José Antonio Pérez Pérez, (Dossier Galde 08, otoño 2014). La declaración de octubre de 2011 donde ETA anunció el cese definitivo de su “actividad armada” constituyó una de las noticias más esperadas de las últimas décadas en el País Vasco. El balance final tras algo más de cincuenta años de terrorismo y sin haber conseguido ninguna de sus históricas exigencias, no puede ser más desastroso y sangriento. Más de ochocientas víctimas mortales, setenta y dos secuestrados (doce de ellos asesinados), cientos de heridos y miles de personas extorsionadas y perseguidas constituyen tan solo una parte, la más visible y cuantificable, de las terribles consecuencias que ha dejado su historia de destrucción. El dolor y el miedo que se han vivido en este país son imposibles de medir y forman ya parte de nuestro propio patrimonio inmaterial. Una pesada losa con la que cargamos, que cuestiona a toda una sociedad sobre su comportamiento durante aquellos años.
Quienes pretenden justificar la trayectoria de ETA hablan de la existencia de un conflicto político, de “todas las violencias”, y acumulan víctimas de diferente naturaleza para tratar de apuntalar esta teoría y equilibrar de algún modo la magnitud del horror. Necesitan, sencillamente, visibilizar la existencia de dos bandos para escenificar ese conflicto. Pero nunca hubo dos bandos. Nunca hubo un cuerpo social y político significativo detrás de los crímenes cometidos por la extrema derecha y el GAL que apoyase masivamente aquellos asesinatos. Nunca hubo miles de voces que diesen vivas a aquellas bandas en las calles, ni un proyecto de carácter totalitario que controlase los espacios de los pueblos y ciudades del País Vasco, que estigmatizase al enemigo político, que lo despojase de su condición humana para justificar su eliminación.
Como es sobradamente conocido el final de la dictadura no llevó al abandono de las armas por parte de ETA, probablemente porque nunca fue específicamente una organización antifranquista. En la adopción de su estrategia violenta prevaleció siempre su radical oposición contra España frente a cualquier otro tipo de planteamiento. Esta organización radicalizó su actividad terrorista precisamente a partir de 1977, tras la promulgación de la Amnistía que supuso la excarcelación de los últimos presos políticos. A lo largo de los siguientes tres años la organización terrorista asesinó a más de doscientas treinta personas, un número que se incrementaría hasta superar ampliamente las ochocientas víctimas mortales. No ha sido la violencia de ETA la única -aunque sí la más sangrienta con diferencia- que hemos vivido durante las últimas décadas. La “guerra sucia” contra esta organización y la actuación de las diferentes bandas de extrema derecha, en sus diferentes etapas y versiones, han provocado también decenas de muertos entre 1975 y 1987; y en ello el Estado, o para ser más concretos, determinado mecanismos y elementos de este Estado, tuvieron de un modo u otro, por acción u omisión, una importante responsabilidad. Paralelamente la intervención de las Fuerzas del Orden Público durante aquella época, especialmente durante el final de la dictadura y los primeros años de la transición, dejó también un importante reguero de heridos y víctimas mortales, la mayor parte de ellas producidas durante la represión de manifestaciones, tanto de orden político como laboral, o en controles de carretera desplegados por la Guardia Civil. Todos estos fenómenos han generado un elevado número de víctimas provocadas por la violencia política. Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta esta sociedad es el reconocimiento de estas víctimas tras décadas de olvido y abandono. Como sabemos es un tema tremendamente delicado y por ello muy fácil de manipular.
Si hacemos un poco de historia, el reto al que nos enfrentamos no es mayor, ni muy diferente, de aquel que han encarado otras muchas sociedades contemporáneas que han padecido diversos fenómenos de violencia política. La recuperación de la memoria de las víctimas, su rehabilitación y reconocimiento son, sin embargo, fenómenos relativamente tardíos. Hasta los años ochenta del siglo XX y sobre todo hasta la caída del Muro de Berlín no se produjo una revisión de la traumática historia de muchos de aquellos países que habían vivido experiencias devastadoras en forma de persecuciones, genocidios, represión, guerras o dictaduras.
En España, por ejemplo, un fenómeno tan complejo como el de la denominada Memoria Histórica ha quedado reducido en realidad a una reivindicación de la memoria de los republicanos represaliados por el franquismo. Esta corriente reivindicativa, que tomó una especial fuerza a partir del año 2000, un cuarto de siglo después de la muerte de Franco, se materializó en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Y todo ello surgió en un contexto muy concreto, que se fue alimentando al calor de los rescoldos que dejó en la sociedad española el clamor de las víctimas del terrorismo tras los sucesos de julio de 1997. El asesinato del joven concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, provocó una reacción de tal magnitud que sirvió para visibilizar el dolor y el abandono que habían sufrido hasta ese momento las víctimas de ETA. De hecho, resulta clamoroso que la Ley de solidaridad con Víctimas del Terrorismo en España date de una fecha tan tardía como octubre de 1999 y que la primera asociación de víctimas, la AVT, fundada en 1981, apenas tuviera apoyos ni presencia pública hasta muchos años más tarde, precisamente tras aquel asesinato.
