Mari José Molina (Por el Colectivo Laikotasuna).
Los orígenes del laicismo se remontan a la Ilustración, donde las exigencias de libertad, de autonomía moral, espíritu crítico y emancipación de la razón, son los valores sobre los que se construye la reivindicación de las libertades individuales de los ciudadanos.
Con la Revolución Francesa se firman las primeras Declaraciones de Derechos que instituyen por primera vez la libertad de culto y la independencia individual en cuestiones de creencias. Pero es en realidad en 1905, en Francia, cuando se aprueba la primera Ley de Separación de las Iglesias y el Estado.
En el Estado Español, después de la Constitución de 1812 se establece la alianza entre “la espada, el trono y el altar “. Esta alianza se mantiene (con el breve paréntesis de las dos repúblicas) hasta la llegada del franquismo, dónde la alianza con la Iglesia se ve incluso reforzada. En la Transición, como resultado de esa amnesia que parece que nos invadió a todos , se firman unos acuerdos con el Estado Vaticano que, en realidad, son una actualización del Concordato que Franco firmo con el Papa en 1953.
¿Y en el siglo XXI? Laicidad y democracia son dos caras de la misma moneda. Y lo mismo que en la democracia, vemos que siguen vigentes las antiguas estructuras confesionales del Estado.
En la Constitución de 1978 se dice que España es un estado aconfesional, aunque de una forma ambigua, pues a continuación legitima las relaciones especiales con la Iglesia Católica que se concretan en los acuerdos firmados en enero de 1979.
Como resultado de estos acuerdos, la Iglesia Católica vive en un auténtico paraíso fiscal. No está obligada a declarar sus bienes ni sus ingresos, ni a pagar los impuestos correspondientes y es financiada con dinero público, el dinero que todas y todos pagamos a través de nuestros impuestos.
En los centros educativos públicos sigue habiendo personas que imparten religión, designadas por los obispos, con un régimen legal asimilado al del profesorado de carrera, que han demostrado su valía profesional en los distintos procesos que la administración impone para el acceso a la función pública, y que pueden, además, impartir cualquier otra asignatura. También abundan los colegios de ideario católico financiados con fondos públicos. La Iglesia Católica tiene privilegios públicos y el Código Penal sigue considerando la blasfemia como delito.
La laicidad del Estado y sus instituciones es ante todo un principio de acuerdo entre la ciudadanía, fundado sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa. Este principio se realiza a través del establecimiento de un marco jurídico que establezca la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares. El laicismo se basa en dos principios: la libertad de conciencia y la igualdad de trato entre todas las ciudadanas y ciudadanos.
Laikotasuna-Colectivo por la laicidad es un grupo de gente, tanto creyente como no creyente, que se unieron en Donostia en 2011 con la idea de difundir la laicidad en nuestro entorno y presionar a nuestros políticos hasta conseguir una real separación de la iglesia y el estado.
Este colectivo quiere ser un espacio de encuentro, diverso, de debate de todas aquellas personas que vean como un elemento esencial la separación entre la iglesia y el estado para garantizar la salud democrática de la sociedad y los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, los cuales son especialmente vulnerados por la injerencia de la Iglesia católica.
Para ello estamos trabajando en varios ámbitos y en colaboración con distintos colectivos. Abogamos por una escuela pública y laica. El concepto y la construcción de la escuela pública parten del derecho universal a la educación y del deber de los estados a garantizarlo en condiciones de igualdad al conjunto de la ciudadanía. Desde ese carácter universal del derecho a la educación y de la escuela pública como instrumento institucional, se deriva su carácter laico. Como garante del cumplimiento de un derecho universal la escuela pública se debe atener a unas condiciones democráticas para garantizar el cumplimiento de ese derecho en un plano de igualdad.
