Monoparentalidad y exclusión social: una historia de mujeres

 

Galde 28, udaberria/2020/primavera. Sonia Carrasco Fernández, EAPN Euskadi.- 

Cuando hablamos de familia monomarental nos referimos a aquella que tiene por responsable a una mujer, que no incluye a otras personas adultas, y está a cargo de uno/a o más hijos/as. En cambio, cuando hablamos de familia monoparental entendemos que está compuesta por un/a solo/a progenitor/a y uno/a o más hijos/as. Pero ¿cuál es la realidad de las familias monomarentales y por qué hablamos sobre todo de madres? Las familias monoparentales siguen siendo “historia de mujeres”, y es importante señalar el alto riesgo de pobreza y exclusión social a que se exponen. Las unidades familiares encabezadas por mujeres tienen en común la dificultad para conciliar vida laboral, familiar y personal, la precariedad e inestabilidad laboral y la falta de apoyo institucional. Según los datos a nivel estatal, el 68,2% de los hogares monoparentales está compuesto por dos miembros (persona adulta e hijo/a) y sólo un 27,2% está integrado por tres personas. A pesar de esto, las principales ayudas están destinadas a una persona con dos o más hijos/as.

Uno de los principales problemas a que se enfrentan las familias monoparentales es la indefinición. Con esto queremos decir que no suele existir una definición específica de qué es una familia monoparental y, por supuesto, menos aún, cuándo hablamos de familia monomarental. Esto nos devuelve a la cuestión de las prestaciones. En el caso concreto de la CAPV no existe una definición institucional única aplicable a las familias monoparentales. Además, no existe una regulación específica que defina legalmente la condición de monoparentalidad. Hay referencias a estas circunstancias en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, donde se establece la existencia de complementos para las familias monoparentales en la renta de garantía de ingresos y en la renta complementaria de ingresos del trabajo. En los últimos años, hemos visto que diferentes comunidades autónomas están definiendo el concepto de monoparentalidad a través de decretos o leyes: desde 2003 en Cataluña, 2011 en Galicia, 2014 en Aragón y 2018 en las Illes Balears, etc.

En el País Vasco desde diferentes administraciones públicas se define la familia monoparental de diferente manera (unas veces persona adulta con un hijo/a, otras adulta con dos hijos/as o más…), dando lugar a problemas burocráticos que, en definitiva, hacen que la atención a estas familias sea deficitaria. Esto supone, además, un grado de indefensión y vulnerabilidad enorme cuando hablamos de los hijos e hijas en estas familias. Desde la preocupación, EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social) ha realizado un estudio sobre estas familias en el Estado, en el que recoge la definición y conceptualización sobre monoparentalidad que las diferentes comunidades autónomas vienen definiendo en sus leyes. Pero no hay una definición consensuada y cada comunidad autónoma decide utilizar su propia definición. De aquí, la importancia de tener una legislación específica para familias monoparentales.

Datos Euskadi

Según Emakunde 2018, uno de los colectivos con mayor y creciente riesgo de exclusión y pobreza es el de las familias monoparentales, las cuales tienen mayoritariamente una mujer al frente. En la CAPV, con alrededor de 96.500 unidades familiares monoparentales, la proporción en 2018 era de casi el 82% de familias encabezadas por mujeres frente al 19% encabezadas por hombres, como indica la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. En la CAPV las diferencias son también remarcables en este tipo de hogares respecto a la media total de familias y en todas las tipologías de pobreza que analiza la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. El principal deterioro observado entre 2016 y 2018 se asocia al incremento de la pobreza en las familias monoparentales. En este grupo, el impacto de la pobreza real ya aumentaba entre 2014 y 2016 (del 12,7 al 13,4%) pero se ha intensificado en el periodo 2016-2018, con una incidencia del 15% en 2018. Esta cifra sólo queda por debajo del 18,2% de 2012.

Entre las mujeres que sustentan familias monoparentales se producen también importantes diferencias según la edad y el tipo de ocupación. Es remarcable que casi el 87% de las mujeres de familias monoparentales menores de 45 años sin ocupación estable se encuentren en una situación vulnerable, lo que implica la incapacidad de hacer frente a gastos corrientes para mantener niveles satisfactorios de calidad de vida. En esta franja de edad, alrededor de los 45 años, es habitual que los hijos e hijas sean más pequeños/as y por tanto requieran más cuidados. Esto, sin una red suficiente de apoyo, va en detrimento de la capacidad de dedicación al empleo o la formación de las madres. Se añade que las mujeres no solamente participan menos que los hombres en el mercado laboral (su tasa de actividad es más baja), sino que, cuando lo hacen, sus condiciones laborales y sus empleos son peores. Los procesos de precarización de las mujeres en relación al mercado laboral se intensifican ya que realizan empleos de peor calidad, peor pagados y a jornada parcial. La consecuencia directa es que el riesgo de empobrecimiento y exclusión de las mujeres que encabezan familias monoparentales es mayor. La tasa de riesgo de pobreza de niños y niñas que viven en hogares monoparentales es sistemáticamente superior a la tasa media de pobreza infantil en España (15 puntos superior a la media).

La vida de las familias monoparentales que están siendo atendidas en entidades sociales en Euskadi tiene varias dificultades solapadas. La conciliación es el principal hándicap de las mujeres que encabezan este tipo de hogares. Muchas de ellas carecen de apoyos familiares y recurren a personas conocidas o personas con que comparten piso para que se encarguen del cuidado de sus hijas e hijos. Los sectores de trabajo con horarios partidos, horarios de tarde y noche, así como empleo en días festivos, hacen que no puedan disfrutar de momentos de ocio con las y los menores, dificultando las relaciones familiares. Sectores tan feminizados como el de la limpieza, cuidados, empleadas de hogar y cada vez más la hostelería predominan.

A pesar de tener empleo, la mayor parte de las mujeres tienen contratos parciales y temporales. Esto agudiza la situación de precariedad, ya que muchas veces no pueden compaginar un trabajo con otro para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la familia. La mayoría no recibe de su ex pareja (si la tienen) pensión de alimentos de sus hijas e hijos, las denuncias se prolongan en el tiempo y tras la resolución judicial habitualmente se sigue sin pagar. Aun percibiendo dicha pensión, las cuantías oscilan entre los 100 y 150 euros por hija o hijo, lo que resulta insuficiente para atender los gastos derivados de alimentación, escolarización, ropa, alojamiento, suministros y demás.

El acceso a una vivienda con unas condiciones mínimas de habitabilidad, así como con contrato y padrón (básico para solicitar la RGI y ayudas de emergencia), resulta más complicado si cabe a mujeres con hijos e hijas a su cargo. Son rechazadas en viviendas con subarriendo ya que mucha gente no quiere vivir con niñas/os, suponen más gastos compartidos… Al no tener unos ingresos suficientes, no pueden residir en viviendas propias, y muchas veces al compartir vivienda los y las menores se han visto expuestas a situaciones de peligro. Aunque en los sorteos de viviendas protegidas tienen más puntos, muchas de ellas no cumplen requisitos en Etxebide o en Viviendas Municipales, por lo que también se ven fuera de las viviendas protegidas.

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Euskadi (EAPN Euskadi) vemos imprescindible dar a conocer y visibilizar la realidad de las mujeres que forman hogares monoparentales y en especial de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello pensamos que es necesario repensar las políticas de lucha contra la pobreza desde una clave feminista y con especial atención a los grupos vulnerables.

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