La exigencia de justicia, verdad y reparación de estas víctimas se situó en el corazón de la escena política, con las consecuencias bien conocidas que se derivaron de ello. Pero esta reacción tuvo también otros efectos, impulsando de un modo u otro un debate en torno al olvido de otras víctimas de la violencia política, como las del franquismo, contribuyendo a su organización en diversas asociaciones memorialistas. No es necesario rebuscar demasiado en las hemerotecas para encontrar la sentida y razonable queja de los familiares de las víctimas de la represión que desató la dictadura. En realidad todos los colectivos de víctimas piensan que los otros han merecido mayor reconocimiento y honores que los propios. Las víctimas del franquismo se quejan amargamente del trato discriminatorio que han sufrido frente a las del terrorismo de ETA, a quienes consideran beneficiados por una serie de reconocimientos que a ellos les han negado; y estas últimas lamentan que los miembros de aquella organización asesinados por grupos parapoliciales o fallecidos en enfrentamientos con la policía sean honrados como héroes en sus pueblos, mientras sus muertos han sido tratados como apestados.Es un fenómeno hasta cierto punto comprensible y surge de la frustración que ha generado la respuesta cicatera y tardía de las instituciones, pero también y sobre todo, de la propia sociedad.
Esta situación se ha visto, además, perjudicada por la enconada batalla que se ha abierto en torno al relato histórico de lo sucedido durante los últimos años. La derrota sufrida por el terrorismo ha llevado al entorno político y social que lo sostuvo durante décadas a reforzar los argumentos que justifiquen su historia. Ello implica apuntalar un relato que sitúa a Euskal Herria como víctima martirizada por un Estado español opresor, donde los miembros de ETA aparezcan como depositarios de una herencia que regaron con sangre los gudaris del 36. Y además, es necesario hacerlo de tal modo que permita “explicar” la historia de la banda hasta 2011. Frente a esta pretensión se encuentra la reivindicación de las asociaciones de víctimas que asumen la famosa triada de Verdad, Justicia y Reparación, pero también la labor de los historiadores por explicar lo ocurrido de una forma razonada y veraz, profundizando en los motivos de la violencia, en las implicaciones sociales y políticas que permitieron ejercerla con impunidad y en las tremendas consecuencias que ha dejado.
Y en el centro de todo ello están las instituciones, sobre todo las vascas, encargadas de impulsar unas políticas públicas de la memoria que sean al mismo tiempo respetuosas con las víctimas y rigurosas con la verdad de lo sucedido. No es una tarea fácil. Nadie dijo que la paz lo fuera. Para ello se han impulsado diferentes iniciativas, desde el famoso Plan de Paz y Convivencia de la Secretaría del Gobierno Vasco, duramente criticado por diferentes asociaciones de víctimas y por un importante grupo de historiadores vascos, hasta la puesta en marcha de diversos memoriales, como el Instituto de la Memoria (ahora también llamado de la Convivencia) o el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que depende del gobierno central. El primero de estos centros fue impulsado en su momento por el anterior gabinete de Ajuria Enea, dirigido por los socialistas, y pretendía ser un instrumento que situase cada fenómeno de violencia política de los sufridos en el País Vasco, desde la guerra civil hasta la actualidad, en su contexto histórico. Un reto complicado, sin duda y cuyo éxito dependerá en gran medida del cuidado -o la intención- que se ponga en establecer un relato riguroso de lo sucedido, sin caer en equidistancias ni establecer contrapesos, y sin concesiones hacia aquel sector de sociedad vasca que apoyó y justificó la violencia política hasta hace unos pocos años.
El perfil que va adoptando el (no) relato histórico del pasado que parece imponerse, cargado de eufemismos e imposturas, de reencuentros y familias políticas sobre las que se olvida o maquilla su pasado, no invitan, en nuestra opinión, al optimismo. Nunca un país tuvo tanta memoria –ni tan mala, pensarán muchos-, o al menos nunca fue tan anunciada, proclamada ni manoseada, ni resultó, por lo visto, tan difícil llamar a las cosas sencillamente por su nombre.
José Antonio Pérez Pérez
Historiador, profesor de la UPV-EHU