Consideramos que uno de los grandes valores que la escuela debe transmitir es la igualdad, el respeto y la no marginación de ningún ser humano. Pero ya en primaria la primera asignatura que reparte al alumnado en un grupo u otro es la asignatura de religión. La adscripción religiosa de sus progenitores va a ser su primera experiencia de “no somos todos iguales”. Y no es aceptable que las creencias de unos afecte el horario de todo el alumnado. Por supuesto que las madres y padres tienen derecho a educar (o no educar) a sus hijos e hijas en la fe/ creencia/ ideología que más les guste pero pensamos que esa decisión tiene que estar al margen de la escuela.
La educación en igualdad de niñas y niños no es compatible con valores religiosos que proclaman la subordinación de las mujeres como elemento esencial en la configuración de la sociedad y tampoco se puede entender una educación en la diversidad con un sistema que prioriza a una religión y la introduce en sus contenidos curriculares. Esto solo tiene una solución: la religión no tiene que impartirse en la escuela.
Como hemos comentado la Iglesia Católica vive en un autentico paraíso fiscal. Las exenciones fiscales, y más en esta época de crisis y dificultades para la mayoría, son una autentica afrenta para la ciudadanía. Nuestra postura es clara: derogar la legislación vigente para que todos los ayuntamientos que así lo decidan cobren el IBI a los inmuebles de la Iglesia y sus instituciones filiales.
Respecto a la financiación a través del IRPF solo pedimos que la Iglesia cumpla lo firmado en el concordato del 1973: la autofinanciación. Por ello nos parece urgente que desaparezcan en la Declaración de la Renta las casillas de aportación a la Iglesia y/o organizaciones de carácter social. La ciudadanía que así lo desee debe hacer sus aportaciones al margen de los impuestos que pagamos todas y todos. No es cierto que la Iglesia se financie con el dinero de sus fieles, se financia con el de todos y a eso nos negamos.
Por marcar la casilla de de asignación a la Iglesia Católica en el formulario del IRPF, ésta recibe 247 millones de euros anuales. Si se marca la casilla de fines de interés social recibe además 120 millones de euros a través de fundaciones, asociaciones y ONGs de ideario católico. Solicitamos por lo tanto la supresión de la casilla de fines de interés social porque creemos que es una coartada sutil para seguir manteniendo la financiación a la Iglesia ya que justifica la casilla de asignación a la Iglesia y una parte importante de la asignación a estos fines revierte en entidades de la propia Iglesia Católica o cercanas a ella. Además porque tampoco nos dan la oportunidad de decidir a qué entidad social queremos destinar la asignación. Y por último porque defendemos que los fines de interés social no deben depender de la voluntad de las personas que hacemos la declaración de la renta, sino de planes, ayudas y subvenciones que la administración debe consensuar y adecuar en el ámbito territorial y local.
Nuestra sociedad cada vez es más plural, sin embargo, por la influencia histórica que ha tenido la Iglesia Católica muchas fiestas, ritos etc. están unidos a prácticas religiosas. Sabemos que no es un tema fácil, pues estos actos tienen una fuerte carga simbólica e identitaria.
Entre todas y todos tenemos que ir creando una cultura laica e igualitaria, con espacios apropiados y nuevas formas para despedir a nuestros seres queridos o recibir a los nuevos, celebraciones y actos colectivos que estén más de acorde con la nueva sociedad en que vivimos.
Aún así, lo que consideramos inaceptable es que nuestros políticos y políticas, en vez de abrir puertas a esta cultura, en nombre de la tradición sigan participando en actos religiosos, representando a las instituciones, otorgando privilegios públicos a la Iglesia Católica, en contra de los deseos de muchos de sus votantes y haciendo añicos la posible “aconfesionalidad” de la Administración Pública.
Son tiempos de cambio. La sociedad busca otra forma de representarse, de organizarse, de relacionarse. Es importante dejar de manifiesto el control, no solo económico y político, sino también sobre nuestras personas, nuestros cuerpos, nuestro pensamiento, que organizaciones fundamentalistas como la Iglesia Católica han ejercido. Lo nuevo que vayamos construyendo no puede estar bajo ninguna “tutela espiritual” que limite los derechos de la ciudadanía. Proponemos nuevos mimbres para lo nuevo: la igualdad, la racionalidad, el espíritu crítico…
