Galde 34, udazkena/2021/otoño. Itziar Guerendiain-Gabás y Maitane Arnoso-Martínez.-
El 7 de septiembre comenzó el periodo de 4 meses para la recogida de las 10.000 firmas necesarias para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la implantación de una Renta Básica Incondicional (RBI) en la CAPV, pueda ser discutida y sometida a votación en sede parlamentaria. Nuestra apuesta por esta medida surge no sólo de la insuficiencia de los sistemas de rentas garantizadas para acabar con las situaciones de pobreza y exclusión, sino también de la constatación, durante las últimas décadas, del fracaso del modelo social y económico actual para posibilitar unas condiciones de vida digna para la mayoría. Décadas de reformas y promesas respecto del desarrollo social que, sin embargo, contrastan con una realidad en la que la desigualdad no ha hecho más que acrecentarse, el único salvado ha sido el capital y cada vez el riesgo de exclusión es más cercano para más personas.
Sin duda, en el contexto de la CAPV, la Renta de Garantía de Ingresos ha sido una medida progresista que ha permitido aliviar las cifras de pobreza más severas. Sin embargo, el exceso de requisitos y controles administrativos, así como la insistencia en utilizar el derecho a la inclusión laboral como contraprestación obligatoria para mantener la prestación (la actual reforma propone endurecer las sanciones a quienes rechacen ofertas de trabajo), ha impedido que amplios sectores de la población en situación de exclusión puedan acceder a ella, además de dificultar la salida de los ciclos de pobreza a casi la mitad de las receptoras. El modelo sigue siendo incapaz de desvincular el derecho a la vida de la participación que se haga o no en un mercado de trabajo que, a todas luces, es cada vez más flexible, más precario y más injusto.
En este contexto, esta ILP nace con una voluntad de abrir ventanas hacia otro paradigma, partiendo de un posicionamiento ideológico radicalmente distinto al actual acerca de la centralidad que debe tener el mercado neoliberal a la hora de organizar la vida en sociedad. Pretendemos abrir espacios para reflexionar cómo queremos vivir, cómo debe distribuirse el trabajo y la riqueza y cómo organizar un modelo que sea compatible con unos recursos que son finitos y que requieren de transformaciones ya impostergables.
Varios motivos claves que nos impulsan a defender esta iniciativa de forma insistente.
- Los datos siguen mostrando que también en la CAPV, la población que vive en situaciones de integración precaria sigue siendo alarmante. Según datos del Informe Foessa, en 2018, sólo el 56,6% de la población vasca se encontraba en situación de integración social plena; y en las cifras de la exclusión, seguían sobrerrepresentadas las mujeres y familias monomarentales, las personas migradas y la juventud.
- En los últimos años, hemos visto cómo las altas tasas de desempleo conviven con una precariedad e hiper explotación laboral cada vez más extrema, donde se multiplican los contratos de un día y las figuras flexibles, y en donde resulta cada vez más difícil llegar con un sueldo (o 2, o 3) a fin de mes. La amenaza de perder el empleo nos obliga a aceptar condiciones laborales cada vez más injustas, y los continuos ataques y vulneraciones a nuestros derechos laborales dificultan nuestra capacidad de organización y movilización. La lucha contra la precariedad no es un eslogan. Es una realidad a la que cada vez más personas están expuestas y que a veces aparece como única posibilidad para la supervivencia y (mala)integración social.
- En un contexto donde la centralidad del empleo ocupa nuestra vida, los cuidados (y quienes los ejercen -especialmente las mujeres migradas) siguen sin tener el reconocimiento que merecen. La presión por el rendimiento desgasta nuestra salud mental: el estrés, la ansiedad y la depresión se multiplican en un sistema en el que el descanso es tiempo perdido, tiempo improductivo. La participación política y la vida comunitaria se ven fragmentadas y desintegradas, en una vida dedicada al empleo en la que no tenemos tiempo para pensar. No, poner la vida en el centro y querer disponer de tiempo para ejercer nuestros derechos de ciudadanía y no vivir esclavizadas en un modelo económico que beneficia a una minoría no es sólo un eslogan: es un grito desesperado de una sociedad cada vez más enferma, pero también más consciente.
- El crecimiento continuado es completamente insostenible con los límites físicos de nuestros cuerpos y del propio planeta. El Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que se presentó el pasado 9 de agosto, advierte que el actual sistema productivo es, inequívocamente, el causante de la aceleración desmedida del cambio climático; exigiendo cambios inmediatos y contundentes que vayan en la línea del decrecimiento y la reorientación del sistema hacia la sostenibilidad de la vida. No, ya no sólo lo dicen los mismos cuatro gatos (y gatas); también cientos de expertos que incluso se pronuncian dentro de las fronteras del sistema.
La apuesta por la RBI pretende ser una bolsa de oxígeno para disponer de nuevas herramientas desde las que transitar a otros modelos de organización social y económica más sostenibles. Seguramente no podrá resolverlo todo, pero sí ampliar la capacidad de imaginación colectiva y el marco de lo que es posible. Dotarnos de una mayor capacidad de negociación dentro del mercado laboral, que nos permita decir no a los empleos basura, y garantizar el derecho a vivir más allá del empleo, para poder cultivar nuestros vínculos y redes afectivas, participar políticamente en nuestras comunidades; decrecer y reducir los ritmos de producción y consumo, así como redistribuir una riqueza que año tras año vemos cómo se concentra en manos de unos pocos.
Frente a quienes plantean que la RBI es una utopía financieramente insostenible, hoy sabemos que la propuesta sería factible si hubiera voluntad política (ver Raventós, Arcarons, y Torrens, 2017). Urge salir del fatalismo y el determinismo que nos llama a la desmovilización, para avanzar en otras propuestas que fuercen nuevos escenarios desde los que repensar el futuro. No lo decimos nosotras. Diversas instituciones a nivel internacional, como la Organización Internacional del Trabajo (entre otras), han dicho que la renta básica es una medida que deberían estudiar las instituciones; y también se han pronunciado a su favor multitud de profesionales de distintos sectores, referentes en el campo de la cultura, personas provenientes del movimiento feminista y LGTBQ, etc. De hecho, el Manifiesto por una Economía Ecológica en la Euskal Herria Post Covid19 impulsado desde la UPV/EHU, firmado por más de 4000 personas y 191 organizaciones, proponía, entre otras medidas, el establecimiento de una renta básica universal.
Por todo ello, creemos que ha llegado el momento para introducir la RBI en la agenda política, parlamentaria y reivindicativa de los movimientos sociales. La conquista de nuevos derechos exige siempre la movilización en un proceso abajo-arriba que obligue a los gobiernos a la adopción de medidas que mejoren la vida de la gente. La ILP permite abrir una campaña de difusión en el espacio público que esperamos sea capaz de sumar fuerzas para movilizar a una amplia parte de la ciudadanía en torno a esta propuesta. Tenemos cuatro meses (hasta el 7 de enero de 2022) para ello. Para que esta propuesta llegue a todos los pueblos, barrios y ciudades, a todos los centros de trabajo, universidades y espacios vecinales. Cuatro meses para conseguir muchas más de las 10.000 firmas necesarias, para obligar al Parlamento Vasco y a los grupos políticos a escucharnos y posicionarse ante esta iniciativa.
Te necesitamos, compa. Firma y difunde la iniciativa.
Itziar Guerendiain-Gabás y Maitane Arnoso-Martínez,
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y participantes de la Promotora de la ILP.