La encrucijada del sistema vasco de perfiles lingüísticos

En los últimos tres años se han conocido en torno a una veintena de sentencias por exigencia desproporcionada, y discriminatoria, de títulos de euskera en los procesos extraordinarios de estabilización del funcionariado interino de larga duración. Como reacción, PNV y Bildu están impulsando reformas legislativas con el objetivo de “blindar” mayores exigencias lingüísticas, acabando con uno de los pilares del sistema vasco de perfiles, los índices de obligado cumplimiento, el porcentaje de puestos en los que en cada administración se debe acreditar obligatoriamente certificación del conocimiento de euskera. Unas proporciones, hasta ahora, ajustadas a la realidad sociolingüística de cada municipio, y que se actualizan con el censo cada cinco años.

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Un pacto lingüístico roto

En el dictamen del Gobierno Vasco para avalar la enmienda del PNV se afirma: “la iniciativa que consideramos favorable ha de ser aquella que sirva para llevar la problemática actual al Parlamento y que mantenga el consenso político de la legislación básica sobre el uso del euskera que fue apoyada por todas las opciones políticas presentes en la pluralidad de esta sociedad”.

Parece una apología del consenso lingüístico, que en 2008 el Consejo Asesor del Euskera, en una relevante reflexión estratégica denominada Euskara XXI, pretendía que fuera constituyente: “la dirección en que debe apuntar el pacto renovado sobre el que ha de cimentarse la política lingüística de principios del siglo XXI: ha de renovar y ampliar, desde una perspectiva constituyente, el consenso suscitado en torno a la Ley del Euskera”. Pero lamentablemente aquel crucial acuerdo lingüístico de 1982 entre PNV, PSE, EE, UCD y EPK-PCE ya lleva muchos años dando síntomas de ruptura.

Resulta significativo lo que escribió en 2008 uno de los protagonistas de aquel pacto, Alfredo Marco Tabar, parlamentario de UCD, que dijo sentirse “desilusionado y engañado, con sensación de haber sido un pichón”, por los “excesos y desvíos” en el desarrollo práctico de la Ley 10/1982 del Euskera.

Y por el otro lado atendiendo solo en “cristiano”

Es cierto que quien primero incumplió la Ley fue el Gobierno central. Los deberes legales para la elemental atención bilingüe en la Administración General del Estado (AGE) en Euskadi, validados por el Tribunal Constitucional (sentencia 82/1986), han sido casi papel mojado durante estos 43 años. Así lo acreditan los reiterados informes del Comité de expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa (véase su Informe de 2024), y hasta reconoció en 2019 un diagnóstico de la Oficina para las Lenguas Oficiales en la AGE.

Las tres piezas del sistema de perfiles lingüísticos

El sistema de perfiles lingüísticos tiene tres elementos básicos: 1) los títulos acreditativos de conocimiento de euskera, 2) la exigibilidad según los índices de obligado cumplimiento y 3) la valoración como mérito del título en los puestos donde no es exigible. Cada una de estas piezas ha tenido sus problemas específicos.

Títulitis, reválidas, euskaldunes ágrafos, belarriprest y el enterrador traductor

Los niveles actualmente oficiales de euskera impiden el reconocimiento pleno de su competencia lingüística a muchas personas (euskaldunes ágrafos, euskadunes pasivos o ulermendun/belarriprest, niveles A1/A2), a pesar de que el Marco Común Europeo de las Lenguas apuesta por la inclusión de toda esa diversidad. Asimismo, los macroexámenes de reválida para conseguir el perfil resultan pedagógicamente anacrónicos, y para no pocas personas, traumatizantes.

Y además existe una disparidad de niveles para puestos iguales. El caso del puesto de enterrador municipal con exigencia de PL4-C2 (¿para enterrar difuntos?) es una anécdota real. Pero lo que resulta inaudito es la desregulación deliberada por la que en un ayuntamiento como Irún se pide C1 a todo el personal administrativo y C2 a todo el personal técnico, mientras que en el de Donostia la exigencia es B2 y C1 respectivamente. ¿Por qué en los institutos de Secundaria se requiere B1 a los bedeles, mientras que en muchas escuelas de Primaria se les exige B2 oral y escrito?

