras.
La energía nuclear no sobrevivirá sin apoyo público. Y es este lo que busca el lobby nuclear: que esta fuente de energía no esté sometida al test de la rentabilidad (tanto en sentido económico duro, como en el ambiental) y que los ciudadanos cubramos las externalidades de su operación.
Queda por tratar el problema del impacto del cierre en las comarcas nucleares. El diálogo entre todas las partes interesadas de los territorios es necesario y recomendable para garantizar una transición justa en las zonas donde se van a cerrar las centrales nucleares. Es necesario trabajar por formas de desarrollo alternativo y sostenible en las comarcas desde ahora mismo, mientras la nuclear sigue aportando recursos en la zona.
Los habitantes de las comarcas nucleares se oponen al cierre y aducen que el cierre de las centrales supone la ruina de las comarcas. Pero significa que estas centrales no han sido capaces de crear una verdadera riqueza, pues nos encontramos con un monocultivo económico que ni siquiera mantiene la población en los pueblos cercanos a las centrales.
