(Galde 17, invierno/2017). Koldo Uranga.
En 2016, Máxima Acuña fue galardonada con el Premio Goldman por su lucha en defensa del medio ambiente. Campesina de subsistencia en el norte de Perú, defiende desde 2010 su “derecho a vivir en paz en su terreno”, una parcela que el consorcio Yanacocha hostiga para poder explotar el yacimiento aurífero más importante de Perú y de América Latina, la mina de oro y cobre Conga.

En 1994, Acuña y su esposo compraron un terreno de 25 hectáreas en la sierra de Sorochuco, departamento de Cajamarca, cerca de unas lagunas donde Minera Yanacocha había solicitado expandir su explotación con el Proyecto Conga. Newmont Mining declaró en 2015: “Nosotros adquirimos esas propiedades en 1997”.

En 2011, la policía y la seguridad privada de Yanacocha destruyeron la casa y el huerto de los Chaupe. Cuando estos denunciaron los hechos, en la comisaría de Sorochuco se negaron a tomar nota de lo sucedido. En agosto de 2011, Máxima y su hija fueron golpeadas quedando inconscientes. La familia intentó denunciar con fotos y videos el hecho ante la fiscalía de Celendín; tampoco se les atendería.

En 2012, en las masivas protestas ciudadanas contra el proyecto Conga, cinco manifestantes fueron asesinados. Ese octubre, Acuña invitó a los manifestantes para permanecer en sus tierras. Al tiempo sería sentenciada a pagar 200 soles (unos 65 euros) a Yanacocha, y a dejar sus tierras dentro de los siguientes 30 días y a tres años de cárcel por haber “ocupado ilegalmente” terrenos de la minera. Sus apelaciones entre 2012 y 2014 no tendrían éxito, y los juzgados reafirmarían la sentencia inicial.

En mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA pidió al gobierno peruano adoptar medidas preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes de comunidades, incluida la familia Chaupe.

En diciembre de 2014, las denuncias de Newmont contra los Chaupe por “actos criminales” fueron rechazadas. Su condena de prisión fue anulada y se detuvo su desalojo. Como resultado de esta victoria legal, la mina Conga ha sido mantenida fuera de Tragadero Grande. Newmont ha sido incapaz de avanzar con su proyecto alrededor de Laguna Azul. En febrero de 2015 las fuerzas de seguridad de la minera destruyeron las cimentaciones de una casa que planeaban reconstruir los Chaupe. Las protestas se extenderían hacia Lima e internacionalmente. Amnistía Internacional se movilizó en su defensa. La CIDH ha pedido al estado peruano medidas de protección para los Chaupe, pero éste no ha tomado acción alguna.

La carrera de LA minería en Perú. En las dos últimas décadas, la industria minera en Perú ha crecido a una velocidad vertiginosa. Con promesas de empleo y prosperidad económica a las comunidades vecinas, el gobierno peruano otorgó licencias mineras en todo el país. A pesar de estas promesas, la gente del campo siguen viviendo en la pobreza. En muchas comunidades, los residuos mineros han contaminado las vías fluviales locales, afectando el agua potable de la población local y a sus necesidades de riego.

En la parte septentrional peruana de Cajamarca, donde extensas tierras de la región ha sido entregadas en concesiones mineras, Newmont, con sede en Colorado, junto con la minera peruana Buenaventura, posee y opera la mina Yanacocha. Es una de las minas de cobre y oro más rentables del mundo.

En 2010, la compañía propuso el desarrollo de una nueva mina para extraer un depósito de oro a sólo 16 km de distancia de Yanacocha. El proyecto pidió drenar cuatro lagos cercanos. Uno de ellos, conocido como Laguna Azul, se convertiría en un pozo de almacenamiento de desechos, amenazando las cabeceras de cinco cuencas hidrográficas y el ecosistema páramo de Cajamarca, un humedal de gran diversidad biológica.

“Estamos traumatizados, sin hogar, pero sin temor”, declaraba Acuña al solicitar ayuda legal a GRUFIDES, una ONG ambientalista en Cajamarca que representa a miembros de la comunidad local en casos contra compañías mineras. Con la ayuda de su abogada, Mirtha Vásquez, apeló el fallo y comenzó a reunir documentos como su título de propiedad que demuestra que tenía derechos de propiedad legítimos sobre el terreno reclamado por Newmont.

Acuña sigue enfrentándose a amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera y sus empleados de seguridad militarizados. La compañía minera ha construido una cerca alrededor de la tierra de Acuña, restringiendo su capacidad de moverse libremente. Ellos han destruido sus cultivos de patata, y mantienen una estrecha vigilancia en su propiedad para evitar la replantación del terreno. Mientras tanto, la lucha legal continúa en la Corte Suprema peruana con más recursos y demandas.

Máxima mantiene un notable sentido de optimismo en su continuada lucha por la justicia. Ella se ha hecho muy popular en toda América Latina por su coraje al enfrentarse a una compañía minera multinacional. La mina Conga no ha avanzado. Muchas comunidades se han unido a Máxima; y su victoria ha traído nueva vida a la lucha por defender los páramos de Cajamarca y los suministros de agua. Para Máxima Acuña ha sido todo un empujón recibir uno de los más importantes galardones medioambientales internacionales.