Manuela Carmena es una persona sobradamente conocida por diversas razones. Primero por su actividad como abogada laboralista, que ejerció entre otros lugares desde el trágicamente famoso despacho de abogados de la calle Atocha de Madrid, blanco de un brutal ataque ultraderechista que se saldó con cinco muertos en el año 1977. A lo largo de su carrera ha sido, entre otras cosas, vocal del Consejo General del Poder Judicial delegada para el País Vasco, jueza decana de Madrid y jueza de Vigilancia Penitenciaria. Ha representado a España en el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU constituido en 1991. En 2008 fue distinguida con el premio Manuel de Irujo bajo el mandato del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe.
Aunque ahora esté jubilada, tras treinta años de ejercicio de la profesión, no está en absoluto inactiva (probablemente no lo esté nunca), como lo prueba su blog http://reinventemoslajusticia.blogspot.com.es (el título es ya toda una declaración de intenciones) o el programa en el que interviene semanalmente en RNE con el objetivo de divulgar la justicia. En nuestro caso,desde Euskadi hemos sido testigos privilegiados de su actividad en los últimos tiempos, con la importante labor desarrollada en relación con las víctimas de abusos policiales, en la Comisión dependiente de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del anterior Gobierno socialista, comisión que, afortunadamente parece que va a seguir activa con el nuevo Ejecutivo vasco.
Vd. es conocida en los últimos tiempos en Euskadi como coordinadora de la Comisión encargada de elaborar, por mandato del Parlamento Vasco, el Informe (el nombre es larguísimo) sobre “Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”, más conocidas como “las otras víctimas”. El informe fue entregado en otoño del año 2011. ¿Qué balance hace de su trabajo y de ese informe?
MANUELA CARMENA. Bueno, creo que lo más importante es que efectivamente el trabajo se hizo, y se hizo además con una cierta rapidez. Pero también yo valoro mucho el método que seguimos. Para mí resultó extraordinariamente importante el que desde un primer momento hablé con las personas afectadas como con quienes más cerca estaban de ellas. Además y personalmente para mi fue importante descubrir todo el dolor que había sufrido el País Vasco. Por supuesto yo había vivido como militante antifranquista durante la dictadura y había sufrido también la política represiva del régimen. Creo que no es necesario que recuerde que yo era miembro del despacho de la calle Atocha de Madrid, pero aún así y a pesar de lo que también nosotros sufrimos, pronto fui consciente al trabajar allí en Vitoria que la represión había sido mucho más fuerte en el País Vasco. El antifranquismo fue más violento en Euskadi. Además la dictadura franquista estaba sin duda obsesionada con mantener por encima de todo el nacionalismo español.
Se supone que ahora Vds., la Comisión, están a la espera de la decisión del Gobierno Vasco a propósito de la continuidad o no de su trabajo. ¿Cuáles se supone que serían sus objetivos partir de ahora?
M. C. Bueno ahora puedo decir que ya sé que el nuevo Gobierno Vasco pretende continuar con el trabajo de la comisión. Eso me ha llenado de alegría porque creo que la comisión hemos hecho un buen trabajo. Constituimos un autentico equipo bajo la dirección de la anterior Directora de Derechos Humanos Inés Ibáñez (que lo hizo fantásticamente) y ahora vamos a continuar, y espero que mejorar, con la experiencia anterior y con la dirección precisamente de Mónica Hernando que, como supongo que todo el mundo conoce, fue también miembro de la primera comisión.
ETA ha dejado de actuar, aunque no se ha disuelto ni ha entregado las armas. La situación es radicalmente diferente a la de hace unos pocos años. ¿Cuáles son en su opinión las tareas más urgentes de cara a construir una sociedad vasca definitivamente normalizada?
M. C. No sé si me encuentro capacitada para contestar a una pregunta tan trascendental. Sólo puedo decir que en mi experiencia para resolver traumas de la entidad que ha significado la existencia de ETA es necesaria mucho proximidad y mucho encuentro entre unos y otros. Cuando alguien mata a alguien, y no podemos ni debemos olvidar la cantidad de asesinatos que cometió ETA, se produce una cierta despersonalización. El que mata se autoengaña y se justifica: no mata a la persona, “mata al enemigo”.
Ahora de nuevo nos tenemos que ver todos como personas y olvidar que hace un tiempo nos llamábamos unos a otros enemigos.
Vernos como personas significa, creo yo, el dolernos por el enorme e irreparable daño que hemos causado, pero también el comprender, aunque por supuesto nunca disculpar, el por qué se hizo lo que se hizo y el por qué se desarrolló aquí en este maravilloso país este movimiento armado.
Curiosamente, la ley sí dice lo que hay que hacer con los muebles de la casa que se desaloja, pero no dice qué hay que hacer con la persona. Ante esa laguna, los jueces no pueden dejar a la gente en la calle.
Se habla en estos tiempos mucho de la memoria, del relato de los sucedido, o de los relatos o, mejor de los mínimos imprescindibles que deberían compartir los posibles, quizá inevitables, distintos relatos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
M. C. Si, creo que es imprescindible que fluyan los relatos que todos puedan contar su verdad. Y que las distintas verdades que, al fin y al cabo son las componen una unidad histórica, tengan su correspondiente espacio, aunque sin duda a veces duela.
