Resistencia migrante: la lucha de las trabajadoras agrícolas de Almería

(Fotografía de Mikel Bejarano). (Trabajadoras agrícolas marroquíes en el SAT Almería, 2021).

 

Galde 34, udazkena/2021/otoño. Maíra Dias Pereira.-

La delegación Frontera Sur, que partió el 21 de junio de 2021 a Motril, Almería y Melilla, y retornó el 27 a Bilbao, tuvo la meta de conocer la lucha de los movimientos sociales que defienden los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y denunciar los desafíos y las historias de superación de las personas que emprendieron el proyecto migratorio hacia el Europa, y que transitan o se establecen por la frontera Sur española. El grupo empezó a ser constituido en 2020 y fue conformado por 17 mujeres y cuatro hombres del País Vasco, en su mayoría, pero también de otros lugares del Estado español y de Brasil, Méjico, Chile y Colombia, provenientes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU, de la plataforma ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak y de la ONG SODePAZ, organizadora de la iniciativa.

Durante esta experiencia de aprendizaje mutuo, el grupo estuvo con entidades de referencia, como la asociación Emergencia Frontera Sur, de Motril; el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Almería, el programa Espacio Sin Fronteras de la radio de la Universidad de Almería (UAL), el Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales de la UAL, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítimo, y la asociación y centro socio-cultural auto-gestionado La Resistencia, de Almería; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Servicio Jesuita para los Migrantes (SJM), y las asociaciones Prodein y Geum Dodou, de Melilla. Asimismo, la delegación visitó el asentamiento de Atochares de Almería, participó de una manifestación a las puertas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación de Melilla, protagonizada por mujeres, niñas y niños, a favor de la escolarización de este colectivo y, finalmente, visitó las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de esta ciudad autónoma.

El presente texto pretende visibilizar las narrativas de resistencia entabladas por las trabajadoras agrícolas marroquíes de los invernaderos Almería, sin dejar de reconocer la multiplicidad, importancia y complejidad de las otras problemáticas locales inherentes a los procesos migratorios en la frontera Sur.

Mar de plástico
Desde Motril, en la provincia de Granada, la brigada partió en dirección al municipio de Almería, cruzando la provincia que lleva el mismo nombre, deparándose con algunas de las 31.614 hectáreas de superficie de invernaderos almerienses, uno de los referentes del desarrollo económico andaluz y mayor concentración de invernaderos de horticultura a nivel mundial. De acuerdo con los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (2021), municipios como Níjar, Vícar, Adra y El Ejido producen cerca de 3,5 millones de toneladas que generan más de 2.200 millones de euros al año. No obstante, a la vez, están entre los 15 municipios con la menor renta media anual por habitante de España, por debajo de los 8.000 euros al año por habitante (Reviejo, 2021).

Los sindicatos explican porque existe esta contradicción, constatando que el sector cuenta con un alto índice de economía informal y de contratos laborales fraudulentos o precarios. Comisiones Obreras (CCOOO), en concreto, denuncia que en la última campaña agrícola del año 2019-2020 las/os empresarias/os agrícolas defraudaron cerca de 45 millones de euros, dejando de abonar a la Seguridad Social las cotizaciones por contratos laborales, bien sea a través de jornadas laborales no declaradas o de modalidades de contratación ilegales, no pagando impuestos a Hacienda (Reviejo, 2021). Además, es sabido que la inmensa mayoría de trabajadoras/es del campo que sufren esta vulneración de derechos laborales es de origen extranjero.

Mujeres migrantes en resistencia

El grupo estuvo en el SAT Almería para conocer una historia de mas de un año de lucha protagonizada por trabajadoras/es agrícolas de los invernaderos que se organizaron por la defensa de sus derechos laborales y sindicales. En la visita, 12 mujeres marroquíes narraron como decenas de mujeres y hombres empezaron una huelga, puesto que la empresa Haciendas Bio, situada en Pujaire, en el Cabo de Gata, y socia de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL), incumplía el convenio laboral. Pese a la negociación entre el sindicato y la patronal, el día 19 de junio, la empresa despidió a las/os trabajadoras/es. Estas mujeres denunciaron como trabajaban de lunes a sábado sin vacaciones. Además de los domingos, tenían tres días de descanso al año. Mencionaron que estos días no estaban adecuados a los días festivos de su país de origen, y de esta forma, no consideraban sus identidades religiosas y culturales. Mas específicamente, citaron que llegaban a trabajar nueve horas y media al día, cobrando cinco euros la hora, sin los 20 minutos para el disfrute del bocadillo y sin el plus de transporte. Las condiciones de los baños eran insalubres y, muchas veces, tenían que trabajar con los pies cubiertos de agua fangosa. Así mismo, presenciaron historias de acoso sexual que padecieron algunas trabajadoras por parte de encargados o jefes.