La clave de bóveda de los índices sociolingüísticos

Curiosamente, los índices, a pesar de su discutida fórmula (euskaldunes + cuasi-euskaldunes/2) han sido hasta ahora el pilar regulado que generaba mayor certidumbre. El espíritu de estos porcentajes lo resumió lúcidamente en 1996 el entonces Director del IVAP y luego vicelehendakari, Josu Erkoreka: “Como puede verse, pues, el esfuerzo de acomodación a cada realidad sociolingüística no solamente no es inexistente, sino que conforma una de las claves de bóveda sobre las que se apoya el sistema. Cabe afirmar en este sentido que el Plan no pretende otra cosa sino asegurar que, desde el punto de vista lingüístico, cada una de las administraciones públicas vascas sea reflejo fiel de la comunidad humana a la que ha de servir.”

Esto es lo que desean que desaparezca. PNV, desregulándolo en manos de cada entidad pública, paradójicamente en nombre de la seguridad jurídica. Y Bildu sustituyéndolos por una exigencia generalizada, con apenas excepciones.

El filtro casi insuperable del mérito

En cuanto a la valoración como mérito, en uno de los únicos trabajos de evaluación conocidos (Nº6 de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, IVAP 2014), analizando las personas participantes en unas oposiciones diseñadas por el PSE en 2010 en Gobierno Vasco, se concluía que en la práctica la obtención de una plaza sin tener perfil lingüístico resultaba una opción remotísima.

La valoración como mérito es una amplia horquilla discrecional, en la que es solo optativo valorar los perfiles inferiores a los del puesto. Y además el Decreto 2024 ha ampliado la puntuación otorgable a los perfiles superiores a los del puesto, para convertirlo en un filtro ya casi insuperable.

¿Una política de perfiles basada en garantizar los derechos lingüísticos?

Existe una inaudita opacidad sobre los datos de uso y demanda ciudadana de las lenguas oficiales, cuya medición obligatoria en todas las administraciones públicas fue significativamente rechazada durante la tramitación del último Decreto de perfiles. Pero lo que parece evidente es que una demanda de atención en euskera, por ejemplo, de aproximadamente el 16% en Osakidetza, no justifica una exigencia generalizada a todo el personal sanitario.

Y por si fuera poco, hay servicios públicos (consultorios de Osakidetza actualmente, como en su día comisarías de la Ertzaintza) en los que incluso la ventaja del perfil sirve solo para evitar los destinos en pueblos mayoritariamente euskaldunes. Resultando que el perfil lingüístico vacía de profesionales acreditados los puestos más necesarios para los derechos lingüísticos, y se convierte en un privilegio laboral contraproducente para su objetivo inicial, y hasta para zonas sociolingüísticas consideradas estratégicas para el futuro del euskera.

Todas estas circunstancias han desnaturalizado los perfiles como instrumentos legítimos para garantizar el imprescindible uso ciudadano del euskera en todos los servicios públicos, además de provocar grandes repercusiones en la gestión de nuestra pluralidad. Sirva como ejemplo lo sucedido en las últimas elecciones al rectorado de la EHU-UPV, tras años contratando solo a profesorado con perfil lingüístico, incluso para dar clases en castellano o inglés.

Oldarraldia eta Jauzia segregacionistas

En este contexto se escuchan voces, que llaman ataque (oldarraldia) a barrenderos y cuidadoras, con décadas de contratos precarios, pidiendo el amparo judicial de la normativa lingüística vasca vigente. Son las mismas que reclaman un salto (Jauzia gara), que en la práctica se quiere concretar en extender la obligatoriedad de los perfiles lingüísticos a infinidad de ámbitos socioeconómicos.

Lo cierto es que en vez de apostar por la gratuidad de los euskaltegis y por extender las liberaciones para el estudio, como forma de superar las barreras del dinero y del tiempo, que impiden a mucha gente acercarse al euskera, priorizan medidas de segregación laboral, asaltando por la puerta trasera la filosofía inclusiva de la Ley de Euskera.

Debate lingüístico constituyente: puentes frente a barreras

Así veo las cosas, sin paños calientes, tras varios años planteando iniciativas propositivas sin respuesta. Así que abordemos esta encrucijada nuclear para la sociedad vasca.

Y es que la política lingüística de promoción del euskera necesita mejoras en los términos que recogía el mencionado Acuerdo Euskara XXI: “aceptando de antemano que partimos de una realidad definida por nuestras características demolingüísticas y sociolingüísticas, precisamente para mejorar esa realidad, obviamente, pero para mejorarla con arreglo a objetivos asequibles, y no para, de la mano de quienes toman el euskera como mero estandarte político, despeñar la convivencia y la cohesión social por el precipicio de la intransigencia.”

La suerte no está echada. Construyamos puentes para la promoción inclusiva del euskera, frente a las barreras de la exclusión.

Sabin Zubiri Miembro de Euskara Denontzat, por un euskera sin barreras