Manuela Carmena, además de esa labor relacionada directamente con el tema de las víctimas que la ha traído a nuestro país, es una magistrada con un dilatado curriculum, con una actividad intensa en el ámbito judicial durante varias décadas. La justicia no es precisamente una de las instituciones más apreciadas por la ciudadanía, aunque algo parece haberse recuperado tras el escándalo del caso Dívar….
M.C. La verdad es que la dimisión del anterior Presidente del Consejo del Poder Judicial fue muy positiva. Si se ha hecho algo que no es correcto, retirarse del puesto de responsabilidad que se desempeña es un valor ético que vivifica a la sociedad. Luego me parece que también ha sido importante el que hace unos meses los jueces hayan sido capaces de expresar su rechazo a las políticas del actual ministro de Justicia centradas en favorecer a los poderosos y perjudicar a los más débiles.
Incluso, algo no precisamente frecuente, hemos asistido recientemente a una huelga de jueces y fiscales. ¿Qué sus señorías hagan huelga es un signo de la grave situación de la administración de Justicia o hay intereses corporativos de por medio?
M. C. No, no creo que en este caso haya intereses corporativos. Por supuesto que todo grupo humano tiene unos propios intereses personales y, por supuesto, cuenta en el sentimiento de los jueces y fiscales sentirse en una situación laboral tan agobiante. Creo que todo el mundo que conoce de cerca la judicatura sabe que en la mayor parte de destinos, el trabajo es abrumador,está extraordinariamente mal organizado y peor gestionado, lo cual impide la necesaria satisfacción laboral.
En este contexto parece obligado hablar del programa de reformas del Ministro Gallardón, otrora considerado, al menos desde fuera, representante de la derecha más civilizada y moderna. Parece innegable que la administración de Justicia necesita reformas y medidas urgentes, ¿pero en la línea de lo que plantea el Ministerio (populismo penal, nuevas tasas, recortes, etc.)?
M. C. No, esto es verdaderamente un desastre. Las reformas del actual ministro son pasos atrás. Significan deshacer importantes avances que se habían ido consiguiendo. El ministro legisla alborotada y desordenadamente. Aun no he visto el nuevo Real Decreto que se publicó ayer reformando la ley de tasas promulgada hace escasamente 4 meses.¿Cómo es posible esta forma de legislar a tontas y a locas?
La corrupción parece un fenómeno hondamente enraizado en las instancias políticas y empresariales españolas y de los que más preocupan a la ciudadanía, que casi cada día se despierta con un nuevo escándalo. ¿Es un problema que se pueda combatir con medidas legislativas y judiciales (y cuáles podrían ser estas) o, además, es necesaria una auténtica regeneración, una nueva cultura política y cívica?
M. C. Me sorprende que no se hable en estos días de la existencia de la Convención Internacional contra la Corrupción promovida por Naciones Unidas en el año 2005. España naturalmente la suscribió. Sería necesario desarrollar los programas contra la corrupción que orienta y sugiere esta convención. Parece como si está la Convención contra la corrupción solamente fuera para países del Tercer Mundo. Quizás tengamos que hacer un acto de humildad y aceptar que también en esto tenemos que seguir aprendiendo. Aunque es importante recordar que a pesar de lo que estamos viviendo estos días, España no es un país especialmente corrupto, si se compara con lo que sucede en tantas otras partes del mundo.
En mi opinión es la clase política la que ha dado un ejemplo bochornoso. Seguramente es allí donde debemos profundizar, en la clase política, en cómo surge, cómo se forma, cómo accede al poder y cómo se controla.
Se acaba de admitir a trámite parlamentario, apoyado por todos los partidos, una Iniciativa Legislativa Popular promovida por la plataforma “Stop desahucios”. Entre otras cosas, se pretende actualizar una Ley Hipotecaria que data, si no me equivoco, de 1909 (!). ¿Hay más terrenos en los que nuestra legislación está obsoleta o, en general, es acorde a los tiempos que corren?
M. C. Todo el mundo del Derecho es muy conservador. Llevo diciendo desde hace tiempo que es necesario establecer algún tipo de laboratorio, en el que se profundice en el I+D+I de la legislación.
Hay que reflexionar sobre si la manera de legislar, tanto en el fondo como en la forma, son adecuadas al siglo en el que vivimos.
Como ciudadana progresista y comprometida, ¿qué siente Manuela Carmena ante la situación actual, con seis millones de parados, con una crisis económica sin visos de recuperación, con una clase política bastante desprestigiada, con una separación cada vez mayor entre las instituciones y la calle? ¿Hay motivos para algún tipo de esperanza?
M. C. Siempre hay motivos para la esperanza, pero sobre todo hay motivos para ponernos a trabajar todos. Unirnos cada vez más quienes estamos en contra de este proceso de empobrecimiento y de desaparición de derechos sociales que nos estando haciendo atravesar.
Hay mucho que hacer. Tenemos que unirnos, ser solidarios y dotar de este espíritu de solidaridad,honestidad y eficacia a todas nuestras instituciones.