El 25 de junio, Haciendas Bio perdió la certificación alemana Demeter, y más recientemente, el 5 de julio, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería archivó la querella criminal que la empresa puso contra el SAT Almería, por supuestos daños económicos y de imagen (Soc – Sat Almería, 2021). Pese a ello, las/os trabajadoras/es siguen en Expediente de Regularización de Empleo (ERE) y movilizándose para que el desenlace del conflicto sea justo.

Atochares

Junto a un grupo de trabajadores del campo marroquíes, la delegación partió rumbo a Atochares. Este asentamiento está ubicado en Níjar, municipio en que se encuentra cerca de 8.000 personas trabajadoras agrícolas (Vidas Migrantes bajo el plástico, Alianza Solidaridad, 2020) que vivirían en unos 94 asentamientos (Torres, 2020), debido a la falta de recursos para alquilar un piso, o porque son rechazadas/os por las/os propietarias/os de los pisos por su nacionalidad, color de piel o situación administrativa irregular. Desde hace 20 años que la población migrante procedente del Magreb y de África Subsahariana reside sin redes de agua potable en estas estructuras de plástico, madera o de hormigón, cuando empiezan a tener más recursos financieros o cuando tienen ayuda de organizaciones. Allí, escuchamos el testimonio de un trabajador marroquí que no recibió ningún tipo de gratificación económica después de trabajar durante seis meses en un invernadero, y que ahora cuenta con el apoyo del sindicato para subsanar su situación. En 2020, Izquierda Unida, la ONG Almería Acoge y la Asociación Mazagón denunciaron las condiciones precarias que viven miles de temporeras/os de Almería y Huelva, y esta coyuntura será analizada por el Parlamento Europeo e investigada por la Comisión Europea (Saiz, 2021).

Dada las condiciones de las instalaciones eléctricas y de gas inseguras, y, también, de los plásticos y maderas que conforman las estructuras de estas infraviviendas, los incendios son frecuentes. En cuestión de semanas, se ha declarado tres incendios en la zona de Níjar: el 1 de diciembre en el asentamiento de La Paula en El Viso, y el de 13 de febrero y el 17 de junio en Atochares. Según La Resistencia, el incendio del 13 de febrero afectó a unas 400 personas, dejando a muchas de ellas sin documentación ni objetos personales (Muñoz Lucena, 2021). En todos estos casos, el Ayuntamiento de Níjar y la Junta de Andalucía no atendieron las/os afectadas/os debidamente, más allá del control del fuego.

(Fotografía de Mikel Bejarano). (Asentamiento de Atochares, Níjar, 2021).

Las luchas de Nora y Nadia

Por otra parte, la brigada acudió al encuentro-debate Derechos humanos en Frontera Sur en la sede de La Resistencia, donde escuchó el testimonio de Nora El Hadramy, activista marroquí que reside en Atochares y lucha por los derechos de las trabajadoras agrícolas migrantes de los asentamientos. Nora es una joven que empezó la licenciatura en derecho en Marruecos, antes de ser obligada a dejar a su tierra natal por razones laborales. Antes estuvo en Francia, y en virtud de las dificultades para conseguir la documentación para vivir y trabajar legalmente en el país, se decantó por venir a España. Hasta ahora, lleva tres años en el Estado español y sueña con estudiar enfermería. En diciembre de 2020, hizo un año que empezó a trabajar en el campo y se instaló en el asentamiento, después de que una familia que la empleaba en el sector de los cuidados estuviera dos meses sin pagarla. Actualmente, pese a tener el árabe y el francés como lenguas maternas, comunicarse fluentemente en castellano y tener estudios secundarios completos, como alternativa al trabajo en el campo, se dedica al trabajo de hogar, un nicho laboral marcado por la estratificación por nacionalidad, “raza” y género. Igualmente, Nora alerta sobre el aumento de las cifras de desempleo entre las trabajadoras agrícolas desde marzo de 2020, cuando se desató la pandemia del COVID-19.

En el encuentro-debate, Nadia Zougagh Bousnina, otra militante de origen marroquí que está involucrada en las luchas anti-opresión a favor del colectivo migrante de Almería, mencionó la presencia de mafias que cobran miles de euros por un contracto de trabajo o importes económicos mensuales por el empadronamiento. Junto a Nora, protagonizó el documental Vidas invisibles: Mujeres migrantes bajo el plástico (Alianza Solidaridad, 2020). En el film, afirma que además de padecer todas las vulneraciones de derechos que sufren los hombres, las mujeres están expuestas a los despidos por estar embarazadas, y a tener sus derechos amenazados tanto por hombres españoles como por marroquíes, visibilizando los efectos del patriarcado en sus vidas cotidianas. También, menciona la vulnerabilidad de las/os niñas/os que viven bajo el plástico en condiciones inhumanas.

Reivindicaciones

Por consiguiente, la lucha emancipadora emprendida por las trabajadoras agrícolas migrantes, en defensa de sus derechos laborales y sindicales, reivindican el respeto al convenio colectivo del sector agrario. Ellas ruegan por inspecciones de trabajo que supervisen el cumplimento del convenio, y el pago del salario mínimo interprofesional – mínimo de 6,90€ por hora trabajada-. Además, informan que el convenio de 2015 está caducado desde hace dos años y que debe de ser renovado lo cuanto antes, garantizando mejores condiciones de trabajo. Asimismo, exigen que el gobierno español facilite la documentación de residencia y trabajo para el colectivo campesino migrante, cambiando la actual ley de Extranjería y, también, que promueva viviendas sociales en que puedan empadronarse.

De este modo, es evidente cómo ciertos actores de la elite política y económica internacional capitalista siguen utilizando tanto los recursos naturales como la fuerza de trabajo del Sur global para lucrar y mantener su posiciones hegemónicas en un sistema marcado por relaciones neocoloniales. Todo eso se queda plasmado en la violencia, dominación y opresión estructural, ejercida por empresarios, instituciones y por los Estados neoliberales, patentes en las historias de esclavitud moderna, explotación laboral y exclusión social que se han conocido. Por lo tanto, es menester el desarrollo de programas, planes y políticas públicas que promuevan, protejan y respeten un sistema global para que todas las personas sean sujetos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que las personas migrantes puedan, por ejemplo, tener oportunidades para acceder a un empleo digno en condiciones de igualdad, sin sufrir discriminaciones por razones de género, orientación sexual, clase social, casta, nacionalidad, categoría racial, etnia, tradiciones culturales, religión, capacidad, edad, estatus ciudadano y/o situación administrativa.

Referencias

Alianza Solidaridad (9 de octubre, 2020): Vidas invisibles: Mujeres migrantes bajo el plástico [Archivo de video]. www.youtube.com/watch?v=B7cX2poReXo

MUÑOZ LUCENA, LUCÍA (17 de febrero, 2021): Atochares, el miedo tras el incendio. El Salto Andalucía. https://www.elsaltodiario.com/temporeros/atochares-nijar-incendio-miedo-

Reviejo, Santiago F. (29 de mayo, 2021): La paradoja de Almería: la agricultura de invernadero más potente en los pueblos con la renta más baja de España, Público. https://www.publico.es/economia/paradoja-almeria-agricultura-invernadero-potente-pueblos-renta-baja-espana.html

SAIZ, Eva (8 de marzo, 2021): La situación de los asentamientos de temporeros andaluces llega al Parlamento Europeo, El País. https://elpais.com/espana/2021-03-08/los-asentamientos-de-temporeros-andaluces-llegan-al-parlamento-europeo.html

SOC-SAT ALMERÍA [SAT Almería], (2021): [Página de Facebook]. https://www.facebook.com/Soc-Sat-Almer%C3%ADa-490163284520371/

TORRES, Alfonso (4 de diciembre, 2020): Más de 50 chabolas y 1,5 hectáreas arden en un asentamiento de temporeros en Níjar, El Salto Andalucía. https://www.elsaltodiario.com/temporeros/50-chabolas-hectareas-arden-incendio-asentamiento-nijar-almeria-migracion-agricultura-precariedad

Maíra Dias Pereira es Doctora en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

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